Sentencia preventiva

¡¡¡No lo puedo evitar!!!

La decisión del Tribunal Constitucional me recuerda muchísimo la actitud de uno de mis tío abuelo. Ese pariente les propinaba unos duros cachetes a sus hijos, incluso cuando no tenía conocimiento de que hubieran cometido ninguna travesura.

"Para cuando las hagan" alegaba en imponerles este injusto castigo preventivo.

El Tribunal Constitucional ha hecho lo mismo con esta sentencia preventiva.

Sí, en mi opinión este es un fallo preventivo.

Preventivo ante sus miedos. Unos miedos que-como siempre sucede en los actos irracionales-no se basan en la realidad, sino en su deformada percepción.

Unos miedos creados y alentados por juicios previos, prejuicios y conflictos inexistentes, como el de la persecución del español en Cataluña o la actitud insolidaria con el resto de pueblos que conforme España.

Unos miedos irracionales alimentados en la falsa creencia de que el Estatut era el caballo de Troya del segregacionismo catalán, en vez de lo que la mayoría de la ciudadanía de Cataluña ha expresado, formulado jurídicamente y refrendado y que no es otra cosa que la reformulación de las relaciones de quien ni se va, ni quiere irse de España, pero que si quiere más autogobierno para lograr mayor responsabilidad en la conformación de su futuro.

En este sentido, la resolución del Tribunal Constitucional es un exorcismo contra algo que no existe más allá de sus miedos irracionales.

Esto es lo que se observa al leer, por ejemplo, las argumentaciones referidas a los temas de la nación o la justicia.

Sus obsesiones, o sus empachos mal digeridos sobre la historia de España y la de Azaña, les hacen hablar reiteradamente de la indisolubilidad de la nación española, cuando no era necesario porque no está en duda.

O cuando resuelven negativamente la posibilidad para organizar la justicia de una forma casi federal. El mismo Estatuto condicionada este hecho a que primero se modificara la ley orgánica del poder judicial haciéndolo posible. Pues bien, el Constitucional no sólo niega la capacidad de que el Estatuto para contemplar una forma de organizar la Justicia, si existe una norma estatal que lo permite, sino que excediéndose en sus funciones interpreta la posible futura norma y en consecuencia actualmente inexistente, con la voluntad de constreñir la capacidad y soberanía del legislador.

En todo caso, parece que hayan actuado como mi tío abuelo: "Para cuando la hagan".

Sobre la reforma laboral

Esta no es una reforma para crear empleo, sino para regular el que se cree.

Y esto es así, porque a pesar de lo que se dice habitualmente ninguna reforma crea empleo, lo crea la actividad económica. Ninguna empresa, o empresario, contrata a una persona sino tiene necesidad de ella para desarrollar un trabajo real y productivo, económicamente rentable o socialmente útil.

En el pasado se consideró que era "mejor un contrato temporal que nada". Bajo esa idea se hizo la reforma laboral del 84, que estableció entre otras la figura del contrato temporal sin causa como contrato de fomento del empleo. El resultado final ha sido que los procesos de recuperación posteriores se saldaron con el uso abusivo de la contratación temporal, que llegó a aplicarse el 30% de las personas ocupadas.

El ciclo económico creó mucho empleo, pero precisamente es ese - el más temporal y precario – el que se ha llevado por delante esta crisis. No parece que se obtengan resultados diferentes reiterando o intensificando la misma estrategia de apostar por la temporalidad, como pide entre otros el gobernador del Banco de España.

Por el contrario, con esta reforma laboral se busca que el crecimiento económico se haga con contratación estable, pero que permitan que las empresas puedan adaptarse a los cambios sin tener que hacerlo a través de despidos.

Por eso el Real Decreto Ley se basa en:
• Penalizar la contratación temporal (restringiendo su duración, reforzando la causalidad, dificultando la subcontratación e incrementado progresivamente la indemnización).
• Fomentar la contratación estable, con 33 días de indemnización.
• Utilizar la flexibilidad interna negociada como mecanismo de ajuste a los cambios en detrimento de la fórmula de despido (modelo alemán de reducción de jornada, modificación pactada de las condiciones laborales, sindicalitzan la negociación en las PYMES y potenciando el arbitraje para solucionar los desacuerdos)
• Concentrar los ajustes a la contratación fija en las personas jóvenes, las mayores de 45 años, las que tienen discapacidades y aquellas que se encuentran en riesgo de exclusión social.
• Regular mejor las condiciones objetivas en las que una empresa puede prescindir de una persona que trabaje para ella.

Finalmente, la reforma también abre el camino a que los empresarios se aseguren entre ellos una parte del coste del despido. Mediante el incremento de las cuotas, que sólo pagan las empresas, al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) éste se hará cargo del importe 8 días por año cuando se produzca un despido. Creo que si este pago se acaba haciendo extensivo a cualquier tipo de despido, los empresarios responsables financiarán a aquellos que despiden de forma improcedente, es decir sin motivos, por eso creo que este mecanismo debería aplicarse a financiar parcialmente aquellos despidos que estén motivados y no a todos.

Esta medida, se formula la espera de que se concrete la ley que regule el llamado modelo austriaco. Un sistema en el que la empresa capitaliza un fondo individual para cada trabajador, con un aporte equivalente a 6 u 8 días por año, y que este puede recuperar si es despedido, que se lleva si cambia voluntariamente de empresa y que puede rescatar al final de su vida laboral, como si fuera un fondo de pensiones.

Esta es una reforma más equilibrada de lo que algunos quieren y dicen, y que en ningún caso genera más inseguridad jurídica, como intenta argüir Mariano Rajoy. ¡No nos engañemos! Para algunos sólo hay seguridad jurídica si el que decide es él. Ya sea mediante el llamado contrato único (sin tutela judicial), o mediante la reducción de los jueces a un papel de simples aplicadores - que no interpretadores - de la ley o restringiendo la función de la autoridad laboral y evitando la intervención sindical.

Como un "déjà vu", similar al que sucedió en la reforma del 1994, mientras las izquierdas sociales y políticas han rechazado globalmente el RDL, las derechas, en este caso la económica, empiezan a condicionar desde fuera el debate de la ley que saldrá de la convalidación de la norma para decantarse hacia sus criterios e intereses.

Esta reforma no nos sacará de la crisis, porque no la ha creado el funcionamiento del mercado de trabajo. Así pues, ¿por qué reformarlo? Pues porque no funcionaba bien, entre otras cosas porque producía mucha temporalidad.

Esta reforma no es la única cosa que hay que hacer. Es necesario que, entre otras, también se hagan aquellas que sirvan para que:
• El apoyo al sistema financiero se transforme en crédito a familias y empresas.
• Se embride a los mercados. Evitando que su desregulación vuelva a alimentar burbujas especulativas.
• La no retirada, demasiado rápido, de las medidas de estímulo económico para evitar una recaída posterior.
• Se reforme la fiscalidad, en el sentido que haga que el reequilibrio presupuestario se haga también con un reparto más justo y más equitativo de los esfuerzos haciendo que aporten más que más tiene.
• La recuperación económica se base en el aprovechamiento del esfuerzo que han hecho empresas y trabajadores para modernizar y fortalecer nuestro modelo productivo de bienes y servicios.
• El profundización en la incorporación del conocimiento a lo que hacemos (productos y servicios), a como lo hacemos (procesos) y con quién lo hacemos (personas).
• Progrese la diversificación de nuestra economía orientándola hacia los nuevos sectores con más valor añadido

Yo más que tú

“Yo más que tú”. Esa parece ser el mensaje que lanza CiU en su particular intento por aparecer como el más independentista de todos.

Votando a favor de que el Parlament de Catalunya acepte la tramitación de una iniciativa legislativa popular (ILP) que pretende someter a referéndum la independencia de Catalunya ha confirmado que su radicalización nacionalista no era una táctica coyuntural, orientada a recuperar el electorado que perdió a favor de ERC, sino la consecuencia lógica del discurso que han mantenido todo este tiempo.
No ha sido el resultado del calentón mental derivado del visionado del programa ”Adeu Espanya?” de TV3. Por cierto, repetido ayer día 8 de junio, aprovechando que toda la programación era “enlatada” debido a la huelga.

Muy a su pesar suyo, con esa posición CiU se ha visto obligada a romper la campaña de declaraciones y aparente dedicación a los temas económicos que de un tiempo a esta parte estaba llevando y con la que pretendía no asustar a la parte más centrada y moderada de su electorado, que ni es ni se siente independentista.

Una vez más la hornada de dirigentes de CDC forjados en los 23 años de detención del poder institucional y que ha abandonado el nacionalismo progresivo y pragmático de sus mentores por el independentismo, han sido incapaces de resistirse a la tentación de competir en ese campo con ERC, la única fuerza parlamentaria que nunca ha escondido su condición.

De ahí los malabarismos verbales y contradicciones de Oriol Pujol al intentar justificar su apoyo a un referéndum que Artur Mas había dicho que “no tocaba” porque se perdería, que debería convocarse en base a una ley de consultas que rechazaron, porque no permitía convocarlo.

Era lo peor que les podía ocurrir, como dice López de Lerma en su artículo en Expansión es un “autogol”. Por eso Duran Lleida se ha apresurado a explicitar que en el programa electoral no figurara la autodeterminación. Aunque con ello ha explicitado, una vez más, las contradicciones de la coalición.

Si los resultados negativos fueran exclusivamente para esos “aprendices de brujo”, nada que objeto. Ya aprenderán. Pero el problema es que Mas y Duran juegan irresponsablemente con fuego. Con su posicionamiento están sustituyendo la vía Estatutaria por la independentista y en consecuencia debilitando el firme posicionamiento que encabeza mantiene el Presidente Montilla para evitar que un TC moralmente deslegitimado dictamine ponga en cuestión la renovación del pacto entre Catalunya y el Estado para encajar ambas realidades sociales en una única estructura política.

Deben rectificar ese grave error sin esperar que el fallo del “Consell de Garantias Estutaries” les salve la cara.

Pobres, no tan pobres y ricos

La discusión de cómo conceptuar o medir la pobreza, hace tiempo que está presente en los debates políticos económicos y sociales, sin que se haya alcanzado un único estándar para ello.

Ahora bien, dentro del área de la que formamos parte, la Unión Europea y la OCDE, ha adoptado la convención de considerar que la línea que define la consideración de pobre o no se sitúa en aquellas personas o familias que tienen un nivel de ingresos inferiores al 60% de la renta familiar media de la sociedad en la que vive.

Según nuestro instituto de estadística (IDESCAT), el año 2008 la renta personal media ese año era de 10.755 euros. Si lo que se consideraba es la renta media por cada hogar catalán esta subía hasta los 28.450 euros. Dada la evolución económica que hemos sufrido el año 2009, no parece que sea previsible que estas magnitudes hayan evolucionado excesivamente al alza desde entonces.

Cuando uno conoce y observa estas cifras, le cuesta mucho asistir con una actitud inmutable al alud de frivolidad y demagogia que se ha vertido desde ámbitos políticos y mediáticos de la derecha a cuenta de la modificación del IRPF que el Gobierno de Cataluña incluirá en una próxima ley.

Si en Cataluña tiene la consideración de pobre la persona cuya renta anual sea de 6.453 euros al año, ¿cómo definiríamos una persona cuya renta personal es 17 veces superiores? ¿Y si es 27 veces mayor?

Sólo un alejamiento profundo de la realidad catalana permitiría definir a estas 20.000 personas cómo componentes de la clase media del país.

Pero como todos los que intentan "retorcer la realidad" para avalar esta idea tienen suficientes recursos y conocimientos, hay que deducir que no lo hacen por error sino sabiendo que no es verdad lo que dicen.

Lo hacen para lanzar un mensaje, un discurso ideológico, dirigido a rechazar que el 0'5% de los contribuyentes con el nivel de renta más alto, tengan que hacer una aportación fiscal adicional a la reducción del déficit, que se añada a los esfuerzos y sacrificios que ya están haciendo las verdaderas clases medias, trabajadoras y populares.

En el fondo, las críticas seguro que no pueden venir del hecho de que en lugar de pedir al Estado más recursos asuma la mayor responsabilidad de Cataluña, consolidada y ampliada con el Estatuto y su nuevo modelo de financiación, para ser la primera comunidad que aprovecha la capacidad legislativa sobre el tramo autonómico para incrementar la recaudación.

En resumen, nos encontramos ante un posicionamiento de defensa de los intereses de una minoría, la que tiene más recursos, y un modelo de ajuste económico que aún desequilibre más los efectos negativos de la crisis sobre la mayoría, aquella de los que tienen menos.

Electoralismo irresponsable

El PSOE aprobó en solitario la convalidación del Real Decreto Ley de reducción del déficit público, evitando con ello un agravamiento de la crisis financiera de características impredecibles. Duran Lleida abanderó la abstención de CiU, que junto con la de Coalición Canaria y UPN, lo hicieron posible.

Mientras el PP de Rajoy, que llevaba mucho tiempo pidiendo actuaciones, cambiaba su prédica y pasaba a votar en contra, intentando justificarse mediante un discurso electoralista e irresponsable, con el que pretendía erosionar al Gobierno de España y presentarse como el "Partido del Proletariado". Aunque todo esto sea al precio de ocultar sus propósitos, no colaborar en nada y para nada en la salida de que la crisis y aún a costa que sus consecuencias agraven más la situación de la gente que más la está padeciendo.

El pasado sábado (29 de mayo), el Gobierno del Presidente Montilla aprueba su Decreto Ley. Con él aplicaba medidas similares: rebaja global de los salarios de las personas que trabajan para la administración catalana en un 5%, distribuido de forma progresiva, y un recorte a los altos cargos de hasta el 15% de sus retribuciones.

Sin embargo, Artur Mas ya ha anunciado que él votará en contra en el Parlamento, cuando deba convalidarse. Y eso que decreto ley catalán ni afecta a los pensionistas ni establece ninguna subida del IRPF. Esto último irá en una ley diferente.

En consecuencia, si la actitud de Duran Lleida fue un ejercicio de responsabilidad de Estado, entonces el anuncio de Artur Mas es una irresponsabilidad de País.

La verdad, es que esta aparente contradicción, incoherencia e incongruencia entre los dos socios nacionalistas, tiene una única explicación, que no justificación: todo está supeditado al electoralismo en el que están instalados

Duran tenía que superar, a cualquier precio, el riesgo de que su electorado más centrado y menos nacionalista los percibas como la fuerza cada vez más radicalizada en lo nacional y en el económico, que son. No es abstuvieron por responsabilidad sino por un doble interés electoral: mejorar su imagen y desvanecer el temor de que con su actitud se provocaran unas elecciones españolas y catalanas al unísono.

Sin embargo, a la parte de su electorado que Mas y "el pinyol" han estado cultivando durante esta legislatura con los cánticos independentistas, tanta finura y equilibrio les resulta excesiva. Por esa razón, fue el propio Duran Lleida quien, para hacerse perdonar por esos sectores, tuvo que equiparar "su responsable actuación" a la categoría "de un embalsamador de cadáveres políticos".

Ni él ni Mas tienen un verdadero interés en colaborar en la salida de la crisis, hacen movimientos tácticos llevados exclusivamente por su intereses electorales, como lo pone en evidencia el hecho de que favorecen la aprobación de unas medidas para toda España, que después las niegan en Cataluña.

De hecho, es la misma estrategia de electoralismo irresponsable que practica el PP en el conjunto del Estado