miércoles, 17 de febrero de 2010

Una ocurrencia improvisada

Para abordar la negociación de la reforma laboral con éxito, primero era imprescindible que se recuperara la confianza entre CEOE, CCOO y UGT.

El importante acuerdo para el empleo y la negociación col lectiva de 2010, 2011 y 2012 alcanzado, ayuda, y mucho, a superar el "mal rollo" que tenían entre ellas, desde que se rompieron las negociaciones en julio de 2009.

Un acuerdo que ha supuesto una importante aportación y apuesta por la estabilidad y la serenidad económica, justo en el momento que la histérica reacción de los mercados de valores se estaba trasladando de forma histriónica en la vida política y social, por parte de la oposición del PP.

Recuperado el clima negociador entre los agentes sociales y en base al documento entregado por el Gobierno, se ha iniciado oficialmente la negociación de las reformas laborales, que deben acompañar a las otras transformaciones estructurales (las financieras o productivas) que son aquellas que nos permitirán construir la recuperación económica.

"Las líneas de actuación en el mercado de trabajo, para su discusión con los interlocutores sociales en el mar del diálogo social" busca alcanzar los siguientes objetivos
1. Favorecer la creación de empleo y reducir el desempleo
2. Reducir la dualidad, la segmentación y la temporalidad de nuestro mercado de trabajo.
3. Aumentar las capacidades y las oportunidades de ocuparse de las personas desempleadas.
4. Aumentar la flexibilidad interna de las empresas.
5. Ampliar las oportunidades de empleo y la capacidad de integración laboral de los jóvenes, en especial los de menos formación.

Parecería que después de haberlo reclamado con tanta insistencia, todos los partidos remarían a su favor. Pues no.

Excepto los socialistas, el resto de partidos han procedido a intentar descalificarlo, eso sí sin ofrecer ninguna alternativa.

Bien eso no es del todo exacto, Artur Mas tuvo una errónea ocurrencia, carente de sensibilidad social, eficiencia economía y de rigor conceptual, e hija de la improvisación, el coyunturalismo electoral y el oportunismo político.
Su ocurrente propuesta de rebajar, a 20 días por año de servicio, el coste del despido por la empresa, y que el Estado subvencione el resto de la indemnización. Con ella ha puesto en evidencia la inconsistencia de unos planteamientos construidos desde el desinterés y del desconocimiento de lo que suponen y, lo que me parece más preocupante, desde la adhesión ciega a unos principios y criterios que intentan culpabilizar a los derechos sociales de la crisis económica.

De forma simplificada, y a riesgo de perder una parte de la exigible exactitud, se puede afirmar que nuestro ordenamiento laboral establece que si un empresario toma la iniciativa de rescindir unilateralmente un contrato trabajo, se establece una indemnización que como máximo llega los 20 días por año trabajado. Siempre que haya detrás de una causa razonable y objetiva para hacerlo.

Y se reserva la indemnización de 45 días por años de servicio exclusivamente si no existen estas causas u observa dolo o fraude en la actitud empresarial.

Por último, la ley - como así debe ser - no regula nada por los casos de mutuo acuerdo. En este supuestos las partes establecen entregan el pacto que quieren. Este es el supuesto más habitual, tanto individualmente como colectivamente, en el que las empresas o los empresarios optan por abonar indemnizaciones superiores a las legalmente estipuladas para obtener el acuerdo y con él la certeza del objetivo perseguido.

Visto esto, se comprenderá que en el fondo - y la forma - esta insolidaria propuesta (ocurrencia) supone que no se ayuda a las empresas que se ven en la necesidad de despedir a personas que trabajan para ella, sino que todos - no olvidemos que Hacienda somos todos - deberíamos rascarse nos las bolsillo para subvencionar a quien efectuara despidos improcedentes, es decir, sin tener ninguna razón que pueda justificar el perjuicio que causan con su unilateral actuación.

Como se puede observar, la propuesta de subvencionar los despidos no se aguanta.
Invertir dinero público para financiar excesos privados es una equivocación total. Sólo se puede explicar, que no justificar, si se pretende contentar a todos, al precio de no resolver nada.

Por ello si se quiere favorecer un buen acuerdo en materia laboral, que sea útil para salir de la crisis, necesitamos más colaboración de todos y menos ocurrencias y intromisiones en la negociación.

martes, 9 de febrero de 2010

Tirarse del caballo


Artur Mas está tratando de tirarse en marcha del caballo independentista.

Hay que reconocerle “tablas” en piruetas de ese tipo, pues no es la primera vez que las efectúa. Ya la experimentó en el pacto con Zapatero sobre el Estatut. Después de auspiciar el texto que salió del Parlament el 30 de Septiembre de 2005, cuando comprobó que la negociación política y parlamentaria ya no daba más de sí y que habría Estatut, en Enero de 2006 se ofreció como valedor del texto que saliera de la Cortes Españolas, pensando que esa imagen de seriedad le ayudaría a llegar al Govern y que sería él quien lo desarrollaría.

Ahora intenta repetir la jugada.

Después de haber excitado y alentado todas las maniobras y declaraciones independentistas posibles, se ha percatado que lo único que ha conseguido es la diáspora del voto independentista, (Carretero, Laporta, CUP, Plataformes per la Indepèndencia, Dret a decidir, ERC) en lugar de lo que pretendía, la concentración del voto nacionalista entorno a CiU (Casa Comuna). Por si eso fuera poco, esa operación ha tenido un precio: el abandono de la centralidad política y social, que se sitúa en un espacio catalanista –que no independista- y socialmente progresista y de izquierdas, que ahora ocupan el President Montilla y el PSC.

Han bastado dos vallas publicitarias y un par de declaraciones del President Montilla, este fin de semana, para que CiU pase de la descalificación por light de las propuestas del Gobierno de Zapatero a una inconcreta oferta de mano tendida para formular un Pacto de Estado sobre la economía.

Unas vallas publicitarias que simplemente dicen: “En tiempos difíciles, gente seria” y las declaraciones del President reiterando lo que viene diciendo desde hace más de dos años sobre la necesidad de reformas estructurales y manifestando su apoyo, y el del PSC, a las propuestas del Gobierno español sobre la reforma de las pensiones, para que sea discutida y acordada en la comisión del Pacto de Toledo, o sobre la reforma laboral, entregada y recibida favorablemente por los agentes sociales, le han llevado a intentar rectificar a marchas forzadas.

Hasta ahora la actuación de Artur Mas CiU, ha consistido en actuar como oposición, sin comprometerse a nada, ni proponer nada, sólo criticando todas las propuestas que provenían de los gobiernos presididos por socialistas (aquí o allá).

Y ello ha sido así con las propuestas de reformas estructurales (pensiones y relaciones laborales), la ley de economía sostenible y con unos presupuestos que buscan a la vez reducir el déficit público para no hipotecar el futuro, mediante la contención del gasto y la subida de impuestos, pero que a su vez permitan seguir actuando, evitando así que el endeudamiento privado (entidades financieras, empresas y particulares) no colapse la economía. A todo le ha dicho que no.

Por eso, los opinadores nacionalistas y pro CiU hasta este lunes, se entretenían en digresiones y especulaciones de café sobre las dificultades adicionales a las derivadas de la crisis, los especuladores financieros y a los déficits comunicativos, que tendría el Gobierno de España para sacar adelante las reformas, que anunció en diciembre y que ha materializado ahora, dado que ni el PP ni CiU le darían apoyo.

Unos (el PP) porque repiten el mantra aznariano de “Váyase Sr Zapatero.”, donde lo único que han cambiado es “González” por “Zapatero”, esperando que produzca el mismo efecto que en 1996. Y los otros (CiU) porque esperaban que la crisis también debilitara al Govern de Catalunya, ya que daban por sentado que su alto grado de responsabilidad en ningún caso le llevaría a adoptar posiciones oportunistas, sino que aunque sea duro, continuará dando la cara y atendiendo a las personas que más lo necesitan.

El contenido de las propuestas de las reformas laborales, profundas y equilibradas, y el buen clima después de la reunión del viernes con los agentes sociales, así como el claro y contundente apoyo del President y el PSC, y finalmente el acuerdo sobre negociación colectiva, que abre un expectativa de más estabilidad económica, le ha hecho dar un giro copernicano.

Teme quedarse fuera del proceso de construcción de la salida de la crisis, consciente que la gente no premiara a quien se aproveche políticamente de ella, sino a quien trabaje para superarla con el menos coste social posible.

Por último, parecería que Duran Lleida ha conseguido ganarle en eso la partida al “pinyol nacionalista” de CDC más abocado a la bronca que a la propuesta inteligente. Aunque para ello haya tenido que sacrificar que su alfil leridano, Josep Maria Pelegri, no encabece ninguna lista.

Con ello intenta conseguir que CiU no continúe apareciendo como una fuerza política independista, que todo lo descalifica y que no arrima el hombro para ayudar, no al Gobierno, sino a la gente a salir de la crisis. La forma de hacerlo es esa indefinida llamada al Pacto de Estado.

Como marketing vale, pero ¿qué medidas defienden? Sería bueno saberlo.

Hoy mismo, ya han enseñado un poco la "patita". Su reforma laborales se fundamenta en rebajar la indemnización de los despidos improcedentes en la misma cantidad que cuando está justificada por razones objetivas (20 días) y que en el caso de que un empresario despida improcedente el Estado subvencione la diferencia (25 días).
Por ese camino no creo que vayan bien. Salvo que lo que pretendan sea erosionar el diálogo social emprendido por el Gobierno con los agentes sociales.

viernes, 5 de febrero de 2010

La reforma de las pensiones y su gestión



La reforma de las pensiones está demostrando que tan importante es lo que se propone, como de qué manera se gestiona.

El Pacto de Toledo es el instrumento más inteligente y útil del que se ha dotado la sociedad española para hacer fracasar las negras profecías que se hacían sobre el futuro de es pensiones, según las cuales hace 5 años (en 2005) que había de haber quebrado el sistema público.

Las profecías no se cumplieron e incluso se puede afirmar que ha sucedido todo lo contrario.

El secreto ha estado en tomar las medidas adecuadas con tiempo suficiente. Reformar el sistema de forma gradual y consensuada. Y sin electoralismo

Fruto de ese acierto, hoy, no hay ningún riesgo para las pensiones actuales. La solvencia del sistema público pensiones está garantizada como mínimo hasta el 2030, la Seguridad Social tiene un fondo de reserva con más de 60.000 millones de euros y mantiene el superávit en sus cuentas, pese a la crisis.

Si no hay peligro a corto y medio plazo, para que el gobierno propone su reforma? Pues porque no hay peligro, pero si hay riesgos.

Unos riesgos derivados de factores estrictamente demográficos: el alargamiento de la esperanza de vida - la segunda más larga del mundo, la llegada a la edad de jubilación de la numerosa generación del "baby-boom" de los años 60 y la baja de la natalidad actual.

Se trata de prever qué efectos sobre los ingresos y los gastos producirán estos factores y establecer ahora las reformas para que dentro de 20 años, siga siendo viable el mantenimiento de la solidaridad intergeneracional (de los que trabajan con los que han trabajado) en la que se basa el sistema.

El gobierno tenía la obligación moral y legal de aportar su propuesta. Moral por qué no hacerlo podía resulta más cómodo, pero era absolutamente irresponsable. Cerrando los ojos a la realidad los problemas no se arreglan, se estropean más. Y obligación legal para que el resto de partidos en el Congreso, a diferencia de lo que se venía haciendo, acordaron que el gobierno aportas un documento.

Estas son las razones - y no la quiebra del sistema, un capricho o una improvisación de última hora como algunos se empeñan en decir- es lo que han llevado al Gobierno ha aprobar el "documento sobre la revisión del Pacto de Toledo", el efecto de someterlo a la consideración y acuerdo de toda la cámara.

Un documento en el que analiza y hace propuestas - en concreto, 40 - a lo largo de 46 páginas en torno a temas como:
- Modificaciones en las cotizaciones sociales
- Reservas
- Previsión Social Complementaria
- Impacto de género en el Sistema de Protección Social
- Sistemas alternativos de cotización: Mutualidades públicas y privadas
- Culminación de la separación de las fuentes de financiación:
• aspectos presupuestarios
• aspectos legales
• aspectos organizativos
- Prestaciones:

  • pensión de orfandad y viudedad
  • incapacidad
  • edad de jubilación
  • jubilación

En un tema de alta sensibilidad social y política como el de las pensiones, por muy bien que lo hagas todo, si en una de las partes se produzca un conflicto o una grave discrepancia, el todo pierde importancia. Ya puedes desgañitarte explicando todas las razones y medidas, este tema lo lleva todo por delante y el debate se polariza y se politiza. Esto es lo que ha sucedido con el alargamiento de la edad de jubilación de los 65 a 67 años. Se lo está llevando todo por delante!

Por eso hay que reconducirlo. No nos podemos permitir el lujo de hacer descarrilar lo más importante, que es seguir reformando el sistema público de seguridad social, de forma gradual y consensuada, para garantizar su justicia y equidad social así como su solvencia económica a largo plazo.

Vaya por delante que yo creo que necesitaremos alargar el tiempo de contribución y mejorar la recaudación por que no es desequilibren las cuentas, pues habrá más pensionistas, afortunadamente vivirán más y también tendremos que seguir mejorando las pensiones, esto hará que el coste global de las pensiones siga subiendo. Pero también defiendo que hay que empezar a observa el tema con una perspectiva diferente.

Ha de prosperar un cierto cambio de lógica, que haga que pasemos a considerar que la sostenibilidad del sistema no se fundamenta exclusivamente en la relación entre ocupados y pensionistas, sino entre el grado de riqueza del país y el coste de las pensiones. Pues lo que resulta sustancial no es solamente el número de personas que trabajan, sino la productividad del tejido económico en el que lo hacen.

Una económica de más valor añadido es más garantía de sostenimiento de las pensiones que una economía basada en el trabajo manual, que necesita para cubrir los objetivos de una carrera demográfica permanente hacia adelante, que no parece el más sostenible desde el punto de vista planetario.

Hoy, si no recuerdo mal, el coste de la factura de las pensiones no llega al 10% del PIB, es decir que independientemente de la forma en que se recauda, la primera constatación es que su coste es asumible por la economía. Es decir, hay recursos para financiarlas.

Más gente y más esperanza de vida harán subir la factura de las pensiones, ahora bien, subirá tan rápido como crece la economía real? o lo hará mucho más rápido?

- Si sube al mismo ritmo, o incluso más poco a poco, el coste de la factura de las pensiones sobre el PIB será igual o menor.
- Por el contrario si sube más rápido, entonces se deberá determinar hasta qué porcentaje del PIB se considera adecuado y posible destinar a la financiación de las personas inactivas, que han contribuido a lo largo de su vida a financiar el sistema público de pensiones. El 11%, el12%, el 13% o qué porcentaje?

Tanto en un caso como en otro, nada impide que se analice si es posible otra forma de obtener los recursos para "cuadrar el círculo". No nos podemos cerrar en una única solución: alargar en dos años la edad máxima. Se ha de actuar sobre todos los factores que hacen - o en el futuro pueden hacer - posible cumplir estas necesidades de forma gradual y consensuada.

Hasta ahora las cotizaciones sociales se aplican sobre uno de los factores creadores de riqueza: la mano de obra. Pero hay otros elementos (capital, conocimiento,...) que cada vez tienen más importancia en la generación de riqueza que no "cotizan a la Seguridad Social". Desde esta perspectiva las cotizaciones sociales empresariales son regresivas, obligando a hacer más esfuerzo a quien menos riqueza genera (las empresas intensivas en mano de obra).

En todo caso, la complejidad y la importancia del tema obliga a todos (partidos políticos, agentes sociales y gobierno) a actuar con lealtad, serenidad y flexibilidad. Deben estar dispuestos a asumir cambios en sus planteamientos iniciales en bien de un consenso global en torno a reformas efectivas.

Si actúan así, habrá una nueva versión del Pacto de Toledo que ayudará a ser más justo y sostenible el sistema de pensiones. Y posiblemente veremos cómo no se modifica la edad de jubilación a los 65. Eso sí, se continuará en la línea de penalizar su anticipación, que ya está produciendo un aumento de la edad media a la que la gente deja de trabajar que hoy se sitúa en el 63,2 años, (6 meses más que hace 4 años) y para redondearlo se incrementen los estímulos para que quien quiera y pueda, retrase su jubilación.