Renacionalizando

Parece existir una norma no escrita para recibir los cambios en el gobierno, con el cierre de empresas industriales.

La llegada al gobierno de Pascual Maragall fue recibida con los cierres de Samsung, Fisipe o plantas de Philips. Ahora a la llegada a la presidencia de Artur Mas, se anuncian los cierres de Yamaha i Piaggo Derbi.

Se equivocan quienes vean conspiraciones o maquinaciones políticas en estos inhóspitos recibimientos. Ningún empresario pospone una decisión tan importante, como es el cierre de una empresa, a la comprobación del veredicto electoral de la ciudadanía. Cuando la toma es por motivos económicos.

Todo y las similitudes, hay diferencias substanciales. Aquello eran deslocalizaciones, lo de hoy son renacionalizaciones.

En aquel momento el ciclo económico estaba en una fase ascendente, se creaba empleo, y las empresas buscaban invertir y producir en países con mano de obra más barata, y si era posible abrir nuevos mercados, y ahora con la bajada del ciclo económico, las empresas se repliegan, vuelven a casa. Y eso aunque los costes laborales sean más caros y la productividad de esas plantas no sea mayor que la de las catalanas.

El “efecto sede” tiene que ver, pero no es insalvable. Las actuaciones para intentar retener empresas como esas han de tener más a ver con la generación de entornos favorables para su mantenimiento (proveedores, servicios a las empresas, centros tecnológicos) que no con subastas, de subvenciones al alza y de salarios a la baja.

Semana de cumbres

Esta semana pasada ha estado plagada de cumbres. Zapatero, dos, Artur Mas, una.

El presidente español, se reunió con los dirigentes sindicales y con los empresariales, a diferencia de la anterior, esta vez sí estaba la CEOE, representada por Joan Rosell.

Las dos reuniones se han celebrado por separado, pero ambas tenían el mismo objetivo: comprobar la marcha de las reformas sociales y económicas emprendidas desde el verano pasado.

A tenor de cómo no nos está afectando la crisis de la deuda portuguesa, parece que están produciendo efectos positivos sobre los preocupantes desequilibrios de la economía española.

Ahora solo falta que todo ello redunde, lo más rápido y contundentemente posible, sobre la creación de empleo. A diferencia de las anteriores, la reunión del presidente catalán en el Palau Reial de Barcelona, ha contado con la presencia al unísono de los líderes sindicales, empresariales y políticos. Más gente pero menos resultados.

Se ha anunciado un acuerdo de principios, pero de su lectura más parece el principio de un acuerdo. Queda mucho por concretar y hacer, quizás demasiado, para tanta urgencia.

Las conclusiones anunciadas por el President Mas y no interpretadas de igual manera por el resto de asistentes, imponen al Gobierno catalán más negociaciones con el del Estado que actuaciones a hacer aquí.

Al cumplirse los 100 días, ha llegado el momento de ver los primeros resultados. La situación lo requiere, pero todavía no se les ve despuntar con claridad.

El derecho a la huelga

Con el anuncio de una convocatoria de huelga en AENA de 22 días, estratégicamente situados en los inicios y finales de las vacaciones, se ha vuelto a desatar un durísimo intercambio de monólogos mediáticos sobre la huelga y su uso.

La huelga no substituye el dialogo entre las partes en conflicto. Es la expresión temporal de su fracaso. Por eso la huelga debería tener como objetivo recuperarlo, y, como todas las armas potentes, utilizarse sólo como último recurso, en la búsqueda del acuerdo.

Con esta acción se pretenden negociar las condiciones en las que quedaran los trabajadores cuando se privatice la gestión de los aeropuertos españoles.

Obtener seguridades dentro de ese cambio y eliminar las dudas y temores, no debería ser difícil. Al no ser funcionarios, sino trabajadores asalariados, les será de aplicación el Estatuto de los Trabajadores (art 44), y la empresa sucesora, sea pública, privada o mixta, deberá respetarles TODOS los derechos que hoy tienen.

La huelga como derecho constitucional no tiene más limitación que su comunicación con 5 días de antelación, si no colisiona con el ejercicio de otro derecho constitucional (salud, seguridad, etc.). Entonces sí tiene restricciones. Debe avisarse con 15 días de antelación, como mínimo y establecerse unos servicios mínimos, que permitan ejercerlos. Con algunas molestias, pero ejercerlos.

Si llega a realizarse la huelga, cosa que dudo, habrán vuelos, no como ocurrió con los controladores. Por ello, el debate sobre la huelga debería ser más frio y objetivo.

Buscando pareja

La falta de mayoría suficiente de CiU en el Parlament le empuja al pacto para poder sacar adelante los dos presupuestos que deber hacer este año, los que ya están en curso y los del 2012. ¿Pero con quien?

Según el socio que consiga, así será el acento que se imponga a unas cuentas que indefectiblemente deberán ajustarse a las previsiones de ingresos. Parecería, pues, que los posibles socios deberían estar haciendo esfuerzos por ser el pretendiente elegido para ese baile, y no es así.
Es más parece lo contrario. Este fin de semana los socialistas han concretado las condiciones para acordar las cuentas: Rigor y austeridad presupuestaria sí, recortes al estado del bienestar, no.

Y por la respuesta que han dado la Vicepresidenta Ortega y del portavoz parlamentario Oriol Pujol – exabrupto incluido - no ha sentado nada bien ese intento de fijar condiciones. Más conciliador ha sido el portavoz del Gobierno Francesc Homs, que ha vaticinado que habrá acuerdo.

Se supone que no esperan alcanzarlo simplemente apelando a la responsabilidad del PSC sino porque a CiU también le interesa, como sucedió en la investidura, que unos presupuestos tan duros salgan con el consentimiento de la mayor fuerza de izquierdas en la oposición. Eso les llevaría a aceptar sus condiciones.

El otro escenario, el pacto con el PP, desataría unas especulaciones políticas sobre las alianzas post elecciones generales, que por el momento Mas intenta soslayar.

El tiempo se está agotando y CiU deberá elegir pareja.

No falta relato

No se han alcanzado ni los 100 famosos días de gracia y ya se está extiendo el temor que el Govern de CiU padezca los mismos síntomas que el anterior. Hasta sus corifeos más entusiastas se muestran preocupados por ello.

Como siempre que las cosas no salen tan bien como se desearía se ha recurrido al manido latiguillo de que falla la comunicación y que falta un relato para que sea aceptado y valorado positivamente lo que se dice o se hace.

Pero al Govern de CiU no le falta un relato, si no una mayoría parlamentaria que le permita llevar un rumbo claro y definido. Para ello debe resolver sus dos dilemas: ¿mayoría hasta las generales o para toda la legislatura? y ¿mayoría con quién?

La legítima opción de no alcanzar una mayoría parlamentaria estable le obliga a contraponer: el concierto económico a la independencia y sus referéndums, en los que polemiza no solo con Puigcercós y Laporta sino hasta con Duran; los recortes sociales (salud, educación) al pacto con los socialistas; o la necesidad de una mayoría parlamentaria estable a la aversión al pacto con los populares antes de las elecciones municipales y generales.

Navegar en todos los caladeros sirve para ganar elecciones, pero no para gobernar. Eso último requiere descartar opciones, dar seguridad y confianza dentro y fuera del Govern y, por último, un relato que lo enmarque. Si no lo que se percibe es coyunturalismo, improvisación desconcierto y contradicciones, es decir lo que le imputaba al Govern anterior.