Vuelve la “cartilla del Seguro”

Hemos perdido la tarjeta sanitaria y hemos vuelto a la "cartilla del Seguro".

Quizás le ha pasado un poco desapercibido. No es de extrañar, quizás sea por el frenético ritmo de Reales Decretos Ley al que nos tiene sometidos el Gobierno de Mariano Rajoy - el promedio es de uno por semana – los que hace casi imposible estar al tanto de todos los cambios legislativos.

Pero si se detiene a comparar la nueva redacción de la ley de sanidad podrá comprobar que hemos pasado de "titulares de un derecho" a "asegurados".

A nadie se le escapa, aunque se pueda tener poco interés por las precisiones jurídicas, que esto no es sólo un cambio de nomenclátor. Esto supone volver en términos de derechos sanitarios a antes de la Ley de universalización de la Sanidad promulgada por el entonces ministro socialista Ernest Lluch

Hasta el pasado 20 de abril, todos los españoles - por el hecho de serlo - y los extranjeros según lo que se prevea en cada momento la ley orgánica de extranjería teníamos derecho a la protección de la salud y la atención sanitaria necesaria para hacer efectiva.

Este era un derecho de carácter universal.

Esto que suena tan bien y a veces tan pomposo, quiere decir que todos los ciudadanos teníamos derecho a ser atendidos (elegibles), pero sólo lo seríamos cuando estuviéramos enfermos (elegidos).

Así pues, queda claro que la ley no era una "barra libre" en la que cualquier ciudadano podía disponer alegremente de servicios y prestaciones, sino que había unos profesionales de la medicina que evaluaban y prescribían que era necesario, y qué no, para que el sistema protegiera el derecho a la salud.

Con esta definición se fácil entender que un uso inadecuado o abusivo ni está amparado, ni protegido, ni contemplado por la Ley vigente hasta ahora, y que, en consecuencia, no sólo era posible sino necesaria una vigilancia y persecución en la lucha contra los posibles fraudes.

Como era un derecho universal, ya no se financiaba con las cotizaciones a la Seguridad Social, sino con impuestos.

Como era un derecho universal, los servicios ya no dependían de la Seguridad Social sino del Sistema Nacional de Salud, constituido por el Gobierno Central y las Comunidades Autónomas, en nuestro caso la Generalitat de Catalunya.

Como era un derecho universal ya no teníamos la "cartilla del Seguro" donde había titulares (los cotizantes) y beneficiarios (las mujeres que trabajaban en casa y los hijos menores de 26 años) sino que todo el mundo tenía su tarjeta sanitaria.

Pero de repente todo eso ha cambiado. El gobierno de Rajoy nos ha vuelto al pasado. Nos ha hecho retroceder a los tiempos del franquismo.

Ahora para poder acceder a las prestaciones sanitarias deberá estar de alta o situada asimilada (pensionista o parado) en la Seguridad Social, a pesar de que ni un euro de nuestras cotizaciones está destinado a este fin, sino que están destinadas exclusivamente a financiar las prestaciones económicas por jubilación, invalidez, enfermedad común o profesional y el paro.

La sanidad se paga y se continuará pagando con lo que pagamos por el IRPF, el IVA, y los otros impuestos. No tiene ningún sentido que la condición para ser asegurado sea estar dado de alta en la Seguridad Social si ésta no sufraga los gastos.

Las personas que trabajen en casa, en su mayoría mujeres, dejan de ser titulares del derecho a la salud. Vuelven a ser beneficiarias, si su cónyuge o su ex cónyuge las tiene a su cargo, si no, no. Lo mismo sucede con los hijos menores de 26 o con una discapacidad superior al 65% que serán beneficiarios si, y sólo si, están a cargo del titular. En caso contrario dejarán de tener derecho a la sanidad pública, salvo, claro esta, que la paguen entera.

Este Real Decreto-ley nos quita derechos a las personas, pero también a las comunidades autónomas.

La Seguridad Social no paga, pero manda. A pesar de no poner un euro, les dirá, y controlará, quien tiene derecho y quién no tiene derecho a recibir las atenciones sanitarias que deben prestar las comunidades Autónomas.

A los que han redactado este Real Decreto Ley, se les nota que su modelo no es el de los derechos de ciudadanía garantizados por la Constitución, sino el modelo del Instituto Nacional de Previsión del periodo anterior, se les nota que esto de las Comunidades Autónomas para ellos es un estorbo y que ansían volver al modelo de las delegaciones provinciales del Ministerio.

Estos cambios no se justifican por motivos económicos, son el resultado decisiones políticas para recortar derechos a las personas y competencias a las Autonomías.

Por eso sorprende tanto que el Gobierno de Cataluña tarde tanto en atender la demanda del resto del arco parlamentario de izquierdas (PSC, ERC e ICV-EUiA) para llevar ante el Tribunal Constitucional esta nueva agresión a un derechos personal y colectivos que tanto nos costó alcanzar.

Articulo publicado en catalán en Fet a Sant Feliu

Incertidumbres y crisis

Aspecto de la manifestación de Barcelona en la vía Laietana. JOAN CORTADELLAS

La continuidad en la destrucción de empleo y su consecuencia más evidente, el paro, que afecta ya a más de 5,6 millones de personas como resultado de la segunda recesión en la que entra nuestra economía desde el 2008, han sido los factores predominantes en este Primero de Mayo, pero no los únicos.

La forma de abordar la salida de la crisis ha sido el otro factor. Una divergencia que en buena parte se resume en dos planteamientos: por un lado, las tesis de los partidarios de la adopción de políticas de reactivación económica dirigidas a la creación de empleo, entre los que se encuentran los sindicatos, y por otro las de aquellos que abogan por la continuidad o la profundización de las políticas de austeridad y equilibrio presupuestario iniciadas en mayo del 2010, hace ya dos años.

Mejorar la competitividad de nuestro tejido productivo es un objetivo compartido por las organizaciones empresariales y sindicales mayoritarias para favorecer la creación sostenida y sostenible de empleo, como lo demuestra que en enero pasado firmasen dos acuerdos: uno sobre flexibilidad interna y negociada en las empresas y otro sobre sueldos para los próximos tres años que llevaba implícita la moderación salarial practicada en los años de la crisis.

Sin embargo, la existencia de este consenso social no impidió que el Gobierno decretase una reforma que desequilibra las relaciones laborales otorgando más capacidad para poder modificar de forma unilateral las condiciones de trabajo a la parte empresarial, reduciendo los costes del despido y debilitando la negociación colectiva.

A este hecho importante, que en nada ayuda a un clima proclive al diálogo y el entendimiento, hay que añadir un restrictivo proyecto de Presupuestos para este año, con un añadido que recorta las prestaciones en salud y educación en 10.000 millones de de euros fruto de las presiones europeas, y el incremento de fórmulas de copago tanto en las prestaciones farmacéuticas como en los servicios sanitarios para las personas más enfermas o con menos recursos. En la práctica, esto supone la pérdida de derechos universales de ciudadanía que con gran esfuerzo se habían construido en los últimos 35 años de democracia, y que volvamos a la situación de prestaciones contributivas que teníamos durante el régimen franquista.

El problema básico es que, a pesar de todos estos sacrificios impuestos (recortes de prestaciones y rebaja de derechos laborales y sociales), las perspectivas en cuanto a la creación de empleo siguen sin ser nada positivas. El Gobierno de Mariano Rajoy ya ha adelantado que hasta dentro de dos años no habrá creación de empleo neto suficiente como para que empiecen a bajar las insoportables tasas de paro actuales. Esto es así porque se sigue insistiendo en un análisis erróneo.

El problema no ha sido el déficit fiscal -España tenía superávit- o el exceso de endeudamiento público -cumplíamos los objetivos de Maastricht-, sino una crisis del sistema bancario que financió con recursos externos y sin ningún cuidado ni prevención la dimensión especulativa del sector inmobiliario, la debilidad de un tejido económico basado en la producción de bienes y servicios de poco valor añadido y condiciones laborales precarias.

Este Primero de Mayo, al igual que las movilizaciones en torno a la huelga del 29 de marzo contra la reforma laboral, tienen la virtualidad de reflejar el importante apoyo que tienen las posiciones de oposición sindical y social a una forma de hacer las cosas.

Ahora bien, para construir la alternativa esto es insuficiente. Hay que retomar lo más rápidamente posible una senda de crecimiento económico, única garantía para la creación de empleo, la estabilidad presupuestaria y la restitución de derechos sociales. Y por eso sería bueno que se atendieran las demandas de sustitución de las actuales políticas de austeridad por equilibradas políticas de reformas estructurales, fomento económico y protección de derechos sociales. En caso contrario, los tiempos de incertidumbres y crisis se prolongarán.

Artículo publicado en El Periodico el 2 de Mayo de 2012