Paro juvenil y abandono escolar

Los primeros compases de la precampaña electoral suenan de forma muy diferente a la tediosa discusión esencialista a la que nos han sometido desde hace algunos meses las fuerzas separatistas y las separadoras.

Abierto el baile, uno de los primeros debates que se han producido se ha centrado en las propuestas dirigidas a cómo hacer frente a dos temas de primer orden: el alto nivel de paro juvenil y el preocupante abandono o fracaso escolar.

Este cambio es el resultado de la propuesta del "Contracte de Futur", que ha efectuado, el Presidente Montilla. Una propuesta orientada a ofrecer una salida a su situación por las casi 123 mil personas menores de 30 años, que hoy quieren y no pueden trabajar, de las cuales 50 mil son menores de 25 años y además de estar en el paro, tienen una formación baja o muy baja.

Una propuesta personalizada muy innovadora, pues el contrato a suscribir suma a la tradicional oferta de formación, para que mejoren su capacidad de ocuparse, un crédito salarial, mientras se están formando, que tienen que devolver. Esta es precisamente la novedad, "se da pescado, mientras se aprende a pescar", pero hay que devolver a la sociedad el salario cuando el esfuerzo formativo dé su fruto y hayan conseguido un trabajo.

Mismo tema, propuestas diferentes.

El debate no se ha suscitado sólo porque el PSC haya hecho un planteamiento para cómo afrontar el desempleo juvenil y el fracaso escolar, sino porque a estos temas los nacionalistas catalanes de centroderecha han hecho una propuesta completamente diferente.

Una propuesto en la que CiU aboga, una vez más, por la recuperación de la figura del aprendiz. ¡Que no es lo mismo que fomentar el aprendizaje en el puesto de trabajo!

Su intención es recuperar el arcaico modelo gremial donde los jóvenes trabajaban y aprendían el oficio de los oficiales y maestros de la empresa sin cobrar. La solución al paro juvenil no es colocar a los jóvenes a que trabajen gratis y que así no figuren en listas del paro – eso es ocuparlos, pero no emplearlos -, ni la solución al fracaso escolar está en que aprendan a repetir lo que se está haciendo y que necesariamente debe cambiar.

Hoy la formación profesional de los jóvenes, y no tan jóvenes, consiste en que estos alcancen los conocimientos prácticos de un oficio, pero también las habilidades para continuar evolucionando en el trabajo al mismo ritmo que los cambios tecnológicos los impulsen. Esto no se hace con los métodos de aprendizaje artesanal.

Sinceramente creo que las campañas electorales deberían ser eso: confrontación de ideas y propuestas sobre los problemas existentes, para que el electorado decida por cual opta. Y este debate lo es. Tiene de todo: unos temas trascendentes y unas propuestas diferenciadas, que evidencian sensibilidades contrapuestas.

¡Ojalá toda la campaña fuera así!

Pero mucho me temo que no lo será, CiU está demasiado interesada en no promover ningún debate concreto. No sea que se le vea el plumero de sus propuestas.

¿Sueño o pesadilla?

No entender el por qué de un planteamiento - incluso de aquellos que no comparto - siempre me ha trastornado, si cabe más que el contenido del mismo.

Lo confieso! Yo me sentía preocupado. ¿Cuál era el razonamiento lógico y racional que había llevado al eurodiputado de CiU, Ramón Tremosa, primero, a parir y, después, a verter en su blog su exabrupto sobre el Presidente Montilla?

La tesis de un “calentón” mental momentáneo era inverosímil. No podía ser. El espacio de tiempo que existe entre pensar y escribir una idea y el que pasa con la acción de repasarla y publicarla, imposibilita que sea plausible esa explicación.

Y de una persona supuestamente inteligente se espera que no actúe de forma tosca, grosera y elemental, como la de mantener un error, si se da cuenta del mismo. Pero las sucesivas y reiteradas ratificaciones posteriores en medios de comunicación dan a entender que no era consciente del grave error que cometía.

Entonces, el problema era más grave. ¡Tremosa se creía lo que decía! Lo que, lejos de tranquilizarme, todavía me generaba una preocupación añadida, pues esta es la persona que puso Artur Mas en el Parlamento Europeo, para representar a una parte de la ciudadanía de Cataluña.

Pero he aquí que encontré la solución al enigma viendo la película "Origen", donde un sueño entra dentro de otro sueño - como si fueran oníricas muñecas rusas - haciendo que el soñador se confunda y llegue a la conclusión que la realidad es su ensoñación.

Mientras duerme, él sueña para España una Constitución democrática que confiera derechos y libertades a todos sus ciudadanos, en la que la nación española sea compatible con el reconocimiento y desarrollo de las nacion(alidades) y regiones que la componen, donde todas las lenguas que se hablan en España, sean españolas y por tanto todas deben ser cuidadas, respetadas y promocionadas, donde una justa distribución de la riqueza y unos servicios públicos, universales y de calidad sean la garantía de la justicia social, la erradicación de la pobreza, el analfabetismo, el derecho efectivo a la salud y a una protección efectiva ante la vejez, el paro, la enfermedad y las contingencias negativas en la vida.

En los brazos de Morfeo también desea que Catalunya tenga reconocido su Estatuto, con una amplia capacidad para autogobernarse y que en unas elecciones democráticas la ciudadanía dé su apoyo a una mayoría de izquierdas y nacionalistas en el Parlamento catalán- de "rojos y separatistas", como le gusta llamarlos -, y que a su vez esta elija como Presidente a un socialista que ha optado por ser catalán, ya que no nació en esa tierra.

Este fue el sueño de Franco, o más bien el sueño que Ramón Tremosa vio en su propio sueño.

Y al despertar creyéndole real no pudo evitar salir a predicar su descubrimiento. Y cuando todos pretendieron que rectificara, él se ratificó. Como un virus, su sueño se había inoculado en su subconsciente y le nublaba el consciente y el conocimiento, haciendole adoptarlo como un planteamiento suyo y correcto.

Con esta explicación quizás podré descansar, pues ya empiezo a entender – que no a compartir - por qué alguien puede defender la aberración de que el Presidente de Cataluña es la persona preferida por Franco y mantenerla. Una aberración que después de oírla, y comprobar que otro virus (ensoñación) semejante, el de la independencia, también está afectando a Felip Puig o Oriol Pujol, lleve a que Duran Lleida exija que: ¡se callen todos de una vez! y que sólo hable Artur Mas, pues si no corren el riesgo de llegar los últimos a la meta el 28-N.

En todo caso, si Tremosa no se hubiera despertado tan pronto, nada de esto le hubiera sucedido. Si hubiera continuado soñando, le habría dado tiempo a ver cómo Franco, al despertar de su sueño una mañana de julio de 1936, lo calificaba de pesadilla y decidía actuar para impedirlo .... lo que hizo, ya lo conocemos.

Pedagogía y claridad política.

¡Ya tenemos fecha: el 28 de noviembre elecciones!

Si en todo proceso electoral es deseable pedagogía y claridad en las propuestas políticas que se hacen, en este todavia más.

Esta claridad no sólo es una exigencia democrática y social, como ha reclamado el Presidente Montilla al anunciar, sino también es una necesidad económica.

Si se mantiene durante la campaña el nivel de indefinición, de ambigüedad calculada y de sorprendente frivolidad con que algunos nacionalistas catalanes, especialmente desde CiU, afirman que: "no pasaría nada" si el Parlamento declarase la independencia unilateral o convocara un referéndum para tal fin, si este aventurismo irresponsable se consolida, se podría crear un escenario adverso de imprevisibilidad y dudas a medio plazo que con toda seguridad frenaría las expectativas y los proyectos económicos que necesitamos para abordar con éxito la salida de crisis económica.

La gente de aquí y los inversores de fuera, todo el mundo, necesita - y quiere - saber si ponen en marcha sus negocios en una parte de Europa o se están situando en un futuro Estado independiente, que podría no forma parte de Europa, como Andorra.

Conviene no olvidar que para que esa hipotética Cataluña independiente forme parte del club europeo debería contar con el apoyo o, como con mínimo, la tolerancia del resto de España ynadie ha planteado cómo y con quien se conseguiría ese divorcio pactado y tranquilo, ¿con el PP que lleva al Constitucional incluso el Estatuto? O ¿con el PSOE que defiende una España plural? .

Dejando esa questión a un lado, lo que resulta más grave y preocupante es la falta de definición del tránsito y los plazos. Porque mientras no se definan esos conceptos, la indefinición y las ambigüedades por si solas ya suponen una importante contribución a esa imprevisibilidad que tanto nos puede perjudicar.

No hace falta especular, ni generar miedos, sólo hay que recordar lo que sucedió en Quebec después de los dos referéndums de autodeterminación para alcanzar la independencia de esa provincia, todo y que ese procedimiento estuviera previsto en la Constitución canadiense, lo que no sucede aquí. Aunque no prosperaron, lo que sí se ha consolidado es, por ejemplo, el hecho de que el Banco de Montreal, el Banco de capital económica de Quebec, desplazó su actividad central a lacapital de Canadá, Toronto, en la provincia de Ontario.

Para que se entienda sería el equivalente a que “La Caixa” trasladara su actividad central a Madrid.

La solución a los problemas que genera la opción soberanista no se resuelven determinando si el referéndum se realizará mañana, dentro de un año o en otra legislatura, como se desprende de las endogámicas discusiones nacionalistas.

La cuestión no está en el ritmo sino en el rumbo que se toma.

El derecho a decidir que ejercerá la ciudadanía catalana en estas elecciones – por mal que le sepa al Sr. Felip Puig - requiere que se haya definido previamente donde se la quiere llevar, qué consecuencias tendrá y qué sacrificios se harán.

Si el avance hacia un proyecto independentista, a pesar del desprecio sobre sus riesgos que se hace en programas como "¿Adiós España?", dificulta la recuperación económica por las incertidumbres que genera, lo que resulta más preocupante es que los defensores de esta opción tampoco concretan cuál es la orientación social y económica que se quieren adoptar para superar la crisis y mucho menos sobre el futuro modelo de sociedad que se quisiera.

La abstención de CiU a la reforma laboral, se hace porque se considera insuficiente. ¿Qué defenderían si Cataluña pudiera hacer un estatuto del trabajador catalán? ¿Unas relaciones más liberales y desequilibradas a favor de la parte del capital? ¿Qué política industrial tendríamos? ¿Qué política educativa impondrían? ¿Mantendrían la concepción de servicio público de la sanidad? ¿Harían una política fiscal como la que pregonan consistente en bajar los impuestos, a los sectores con más renta, en detrimento de la capacidad del sector público?

Estas dudas irresueltas de la propuesta soberanista no son más que el ejemplo de lo que ocurre cuando por se hacen grandilocuentes proclamas de cambio, pero no es concretan, cuando se quiere ir por caminos que no se sabe a dónde conducen.

Para motivar a la gente hay que hablar alto y claro sin ambigüedades, debatir que se ha hecho, que se propone hacer y cómo se quiere conseguir y el PSC tiene es mensaje.

La prioridad es salir de la crisis con el menor coste social para aquellas personas que menos tienen, mantener, ahora, y vuelve a hacer crecer, cuando es recupere la economía, la justicia social en nuestra sociedad y hacerlo en el mismo se profundiza en el autogobierno y la autoresponsabilización de nuestra sociedad que se ha reflejado en el Estatuto.

Haciendo pedagogía y hablando con claridad de lo hecho y el de lo que se quiere alcanzar, es cómo podemos conseguir que la gente acabe eligiendo con conocimiento de causa.

Sería bueno que todos sigan ese modelo y abandonaran sus ambigüedades y pasaran a definirse. El problema es que algunos temen perder votos si explican lo que son o lo que quieren.

Las dos almas ... de CiU

Se habla poco de las dos almas que hay en CiU, pero existen. Una es cada vez más independentista y la otra, ni lo es, ni quiere serlo.

Por eso la democristiana Joana Ortega desmintió que CiU busque realizar un referéndum para segregar Cataluña de España. Sin embargo, Artur Mas había declarado lo que pretende: primero, enterrar el Estatuto, después el concierto económico y más tarde la independencia.

Los dos hechos más relevantes de esta discusión pública entre socios son: que la protagonizan el cabeza de la lista de CiU, aspirante a presidir el Gobierno de Cataluña, y la segunda de su lista y que Joana Ortega no ha sido ni rectificada ni apartada.

La falta de coincidencia entre las dos almas de CiU augura que, en caso de que llegaran a gobernar, tendríamos otro tripartito, ya que el bipartito de CiU necesitará apoyos externos para llegar a la mayoría (ERC, Carretero y/o Laporta).

Con estos mimbres difícilmente se constituye ni un gobierno estable, ni fuerte, como anuncian, sino que nos encontraremos ante una situación que se parecería mucho al actual. Un gobierno de coalición con intereses y proyectos dispares de sus componentes, pero esta vez decantado hacia el soberanismo. Es decir orientado a la confrontación con el resto de España y sin ningún elemento de moderación.

Habrá quien quiera alegar que esta situación no es nueva, que ya se habían producido aritméticas parlamentarias similares en las primeras legislaturas de Jordi Pujol, pero yo creo que el resultado ahora será diferente.

Ni Artur Mas es Jordi Pujol, ni actuará como él, ni el núcleo duro de Convergencia (declarados independentistas) se lo permitirá. Pero tampoco tiene la autoridad moral que había alcanzado su antecesor para poner orden.

Esta vez, ni gobernando juntas estas almas estarían unidas. Y mucho menos con la muleta externa que necesitará.

El juego de las diferencias

Todo el mundo conoce el juego de las diferencias. Consiste en encontrar los cambios existentes entre dos escenarios que, a primera vista, parecen iguales.

Propongo que lo juguemos y comparemos, ahora que se acaba, la segunda legislatura del Gobierno de izquierdas de Cataluña con la última de las seis legislaturas del gobierno bipartito de centro derecha catalán. Y que lo hagamos, por ejemplo, en relación a la política industrial.

Ya adelanto que hay diferencias muy importantes.

Una primera es que ahora hablamos de localizaciones y entonces se hablaba de deslocalizaciones.

Esto no es fruto ni de la casualidad, ni de un inexistente viento de popa que hincha las velas de la economía catalana, sino que es el colofón de una tarea consciente, constante y discreta, que permite encontrarnos en la recta final para que Chery (multinacional china del automóvil) ubique en Cataluña una fábrica que generaría empleo para casi 10.000 personas, entre directos e indirectos.

Se llevan más de dos años trabajando esta oportunidad. Pero trabajándola bien y duro, sin vender la piel del oso antes de cazarlo. No como antes, o ¿ya no recordamos como la incontinencia verbal de un consejero del Gobierno Pujol malogró la instalación en las comarcas gerundenses de uno de los fabricantes de moda españoles más importantes del mundo? Y todo por no saber aguantar la presión que se produce cuando la economía no genera suficientes puestos de trabajo e intentar quedar bien ante los suyos.

La diferencia es que ahora cuando incluso parece que ya está conseguido, el Presidente Montilla se resiste a “darlo por hecho”. Por prudencia y responsabilidad y para que no se nos quede la cara de tontos que nos dejó aquella triste experiencia. Ahora se priman más la eficiencia y los resultados que su venta y publicidad. ¡Otra diferencia más!

Que ahora no se hable tanto de deslocalizaciones no quiere decir que no haya. El hecho de que las empresas sin pérdidas opten vayan a otro lado para ganar más no es nuevo. Este es un fenómeno económico que en el Mediterráneo está documento como mínimo desde los fenicios. La diferencia radica en cómo se trata.

Desde el primer momento, el Govern de Catalunya dirigido por las izquierdas exigió que cualquier proceso de deslocalización estuviera acompañado de un plan social que atendiera a la transformación de su actividad hacia otras más sostenibles, el mantenimiento del máximo grado de empleo posible, a la mejora de la capacidad para ocuparse de aquellas personas que finalmente perdieran el trabajo y su acompañamiento en el tránsito. Se trataba de conseguir que la empresa retornara a sus trabajadores, a la sociedad y al territorio una parte de que se lo había dado con anterioridad.

Hoy que también hemos conocido que Sony puede dejar la planta de Viladecavalls sabemos que la administración catalana ha estado trabajando para que, junto con la multinacional japonesa, un consorcio de dos importantes empresas catalanas hagan esa transición hacia otra actividad productiva que mantendrá empleada a gran parte de la plantilla actual.

Nada que ver, con aquella actitud que no solamente ofrecía de forma incondicionada una alfombra roja (terrenos, subvenciones, ajustes) para que las empresas vinieran sino que consideraba negativo intentar condicionar su salida, bajo el pretendido axioma de que si se hacía esto se asustarían a las que en el futuro quisieran venir.

Es más, no sólo no se intentaba sino que, desde la administración catalana, se avala, se ayudaba i se asesoraba para hacerlo, e incluso a veces, se sugería con quien hacerlo. ¿Quién no recuerda el cierre del centro de Lear en Cervera, con miembros de la familia Pujol en todos los ámbitos?

Otro cambio ha sido la política de apoyo en la industria. De unas ayudas discrecionales y opacas, distribuidas graciablemente a proyectos que en nada modificaban los parámetros básicos de la industria manufacturera catalana, se ha pasado a unos ajustes más sustanciales, con convocatorias públicas abiertas, procesos competitivos y resultados publicados en el DOGC, para ayudar a las empresas a añadir valor a sus productos y sus procesos.

La mejora conseguida - espoleada con estas políticas industriales - ha ayudado a que muchas empresas hayan hecho los deberes antes de la crisis, y que ahora la estén sobrepasando, no sin duros esfuerzos. Esto explica el porqué el saldo final del más que duro 2009 demuestre que la industria catalana es hoy más exportadora y ha ganado en productividad.

Si practicamos el juego de las diferencias, comprobaremos que los cambios que se han producido son reales, amplios y efectivos, que se están producido en la actualidad y que merece la pena evitar que se pierdan, volviendo al pasado como nos proponen.

Ese sí sería un cambio para perder, no para ganar.

¿De qué quieren hablar?

He oído que Artur Mas se queja porque el debate público no se centra en la realidad económica y social.

!Si quiere conseguirlo tiene difícil! Tanto dentro como fuera de su coalición.

Dentro, porque después de más de siete años disputando el espacio independentista en ERC, ahora, ni quiere dejar ese bocado, ni el entorno que ha creado quiere.

Tampoco es demasiado justo que se queje de que los temas económicos y social no están en la agenda política, pues él tampoco ayuda demasiado con sus declaraciones. Si aquello sobre lo que habla es: que el Estatuto ya no sirve; que hay que ir un concierto económico, que en 2012 hará un referéndum, entonces !que no se extrañe que no es hable de lo que ahora pide!

Sería diferente si hiciera un discurso lleno de propuestas para abordar la crisis y sus consecuencias, pero no se le conocen.

Y desde fuera tampoco le ayudarán a cambiar de tercio, porque ni los tam-tam centralistas paran resonar, ni la diáspora independentista (ERC, Carretero, Laporta) calla. Todos ellos mantienen abierto el debate entre separatistas y separadores.

A CiU le gustaría que todos callaran.

Ahora no les va bien este debate identitario porque, si se mantiene, no pueden rehuirlo. Si lo hicieran creen que correrían el riesgo de no recuperar los que intentan adular con su radical discurso nacionalista, pero por otro lado al entrar en este debate continúan situándose en uno de los extremos y dejan en este tema a su principal adversario, el PSC, en el centro. Eso les hace temer la pérdida o desmovilización de electores catalanistas moderados.

Por eso les gustaría que el debate se centrara en los aspectos económicos y sociales. Necesitan tranquilizar a los sectores económicos del país y convencerlos que son tan centrados y útiles como antes y que no generarán problemas con el resto de España.

Sin embargo, cuando sale el tema de los cambios habidos - y por haber - en infraestructuras, salud, educación, servicios o seguridad pública, cuando el PSC pone encima de la mesa la discusión sobre qué y cuánto se ha hecho en este siete años y si este es el camino a seguir o conviene cambiar, entonces la respuesta de los "estrategas madíaticos" de CDC consiste en intentar descalificar mensaje y mensajero.

Entonces, ¿de qué quieren hablar? O, por el contrario, ¿se trata de eso? De que no hable nadie y que sólo haya un monólogo.

Creerse la propaganda

Parece que la mayoría del Tribunal Constitucional (TC) se ha creído, o participa, de aquella propaganda que decía que el Estatut era un intento de los catalanes para imponer al resto de España sus pretensiones. Y ha dictado sentencia en base a ella.

Sólo así se entiende que trate el Estatut como si fuera una ley del Parlament, y no como una ley de las Cortes Generales, al afirmar que para hacer efectivo lo que allí se recoge, hay que incorporarlo en otra ley. Otra ley que además de ser sectorial también debe ser de carácter orgánica.

¿El Estatut es una Ley Orgánica de las Cortes Generales? Sí. ¿Una Ley Orgánica, si además está ratificada en referéndum, vale igual que otra ley orgánica? Sí, pero para ellos, no.

Entonces, ¿a qué se debe esta extraña lógica del la mayoría del TC? Sencillamente a que en el fondo de su pensamiento hay una concepción de España centralizada, cartesiana y vertical y no la visión descentralizada, dialéctica y pluridisciplinar que impregna el fondo y la forma del Estatut.

Detrás de la sentencia del TC está La incapacidad de estos magistrados para asumir que, por ejemplo la regulación estatutaria de la financiación de las comunidades, del poder judicial o del tribunal de cuentas, puede satisfacer, al mismo tiempo, las ansias de autogobierno de Catalunya y ser generalizables a una España , de vocación federal.

El problema de sentenciar sobre la base de la propaganda es que ésta no responde a la realidad, pero sobre todo porque tensiona de una manera inútil, artificial y peligrosa la sociedad.

La 'mani' de Carmen de David Miró

No acostumbro hacerlo, pero me parace un articulo tan bueno el que hoy publica David Miró en el Periodico que soy incapaz de no transcribirlo en mi blog.

¡¡Lo encuentro genial!!

Pongamos que se llama Carmen y que vive en el barrio de Sant Ildefons, en Cornellà de Llobregat. Llegó hace 50 años, cuando todavía era una adolescente, huyendo de la miseria del campo andaluz. Hoy sus dos hijas tienen carrera y buenos trabajos (cruza los dedos cada vez que lo dice), y su principal ocupación es cuidar de los nietos. Siempre ha sido muy activa y muy curiosa, nunca se le fueron las ganas de aprender, de recuperar lo que la larga noche franquista le arrebató. Hace dos años se apuntó a un curso de catalán del Consorci per a la Normalització Lingüística, y ya ha llegado al nivel intermedio. Se atreve incluso a hablarlo con sus nietos, Pol y Arnau. Se enfada mucho cuando en verano vuelve al pueblo y le hablan mal de los catalanes. El otro día se encaró con un jovenzuelo envuelto en la bandera de España que tras el partido gritaba «Puta Catalunya». «Pero hijo, no ves que si no hubiese sido por Catalunya hoy a lo mejor serías alemán», le espetó.

No entiende de federalismo ni de tribunales constitucionales, pero sabe que Catalunya es especial, que no es lo mismo que otras partes de España (ella ha recorrido muchas con el Imserso) y que no hace falta haber ido a la universidad para verlo. Es evidente. Las cosas aquí son diferentes, van de otra manera, la gente tiene otra forma de pensar. Y no pasa nada. Tiene un yerno independentista y a veces discuten, pero todo se arregla con un buen vino y unos chistes. A fin de cuentas también tiene familiares de derechas. No se puede estar de acuerdo en todo con todos.

Carmen está pensando si irá a la manifestación. Su marido no está bien (es lo que le pasa a la clase trabajadora, que la salud se acaba justo a los 65), pero sus hijas sí quieren que vaya. Ella no ha ido a una manifestación desde las reivindicaciones vecinales de los 80, y le da miedo con todas esas cosas que se ven por la tele, las cargas policiales, los disturbios... Su hija María le dice que no pasará nada, que también va el president Montilla y que habrá mucha gente, de todo, no solo nacionalistas radicales, como dice ella de su yerno.

El yerno es, precisamente, quien más le insiste. Ya le ha dicho que ese día no irá con ninguna estelada ni gritará independencia ni nada. Solo desfilará, en silencio, al lado de su mujer, sus hijos y su suegra. En su agrupación de ERC ya se ha discutido por eso con compañeros que quieren gritar contra España, incluso algunos contra Montilla y los socialistas. Piensa que sería un inmenso error, que mañana lo importante, lo que verdaderamente marcará la frontera entre el éxito y el fracaso, es que su suegra pueda ir a la manifestación y sentirse cómoda, es decir, catalana.

Por eso hará lo necesario para que sea así. Y el domingo, a Sant Ildefons a comer ese salmorejo que le sale tan bueno... y a discutir también, si se tercia.

El Estatut, la solución

Aquellos que no apoyaron el Estatuto, e incluso algunos que como CiU si lo hicieron, ahora quieren aprovechar el rechazo que provoca la sentencia del Tribunal Constitucional para ir más allá.

No por conocido y advertido, como ha venido haciendo el Presidente Montilla, se ha evitado uno de los principales riesgos que comportaba el fallo de este Tribunal Constitucional y en estas circunstancias: que separadores y separatistas se retroalimente, una vez más.

La desconfianza, los prejuicios, los juicios previos y la incapacidad para entender que "el término nacionalidades era sinónimo de nación y que, en este sentido, España era una nación de naciones y de regiones", como decía el ponente constitucional, Gregorio Peces- Barba, en el momento de defender el proyecto de Carta Magna, les ha llevado a emitir una resolución con la que no coinciden muchos catalanistas, que no son independentistas.

Muchas de esas personas consideran que Cataluña es una nación y que individual y colectivamente ejercemos el derecho a decidir cada vez que vamos a las urnas, ya sea para elegir nuestros representados o para refrendar la Constitución o los dos Estatutos que hemos tenido, hasta ahora.

Son personas que no quieren aventuras inciertas, ni alocadas carreras hacia los acantilados de la independencia.

Son personas que no confunden el Tribunal Constitucional con el Gobierno, ni el PSOE con el PP, pues mientras el primero ayudó a hacer posible que hoy se haya ampliado nuestra capacidad de autogobierno, mediante el nuevo Estatuto, el otro recogió firmas contra él, alimento la catalanofobia y finalmente lo recorre ante el Alto Tribunal. De igual manera esas personas son capaces de distinguir entre la derecha española y el resto de personas que conforman el conjunto de España.

Personas que no creen ni practican ninguno de los dos nacionalismos, ni el español ni el catalán. Ni quieren que estas posiciones extremas – y a veces extremadas - deterioren la convivencia social.

Son personas que saben que seguir defendiendo el contenido íntegro del texto emanado de las Cortes y ratificado por la ciudadanía de Catalunya, es la solución más inteligente políticamente, porque supone respetar y hacer respetar el pacto que tantos esfuerzos ha costado y que permite encajar mejor la realidad nacional de Cataluña dentro de España.

Hoy el Presidente Montilla, es la única autoridad y los socialistas la única fuerza que apuestan por ello.

El resto, CiU incluida, hacen dejación de esta responsabilidad y permiten el esperpento de que sea un personaje como el Sr. López Tena (miembro de CDC), que poco después de dejar de ser vocal del Consejo General del Poder Judicial -español, se entiende- se transforma en uno de los promotores de las autoconsultas independentistas, quien interprete, monopolice y instrumentalice el rechazo a la sentencia.

Detrás del Estatuto hay más gente que de las propuestas soberanistas y la "senyera" nos representa a todos mejor que cualquier lema.

Sí queremos que más y más catalanes se sientan cómodos en este acto en defensa del Estatut: ¡Potenciamos lo que compartimos y no los particularismos!

Sentencia preventiva

¡¡¡No lo puedo evitar!!!

La decisión del Tribunal Constitucional me recuerda muchísimo la actitud de uno de mis tío abuelo. Ese pariente les propinaba unos duros cachetes a sus hijos, incluso cuando no tenía conocimiento de que hubieran cometido ninguna travesura.

"Para cuando las hagan" alegaba en imponerles este injusto castigo preventivo.

El Tribunal Constitucional ha hecho lo mismo con esta sentencia preventiva.

Sí, en mi opinión este es un fallo preventivo.

Preventivo ante sus miedos. Unos miedos que-como siempre sucede en los actos irracionales-no se basan en la realidad, sino en su deformada percepción.

Unos miedos creados y alentados por juicios previos, prejuicios y conflictos inexistentes, como el de la persecución del español en Cataluña o la actitud insolidaria con el resto de pueblos que conforme España.

Unos miedos irracionales alimentados en la falsa creencia de que el Estatut era el caballo de Troya del segregacionismo catalán, en vez de lo que la mayoría de la ciudadanía de Cataluña ha expresado, formulado jurídicamente y refrendado y que no es otra cosa que la reformulación de las relaciones de quien ni se va, ni quiere irse de España, pero que si quiere más autogobierno para lograr mayor responsabilidad en la conformación de su futuro.

En este sentido, la resolución del Tribunal Constitucional es un exorcismo contra algo que no existe más allá de sus miedos irracionales.

Esto es lo que se observa al leer, por ejemplo, las argumentaciones referidas a los temas de la nación o la justicia.

Sus obsesiones, o sus empachos mal digeridos sobre la historia de España y la de Azaña, les hacen hablar reiteradamente de la indisolubilidad de la nación española, cuando no era necesario porque no está en duda.

O cuando resuelven negativamente la posibilidad para organizar la justicia de una forma casi federal. El mismo Estatuto condicionada este hecho a que primero se modificara la ley orgánica del poder judicial haciéndolo posible. Pues bien, el Constitucional no sólo niega la capacidad de que el Estatuto para contemplar una forma de organizar la Justicia, si existe una norma estatal que lo permite, sino que excediéndose en sus funciones interpreta la posible futura norma y en consecuencia actualmente inexistente, con la voluntad de constreñir la capacidad y soberanía del legislador.

En todo caso, parece que hayan actuado como mi tío abuelo: "Para cuando la hagan".

Sobre la reforma laboral

Esta no es una reforma para crear empleo, sino para regular el que se cree.

Y esto es así, porque a pesar de lo que se dice habitualmente ninguna reforma crea empleo, lo crea la actividad económica. Ninguna empresa, o empresario, contrata a una persona sino tiene necesidad de ella para desarrollar un trabajo real y productivo, económicamente rentable o socialmente útil.

En el pasado se consideró que era "mejor un contrato temporal que nada". Bajo esa idea se hizo la reforma laboral del 84, que estableció entre otras la figura del contrato temporal sin causa como contrato de fomento del empleo. El resultado final ha sido que los procesos de recuperación posteriores se saldaron con el uso abusivo de la contratación temporal, que llegó a aplicarse el 30% de las personas ocupadas.

El ciclo económico creó mucho empleo, pero precisamente es ese - el más temporal y precario – el que se ha llevado por delante esta crisis. No parece que se obtengan resultados diferentes reiterando o intensificando la misma estrategia de apostar por la temporalidad, como pide entre otros el gobernador del Banco de España.

Por el contrario, con esta reforma laboral se busca que el crecimiento económico se haga con contratación estable, pero que permitan que las empresas puedan adaptarse a los cambios sin tener que hacerlo a través de despidos.

Por eso el Real Decreto Ley se basa en:
• Penalizar la contratación temporal (restringiendo su duración, reforzando la causalidad, dificultando la subcontratación e incrementado progresivamente la indemnización).
• Fomentar la contratación estable, con 33 días de indemnización.
• Utilizar la flexibilidad interna negociada como mecanismo de ajuste a los cambios en detrimento de la fórmula de despido (modelo alemán de reducción de jornada, modificación pactada de las condiciones laborales, sindicalitzan la negociación en las PYMES y potenciando el arbitraje para solucionar los desacuerdos)
• Concentrar los ajustes a la contratación fija en las personas jóvenes, las mayores de 45 años, las que tienen discapacidades y aquellas que se encuentran en riesgo de exclusión social.
• Regular mejor las condiciones objetivas en las que una empresa puede prescindir de una persona que trabaje para ella.

Finalmente, la reforma también abre el camino a que los empresarios se aseguren entre ellos una parte del coste del despido. Mediante el incremento de las cuotas, que sólo pagan las empresas, al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) éste se hará cargo del importe 8 días por año cuando se produzca un despido. Creo que si este pago se acaba haciendo extensivo a cualquier tipo de despido, los empresarios responsables financiarán a aquellos que despiden de forma improcedente, es decir sin motivos, por eso creo que este mecanismo debería aplicarse a financiar parcialmente aquellos despidos que estén motivados y no a todos.

Esta medida, se formula la espera de que se concrete la ley que regule el llamado modelo austriaco. Un sistema en el que la empresa capitaliza un fondo individual para cada trabajador, con un aporte equivalente a 6 u 8 días por año, y que este puede recuperar si es despedido, que se lleva si cambia voluntariamente de empresa y que puede rescatar al final de su vida laboral, como si fuera un fondo de pensiones.

Esta es una reforma más equilibrada de lo que algunos quieren y dicen, y que en ningún caso genera más inseguridad jurídica, como intenta argüir Mariano Rajoy. ¡No nos engañemos! Para algunos sólo hay seguridad jurídica si el que decide es él. Ya sea mediante el llamado contrato único (sin tutela judicial), o mediante la reducción de los jueces a un papel de simples aplicadores - que no interpretadores - de la ley o restringiendo la función de la autoridad laboral y evitando la intervención sindical.

Como un "déjà vu", similar al que sucedió en la reforma del 1994, mientras las izquierdas sociales y políticas han rechazado globalmente el RDL, las derechas, en este caso la económica, empiezan a condicionar desde fuera el debate de la ley que saldrá de la convalidación de la norma para decantarse hacia sus criterios e intereses.

Esta reforma no nos sacará de la crisis, porque no la ha creado el funcionamiento del mercado de trabajo. Así pues, ¿por qué reformarlo? Pues porque no funcionaba bien, entre otras cosas porque producía mucha temporalidad.

Esta reforma no es la única cosa que hay que hacer. Es necesario que, entre otras, también se hagan aquellas que sirvan para que:
• El apoyo al sistema financiero se transforme en crédito a familias y empresas.
• Se embride a los mercados. Evitando que su desregulación vuelva a alimentar burbujas especulativas.
• La no retirada, demasiado rápido, de las medidas de estímulo económico para evitar una recaída posterior.
• Se reforme la fiscalidad, en el sentido que haga que el reequilibrio presupuestario se haga también con un reparto más justo y más equitativo de los esfuerzos haciendo que aporten más que más tiene.
• La recuperación económica se base en el aprovechamiento del esfuerzo que han hecho empresas y trabajadores para modernizar y fortalecer nuestro modelo productivo de bienes y servicios.
• El profundización en la incorporación del conocimiento a lo que hacemos (productos y servicios), a como lo hacemos (procesos) y con quién lo hacemos (personas).
• Progrese la diversificación de nuestra economía orientándola hacia los nuevos sectores con más valor añadido

Yo más que tú

“Yo más que tú”. Esa parece ser el mensaje que lanza CiU en su particular intento por aparecer como el más independentista de todos.

Votando a favor de que el Parlament de Catalunya acepte la tramitación de una iniciativa legislativa popular (ILP) que pretende someter a referéndum la independencia de Catalunya ha confirmado que su radicalización nacionalista no era una táctica coyuntural, orientada a recuperar el electorado que perdió a favor de ERC, sino la consecuencia lógica del discurso que han mantenido todo este tiempo.
No ha sido el resultado del calentón mental derivado del visionado del programa ”Adeu Espanya?” de TV3. Por cierto, repetido ayer día 8 de junio, aprovechando que toda la programación era “enlatada” debido a la huelga.

Muy a su pesar suyo, con esa posición CiU se ha visto obligada a romper la campaña de declaraciones y aparente dedicación a los temas económicos que de un tiempo a esta parte estaba llevando y con la que pretendía no asustar a la parte más centrada y moderada de su electorado, que ni es ni se siente independentista.

Una vez más la hornada de dirigentes de CDC forjados en los 23 años de detención del poder institucional y que ha abandonado el nacionalismo progresivo y pragmático de sus mentores por el independentismo, han sido incapaces de resistirse a la tentación de competir en ese campo con ERC, la única fuerza parlamentaria que nunca ha escondido su condición.

De ahí los malabarismos verbales y contradicciones de Oriol Pujol al intentar justificar su apoyo a un referéndum que Artur Mas había dicho que “no tocaba” porque se perdería, que debería convocarse en base a una ley de consultas que rechazaron, porque no permitía convocarlo.

Era lo peor que les podía ocurrir, como dice López de Lerma en su artículo en Expansión es un “autogol”. Por eso Duran Lleida se ha apresurado a explicitar que en el programa electoral no figurara la autodeterminación. Aunque con ello ha explicitado, una vez más, las contradicciones de la coalición.

Si los resultados negativos fueran exclusivamente para esos “aprendices de brujo”, nada que objeto. Ya aprenderán. Pero el problema es que Mas y Duran juegan irresponsablemente con fuego. Con su posicionamiento están sustituyendo la vía Estatutaria por la independentista y en consecuencia debilitando el firme posicionamiento que encabeza mantiene el Presidente Montilla para evitar que un TC moralmente deslegitimado dictamine ponga en cuestión la renovación del pacto entre Catalunya y el Estado para encajar ambas realidades sociales en una única estructura política.

Deben rectificar ese grave error sin esperar que el fallo del “Consell de Garantias Estutaries” les salve la cara.

Pobres, no tan pobres y ricos

La discusión de cómo conceptuar o medir la pobreza, hace tiempo que está presente en los debates políticos económicos y sociales, sin que se haya alcanzado un único estándar para ello.

Ahora bien, dentro del área de la que formamos parte, la Unión Europea y la OCDE, ha adoptado la convención de considerar que la línea que define la consideración de pobre o no se sitúa en aquellas personas o familias que tienen un nivel de ingresos inferiores al 60% de la renta familiar media de la sociedad en la que vive.

Según nuestro instituto de estadística (IDESCAT), el año 2008 la renta personal media ese año era de 10.755 euros. Si lo que se consideraba es la renta media por cada hogar catalán esta subía hasta los 28.450 euros. Dada la evolución económica que hemos sufrido el año 2009, no parece que sea previsible que estas magnitudes hayan evolucionado excesivamente al alza desde entonces.

Cuando uno conoce y observa estas cifras, le cuesta mucho asistir con una actitud inmutable al alud de frivolidad y demagogia que se ha vertido desde ámbitos políticos y mediáticos de la derecha a cuenta de la modificación del IRPF que el Gobierno de Cataluña incluirá en una próxima ley.

Si en Cataluña tiene la consideración de pobre la persona cuya renta anual sea de 6.453 euros al año, ¿cómo definiríamos una persona cuya renta personal es 17 veces superiores? ¿Y si es 27 veces mayor?

Sólo un alejamiento profundo de la realidad catalana permitiría definir a estas 20.000 personas cómo componentes de la clase media del país.

Pero como todos los que intentan "retorcer la realidad" para avalar esta idea tienen suficientes recursos y conocimientos, hay que deducir que no lo hacen por error sino sabiendo que no es verdad lo que dicen.

Lo hacen para lanzar un mensaje, un discurso ideológico, dirigido a rechazar que el 0'5% de los contribuyentes con el nivel de renta más alto, tengan que hacer una aportación fiscal adicional a la reducción del déficit, que se añada a los esfuerzos y sacrificios que ya están haciendo las verdaderas clases medias, trabajadoras y populares.

En el fondo, las críticas seguro que no pueden venir del hecho de que en lugar de pedir al Estado más recursos asuma la mayor responsabilidad de Cataluña, consolidada y ampliada con el Estatuto y su nuevo modelo de financiación, para ser la primera comunidad que aprovecha la capacidad legislativa sobre el tramo autonómico para incrementar la recaudación.

En resumen, nos encontramos ante un posicionamiento de defensa de los intereses de una minoría, la que tiene más recursos, y un modelo de ajuste económico que aún desequilibre más los efectos negativos de la crisis sobre la mayoría, aquella de los que tienen menos.

Electoralismo irresponsable

El PSOE aprobó en solitario la convalidación del Real Decreto Ley de reducción del déficit público, evitando con ello un agravamiento de la crisis financiera de características impredecibles. Duran Lleida abanderó la abstención de CiU, que junto con la de Coalición Canaria y UPN, lo hicieron posible.

Mientras el PP de Rajoy, que llevaba mucho tiempo pidiendo actuaciones, cambiaba su prédica y pasaba a votar en contra, intentando justificarse mediante un discurso electoralista e irresponsable, con el que pretendía erosionar al Gobierno de España y presentarse como el "Partido del Proletariado". Aunque todo esto sea al precio de ocultar sus propósitos, no colaborar en nada y para nada en la salida de que la crisis y aún a costa que sus consecuencias agraven más la situación de la gente que más la está padeciendo.

El pasado sábado (29 de mayo), el Gobierno del Presidente Montilla aprueba su Decreto Ley. Con él aplicaba medidas similares: rebaja global de los salarios de las personas que trabajan para la administración catalana en un 5%, distribuido de forma progresiva, y un recorte a los altos cargos de hasta el 15% de sus retribuciones.

Sin embargo, Artur Mas ya ha anunciado que él votará en contra en el Parlamento, cuando deba convalidarse. Y eso que decreto ley catalán ni afecta a los pensionistas ni establece ninguna subida del IRPF. Esto último irá en una ley diferente.

En consecuencia, si la actitud de Duran Lleida fue un ejercicio de responsabilidad de Estado, entonces el anuncio de Artur Mas es una irresponsabilidad de País.

La verdad, es que esta aparente contradicción, incoherencia e incongruencia entre los dos socios nacionalistas, tiene una única explicación, que no justificación: todo está supeditado al electoralismo en el que están instalados

Duran tenía que superar, a cualquier precio, el riesgo de que su electorado más centrado y menos nacionalista los percibas como la fuerza cada vez más radicalizada en lo nacional y en el económico, que son. No es abstuvieron por responsabilidad sino por un doble interés electoral: mejorar su imagen y desvanecer el temor de que con su actitud se provocaran unas elecciones españolas y catalanas al unísono.

Sin embargo, a la parte de su electorado que Mas y "el pinyol" han estado cultivando durante esta legislatura con los cánticos independentistas, tanta finura y equilibrio les resulta excesiva. Por esa razón, fue el propio Duran Lleida quien, para hacerse perdonar por esos sectores, tuvo que equiparar "su responsable actuación" a la categoría "de un embalsamador de cadáveres políticos".

Ni él ni Mas tienen un verdadero interés en colaborar en la salida de la crisis, hacen movimientos tácticos llevados exclusivamente por su intereses electorales, como lo pone en evidencia el hecho de que favorecen la aprobación de unas medidas para toda España, que después las niegan en Cataluña.

De hecho, es la misma estrategia de electoralismo irresponsable que practica el PP en el conjunto del Estado

El tocino y la velocidad

Siempre se ha advertido del riesgo de confundir el tocino con la velocidad, la gimnasia con la magnesia o el déficit con la deuda.

Duran Lleida con su propuesta de vender AENA, planteada como alternativa a las medidas para reducir el déficit público, ha cometido este error. O, por el contrario, ha pretendido "pescar" en rio revuelto.

Vender una empresa pública produciría unos ingresos extraordinarios, no por la cantidad que se obtuviera sino porque serían irrepetibles, ya que una vez vendida no se podría repetir la operación.

Si estos ingresos excepcionales se destinaran a pagar la deuda pública española, se haría un mal negocio, ya que hoy seguimos teniendo una de las deudas públicas más bajas de los países desarrollados y esta operación sólo aligeraría nuestro nivel de gastos en una pequeña cantidad, el 2 o el 3% de lo conseguido en la venta y por extensión en sólo unas décimas del total de la carga anual de la deuda pública

Si, por el contrario, estos recursos extraordinarios se destinarán a reducir el déficit, sería una equivocación, un espejismo. Ese año sí pero el año siguiente su efecto se habría dilapidado, pues con eso ni reduce el gasto ni se consolida en los ingresos. Y eso es el déficit: la diferencia entre ingresos y gastos.

Así pues continuaríamos con el mismo déficit, o más porque se producirían los ingresos, y sin la empresa pública.

Salvo que CiU espere mandar más en el aeropuerto de El Prat a partir de la empresa comparadora, no se observa ningún beneficio económico, político o social de la venta de los servicios aeroportuarios que no de AENA, ya que la navegación aérea (el servicio de controladores) no se puede vender, debido a las regulaciones y obligaciones internacionales que tiene asumido el Estado, en su condición de policía aérea.

De nuevo, antes que definirse y mojarse, CiU opta por hacer una huida hacia delante, porque ni hace propuestas posibles y útiles, ni apoya a aquellas, que a pesar de ser duras tienen como objetivo recomponer la economía y mantener al máximo la cobertura social.

Endurecer el ajuste

El Gobierno anunció la semana pasada las duras medidas con las que pretende acelerar el proceso de ajuste de la economía española, que había presentado en Enero ante la UE mediante el Plan de estabilidad 2009-2013, siendo aceptado entonces.

Aquel era un plan escalonado y por ello menos duro.

Un plan que cumplía con el compromiso europeo que el déficit conjunto de todas las administraciones públicas bajara desde el 11'2% actual hasta el 3%, en el 2013. Para ello, acompasaba la recuperación del crecimiento económico, el inicio de la creación neta de empleo, con la retirada de las ayudas públicas de apoyo al crecimiento y el mantenimiento de la protección social. Finalmente, no ha podido ser.

La cruel paradoja es que ese endurecimiento del ajuste llegue en el mismo momento que España sale técnicamente de la recesión.

La explicación a ese giro cabe encontrarla en la respuesta conjunta de Europa a los ataques especulativos contra el euro: se ha exigido a ella misma más rigor presupuestario y reformas estructurales.

Europa necesita acudir al envite para embridar a los mercados, es decir regularlos, con menor dependencia de ellos, por eso crea un fondo de ayuda mutua de 750.000 M€ y fuerza la marcha de los ajustes.

Ahora bien, si el objetivo no lo pone casi nadie en duda, el camino emprendido sí. La oposición de los sindicatos a los recortes salariales estaba cantada, pero el desacuerdo con fuerzas políticas que han venido reclamando medidas similares resulta difícil de explicar.

La crueldad de los mercados

Se sabía: ¡los mercados no tienen corazón! Pero lo de Grecia, ralla la crueldad y el sadismo.

Los mercados de capitales y algunas de sus entidades más significativas como Goldman Sacks – maliciosamente traducido como el “hombre de los sacos de oro” – a cambio de suculentos beneficios, colaboraron con el anterior gobierno conservador en la generación y ocultación de una difícil situación financiera del país. No es de extrañar, sus prácticas le han supuesto una demanda por estafa, pues engañaba a sus clientes “colocándoles” bonos basura que les producirían pérdidas, mientras se “forraba” invirtiendo ese dinero en operaciones buenas.

Justo cuando el nuevo gobierno socialista, puso encima de la mesa la gravedad de la misma y planteo un ajuste duro, pero asumible, para recomponerla, los mercados se encarnizaron con el país helénico “negándole el pan y la sal”.

Aquellos, que Ramon Jauregui acertadamente han calificado de “chupasangres”, han especulado con su deuda soberana. Y lo han conseguido. El bono griego, ha necesitado, compensar la pérdida de confianza que ellos mismos transmitían y alentaban con un tremendo encarecimiento del interés que deberá pagar por el dinero que le prestaran.

Ello significara, más recursos económicos para hacer frente a la deuda pública y desgraciadamente, menos para atender a las políticas dirigidas al fomento de la actividad económica y la protección social.

La Unión Europea ha sido excesivamente lenta en responder. Algunos países y dirigentes han tratado el tema como si este fuera un problema exclusivamente nacional. La vuelta a los mismos y equivocados principios liberales y no intervencionistas por los que el anterior presidente norteamericano, George Bush, dejó caer Lehman Brothers, desatando la crisis financiera que todavía padecemos, han agravado el caso griego y debilitado toda la zona euro.

Las egoístas visiones nacionales o los intereses electorales de Angela Merkel, explican, pero no justifican, tanta miopía política, económica y social, porque finalmente las consecuencias se han trasladado a toda la UE.

Esos mercados y mercaderes que no tuvieron reparo alguno en exigir millonarios rescates públicos para sus negocios privados, ahora claman por la reducción del excesivo crecimiento del déficit y el consiguiente endeudamiento público producido, en gran manera, por: las ayudas directas que han tenido que hacer al sector financiero; el descenso de los ingresos, fruto de la crisis económica que han generado; y el incremento del gasto público para desarrollar actuaciones anti cíclicas que la compensen. Y utilizan ese “mantra” para reclamar que los gobiernos impongan más y más sacrificios a los ciudadanos (recortes sobre salarios, pensiones, protección social).

Su drástica y cruel receta hace dudar a prestigiosos economistas sobre su utilidad, pues podría producir una recesión tan grave que impedirá retornar lo prestado, abriendo una espiral muy peligrosa.

A pesar de ello, continúan exigiéndola.

¿Por qué? Porque en el fondo lo que se está discutiendo no es cuál es la solución técnicamente correcta desde el punto de vista económico. Lo que está en juego es quien contralará, a partir de ahora los mercados. Si serán los intereses de los mercaderes o los de la ciudadanía mediante la dirección y control de las normas que impongan los poderes públicos democráticos.

¡Europa y el G-20 deben reaccionar y embridar la crueldad de los mercados! Antes de que la aplicación de sus recetas nos maten a todos.

Educación o pañuelos

Najwa se ha ido a otro Instituto, donde sí le dejan estudiar con un pañuelo en la cabeza (hiyab).

Después de días privada de asistir a clase, confinada en la sala de visitas, ha tenido que cambiar de centro y compañeros para poder acabar la ESO.

Esa no es una salida positiva para la joven, pero tampoco para el resto del Instituto.

En un tema como este, en el que coincide el ejercicio de diferentes derechos, lo imprescindible es identificarlos y ordenarlos, es decir, ponerlos en fila y no saltársela.

El primero y principal de los derechos a respetar era y es el de la educación de la menor.

Los que vienen detrás y en paralelo son el respeto a la libertad religiosa individual y la aconfesionalidad de lo público.

Con esa ordenación de derechos, los jóvenes pueden estudiar luciendo, según su creencia, cruces, estrellas de David, hiyabs o túnicas budistas, en centros que no exhiben ningún símbolo religioso.

Parece absurdo que si hay que escoger entre la educación o un pañuelo, se opte por este último.

Valorar menos el proceso de adquisición de aptitudes y actitudes que las hará personas más libres y responsables que una indumentaria, siempre que no afecte a su dignidad como persona (como ocurre con vestimentas tipo "burka), es un hecho antipedagógico, autoritario o intolerante y una gestión poco inteligente de la diversidad existente en el centro, que el Consejo Escolar ha llevado a cabo.

En este examen práctico, profesores y AMPA han suspendido la asignatura.

Nombrar la unidad en vano

“Para esta demostración no necesito nombrarlo” dicen que alegó un físico ante el tribunal de la Inquisición al serle requerido el por qué no citaba a Dios en la justificación de su teoría.

Algo similar ha ocurrido en el Tribunal Constitucional.

La ponente, y tres miembros más, no creían necesario nombrar la indisoluble unidad de la nación española en el fallo sobre el Estatut - aunque si la tenían presente en los fundamentos jurídicos -, por el contrario la otra parte del Tribunal, que podía haber ayuado a construir una mayoría suficiente, exigía que fuera nombrada para darle su voto.

El resultado es ya conocido. El quinto proyecto de sentencia ha ardido en la hoguera de las vanidades.

Nadie en el Constitucional es independentista y todos suscriben el concepto de la unidad de España. Por eso, cuesta entender su incapacidad para ponerse de acuerdo sobre un Estatut que ni ha roto España ni va camino de hacerlo, después de cuatro años aplicándose.

Más allá de las personas (y los personalismos), la discrepancia de fondo se ha producido, una vez más, entre quienes asumen que la unidad no se pone en peligro por atender la diversidad y la pluralidad que constituye España, y los que sólo la ven asegurada con la uniformidad o nieguen la conveniencia que Catalunya asuma más responsabilidad para asumir los nuevos retos.

Retos que nada tienen que ver con aspiraciones segregacionistas, sino con la autoresponsabilización colectiva para gestionar los cambios acaecidos desde la entrada en vigor del primer Estatut, ahora hace 30 años.

Cambios de todo tipo:
· políticos, ahora estamos en Europa y entonces no
· demográficos, fruto del potentísimo crecimiento de la esperanza de vida y las bajas tasas de natalidad. Produciendo una mayor demanda de servicios para garantizar una mejor calidad de vida y atención a esas personas.
· económicos, la globalización de la actividad económica se ha acelerado aportando efectos contradictorios como la deslocalización o la posibilidad de llegar a nuevos mercados
· migratorios, como ha sido la llegada de un millón de personas extranjeras;
· o sociales, como por ejemplo los cambios en la estructura de la familia o la incorporación de casi un millón de mujeres al trabajo fuera de casa.

Es para asumir esa mayor responsabilidad para lo que se hizo el Estatut. Y es para eso que nos otorgaba más competencias y una distribución de los recursos adecuada para atenderlas, a la vez que mantener la solidaridad interregional.

A pesar de ello, hay quien, como el Tribunal de la Inquisición, ha seguido exigiendo que en el fallo se “nombrara la indisoluble unidad de la nación española”, aunque no fuera necesario, porque no estaba en juego.

Es una actitud propia en quienes prejuzgan intenciones en lugar de juzgar textos o hechos, de quienes exigen de los otros la adhesión univoca a sus criterios y son incapaces de aceptar la matización o, incluso, la discrepancia, en suma el enriquecimiento de la diversidad.

Pero tendrían que saber que no es nombrándola en el fallo, como se salvaguardara la unidad de España, sino con una doctrina que favorezca una concepción integradora de la realidad plural que la conforma.

El fracaso del quinto proyecto de dictamen es el resultado de esa intolerancia en el Tribunal Constitucional y la expresión de su incapacidad con la actual composición.

Después de tres años sin ponerse de acuerdo es hora de que se cumplan sus normas. Eso no es cambiar las reglas del juego a medio partido, sino todo lo contrario.

Al Tribunal Constitucional se le respeta y ayuda renovando los miembros caducados y haciendo que trabajen sin más intentos de instrumentalizaciones de aquellos que toman el nombre de la unidad en vano

Coyuntura y estructura

El grandilocuentemente anunciado como "Pacto de Estado" de Duran Lleida ha acabado sin un documento firmado por los negociadores del Palacio de Zurbano, sede del Ministerio de Economía y sin foto.

La razón de esta ausencia de rubrica se encuentra, básicamente, en el tacticismo electoral del principal partido de la oposición, el PP. Los conservadores españoles consideran que el desgaste que genera la crisis y su gestión es lo que les llevará de nuevo a la Moncloa y no quieren aparecer en el lado del Gobierno. Confunden ayudar a los ciudadanos con ayudar al Gobierno.

A pesar de los aspavientos propagandísticos esto no supone la inexistencia de frutos prácticos y resultados.

El Real Decreto Ley 6 / 2010 de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo, apoyado con más o menos entusiasmo por los partidos negociadores, excepto IU-ICV-EUiA, y los acuerdos del pasado Consejo de Ministros en los temas que no necesitan ley, son la prueba.

Son una serie de medidas urgentes, de ahí que esté plenamente justificada la utilización de esta forma jurídica. Ahora bien como tales no pueden constituir una propuesta estructural, pero sí que tienen una estructura coherente con el objetivo perseguido: impulsar actividad económica que genere empleo.

Por ello fomentan la exportación, la rehabilitación y la eficiencia energética de las viviendas, tanto privadas como públicas, el impulso del comercio, el turismo o la industria automovilística.

Y abordan la mitigación del freno que proviene del sector financiero. Agilizando su reforma y reforzando la capacidad del ICO para ofrecer más liquidez a las empresas o financiar la construcción de vivienda protegida.

Todas las medidas son piezas para un mismo puzle, pero no son todo el puzle.

Para tener una visión de conjunto hay que completar de forma imbricada en la hoja de ruta anunciado por el Presidente Zapatero el pasado 2 de diciembre en el Congreso de Diputados, que se está desarrollando y cumpliendo en tiempo y forma y que conlleva:

• La negociación de las reformas estructurales dirigidas a favorecer el cambio del modelo productivo. Este proceso se ha desarrollado en torno a la ley de economía sostenible, la cual ya ha iniciado su trámite parlamentario, así como la ley orgánica que afecta a los aspectos con dimensión autonómica.
• La negociación de la reforma de los aspectos laborales, mediante la mesa del diálogo social, que entra en su segunda fase con el nuevo documento aportado por el gobierno.
• El programa de austeridad y ajuste presupuestario, entregado ante las autoridades económicas europeas, que está siendo una pieza clave para mantener la confianza internacional sobre la economía española
• La propuesta sobre la reforma del sistema de pensiones, enviada para su debate a la Comisión del Pacto de Toledo, que supone una propuesta equilibrada para continuar dándole sostenibilidad financiera a uno de los pilares fundamentales de nuestro Estado del Bienestar.

Dentro de este contexto de reformas más estructurales que se están desarrollando, estas medidas rebasan con creces su condición de coyunturales y alcanzan su dimensión y su importante contribución al cambio estructural, que debemos protagonizar por superar la crisis y la superación de los problemas específicos que teníamos, incluso antes de que ésta se declara con tanta virulencia

Contramanifestaciones

Las negociaciones entre la CEOE, UGT y CC.OO. sobre la reforma laboral avanzan con su ritmo habitual.

Un ritmo que no es lineal ni progresivo, más bien espasmódico. Discreto pero no secreto. Lo que permite que los medios de comunicación "no iniciados en estos rituales negociadores" y más acostumbrados a "la liturgia política" fallen más que una escopeta de feria y anuncien desacuerdos poco antes de que se alcance acuerdos, como vimos en el conflicto de ACESA esta Semana Santa.

Ahora bien, esta dificultad para conocer y apreciar lo que está sucediendo es una cosa y el festival de contramanifestaciones de estos días, es otra.

Mientras los agentes sociales negocian con discreción, influyentes personajes, despachos profesionales y grupos de presión, se manifiestan públicamente con estridencia. No es algo nuevo, lo hacen desde hace tiempo.

¿Por qué no dejan en paz a los negociadores? ¿Tanto miedo tienen a que se llegue a un acuerdo, que no sea "su acuerdo"? Pues, sí.

Para ellos sólo será un acuerdo positivo si responde a la su machacón "ritornelo" sobre el abaratamiento del despido y el contrato único, supuestamente estable. Por ello se contramanifestan por y para el desacuerdo. Otra cosa no les sirve.

Intentan hacernos creer que el alto nivel de personas paradas se explica principalmente por nuestro mercado laboral, para a continuación extraer la conclusión de que si no se reforma - siguiendo sus directivas, claro - no hay salida.

Quieren que olvidemos que quien ha estado detrás de la actual y durísima destrucción de empleo ha sido la confluencia de la crisis financiera y nuestra estructura productiva y no el mercado laboral, que en la fase expansiva permitió la creación de mucho empleo, aunque de poca calidad.
Es combatiendo las causas estructurales de carácter financiero y de competitividad sectorial como resolverán los problemas de fondo. No confundiendo interesadamente los efectos (el paro) con las causas (las raíces de la crisis).

Porque esas son las verdaderas causas, como lo pone de manifiesto el hecho de que el último año en toda España, el 86% del total de los puestos de trabajo que han desaparecido se han concentrado en sólo dos sectores (construcción e industria manufacturera), los cuales apenas suponen el 23% de todo el empleo.

¿Si el causante fuera el mercado de trabajo, por qué se produciría esta afectación concreta? ¿Por qué los sectores afectados por la crisis financiera especulativa (la construcción) y el exceso de consumo (producción de bienes manufacturados) deberían resentirse más que los otros?

Sin embargo, todos podemos coincidir en que habrá que sumar a la lucha contra las causas de crisis las reformas de aquellos factores que a pesar de no ser los responsables pueden ayudar a superarla. Ahora bien, la dirección de estas reformas tienen que ayudar a no repetir parte de los defectos observados. En este sentido, la falta de calidad del empleo creado, no se resuelve deteriorando su regulación jurídica.

Creo que los agentes sociales entienden que tienen que hacer el esfuerzo de acordar una reforma laboral equilibrada, dirigida a colaborar en la salida de la crisis. Su alto grado de responsabilidad les ha hecho retomar el diálogo roto en julio de 2009, asumiendo su obligación social.

Al resto nos corresponde ayudarles a que la cumplan, no estorbar los ni intentar boicotear los . ¡¡¡Bastante trabajo tienen!!!

Si una vez agotado un tiempo razonable -parece que hasta finales de este mes- no han podido o alguien no ha querido alcanzar un acuerdo, será entonces, y sólo entonces, que el Gobierno deberá transformar sin más dilaciones la propuesta que les entregó en febrero en norma legal.

Para todos estos que se contramanifiestan, esa tampoco será una buena opción. No por unilateral y decretada, sino porque no impondrá lo que ellos propugnan.

Cantera e ideas

Cantera e ideas, esta es la doble apuesta del Presidente Montilla y el PSC para las próximas elecciones autonómicas y para el futuro.

Y como una imagen vale más que mil palabras: aquí está el comité electoral, que dirigirá Jaume Collboni, lleno de nuevas incorporaciones.

Son una representación de la cantera del PSC. Formada por personas nada inexpertas, todo lo contrario. Son personas rodadas y probadas en diferentes niveles de responsabilidad política. Procedentes de ámbitos diferentes: municipalismo, sindicalismo, asociacionismo, que tienen experiencia en la gestión privada o pública. Con una buena formación académica, pero lo que me parece más importante con una buena formación en la "Universidad de la vida" y en la tradición socialista.

Una cantera que no sólo aporta empuje y entusiasmo, sino también una visión actualizada de la sociedad catalana, porque como ella - y con ella - han evolucionado.

Esa nueva sociedad que hemos ayudado a construir, desde los gobiernos locales, desde el gobierno del Estado y ahora desde el Gobierno de la Generalitat, desde las instituciones pero también desde la sociedad civil, es la que nos reclama una renovación de las propuestas políticas.

No nos reclama que abandonan nuestros principios, pero sí que actualizamos los contenidos. Nos pide que la seguimos acompañando en su proceso de transformación, de avance y de mejora para que puedan continuar depositando su confianza en nosotros.

Esta es la otra gran apuesta, las ideas.

Montilla apuesta por una campaña que le permita explicar lo mucho que se ha hecho, pero también lo mucho que se quiere hacer y conseguir. Y no sólo y exclusivamente en el mundo de las realizaciones materiales, que también, sino en el rediseño del modelo de sociedad que queremos continuar construyendo, de ahí que el programa marco no sea un programa electoral.

Y eso ante el remake nacionalista de Artur Mas, que desde el tacticismo electoral intenta no definirse para no equivocarse o asustar, como lo demuestra el hecho que después de declararse independentista ahora pretenda desentenderse del monstruo que han alimentado y que tiene su máxima expresión en la diáspora nacionalista y la emergencia de populismos autoritarios, como el de Carretero y/o Laporta. Una actuación que desde su recreación de Don Tancredo lo fía y confía todo a los errores del adversario, pero que no propone nada. Ni ideas nuevas ni vindicación de su pasado, nada de nada, salvo el "wait and see" (esperar y ver).

Recuperar los muchos déficits que el nacionalismo conservador acumuló durante los 23 años en que ostentó el poder era imprescindible. En un país, donde las infraestructuras hidráulicas, viarias, energéticas, educativas no estaban resueltas lo primero era, como ya se hizo con los primeros ayuntamientos democráticos, hacerlas, reponerlas o complementarlas. Y eso es lo que se ha hecho, pese a la crisis económica.

Estos tiempos preelectorales y electorales nos permitirán explicar que toda la acción de gobierno, no ha sido sólo gestión, sino también la cimentación de una sociedad, que queremos más madura y libre, próspera y al mismo tiempo justa, con ilusión, pero no ilusa, confiada de sí misma y no en mesías populistas, en marcha y no paro, esperando la vuelta de las eternas "promesas".

Sin embargo, alcanzar este objetivo no es un hito que acabe con unas elecciones, normalmente es todo lo contrario, pues, independiente del resultado obtenido, a partir de ellas empieza otra fase, que siempre es diferente a la anterior.

Doble rasero

Debido a la crisis, el año pasado, algunas empresas catalanas no pudieron ofrecer a 129.400 personas sufiente trabajo como para que pudieran completar la jornada anual contratada.

El Gobierno para ayudar a trabajadores y empresas industriales y de servicios flexibilizó la prestación por desempleo. Hizo que los 120 primeros días de reducción de jornada o suspensión del contrato, no contaran para el tiempo de percepción de la prestación de'atur, si finalmente eran despedidas. Es lo que coloquialmente se conoce como "poner el contador a cero".

Es más esa práctica, que se parece mucho al llamado "modelo alemán", posiblemente se habrán de ampliar, como pide el Gobierno de Cataluña, hasta 180 días.

Con los autónomos que no tenían derecho a paro se ha previsto que puedan acceder a esa prestación, si no se puede continuar el negocio.

Nadie descalificó estas medidas en su momento. Nadie entonces alegó que con ellas se quería mantener cautivo el voto de los catalanes. Es más, se saludaron positivamente porque evitaba despidos y favorecía la economía catalana y protegía a los sectores sociales que están sufriendo con más dureza la crisis en Cataluña.

Entonces, ¿por qué el nacionalismo catalán que representa Artur Mas aplica un rasero diferente sobre la flexibilización del acceso a las prestaciones por desempleo agrario en Andalucía y Extremadura que el viernes pasado aprobó el Consejo de Ministros?

¿El problema no es similar? ¿No han tenido los empresarios agrarios andaluces también dificultades objetivas (de carácter climatológico) para ofrecer suficiente trabajo (peonadas) como para que no hayan podido completar el número de jornales que da derecho a su percepción?

¿Por qué insulta la inteligencia de las personas que viven en estas dos regiones, afirmando que su criterio y orientación política es susceptible de ser "comprado" por el hecho de que el Gobierno adopte una medida social, necesaria en tiempos de crisis?

¿Se atrevería a decir o insinuar los mismo de las personas que vivimos en Cataluña? De hecho y para ser sinceros, sí. Se han atrevido, pero circunscribiendo a los votantes socialistas de algunas comarcas metropolitanas.

Siguiendo con este razonamiento, ¿Por qué la restitución de una deuda histórica con Andalucía en inversiones, que está incluido en su Estatuto, es una compra de votos? ¿Se quiere ocultar que una parte de esta deuda es consecuencia del "castigo infligido" por el PP cuando la Junta no quiso sumarse al desastroso sistema de financiación autonómica que firmó CiU con el PP? Un modelo tan negativo que no nos sacado de encima hasta que con el Estatuto y los gobiernos de izquierdas, aquí y allá, lo han hecho posible.

¿No es una situación similar a la que Cataluña logró con Disposición Adicional Tercera del Estatuto y en Cataluña está implicando un incremento sustancial de las inversiones del Estado entre las que destacan actuaciones como, AVE, Aeropuerto o Sincrotrón, inaugurado este lunes ?
¿Entonces por qué lo que allí se presnta como un trato de favor, aquí sólo es un acto de justicia?

¿Cuando Artur Mas plantea que no quiere una sociedad subsidiada, que en Cataluña sólo queremos inversiones productivas, está insinuando que no quiere que las personas afectadas por los ERE tengan derecho a las prestaciones por desempleo, que los autónomos que han tenido que cerrar su negocio, no reciban la ayuda de los 420 €, que ha acordado el Gobierno de Cataluña con empresarios y trabajadores en los "30 compromisos contra la crisis"? Pues que lo diga con claridad.

Porque aplicando este doble rasero y haciendo la misma demagogia que hace el PP, pero al revés, sobre el supuesto trato de favor hacia Cataluña, el nacionalismo catalán sólo creará problemas políticos y tensiones territoriales donde hacen falta soluciones sociales

Sin acuerdo a la vista

La cumbre anticrisis del viernes pasado no ha dejado un panorama que contemple un posible acuerdo a la vista.

La dinámica y la experiencia de diálogo, negociación y acuerdo que vienen practicando durante los últimos 6 años el Govern y las organizaciones empresariales y sindicales en Catalunya, no se han reproducido en los nuevos invitados a la mesa, los partidos políticos en el oposición, que rechazaron la propuesta de trabajar juntos para construir una salida solidaria y conjunta de la crisis.

¿Qué si no es pretender que esta cumbre discuta sobre lo que se está abordando en el ámbito español o supeditar cualquier entendimiento a la aceptación previa de sus propuestas, como hizo CiU?

Para poder hacer nacer un acuerdo se tenían que sortear una serie de obstáculos y dificultades previas, como:
Primero, acordar sobre algo más que lo que el Goverrn y agentes sociales ya vienen haciendo, como por ejemplo las medidas a corto plazo contenidas en los "30 compromisos" acordados no hace ni tres meses, o las medidas a largo plazo establecidas en el " Acuerdo Estratégico 2008-2011".
Segundo, centrar los acuerdos sobre lo que se puede y se debe hacer aquí, sin hacer de la cumbre catalana un foro de debate sobre temas que deben abordarse en otros ámbitos.
Y tercero, que todos prioricen los intereses de los "paisanos" por encima de los de parte o los de partido.

Se sabía que no sería una tarea fácil.

Entre otras razones porque hay mucho hecho y con mucho contenido y trascendencia, pero también porque la voluntad de crear un "frente catalán para ir a Madrid", aunque resulte efectista es muy poco efectivo y más si se quiere hacer pivotar sobre la campaña conjunta (PP-CiU) para frenar la modificación del IVA, era más fuerte que la voluntad de acordar soluciones efectivas y para que, finalmente, hay quien ya ha entrado en campaña electoral, hecho que domina toda su acción política.

Conscientes de los riesgos, el Govern, las organizaciones empresariales y las sindicales ofrecieron un documento de trabajo orientado a profundizar sobre cómo mejorar la financiación de las empresas, favorecer la demanda y consolidar la industria, transformar la construcción e incrementar el ahorro y la eficiencia energética, reforzar la formación y la protección social, fomentar el espíritu emprendedor y las nuevas actividades o simplificar la administración, sumando al que ya se hace.

Esta propuesta dirigida a negociar y acordar cosas prácticas, que pudieran ser asumidas por todos y que dependieran de nosotros, no obtuvo una respuesta positiva, si no una de genérica, partidaria, parcial y orientada fundamentalmente a establecer posicionamientos que deben establecerse e implementar en otros ámbitos. En todo caso, parece que Artur Mas y el resto de partidos en la oposición buscaban escabullirse y "hacer un mutis por el foro" más que comprometerse en la salida la crisis.

El único interés de CiU ha consistido en evitar que esta cumbre le obligara a algo, una vez ha constatado que se ha agotado el efecto mediático de aparecer como una fuerza defensora y proponiendo un pacto de Estado anticrisis - con el que quería hacerse perdonar su radicalización independentista - y que aquí no hay habrá una plataforma catalana de la que se pueda apropiarse e instrumentalizar en Madrid, para defender sus propuestas.

Para cerrar el círculo y evitar que alguien le recriminara que es capaz de concertar con la Ministra Salgado lo que le niega al Presidente Montilla el siguiente paso ha sido que Duran Lleida proclame también la muerte de la concertación en el ámbito de la Estado, sustituyéndola por una negociación pieza a pieza, norma a norma, que le permita mantener viva su posibilidad de un futuro pacto con el PP de más calado, aquí y allá.

Sería bueno que consideraran este posicionamiento.

La contribución a la solución de los problemas que genera la crisis económica no es un favor al Gobierno, a los Gobiernos español y catalán, sino un servicio a los ciudadanos que las padecen y, en consecuencia, colaborar en su solución no es un demérito o una penalización, sino todo lo contrario.

Todavía está por ver si el giro hacia el centralidad que anuncian es real o simplemente es formal, como parece que se desprende de su actuación.

¿Subir el IVA?

¡A quien le guste que le suban los impuestos que levante la mano!

El número de manos alzadas, seguramente, será nulo o insignificante.

Por eso la posición anti subida del IVA tiene asegurado un fuerte predicamento. Le dice a la gente lo que quiere oír. ¿Pero es lo que hay que decirle? Sinceramente, creo que no.

Se sabe que la subida del IVA comportará un incremento de los precios. No hay tanta certeza, pero sí una más que razonable expectativa, que pueda suponer una frenada momentánea en la recuperación del consumo interno. Por eso desde el punto de vista económico, social y político esta medida no es ni fácil ni neutra.

¿Entonces, porque el Gobierno incorporó en los presupuestos la modificación del IVA a partir de julio? Para contener el déficit público y porque estima que en ese momento ya estaremos creciendo.

Para acabar de entenderlo hay que recordar que:

• La modificación conllevará la subida en un 2% del tipo general (del 16 al 18%) y en un 1% del tipo reducido (del 7 al 8%), aquel que grava por ejemplo la vivienda y la hostelería. También, hay que dejar constancia de que esta modificación no afecta al tipo súper-reducido (del 4%), que se aplica a los productos básicos o de primera necesidad
• Y que ésta es una medida que forma parte de un plan de austeridad, que busca reducir el déficit. Recortando gastos (50.000 m € en tres años) e incrementando ingresos. Con este plan se quiere conseguir volver el año 2013 a la situación de déficit público (diferencia entre ingresos y gastos) permitida en la zona euro del 3%, como máximo.

Hoy nuestro déficit público está situado en el 11%. No es que nos hayan vuelto "manirrotos" como dicen algunos especuladores y airea de forma irresponsable y exagerada los dirigentes del PP, sino que es el resultado la intervención pública para evitar las nefastas consecuencias de la crisis.

Los gobiernos de forma conjunta y coordinada (reunión del G-20) acordaron desarrollar políticas públicas dirigidas a: evitar el colapso financiero; incentivar la actividad económica, y desarrollar los mecanismos de protección social. Se trataba de evitar que la paralización del sector privado, excesivamente endeudado y receloso de sí mismo, condujera al colapso financiero y después a la depresión mundial. Y eso se hizo interviniendo económicamente en los mercados.

Había que hacerlo y se hizo. Lo que resulta insultante es que aquellos que, con su codicia e irresponsabilidad, generaron el problema sean ahora los que quieran dar lecciones de lo que se debe hacer y defendiendo propuestas regresivas para la mayoría de los afectados.

Que se tuviera que hacer, en el momento más crítico, no significa que haya que mantenerse indefinidamente, ni tampoco que el Estado tenga que retirarse ya. En esto, como en muchas otras cosas, conviene hacer las cosas con mesura y equilibrio.

Conviene ir desacoplando progresivamente la economía del sobreesfuerzo que, ahora, están soportando las finanzas públicas, porque esta opción no es sostenible ni conveniente de forma permanente. Ahora bien, hay que hacerlo sin poner en peligro el proceso de salida de crisis. De nada serviría cumplir con la ortodoxia liberal económica, si ello conlleva una nueva recaída en la crisis que la aplicación de sus tesis ha producido.

Por el contrario, mantener el mismo ritmo de déficit anual, sería negativo. Por un lado porque aunque ahora no estamos demasiado endeudados, acabaríamos endeudándonos en exceso, transfiriendo a las generaciones futuras el problema actual, por otro lado, porque la desconfianza que se generaría sobre la solvencia futura de la economía española para hacer frente al pago de su deuda provocaría que ya ahora se tuvieran que pagar más intereses por el dinero con los que nos estamos financiando.

Destinar más dinero a pagar intereses, significa tener menos recursos para desarrollar políticas anti crisis, de fomento económico y de protección social y en consecuencia retardar la salida.

El plan de austeridad presentando en la Unión Europea, busca alcanzar este complicado equilibrio. Y dentro de él la modificación del IVA es un esfuerzo planteado para mantener la credibilidad de la economía española y no encarecer nuestro acceso al crédito internacional, necesario para financiar un ajuste socialmente menos duro.

Los opositores a la modificación del IVA deberían explicar cómo quieren resolver este "sodoku". Es cierto que todos no se opone a las subidas por las mismas razones. Como mínimo hay dos visiones diferentes. Desde las posiciones más a la izquierda del Gobierno (IU-ICV, ERC) se argumenta que esta actuación empobrece a los débiles, desde las posiciones más a la derecha del gobierno (PP y CiU) que si el Estado gestiona más recursos hay menos dinero circulante para hacer negocios.

En todo caso, convendría que, además de oponerse, también hicieran propuestas constructivas y equilibradas, para incrementar los ingresos en cantidades relevantes y determinar qué gastos se deben reducir o contener, porque en el caso de que se siguieran sus propuestas tendríamos, en el primes caso, más endeudamiento y en el segundo más recortes sociales y dureza en el ajuste.

Por eso si, de verdad, se busca un pacto contra la crisis, no se debe hacer electoralismo con la o subida del IVA ni plantear como cuestión inasumible bajo ningún concepto su modificación, como hacen la derecha española y catalana.