Incertidumbres y crisis

Aspecto de la manifestación de Barcelona en la vía Laietana. JOAN CORTADELLAS

La continuidad en la destrucción de empleo y su consecuencia más evidente, el paro, que afecta ya a más de 5,6 millones de personas como resultado de la segunda recesión en la que entra nuestra economía desde el 2008, han sido los factores predominantes en este Primero de Mayo, pero no los únicos.

La forma de abordar la salida de la crisis ha sido el otro factor. Una divergencia que en buena parte se resume en dos planteamientos: por un lado, las tesis de los partidarios de la adopción de políticas de reactivación económica dirigidas a la creación de empleo, entre los que se encuentran los sindicatos, y por otro las de aquellos que abogan por la continuidad o la profundización de las políticas de austeridad y equilibrio presupuestario iniciadas en mayo del 2010, hace ya dos años.

Mejorar la competitividad de nuestro tejido productivo es un objetivo compartido por las organizaciones empresariales y sindicales mayoritarias para favorecer la creación sostenida y sostenible de empleo, como lo demuestra que en enero pasado firmasen dos acuerdos: uno sobre flexibilidad interna y negociada en las empresas y otro sobre sueldos para los próximos tres años que llevaba implícita la moderación salarial practicada en los años de la crisis.

Sin embargo, la existencia de este consenso social no impidió que el Gobierno decretase una reforma que desequilibra las relaciones laborales otorgando más capacidad para poder modificar de forma unilateral las condiciones de trabajo a la parte empresarial, reduciendo los costes del despido y debilitando la negociación colectiva.

A este hecho importante, que en nada ayuda a un clima proclive al diálogo y el entendimiento, hay que añadir un restrictivo proyecto de Presupuestos para este año, con un añadido que recorta las prestaciones en salud y educación en 10.000 millones de de euros fruto de las presiones europeas, y el incremento de fórmulas de copago tanto en las prestaciones farmacéuticas como en los servicios sanitarios para las personas más enfermas o con menos recursos. En la práctica, esto supone la pérdida de derechos universales de ciudadanía que con gran esfuerzo se habían construido en los últimos 35 años de democracia, y que volvamos a la situación de prestaciones contributivas que teníamos durante el régimen franquista.

El problema básico es que, a pesar de todos estos sacrificios impuestos (recortes de prestaciones y rebaja de derechos laborales y sociales), las perspectivas en cuanto a la creación de empleo siguen sin ser nada positivas. El Gobierno de Mariano Rajoy ya ha adelantado que hasta dentro de dos años no habrá creación de empleo neto suficiente como para que empiecen a bajar las insoportables tasas de paro actuales. Esto es así porque se sigue insistiendo en un análisis erróneo.

El problema no ha sido el déficit fiscal -España tenía superávit- o el exceso de endeudamiento público -cumplíamos los objetivos de Maastricht-, sino una crisis del sistema bancario que financió con recursos externos y sin ningún cuidado ni prevención la dimensión especulativa del sector inmobiliario, la debilidad de un tejido económico basado en la producción de bienes y servicios de poco valor añadido y condiciones laborales precarias.

Este Primero de Mayo, al igual que las movilizaciones en torno a la huelga del 29 de marzo contra la reforma laboral, tienen la virtualidad de reflejar el importante apoyo que tienen las posiciones de oposición sindical y social a una forma de hacer las cosas.

Ahora bien, para construir la alternativa esto es insuficiente. Hay que retomar lo más rápidamente posible una senda de crecimiento económico, única garantía para la creación de empleo, la estabilidad presupuestaria y la restitución de derechos sociales. Y por eso sería bueno que se atendieran las demandas de sustitución de las actuales políticas de austeridad por equilibradas políticas de reformas estructurales, fomento económico y protección de derechos sociales. En caso contrario, los tiempos de incertidumbres y crisis se prolongarán.

Artículo publicado en El Periodico el 2 de Mayo de 2012

Sobre la reforma laboral: ¿Hacia que modelo vamos?

Lo primero que habrá que decir es que esta reforma laboral, como cualquiera de las otras que se han hecho, no creará empleo. Y es bueno que se diga, para no generar falsas ilusiones ni, con su desvanecimiento, grandes desilusiones.

La realidad es muy tozuda, y por mucho que algunos se esfuercen en repetirlo, ni las relaciones laborales fueron las responsables de la creación de los miles de puestos de trabajo que nos permitieron llegar al pleno empleo (5% de paro) hace sólo 5 años, ni lo son del desastre laboral actual, que nos acerca al 20% de paro.

Lo que siempre (antes y ahora) ha creado, o destruido, empleo es la existencia, o no, de una actividad económica, basada en un negocio rentable o en la satisfacción de una necesidad social, aunque en este caso es prescindible la generación de beneficios privados. Por ello, el Presidente del Gobierno Mariano Rajoy puede anunciar de antemano, y sin demasiado riesgo a equivocarse, que este año el paro crecerá, aunque haya reforma laboral. Él sabe que con las previsiones para el 2012 que sitúan de nuevo a la economía española en recesión no puede haber creación de empleo.

El desarrollo de forma concertada en toda Europa, de políticas de estímulo a la actividad productiva que superen esta equivocada y obsesiva receta de exceso de austeridad, el éxito de una reforma financiera y el retorno a la circulación del crédito necesario para financiar inversiones productivas y compras no especulativas, tienen mucho más que ver con la creación de empleo que la reforma laboral.

Sin embargo, el hecho de que el modelo de relaciones laborales no cree empleo, no es sinónimo de neutralidad en relación a la misma. Todo lo contrario, es necesario un sistema de relaciones laborales que se ajuste a las necesidades del modelo producción y competitividad por el que se opte.

Esta reforma es muy adecuada si se quiere potenciar un modelo que fundamente su flexibilidad en los cambios de trabajo, sistema utilizado por las economías productoras de bienes y servicios de alta rotación y baja calidad y precio, donde los trabajadores son fácilmente intercambiables.

Por el contrario esta reforma pierde su idoneidad si se apuesta por un sistema de estabilidad flexible, es decir de cambios en el trabajo, porque lo que se produce necesita, para competir internacionalmente, la incorporación de una inversión en capital fijo, de conocimiento e innovación en productos y procesos y una gestión de un recursos más formados y de más difícil sustitución y en consecuencia de una capacidad de adaptación se compatible con la estabilidad que garantice las inversiones que se hagan en las personas y en los medios.

El tronco central de la reforma hay que encontrarlo en el reforzamiento de la autoridad unilateral del empresario como mecanismo de obtener la flexibilidad que las empresas necesitan. Esto se pretende conseguirlo otorgándole la última decisión en caso de discrepancia sobre aspectos como: la organización de jornada de trabajo, la movilidad funcional, la movilidad geográfica, la modificación de la cuantía de los salarios, o incluso el despido colectivo. Todos estos cambios, si no son aceptados por los trabajadores, conducen a la pérdida del empleo con 20 días de indemnización por año de servicio. Esta opción puede parecer que resulta muy ejecutiva y rápida, es la del "ordeno y mando", pero tiene como contrapunto que nos aleja y distancia de la flexibilidad estable y negociada. Porque antepone la unilateralidad al dialogo.

La flexibilidad otorgada por la reforma rompe con el paradigma sobre el que se sustentaban las relaciones laborales desde los 80, donde empresarios y trabajadores negociaban, dentro de unos parámetros establecidos, para resolver los conflictos de intereses que surgían entre ellos en el seno de las empresas y si no llegaban a un acuerdo, un tercer decidía (ya fuera un juez o la administración).

 

Dada nuestra tradición y composición empresarial, previsiblemente, esto irá en detrimento de la negociación entre las partes provocando por un lado la judicialización de los conflictos, sobre todo en situaciones de debilidad laboral o de crisis económica, y de la otra, el incremento de la conflictividad laboral para compensar el crecimiento del poder de decisión empresarial.

Esta dinámica y la devaluación de la negociación centralizada puede comportar el deseado - por algunos - objetivo de provocar el debilitamiento de los interlocutores sociales (patronales y sindicatos) que hasta ahora han racionalizado la gestión de los conflictos laborales intercambiando previsibilidad económica por tranquilidad social.

Corremos el riesgo que de conseguirse la pérdida de autoridad sindical, o quizás para evitarla, se abra el camino hacia unas relaciones laborales mucho más duales. Por un lado, creceria las prácticas corporativas (tipo pilotos de avión o controladores) por parte de quien tenga fuerza para obtener más o generar más conflictos, sin tener en cuenta la situación global de otros trabajadores o del perjuicio colectivo y por el otro lado, donde las dificultades o la falta de fuerza sean superiores se producirá un empeoramiento excesivo de las condiciones laborales.

Durante el trámite parlamentario aún hay posibilidades que esta reforma laboral acabe reequilibrandose. Para ello debería asumir la orientación que se desprendía de los últimos acuerdos que autónomamente habían alcanzado los agentes sociales, tanto en Cataluña como en España, y que constituía una forma negociada de fomentar la flexibilidad interna, en el seno de la empresa .

Con ello se evitaría que esta reforma se transforme en una ruptura laboral.

Nada angelical

En su visita a España la cancillera alemana, Angela Merkel, intentó vendernos su receta para mejorar la competitividad española: que los salarios sigan a la productividad y no a la inflación.

No está escrito que para opinar de algo se deba conocer sobre lo que se opina, pero es conveniente. Si conociera el modelo de negociación colectiva español sabría que ya tenemos en cuenta la productividad empresarial.

A diferencia de algunos países centro europeos, aquí no hay escalas salariales que automáticamente incrementen los salarios al ritmo de los precios.

Desde el año 80 los convenios y los acuerdos interprofesionales que se firman relacionan también el crecimiento de los salarios con la productividad de las empresas e incluso con su rentabilidad. No es el único factor pero siempre está presente. Si las previsiones sobre la situación de la empresa, el sector y/o su productividad son buenas se supera la previsión de inflación, y, en caso contrario, no.

Eso ha comportado un crecimiento moderado de las rentas salariales. Tanto que estas no han ganado peso dentro del total de la riqueza nacional. Es decir, globalmente los salarios no se han beneficiado del incremento de la productividad española, sino que ha favorecido al crecimiento de las rentas del capital y la creación de empleo.

Hacer de los salarios el único mecanismo de mejora de la competitividad de la economía española nos condenaría a salir de la crisis repitiendo el mismo modelo de producción que nos ha traído hasta aquí.

Por eso, la propuesta de Angela Merkel no es nada angelical.

Sobre la reforma laboral

Esta no es una reforma para crear empleo, sino para regular el que se cree.

Y esto es así, porque a pesar de lo que se dice habitualmente ninguna reforma crea empleo, lo crea la actividad económica. Ninguna empresa, o empresario, contrata a una persona sino tiene necesidad de ella para desarrollar un trabajo real y productivo, económicamente rentable o socialmente útil.

En el pasado se consideró que era "mejor un contrato temporal que nada". Bajo esa idea se hizo la reforma laboral del 84, que estableció entre otras la figura del contrato temporal sin causa como contrato de fomento del empleo. El resultado final ha sido que los procesos de recuperación posteriores se saldaron con el uso abusivo de la contratación temporal, que llegó a aplicarse el 30% de las personas ocupadas.

El ciclo económico creó mucho empleo, pero precisamente es ese - el más temporal y precario – el que se ha llevado por delante esta crisis. No parece que se obtengan resultados diferentes reiterando o intensificando la misma estrategia de apostar por la temporalidad, como pide entre otros el gobernador del Banco de España.

Por el contrario, con esta reforma laboral se busca que el crecimiento económico se haga con contratación estable, pero que permitan que las empresas puedan adaptarse a los cambios sin tener que hacerlo a través de despidos.

Por eso el Real Decreto Ley se basa en:
• Penalizar la contratación temporal (restringiendo su duración, reforzando la causalidad, dificultando la subcontratación e incrementado progresivamente la indemnización).
• Fomentar la contratación estable, con 33 días de indemnización.
• Utilizar la flexibilidad interna negociada como mecanismo de ajuste a los cambios en detrimento de la fórmula de despido (modelo alemán de reducción de jornada, modificación pactada de las condiciones laborales, sindicalitzan la negociación en las PYMES y potenciando el arbitraje para solucionar los desacuerdos)
• Concentrar los ajustes a la contratación fija en las personas jóvenes, las mayores de 45 años, las que tienen discapacidades y aquellas que se encuentran en riesgo de exclusión social.
• Regular mejor las condiciones objetivas en las que una empresa puede prescindir de una persona que trabaje para ella.

Finalmente, la reforma también abre el camino a que los empresarios se aseguren entre ellos una parte del coste del despido. Mediante el incremento de las cuotas, que sólo pagan las empresas, al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) éste se hará cargo del importe 8 días por año cuando se produzca un despido. Creo que si este pago se acaba haciendo extensivo a cualquier tipo de despido, los empresarios responsables financiarán a aquellos que despiden de forma improcedente, es decir sin motivos, por eso creo que este mecanismo debería aplicarse a financiar parcialmente aquellos despidos que estén motivados y no a todos.

Esta medida, se formula la espera de que se concrete la ley que regule el llamado modelo austriaco. Un sistema en el que la empresa capitaliza un fondo individual para cada trabajador, con un aporte equivalente a 6 u 8 días por año, y que este puede recuperar si es despedido, que se lleva si cambia voluntariamente de empresa y que puede rescatar al final de su vida laboral, como si fuera un fondo de pensiones.

Esta es una reforma más equilibrada de lo que algunos quieren y dicen, y que en ningún caso genera más inseguridad jurídica, como intenta argüir Mariano Rajoy. ¡No nos engañemos! Para algunos sólo hay seguridad jurídica si el que decide es él. Ya sea mediante el llamado contrato único (sin tutela judicial), o mediante la reducción de los jueces a un papel de simples aplicadores - que no interpretadores - de la ley o restringiendo la función de la autoridad laboral y evitando la intervención sindical.

Como un "déjà vu", similar al que sucedió en la reforma del 1994, mientras las izquierdas sociales y políticas han rechazado globalmente el RDL, las derechas, en este caso la económica, empiezan a condicionar desde fuera el debate de la ley que saldrá de la convalidación de la norma para decantarse hacia sus criterios e intereses.

Esta reforma no nos sacará de la crisis, porque no la ha creado el funcionamiento del mercado de trabajo. Así pues, ¿por qué reformarlo? Pues porque no funcionaba bien, entre otras cosas porque producía mucha temporalidad.

Esta reforma no es la única cosa que hay que hacer. Es necesario que, entre otras, también se hagan aquellas que sirvan para que:
• El apoyo al sistema financiero se transforme en crédito a familias y empresas.
• Se embride a los mercados. Evitando que su desregulación vuelva a alimentar burbujas especulativas.
• La no retirada, demasiado rápido, de las medidas de estímulo económico para evitar una recaída posterior.
• Se reforme la fiscalidad, en el sentido que haga que el reequilibrio presupuestario se haga también con un reparto más justo y más equitativo de los esfuerzos haciendo que aporten más que más tiene.
• La recuperación económica se base en el aprovechamiento del esfuerzo que han hecho empresas y trabajadores para modernizar y fortalecer nuestro modelo productivo de bienes y servicios.
• El profundización en la incorporación del conocimiento a lo que hacemos (productos y servicios), a como lo hacemos (procesos) y con quién lo hacemos (personas).
• Progrese la diversificación de nuestra economía orientándola hacia los nuevos sectores con más valor añadido

Contramanifestaciones

Las negociaciones entre la CEOE, UGT y CC.OO. sobre la reforma laboral avanzan con su ritmo habitual.

Un ritmo que no es lineal ni progresivo, más bien espasmódico. Discreto pero no secreto. Lo que permite que los medios de comunicación "no iniciados en estos rituales negociadores" y más acostumbrados a "la liturgia política" fallen más que una escopeta de feria y anuncien desacuerdos poco antes de que se alcance acuerdos, como vimos en el conflicto de ACESA esta Semana Santa.

Ahora bien, esta dificultad para conocer y apreciar lo que está sucediendo es una cosa y el festival de contramanifestaciones de estos días, es otra.

Mientras los agentes sociales negocian con discreción, influyentes personajes, despachos profesionales y grupos de presión, se manifiestan públicamente con estridencia. No es algo nuevo, lo hacen desde hace tiempo.

¿Por qué no dejan en paz a los negociadores? ¿Tanto miedo tienen a que se llegue a un acuerdo, que no sea "su acuerdo"? Pues, sí.

Para ellos sólo será un acuerdo positivo si responde a la su machacón "ritornelo" sobre el abaratamiento del despido y el contrato único, supuestamente estable. Por ello se contramanifestan por y para el desacuerdo. Otra cosa no les sirve.

Intentan hacernos creer que el alto nivel de personas paradas se explica principalmente por nuestro mercado laboral, para a continuación extraer la conclusión de que si no se reforma - siguiendo sus directivas, claro - no hay salida.

Quieren que olvidemos que quien ha estado detrás de la actual y durísima destrucción de empleo ha sido la confluencia de la crisis financiera y nuestra estructura productiva y no el mercado laboral, que en la fase expansiva permitió la creación de mucho empleo, aunque de poca calidad.
Es combatiendo las causas estructurales de carácter financiero y de competitividad sectorial como resolverán los problemas de fondo. No confundiendo interesadamente los efectos (el paro) con las causas (las raíces de la crisis).

Porque esas son las verdaderas causas, como lo pone de manifiesto el hecho de que el último año en toda España, el 86% del total de los puestos de trabajo que han desaparecido se han concentrado en sólo dos sectores (construcción e industria manufacturera), los cuales apenas suponen el 23% de todo el empleo.

¿Si el causante fuera el mercado de trabajo, por qué se produciría esta afectación concreta? ¿Por qué los sectores afectados por la crisis financiera especulativa (la construcción) y el exceso de consumo (producción de bienes manufacturados) deberían resentirse más que los otros?

Sin embargo, todos podemos coincidir en que habrá que sumar a la lucha contra las causas de crisis las reformas de aquellos factores que a pesar de no ser los responsables pueden ayudar a superarla. Ahora bien, la dirección de estas reformas tienen que ayudar a no repetir parte de los defectos observados. En este sentido, la falta de calidad del empleo creado, no se resuelve deteriorando su regulación jurídica.

Creo que los agentes sociales entienden que tienen que hacer el esfuerzo de acordar una reforma laboral equilibrada, dirigida a colaborar en la salida de la crisis. Su alto grado de responsabilidad les ha hecho retomar el diálogo roto en julio de 2009, asumiendo su obligación social.

Al resto nos corresponde ayudarles a que la cumplan, no estorbar los ni intentar boicotear los . ¡¡¡Bastante trabajo tienen!!!

Si una vez agotado un tiempo razonable -parece que hasta finales de este mes- no han podido o alguien no ha querido alcanzar un acuerdo, será entonces, y sólo entonces, que el Gobierno deberá transformar sin más dilaciones la propuesta que les entregó en febrero en norma legal.

Para todos estos que se contramanifiestan, esa tampoco será una buena opción. No por unilateral y decretada, sino porque no impondrá lo que ellos propugnan.

Sin acuerdo a la vista

La cumbre anticrisis del viernes pasado no ha dejado un panorama que contemple un posible acuerdo a la vista.

La dinámica y la experiencia de diálogo, negociación y acuerdo que vienen practicando durante los últimos 6 años el Govern y las organizaciones empresariales y sindicales en Catalunya, no se han reproducido en los nuevos invitados a la mesa, los partidos políticos en el oposición, que rechazaron la propuesta de trabajar juntos para construir una salida solidaria y conjunta de la crisis.

¿Qué si no es pretender que esta cumbre discuta sobre lo que se está abordando en el ámbito español o supeditar cualquier entendimiento a la aceptación previa de sus propuestas, como hizo CiU?

Para poder hacer nacer un acuerdo se tenían que sortear una serie de obstáculos y dificultades previas, como:
Primero, acordar sobre algo más que lo que el Goverrn y agentes sociales ya vienen haciendo, como por ejemplo las medidas a corto plazo contenidas en los "30 compromisos" acordados no hace ni tres meses, o las medidas a largo plazo establecidas en el " Acuerdo Estratégico 2008-2011".
Segundo, centrar los acuerdos sobre lo que se puede y se debe hacer aquí, sin hacer de la cumbre catalana un foro de debate sobre temas que deben abordarse en otros ámbitos.
Y tercero, que todos prioricen los intereses de los "paisanos" por encima de los de parte o los de partido.

Se sabía que no sería una tarea fácil.

Entre otras razones porque hay mucho hecho y con mucho contenido y trascendencia, pero también porque la voluntad de crear un "frente catalán para ir a Madrid", aunque resulte efectista es muy poco efectivo y más si se quiere hacer pivotar sobre la campaña conjunta (PP-CiU) para frenar la modificación del IVA, era más fuerte que la voluntad de acordar soluciones efectivas y para que, finalmente, hay quien ya ha entrado en campaña electoral, hecho que domina toda su acción política.

Conscientes de los riesgos, el Govern, las organizaciones empresariales y las sindicales ofrecieron un documento de trabajo orientado a profundizar sobre cómo mejorar la financiación de las empresas, favorecer la demanda y consolidar la industria, transformar la construcción e incrementar el ahorro y la eficiencia energética, reforzar la formación y la protección social, fomentar el espíritu emprendedor y las nuevas actividades o simplificar la administración, sumando al que ya se hace.

Esta propuesta dirigida a negociar y acordar cosas prácticas, que pudieran ser asumidas por todos y que dependieran de nosotros, no obtuvo una respuesta positiva, si no una de genérica, partidaria, parcial y orientada fundamentalmente a establecer posicionamientos que deben establecerse e implementar en otros ámbitos. En todo caso, parece que Artur Mas y el resto de partidos en la oposición buscaban escabullirse y "hacer un mutis por el foro" más que comprometerse en la salida la crisis.

El único interés de CiU ha consistido en evitar que esta cumbre le obligara a algo, una vez ha constatado que se ha agotado el efecto mediático de aparecer como una fuerza defensora y proponiendo un pacto de Estado anticrisis - con el que quería hacerse perdonar su radicalización independentista - y que aquí no hay habrá una plataforma catalana de la que se pueda apropiarse e instrumentalizar en Madrid, para defender sus propuestas.

Para cerrar el círculo y evitar que alguien le recriminara que es capaz de concertar con la Ministra Salgado lo que le niega al Presidente Montilla el siguiente paso ha sido que Duran Lleida proclame también la muerte de la concertación en el ámbito de la Estado, sustituyéndola por una negociación pieza a pieza, norma a norma, que le permita mantener viva su posibilidad de un futuro pacto con el PP de más calado, aquí y allá.

Sería bueno que consideraran este posicionamiento.

La contribución a la solución de los problemas que genera la crisis económica no es un favor al Gobierno, a los Gobiernos español y catalán, sino un servicio a los ciudadanos que las padecen y, en consecuencia, colaborar en su solución no es un demérito o una penalización, sino todo lo contrario.

Todavía está por ver si el giro hacia el centralidad que anuncian es real o simplemente es formal, como parece que se desprende de su actuación.

Una ocurrencia improvisada

Para abordar la negociación de la reforma laboral con éxito, primero era imprescindible que se recuperara la confianza entre CEOE, CCOO y UGT.

El importante acuerdo para el empleo y la negociación col lectiva de 2010, 2011 y 2012 alcanzado, ayuda, y mucho, a superar el "mal rollo" que tenían entre ellas, desde que se rompieron las negociaciones en julio de 2009.

Un acuerdo que ha supuesto una importante aportación y apuesta por la estabilidad y la serenidad económica, justo en el momento que la histérica reacción de los mercados de valores se estaba trasladando de forma histriónica en la vida política y social, por parte de la oposición del PP.

Recuperado el clima negociador entre los agentes sociales y en base al documento entregado por el Gobierno, se ha iniciado oficialmente la negociación de las reformas laborales, que deben acompañar a las otras transformaciones estructurales (las financieras o productivas) que son aquellas que nos permitirán construir la recuperación económica.

"Las líneas de actuación en el mercado de trabajo, para su discusión con los interlocutores sociales en el mar del diálogo social" busca alcanzar los siguientes objetivos
1. Favorecer la creación de empleo y reducir el desempleo
2. Reducir la dualidad, la segmentación y la temporalidad de nuestro mercado de trabajo.
3. Aumentar las capacidades y las oportunidades de ocuparse de las personas desempleadas.
4. Aumentar la flexibilidad interna de las empresas.
5. Ampliar las oportunidades de empleo y la capacidad de integración laboral de los jóvenes, en especial los de menos formación.

Parecería que después de haberlo reclamado con tanta insistencia, todos los partidos remarían a su favor. Pues no.

Excepto los socialistas, el resto de partidos han procedido a intentar descalificarlo, eso sí sin ofrecer ninguna alternativa.

Bien eso no es del todo exacto, Artur Mas tuvo una errónea ocurrencia, carente de sensibilidad social, eficiencia economía y de rigor conceptual, e hija de la improvisación, el coyunturalismo electoral y el oportunismo político.

Su ocurrente propuesta de rebajar, a 20 días por año de servicio, el coste del despido por la empresa, y que el Estado subvencione el resto de la indemnización. Con ella ha puesto en evidencia la inconsistencia de unos planteamientos construidos desde el desinterés y del desconocimiento de lo que suponen y, lo que me parece más preocupante, desde la adhesión ciega a unos principios y criterios que intentan culpabilizar a los derechos sociales de la crisis económica.

De forma simplificada, y a riesgo de perder una parte de la exigible exactitud, se puede afirmar que nuestro ordenamiento laboral establece que si un empresario toma la iniciativa de rescindir unilateralmente un contrato trabajo, se establece una indemnización que como máximo llega los 20 días por año trabajado. Siempre que haya detrás de una causa razonable y objetiva para hacerlo.

Y se reserva la indemnización de 45 días por años de servicio exclusivamente si no existen estas causas u observa dolo o fraude en la actitud empresarial.

Por último, la ley - como así debe ser - no regula nada por los casos de mutuo acuerdo. En este supuestos las partes establecen entregan el pacto que quieren. Este es el supuesto más habitual, tanto individualmente como colectivamente, en el que las empresas o los empresarios optan por abonar indemnizaciones superiores a las legalmente estipuladas para obtener el acuerdo y con él la certeza del objetivo perseguido.

Visto esto, se comprenderá que en el fondo - y la forma - esta insolidaria propuesta (ocurrencia) supone que no se ayuda a las empresas que se ven en la necesidad de despedir a personas que trabajan para ella, sino que todos - no olvidemos que Hacienda somos todos - deberíamos rascarse nos las bolsillo para subvencionar a quien efectuara despidos improcedentes, es decir, sin tener ninguna razón que pueda justificar el perjuicio que causan con su unilateral actuación.

Como se puede observar, la propuesta de subvencionar los despidos no se aguanta.

Invertir dinero público para financiar excesos privados es una equivocación total. Sólo se puede explicar, que no justificar, si se pretende contentar a todos, al precio de no resolver nada.

Por ello si se quiere favorecer un buen acuerdo en materia laboral, que sea útil para salir de la crisis, necesitamos más colaboración de todos y menos ocurrencias y intromisiones en la negociación.

Absentime laboral: Aprender de la experiencia

Este es un artículo mio - publicado en el diario AVUI - sobre el absentime laboral.

El absentismo laboral es un tema recurrente, poliédrico y controvertido.

Ante el grave perjuicio que produce en la economía cuando se superan determinados niveles, en 1980 la UGT y la CEOE negociaron y acordaron hacer frente conjuntamente, acuerdo al que se unió CCOO del año siguiente.

En ese acuerdo, destinado a ser aplicado en los convenios colectivos tras definir el absentismo como "la no presencia del trabajador en el lugar de trabajo", determinaron cuáles ausencias no debían ser cuantificadas como tales.

Consideraron que no era absentismo: los permisos legales, las horas sindicales, maternidad y lactancia, hospitalización, accidentes laborales y suspensión de la actividad por riesgo de accidentes y las suspensiones legales de los contratos.

Así pues, el resto de ausencias, legales o fraudulentas, se transformaron en el objetivo a batir por la acción de empresarios y trabajadores en el seno de la empresa y para la administración, mediante una más estricta aplicación de las medidas legales de control y comprobación.

La aplicación de esta cultura y práctica común logró reducir de forma muy importante el absentismo.

En casi 30 años las cosas han cambiado mucho, pero, sin embargo, el absentismo sigue siendo motivo de preocupación.

Tanto es así que en el acuerdo estratégico del 2005 se encargó al gobierno estudiarlo. La información obtenida es que sólo el 6% de los trabajadores tienen más de una baja al año, y el 76% no tienen ninguna .

Quizá en temas como éste, que afectan a las relaciones laborales, la lección a extraer es que la solución de fondo se encontrará cuando todo el mundo entienda lo mismo por absentismo, se pacte un criterio de actuación y se aplique conjuntamente.

Lo contrario es lanzarse el absentismo por la cabeza y no avanzar.

Absentismo Laboral

¡Se agradece la objetividad!

Las bajas laborales por enfermedad común, la parte más importante del absentismo, son un tema recurrente cuando se abordan las relaciones laborales, y más en tiempo de crisis.

Mucho veces resulta un tema poliédrico y controvertido, pues en él chocan el derecho a estar enfermo y su efecto sobre la economía productiva y eso hace que inicialmente las posiciones de las partes no aparezcan como mucho reconciliables.

Por eso, es tan de agradecer el esfuerzo que han hecho las Consejeras de Trabajo, Mar Serna, y de Salud, Marina Geli, para objetivarlo, aportando los datos reales de este fenómeno.

Con estos datos objetivos sí que se podrán establecer diagnósticos correctos, propuestas adecuadas, actuaciones racionales y consensos asumibles por las partes sociales, como ya se hizo en los años 80, en el incorporarse como un elemento del "Acuerdo Marco Interconfederal (AME)" firmado por la UGT y la CEOE, y que el año 81 en el "Acuerdo Nacional de Empleo (ANE)" era asumido también por CC.OO.

Los propios datos facilitados delimitan la dimensión de lo que es problemático y el que no. Así pues, sólo el 6% de los trabajadores tienen más de una baja al año mientras el 76% no tienen ninguno. Los días totales de baja motivados por enfermedades graves, como el cáncer, son casi las mismas que produce las gripes y resfriados. Claro está que de las primeras - por fortuna - hay menos que de le segundas, aunque con una duración 16 veces mayor. Pero aquello que produce más días de baja laboral son las dolencias osteomusculars.

No obstante, esta información también deja traslucirse otras cuestiones que sueño estrictamente sanitarias.

Por ejemplo, que los menores de 25 años son los que registran más partes de baja, pero de menor duració y que en el polo opuesto nos encuentramos a las personas mayores de 55 años, con el menor número de bajas pero con una duración 5 veces superior a los más jóvenes.

Claramente este hecho no se puede imputar a un peor estado de salud de la juventud. Una explicación sanitaria quizás relacionaría este hecho con lo importante número de bajas laborales (osteomusculars) que se producen los lunes, motivadas por el ejercicio de actividades deportivas los días festivos anteriores y que evidentemente desarrollan con mayor frecuencia los jóvenes.

A pesar de eso, tampoco se puede descartar que estos datos sean la expresión de otros factores laborales y socioculturales.

Si hace un tiempo alguien le preguntaba a una persona joven "que quería ser mayor", la respuesta era contestar con el nombre de una profesión. En aquella organización social el oficio, el status social y el proyecto vital eran un pack compacto y era seguro que esforzándote podías alcanzarlo cumplido, hoy no.

Actualmente y despues de casi una generación que ha crecido laboralmente en medio de un ámbito en el que lo especulativo, fútil e inmediato ha prevalecido sobre lo productivo y rentable a medio plazo, que ha hecho que el correcto desarrollo de las tareas asignadas y el esfuerzo no aseguran ni siquiera la renovación de un contrato temporal, muchas veces económicamente escaso, y el mensaje dominante es que: "lo único que tienen seguro es que cambiarán" ¿el fenómeno sociológico de la falta de compromiso con un trabajo, de la falta de cultura del esfuerzo, no se nos antoja como un resultado lógico?

Igual que nos plateamos devolver a una regulación del sistema financiero para evitar que el exceso de desregulación acabe doliendo en todo el mundo, tendríamos que abogar por una mejora de la estabilidad en la ocupación, para todo el mundo, que hiciera visible y rentable el esfuerzo constante por el desarrollar de un proyecto personal sostenible.

Por eso, bienvenida sea la información objetiva porque será la base de las alianzas y los acuerdos para la solución real y posible de la mayoría del absentismo laboral, aunque también será bienvenida la profundización en el conocimiento y resolución de los otros factores que contribuyen a su mantenimiento.

Sobre todo si esperan que su descenso se profundice.

El semáforo verde de Gerardo Díaz

Leo en la Vanguardia de hoy que el Sr. Gerardo Díaz, presidente de la CEOE, asistirá al acto reivindicativo del próximo día 10 de febrero que han convocado las organizaciones metalúrgicas catalanas.

Éste medio de comunicación le otorga "semáforo verde" por lo que supone de normalización de las relaciones de la CEOE con el FOMENT. Quizás sí que esta reanudación de relaciones más cordiales se lo merece.

Pero hay duda que me quema "la neurona". ¿La AEB (Asociación Española de la Banca) ha dejado de formar parte de la cúpula de la CEOE que preside el Sr. Gerardo Díaz?

La duda parte del conocimiento que el acto convocado por la UPM (Unión Patronal Metalúrgica) busca evitar que la actitud restrictiva de las entidades financieras en relación a su política crediticia acabe ahogando la actividad de sus empresas, expresando a los gobiernos la dimensión de las dificultades que tienen y reclamándoles un posicionamiento más beligerante hacia la banca.

¿No sería bueno que además de acudir al acto de una de las organizaciones de la CEOE, el Sr. Gerard Díaz trajera una respuesta positiva de la AEB?

Respuesta en el sentido de que:
- no sólo velarán por sus intereses y por la solidez de su sector, sino de la economía española
- el afianzamiento que la sociedad, a través de los gobiernos, les ha ofrecido lo harán llegar hasta las empresas y las familias.
- lo harán de una forma más eficaz y responsable evitando que se vuelvan a alimentar el Leviatán de la especulación y favorezcan la economía real y productiva.

Si consigue esta respuesta de sus compañeros de ejecutiva, el Sr. Gerado Diaz seguro que se lleva todos los semáforos verdes!!!!

"Los amigos y los buenos asesores no están para hacer la pelota"

ENTREVISTA: JOSEP M. RAÑÉ Presidente del Consejo de Trabajo Económico y Social (publicada en El Pais el dia 14 de setiembre de 2008)

"Hoy no debemos reproducir las recetas de despidos masivos de los 80"
La pobreza crece: "Es evidente que las acciones públicas no han bastado"

Los precios de los pisos concertados, la edad mínima para ejercer la prostitución, la duración de la calificación de la vivienda protegida, la regulación de la política industrial, el Impuesto de Sucesiones o la persistente burocracia con que topan las empresas son algunas cuestiones en las que el Consejo de Trabajo Económico y Social de Cataluña (CTSC), órgano asesor del Gobierno catalán, ha puesto alguna china en el zapato de las leyes promovidas por la Generalitat. El ex consejero de Industria Josep Maria Rañé (Sant Just Desvern, 1954) relevó en junio a la fallecida Mercè Sala en la presidencia del organismo, que reúne a empresarios, sindicatos y cooperativas y del que la Generalitat salió hace casi cuatro años para dejar de ser juez y parte.
Pregunta. ¿Se les oye más porque la Generalitat dejó el CTESC?
Respuesta. El asesorado no debe estar en el órgano asesor. La salida del Gobierno catalán hace más independiente y autónomo a este órgano asesor. El CTESC debe dar una opinión leal, pero también técnica, rigurosa y fundamentada. Y sus dictámenes son de consenso, dan un mensaje con valor político, no son una suma de opiniones individuales y contradictorias.
P. Pero, ¿les hacen caso?
R. Los dictámenes no son de obligado cumplimiento. Puede que el Gobierno catalán no asuma su contenido en su totalidad, pero sí le hace caso al CTESC. Los últimos datos que tenemos son de una aceptación del 62%. A uno siempre le gustaría que se lo aceptaran todo, pero es un porcentaje satisfactorio. La clave de que acepten los dictámenes es que se construyen sin sesgo sindical o empresarial, sino buscando el consenso. Los amigos y los buenos asesores no deben hacerle la pelota al Gobierno.

P. El CETSC ha criticado que no se hayan aprovechado los años de bonanza para cambiar el modelo económico catalán.
R. Sí. No se ha aprovechado y hay razones que lo explican: el acceso al dinero barato, el volumen y margen de beneficio de actividades de poco valor añadido o la bonanza económica que producía la construcción hicieron más tibios los esfuerzos para reorientar la actividad a medio y a largo plazo.
P. Hace años que la Generalitat habla de la necesidad de cambiar de modelo. ¿En qué plazo puede lograrse un vuelco hacia una economía más competitiva?
R. Lleva su tiempo reorientar recursos. Ahora, con la crisis, hemos visto que muchos dicen "cuando las cosas van bien, no vengas, Gobierno, pero ven a ayudarnos cuando tenemos problemas". Los gobiernos, más que intervenir, deben fijar unas normas que regulen el funcionamiento del mercado, que le den transparencia y equilibrio. Queremos analizar no sólo lo que hace el Gobierno catalán, sino analizar si eso que va en línea de cambiar de modelo, si nos ayuda a acelerar ese cambio o no.
P. La crisis se agudiza y abundan los augurios de reestructuraciones y recortes de plantilla. ¿Cómo afrontar esta situación?
R. Se oyen voces diciendo que lo que funcionó en los ochenta puede servir ahora. Las recetas de los años ochenta, en que vivimos despidos masivos y una dura reconversión del sector industrial, de limpieza a las puertas de la entrada en la Europa comunitaria, hoy no podemos reproducirlas. Importan las políticas a más largo plazo. Cataluña debe reorientarse para competir en nuevos sectores, aunque es normal que el ciudadano hoy pida soluciones para hoy, y no para pasado mañana.
P. En tiempos de vacas gordas, la pobreza aumentó en Cataluña. ¿Qué ocurrirá ahora?
R. La pobreza ha aumentado en relación al valor medio. En parte, como el valor medio subió mucho, un sector de la población en un extremo se quedó descolgado. Pero la distribución de la riqueza no ha sido socialmente positiva, no se ha producido al mismo ritmo que el crecimiento económico.
P. La pobreza ha aumentado en años de un gobierno de izquierdas. ¿Qué reflexión le merece?
R. Es evidente que las acciones públicas no han sido suficientes para compensar las carencias que existen. Nosotros no nos quedamos en la foto fija de un incremento de un año a otro. Nos importa la tendencia y habrá que mantenerse vigilante.

Cambio de trabajo, me voy a presidir el CTESC

El Gobierno de Cataluña en su sesión del día 3 de junio de 2008, acordó nombrarme Presidente del Consell de Treball, Econòmic i Social de Cataluña (CTESC).

La ley del 2005, que impulsé mientras era Conseller de Treball i Indùstria, regulaba su reforma, buscaba potenciarlo, hasta que asumiera la condición de "el órgano consultivo y de asesoramiento del Gobierno en materias socioeconómicas, laborales y ocupacionales", con eso se iniciaba el proceso de organización del espacio de relaciones laborales de Cataluña que tiene en la Ley del Consejo de Relaciones Laborales su segundo pilar, a la espera de que el necesario consenso entre los agentes sociales y económicos permita que nazca la Ley de Participación Institucional de Cataluña.

Aquella pretensión fue posteriormente consolidada por el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que en su arte 72.2 así lo recoge, al definirlo al como uno de los dos órganos consultivos del Gobierno, el otro es la Comisión Jurídica Asesora.

La evolución desde un órgano tripartito (gobierno, agentes económicos y agentes sociales) de participación institucional, dónde el Govern de Catalunya tenía el control de lo mismo hacia un órgano consultivo y asesor, hizo evidente que tenia, ni tiene, sentido que la parte asesorada forme parte de los asesores. Ello supuso hacer desaparecer de su composición a los representantes de las administraciones (autonómicas y locales) y en consecuencia declaró la incompatibilidad con la condición de cargo electo o miembro de los órganos de gobierno (arte 5).

Por esta razón, hoy he presentando mi renuncia a la condición de Diputado del Parlamento de Cataluña y de concejal en el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat, que actualmente ostentaba.

No os esconderé que, a pesar de la ilusión que me produce esta nueva responsabilidad, dejar el Parlamento de Cataluña, después de casi 20 años, y el Ayuntamiento de Sant Feliu, después de más de 5 años (alternos), me ha supuesto un punto de tristeza. Alejarse, aunque sólo sea físicamente, de muchos compañeros y compañeras, amigos y amigas, con los que allí compartido muchas horas, esfuerzos, penas e incluso alegrías siempre es duro.

Por eso desde aquí les quiero reconocer el esfuerzo que han hecho todo este tiempo, soportándome, pero muy especialmente al permitirme que compartiera, con ellos, se les sienta trabajo, no siempre bien reconocido, a favor de la gente, para construir un país mejor, más justo y más cuidadoso con su gente y también su entusiasmo para fortalecer y ampliar el proyecto político del socialismo catalán.

Cambio de trabajo, pero no de planteamientos. Ellos y vosotros me encontraréis en mi nueva destinación y aquí, en este blog.

Hasta ahora, mismo.