¿Méritos o cuna?

El impuesto de sucesiones no se ha eliminado totalmente, como pretendían PP i CiU. No obstante, la reforma aprobada por la mayoría del Parlament de Catalunya (PSC, ERC i ICV-EUiA), exime de satisfacerlo en el 94% de las veces.

A pesar de ello, quienes defendían su desaparición, como siempre ocurre, se han apresurado a anunciar que si por un casual llegaran a tener una mayoría suficiente lo suprimirían. Cuando CiU gobernaban con el respaldo del PP y Artur Mas era el Conseller d’Economia y líder impectore del Govern, no lo hizo. No sólo lo mantuvo, sino que lo defendió.

Hoy dicen lo contrario, eso sólo puede deberse a dos razones: que quieran beneficiar a los herederos de ese 6% de casos o que crean que no se debe pagar nada por las herencias.

En el primer supuesto nos encontraríamos ante una defensa interesada y corporativa.

Interesada por parte de aquellos que, hoy en la oposición, optan por llegar a gobernar intentando conseguir el favor electoral de ese porcentaje de personas, basándose en hacerles creer que la defensa de sus intereses, es lo que más les interesa.

Y corporativa, porque en algunos casos la medida no se defiende pensando en el bien común, sino con la calculadora en la mano para saber en cuanto se beneficiaran los suyos.

En el segundo supuesto, la posición tiene que ver con el modelo de sociedad que pretende defenderse: Una, donde la posición social se tiene y obtiene por razón de cuna u otra, donde la capacidad y el esfuerzo personal y los méritos que se consiguen con él son los que la determinan.

Si se opta por una sociedad aristocrática tiene lógica que algunos de quienes detentan fortuna y poder pretendan auto excluirse de la obligación de ese impuesto, que financia el estado del Bienestar, evidentemente no en exclusiva pero si junto a las otra figuras impositivas. Deben pensar que si la posición social la da la cuna, ¿Por qué deben financiar los mecanismos generadores de igualdad de oportunidades que ayudan a quienes se esfuerzan?

Pues, entre otras cosas, porque si se aplicara su lógica, sus herederos lo serian de una sociedad anquilosada y condenada a la decadencia, como ha sucedido históricamente a ese tipo de sociedades.

Y como tuvieron que recordarle las grandes fortunas americanas (Bill Gates de Microsoft incluido) al Presidente Bush al hacerle saber que a ellos no les hacia ningún favor suprimiendo ese impuesto. Pues ellos, de forma inteligente y no mezquina, preferían contribuir a vivir una sociedad un poco más justa, más segura y más equilibrada, donde las persones se las midiera por su capacidad y su esfuerzo y no por el estatus de su familia – aunque sus herederos recibieran menos – que tener que convivir con la inseguridad que acompaña a los desequilibrios sociales, la injusticia y la insolidaridad.

Port otro lado, esa concepción aristocrática de la sociedad comporta una gran ineficiencia económica y social al despilfarrarar el talento y la capacidad de las personas por el simple hecho de no haber nacido en el seno de una familia acaudalada.

Al final, en el tema del impuesto sobre sucesiones la cuestión es: méritos o cuna.

Ícaro

Como Ícaro, Artur Mas, se ha acercado tanto al “sol independentista” que corre el riego de precipitarse al vacío desde su atalaya.

La obsesiva idea de competir en independentismo con ERC, que le impone “el pinyol de CDC”, le ha radicalizado. De ERC ya se sabía que era, y sigue siendo, independentista, de CiU no.

Está abandonando la prudencia y la ambigüedad calculada que practicaba el President Pujol. Se manifestó favorable no sólo a la autoconsulta entre independentistas del pasado domingo, sino a la independencia de Catalunya. Y se equivocó, porque ni todos los suyos le han seguido en esa aventura.

Después de incrementar el censo de esas 166 poblaciones con jóvenes de 16 a 18 años y persones que han inmigrado, votaron casi 50.000 personas menos que aquellas que dieron su confianza a las fuerzas políticas nacionalistas catalanas en las elecciones autonómicas. Eso supone perder más del 20% de su electorado.

Una experiencia como esta que divide a la ciudadanía de Catalunya, también ha acabado dividiéndoles, si no que se lo pregunte a Unió, que se ha desmarcado antes, durante y después del domingo de esa iniciativa.

Por si fuera poco, algunos de los convocantes de la autoconsulta le han puesto en un brete, con una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para realizar un referéndum vinculante antes de las elecciones autonómicas del próximo otoño.

Si en el trámite parlamentario CiU uniera sus votos a ERC, esa ILP saldría adelante, pues entre los dos tienen mayoría absoluta en el Parlament, pero con ello certificaría su renuncia a ocupar la centralidad política, ya que reconocería que un futuro gobierno de CiU en Catalunya sería un gobierno independentista.

Con ese mensaje, podría arañar algunos votos a ERC, le segaría el paso a las CUP y al Reagrupament de Carretero, pero indefectiblemente le llevaría a perder más votos de catalanistas no independentistas. Por eso, ahora, necesita se distanciarse de ese “sol” que amenaza con derretirle la cera de sus alas. Lo hará alegando inoportunidad política, o esperando que los letrados del Parlament le hagan el trabajo declarando no ajustada a la Ley la ILP prevista.

Para colmo, con todas estas “alegrías” políticas está consiguiendo dejar al President Montilla i al PSC casi la exclusiva de la defensa del Estatut, el máximo nivel de autogobierno real y efectivo nunca conseguido y la centralidad política, porque evidentemente ni el PP ni Ciutadans lo defienden.

Por otro lado, la acción de gobierno avanza resolviendo problemas y déficits históricos como se puso en evidencia ese mismo domingo. Mientras unos construyen infraestructuras (L-9 del metro) que unen a ciudadanos, resuelven sus necesidades y otros ponen en peligro los puentes que nos unen a otros ciudadanos de España y crean problemas.

Sería mejor para todos que abandonara esas alas de Ícaro y sumara sus fuerzas a las del Gobierno para defender el Estatut, que también ayudó a alumbrar.

Perder la razón

Los excesos pueden hacer que se pierda la razón.

A algunos “internautas” les está sucediendo, tenían razón pero la están perdiendo.

Tenían la razón cuando, a través de las redes sociales, se opusieron al hecho que una página Web se pudiera cerrar mediante una resolución administrativa del Gobierno, si como interpretaban era lo que se desprendía del proyecto de ley sobre la economía sostenible. La misma donde, por cierto, se declara como un derecho universal y exigible la posibilidad de acceder a una red de banda ancha que como mínimo tenga una velocidad de 1 Mbit por segundo.

Tenían razón si para ello invocan el derecho a la tutela judicial efectiva, y que en consecuencia, sólo los jueces pueden apreciar si se está transgrediendo la legislación, o no. Ya que en nuestro estado de derecho sólo ellos pueden imponer limitaciones a los derechos constitucionales. Por eso el Presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero afirmó que no cerrarían ninguna página Web. Es decir, que el Gobierno no cerrará ninguna, otra cosa serán los jueces.

Pero algunos “internautas” la pierden cuando, a reglón seguido, defienden la impunidad para todo lo que se haga en la red. En Internet, lo ilícito también es ilegal. En el espacio cibernético tampoco es asumible ni se puede ir contra el derecho a la propiedad intelectual o el honor y el buen nombre de otras personas, ni comercializar o difundir pornografía infantil, ni estafar ni realizar cualquier otra actuación ilícita.

Es cierto que quienes delinquen son las personas, no las redes, pero transgredir la legalidad conlleva consecuencias, sea en el medio o con el medio que sea. Tanto es que se haga mediante medios cibernéticos, audiovisuales, telefónicos, escritos o presenciales, en cualquiera de las esferas en las que se desarrolle la acción ilegal, debe haber una respuesta proporcional y ajusta a derecho de la sociedad para evitarla. Y en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación una de ellas puede ser el cierre de las páginas.

La colisión entre derechos, requiere de una regulación, de una inspección que supervise (ejercida por la Administración) y de una tutela judicial que verifique si se atiene a la legalidad o, en su caso, imponga las sanciones.

También pierden la razón aquellos “internautas”, a los que el PP ha decido apoyar: “siempre que hagan oposición al Gobierno” (tenor literal de su comunicado), que exigen la dimisión de la Ministra de Cultura, o incluso la amenazan con llevarla ante los tribunales, acusándola de cometer una ilegalidad.

Eso es un exceso que les hace perder la razón.

Una propuesta puede ser correcta o incorrecta, se puede estar de acuerdo, o no, pero una propuesta no puede ser ilegal.

Ese debate ya se tuvo y lo sentenció el Constitucional con la “propuesta Ibarretxe”. Fundamentalmente porque un proyecto de ley no es ley hasta que no la aprueban las Cortes Generales, es decir hasta que no ha sido debatido, enmendado y aprobado por la mayoría de los miembros del Congreso y el Senado.

Si finalmente la ley aprobada resultara que va contra los derechos que la Constitución establece será el Tribunal Constitucional quien lo decidirá. Esa, y no otra, es la forma como nos hemos dotado para reconocer y regular nuestros derechos, ya sean en el espacio real o el cibernético.

Cambiar el modelo productivo

¿Cambiar el modelo productivo con una ley es una utopía?, no y sí.

No, si no se espera que la ley nos haga todo el trabajo. De una ley sólo cabe esperar que apunte y apúntale las medidas para alcanzar un objetivo tan posible y necesario como difícil y lejano, ir más allá es irreal. Además hay que implementarla con dialogo y actuaciones.

Y sí, seria utópico creer que esa ley lo resolverá todo. No hay ninguna ley que sea un ungüento maravilloso y milagroso que lo arregla todo por ensalmo.

La producción de cosas y de servicios baratos no puede ser la forma como Catalunya y España se sitúen hoy en Europa y el mundo, económicamente hablando. Eso lo podíamos hacer – y lo hicimos con éxito - hace unos años. Entonces en Europa éramos 15 y nosotros competíamos con salarios y protección social inferiores. Hoy la UE la forman 27 países y algunos de los últimos en entrar ofrecen, ahora, lo que nosotros ofrecíamos hace 25 años: mano de obra formada y barata. Además, la globalización económica ha hecho los mercados más grandes y el mundo más pequeño.

Ese estado de cosas, además de la crisis económica, es lo que hace ineludible que tengamos que cambiar. Y no podemos hacerlo volviendo hacia atrás.

La opción es remover los cimientos de nuestra economía, avanzando hacia una economía que incorpore mucho más valor a lo que hacemos (productos y servicios), a como lo hacemos (los formas y los procesos) y con quien lo hacemos (las personas).

Necesitamos un nuevo modelo productivo que se base tanto en la profunda transformación de los sectores tradicionales para que no caigan en la obsolescencia y se adapten a una economía basada en la reducción de las emisiones de carbono y la incorporación de altas tasas de conocimiento, como en la potenciación de los nuevos sectores productivos relacionados con las energías renovables, las tecnológicas de la comunicación i la información, las ciencias de la salud (biomedicina), la nanotecnología, la aeronáutica y el espacio o los nuevos servicios a personas y empresas.

Un cambio en el modelo productivo que ha de ser capaz de recoger y transportar en ese proceso de mejora a la mayoría a las personas que hoy están desempeñando tareas en oficios y sectores que tienen que mejorar. Su seguridad y estabilidad laboral vendrá condicionada por su esfuerzo para aprovechar los recursos que se han de destinar a mejorar su formación y cualificación profesional, para seguir el ritmo de los cambios. Y de una sociedad que sea capaz de sostener un sistema de protección social suficiente y eficaz para hacer soportables los procesos de transición hasta el nuevo paradigma.

Desde una posición realista tendremos que coincidir que para llegar a ello se requieren dos cosas: un periodo de 10 años y empezar ya. Porque será difícil y duro, pero no imposible.

Aquellos que, como hace el PP, intentan descalificar esa ley alegando que no resuelve los problemas de mañana, lo único que intentan es hipotecar el mañana. ¡No lo conseguirán!

En el fondo esconden que su solución a la crisis, como dice Montoro, es repetir lo que ellos protagonizaron, un modelo económico basado en más dosis de precariedad, temporalidad i desprotección laboral, social y jurídica para que nuestra económica compita a la baja en costes y condiciones de trabajo con las economías emergentes en el mismo terreno. ¿Hasta dónde quieren llevarnos por ese camino? ¿Hasta las condiciones de los países del Norte de África? ¿Del Oriente? ¿Hasta las maquilas? ¡Ese no es el camino, ni la solución!

A todos aquellos que últimamente han clamado por unos nuevos Pactos de la Moncloa, es decir por unos acuerdos políticos que orientaron leyes, acuerdos sociales y conductas para llevar a España hasta el modelo social, laboral y económico que significaba Europa, hay que decirles que: “La ley de la economía sostenible son los Pacto de la Moncloa del siglo XXI”.

Hace bien el Gobierno ofreciendo negociación y dialogo a las fuerzas políticas para construir ese modelo. Sería de desear que la oposición no rechace la mano tendida y que no haga de su tramitación una carrera descalificaciones globales de sal gruesa, como ha protagonizado en los primeros compases.

Ahora bien, si la oposición se equivoca y quiere llevar el carro por ese pedregal, el Gobierno debe proseguir hacia delante haciendo del dialogo social con los sindicatos y empresarios y la sociedad en general el mecanismo de acordar las reformas y cambios que nos permitan salir de la crisis construyendo el futuro y sin dejar a nadie en la cuneta.