Pensiones para rato

Que nadie lo dude: ¡"Tenemos pensiones para rato"!

El gobernador del Banco de España, tendría que vigilar "la viga en sus ojos antes que fijarse en la paja en uno los ojos de los otros".

¿Qué sentido tiene que en su comparecencia ante la Comisión sobre el sistema de pensiones se dedique a generar y extender temores sobre el futuro de las pensiones públicas y que no informe sobre la situación actual del sistema complementario, el sistema privado, que está bajo su tutela? Esta es la parte del sistema de pensiones que está bajo su responsabilidad. ¿Por qué no habla de ella?

No se puede olvidar que son los fondos privados de pensiones los que están produciendo importantes pérdidas, a millones de ahorradores, que les han confiado su dinero, y que – curiosamente - los únicos fondos que se están librando de esta situación tan negativa son aquéllos que se basan en la deuda pública, pues si bien es cierto que ofrecen menos rentabilidad, no es menos cierto, que tienen más seguridad, al mismo tiempo que sirven para financiar actuaciones públicas.

Hace unos años, había dos grupos claramente diferenciados que explicaban los problemas que podía sufrir el sistema público de pensiones: aquéllos que querían reformarlo y los que querían hundirlo.

Los primeros lo hacían para garantizar su continuidad, analizando los problemas, proponiendo y adoptando las medidas que el sistema necesitaba entonces para ser justo, suficiente y sostenible, sin cambiar su naturaleza pública y contributiva. El otros se dedicaban a anunciar la bancarrota financiera, exagerar sus problemas, defender su eliminación o - los más moderados - su reducción a la mínima expresión, todo con un único objetivo: conseguir los ahorros de los futuros pensionistas que habían atemorizado.

Desde el 95 con el formalización del "pacto de Toledo" sobre el sistema público de pensiones, los defensores del sistema público ya no necesitan acudir a ninguna declaración catastrofista, los otros continúan con el "raca-raca".

El aspecto fundamental de aquel Pacto de Estado no fue silenciar el tema del futuro de las pensiones, como a veces critican todos aquéllos que quieren continuar alimentando los miedos y las incertidumbres. El aspecto fundamental fue acordar que la sostenibilidad del sistema se aseguraba mediante su reforma progresiva y permanente. Como así ha sido.

Sostenibilidad que se ha fundamentado en reformas profundas como:
- Que la Seguridad Social dejara de financiar el Estado y que éste asumiera íntegramente las prestaciones universales, como la sanidad, los servicios sociales o las pensiones y complementos de mínimos de carácter no contributivo,
- Que se ampliaran los periodos de cálculo de las pensiones, mejorando con ello la relación entre el esfuerzo contributivo que se ha hecho para financiar el pago de los pensionistas, cuándo se estaba trabajando, y el derecho generado para recibir su pensión
- Que cada vez más se cotice por aquello que se cobra.
- Que se asegurara por ley la revalorización anual de las pensiones en función del encarecimiento del coste de la vida.
- Que se abriera un constante y progresivo proceso de mejora de las prestaciones mínimas, demasiado bajas.
- Que se modificaran algunas prestaciones, como las de viudedad que, fruto de los cambios sociales, se habían evidenciado como altamente injustas.

Éstas han sido reformas "incruentas", aunque no exentas de polémica en su momento, que en su conjunto están permitiendo que tengamos pensiones para rato.

Pero el trabajo no se ha acabado. Hace falta una vigilancia y seguimiento permanente, un conocimiento profundo y riguroso sobre las necesidades y las posibilidades para continuar reformando el sistema públicos y hacerlo más justo, equitativo y sostenible. Eso sólo se puede hacer con un debate serio, público, no partidista, ni catastrofista como el que se desarrolla en el seno de la comisión parlamentaria que analiza y debate su reforma, no en un clima de histeria e irracionalidad.

¡Por favor, déjenlos trabajar tranquilos! Y acaben con el griterío que sólo sirve para crear temores y desviar la atención sobre los problemas que tienen aquellos fondos privados de pensiones, que han sido utilizados para financiar operaciones especulativas.

Fracaso escolar

¿Fracasa el 12,6% o el 22,6% del alumnado de secundaria en Cataluña?

El departamento que dirige Ernest Maragall defiende la cifra inferior, al considerar que sólo el alumnado que "abandona los estudios o acaban sin el título" se tendría que incluir y contabilizar en esta categoría. Por el contrario, otros analistas, como la Fundación J. Bofill, abogan por la cifra superior ya que consideran que también se tienen que tener en cuenta a quienes repitan.

¿Quién tiene razón? Ambos pueden tener razón o equivocarse, depende. Depende del que se entienda por fracaso y quien fracasa, si el alumnado o el sistema educativo.

No todas las sociedades, y las personas, valoran de igual forma aquello que se considera como fracaso, varía según sus raíces culturales y sociales.

Así en las sociedades y colectivos de raíz meritocrática se considera que "no fracasa quien tropieza, sino quien no se levanta". Es lógico que al valorar a las personas por lo que hacen, y no por sus orígenes, se acepte que la equivocación o el error forman parte inherente de la actividad para mejorar y hacer. Equivocarse o fracasar en un proyecto, no te invalida para todo, es más si lo supera otro merito, ya que se considera que ha alcanzado una experiencia que puede evitar que repetir el error.

Por el contrario, donde las raíces aristocráticas todavía conforman el sustrato social, el fracaso se considera como absoluto e invalidante. También tiene su lógica, si alguien en función de su cuna ya tiene alcanzado un status social, lo único que tiene que hacer es no equivocarse, y si por eso no hace nada, da igual.

Es por eso que considero que el Departamento de Educación tiene razón.

Al alumnado que repite, que continúa estudiando, no lo tenemos que clasificar como fracasado y tratarlo como tal, llegará a esta condición cuando tire la toalla y acabe abandonando o sin título, pero no antes. Mientras estudie no es uno fracasado. Y lo que tiene que hacer el sistema educativo es favorecer que se levante y continúe esforzándose y aprendiendo. Educar es transmitir valores.

Y qué mejor proceso de aprendizaje que acompañarlos en la demostración practique que: “!si te esfuerzas, a pesar de los problemas, puedes superarlos!”

Por otra parte, no creo, como han insinuado algunos analistas y afirmado la oposición, que con este tratamiento estadístico sólo se busque mejorar la imagen del sistema educativo, escondiendo o reduciendo artificialmente la realidad, creo que se busca profundizar en el conocimiento del problema. Con esta clasificación se puede estratificar el problema, diferenciando entre aprobados, repetidores y el resto y por extensión, ajustar mejor las soluciones a cada colectivo.

Reconocer que el 10% tenga que repetir curso es reconocer la expresión de un problema del sistema educativo catalán, no necesariamente del alumnado.

No es fracaso escolar, es otra cosa, pero que no se sea capaz de adquirir los conocimientos de su curso o nivel en los tiempos y la forma prevista, a pesar de estar escolarizados, es uno también un grave problema al que se le deben buscar soluciones.

Bienvenido sea el debate sobre la situación del sistema educativo, pero tenemos que evitar centrarlo en la tamaño del fracaso escolar y centrarnos, y concentrarnos, en las soluciones a los problemas.

Nacionalistas

Los nacionalistas españoles, catalanes y vascos, a través de sus representaciones políticas más conspicuas (PP, CiU y el PNV), están hoy fuera de los gobiernos que aspiran.

Por eso coinciden, a pesar de todas sus diferencias.

Coinciden otra vez al hacer una oposición al Gobierno central que tiene como único objetivo producir un adelanto electoral motivado por falta de apoyos parlamentarios suficientes, igual que ocurriera con Felipe González en el 96, y que facilitó la llegada de Aznar al gobierno.

La diferencia es que entonces CiU y el PNV justificaban su coincidencia arguyendo que pretendían obtener ventajas para los gobiernos que presidían en Cataluña y el País Vasco y hoy sólo buscan volver a gobernar.

Esa estrategia partidaria les lleva a negarle el "pan y la sal" al Gobierno, incluso en aquellos temas sustanciales para atender las necesidades de las personas.

Si Zapatero quiere zafarse de este tridente nacionalista tiene que atender la solución de dos temas: la crisis económica y la agenda autonómica.

Para abordar el primer tema, la crisis necesita estabilidad parlamentaria. Porque es lo que la gente necesita y lo que consideran prioritario. Pero para conseguirla requiere una solución positiva del otro tema, la agenda autonómica y a la financiación dentro de la misma. Un acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de Cataluña le aportaría el apoyo parlamentario que necesita, el de los otros nacionalistas (ERC y BNG) y las otras izquierdas (IU/ICV).

Si en CiU, y muy especialmente en CDC, no fueran “a su bola" partidaria y pusieran por delante los intereses generales de los ciudadanos, entonces podrían colaborar en la resolución de ambos temas, no solo serían un factor de estabilidad política, sino que serían más creíbles como opción catalana de centroderecha. Pero si continúan sumando sus fuerzas a los nacionalistas españoles del PP, entonces continuarán expulsando a las personas catalanistas moderadas que no entienden ésta práctica.

El nuevo vicepresidente Manuel Chaves, como antiguo presidente de Andalucía, tiene una legitimidad ante las comunidades de vía lenta que le confiere más margen en la negociación, y por eso más responsabilidad. Se le supondrá siempre que el acuerdo que alcance sea equitativo y generalizable, pero él sabe que para que sea posible lo tiene que acordar con el Gobierno catalán. No sólo con el PSC, pues negocian los gobiernos, no los partidos. Y si no es un buen acuerdo, concorde con el Estatuto, no habrá pacto, como ya se ha encargado de dejar vende claro el Presidente Montilla.

Éste es el complicado reto que tiene.

Absentismo Laboral

¡Se agradece la objetividad!

Las bajas laborales por enfermedad común, la parte más importante del absentismo, son un tema recurrente cuando se abordan las relaciones laborales, y más en tiempo de crisis.

Mucho veces resulta un tema poliédrico y controvertido, pues en él chocan el derecho a estar enfermo y su efecto sobre la economía productiva y eso hace que inicialmente las posiciones de las partes no aparezcan como mucho reconciliables.

Por eso, es tan de agradecer el esfuerzo que han hecho las Consejeras de Trabajo, Mar Serna, y de Salud, Marina Geli, para objetivarlo, aportando los datos reales de este fenómeno.

Con estos datos objetivos sí que se podrán establecer diagnósticos correctos, propuestas adecuadas, actuaciones racionales y consensos asumibles por las partes sociales, como ya se hizo en los años 80, en el incorporarse como un elemento del "Acuerdo Marco Interconfederal (AME)" firmado por la UGT y la CEOE, y que el año 81 en el "Acuerdo Nacional de Empleo (ANE)" era asumido también por CC.OO.

Los propios datos facilitados delimitan la dimensión de lo que es problemático y el que no. Así pues, sólo el 6% de los trabajadores tienen más de una baja al año mientras el 76% no tienen ninguno. Los días totales de baja motivados por enfermedades graves, como el cáncer, son casi las mismas que produce las gripes y resfriados. Claro está que de las primeras - por fortuna - hay menos que de le segundas, aunque con una duración 16 veces mayor. Pero aquello que produce más días de baja laboral son las dolencias osteomusculars.

No obstante, esta información también deja traslucirse otras cuestiones que sueño estrictamente sanitarias.

Por ejemplo, que los menores de 25 años son los que registran más partes de baja, pero de menor duració y que en el polo opuesto nos encuentramos a las personas mayores de 55 años, con el menor número de bajas pero con una duración 5 veces superior a los más jóvenes.

Claramente este hecho no se puede imputar a un peor estado de salud de la juventud. Una explicación sanitaria quizás relacionaría este hecho con lo importante número de bajas laborales (osteomusculars) que se producen los lunes, motivadas por el ejercicio de actividades deportivas los días festivos anteriores y que evidentemente desarrollan con mayor frecuencia los jóvenes.

A pesar de eso, tampoco se puede descartar que estos datos sean la expresión de otros factores laborales y socioculturales.

Si hace un tiempo alguien le preguntaba a una persona joven "que quería ser mayor", la respuesta era contestar con el nombre de una profesión. En aquella organización social el oficio, el status social y el proyecto vital eran un pack compacto y era seguro que esforzándote podías alcanzarlo cumplido, hoy no.

Actualmente y despues de casi una generación que ha crecido laboralmente en medio de un ámbito en el que lo especulativo, fútil e inmediato ha prevalecido sobre lo productivo y rentable a medio plazo, que ha hecho que el correcto desarrollo de las tareas asignadas y el esfuerzo no aseguran ni siquiera la renovación de un contrato temporal, muchas veces económicamente escaso, y el mensaje dominante es que: "lo único que tienen seguro es que cambiarán" ¿el fenómeno sociológico de la falta de compromiso con un trabajo, de la falta de cultura del esfuerzo, no se nos antoja como un resultado lógico?

Igual que nos plateamos devolver a una regulación del sistema financiero para evitar que el exceso de desregulación acabe doliendo en todo el mundo, tendríamos que abogar por una mejora de la estabilidad en la ocupación, para todo el mundo, que hiciera visible y rentable el esfuerzo constante por el desarrollar de un proyecto personal sostenible.

Por eso, bienvenida sea la información objetiva porque será la base de las alianzas y los acuerdos para la solución real y posible de la mayoría del absentismo laboral, aunque también será bienvenida la profundización en el conocimiento y resolución de los otros factores que contribuyen a su mantenimiento.

Sobre todo si esperan que su descenso se profundice.

Toca definirse

Se acerca la hora de definirse sobre cómo dar apoyo a empresas y trabajadores para que puedan salir de la crisis.

El día 6 de marzo el Gobierno de Zapatero aprobó un real decreto-ley de medidas urgentes para el mantenimiento y fomento de la ocupación y la protección para las personas en desempleo.

Con él pretendía que las personas afectadas por un ERE temporal no consumieran su desempleo y las empresas vieran reducidas sus cargas sociales y así hubieran menos despidos; que fuera más fácil aplazar las cuotas en la Seguridad Social para evitar que éste fuera un motivo de cierre empresarial; que se bonificaran las cuotas en la Seguridad Social en las empresas que contrataran personas desempleadas con prestaciones y a los contratos a tiempo parcial; y que se reforzara el Servicio Público de Ocupación para agilizar la tramitación del desempleo.

El debate en el Congreso sobre la convalidación o rechazo del real decreto-ley fue muy representativo del momento político actual, pero muy poco de la responsabilidad que la situación económica y social exige de todo el mundo

El PSOE, cómo no tiene la mayoría suficiente, necesitaba sumar más votos a los suyos para validarlo, en caso contrario decaería y las medidas quedarían sin efecto.

El PP le negó su apoyo, alegando que las medidas eran insuficientes, las izquierdas (ERC, ICV, BNG) haciendo gala de su habitual eclecticismo estético también se lo negaron, aduciendo que no habían sido consensuadas con los agentes sociales. Nada del contenido y los efectos que podía tener su aprobación o rechazo era importante. Lo único importante era aparecer diferenciados del gobierno.

CiU sí le prestó su apoyo a la convalidación. ¡Eso sí!, a cambio que se tramite como proyecto de ley.

Esta tramitación pondrá todos delante el espejo. No será suficente el criticar o el desmarcarse, tocará definirse.

La ley que finalmente se apruebe podría no parecerse en nada al Real Decreto-Ley validado, o incluso oponerse a lo mismo. Todo dependerá de las propuestas que se hagan y las mayorías que se alcancen. No sería la primera vez, ya sucedió con la reforma del 93, donde CiU va durando la tramitación como ley de un real decreto ley impuso que en los contratos de aprendizaje no fuera exigible en la empresa dar formación.

PP o CiU, hasta ahora, sólo habían formulado, pero no presentado, propuestas como el abaratamiento del despido, la presencia de las ETT en la intermediación laboral, la supresión de la autorización administrativa de los ERE o la pérdida de la eficacia de los convenios una vez acabe su duración (la llamada ultraactividad). ¿Las plantearán en firme, ahora? ¿Asumirán el riesgo del desgaste electoral que supone su defensa e imposición?

Y por otra parte, ¿mantendrán las opciones más a la izquierda del gobierno su actitud? ¿Permitirán que estas propuestas prosperen, con tal de no aparecer alineados con el Gobierno? ¿Continuarán justificando su actitud con planteamientos extremos e inalcanzables para el PSOE?

La solución a todas estas preguntas requiere que todo el mundo se definan y que el resto vigilamos para que no se acabe imponiendo una salida negativa a la crisis, por abstencionismo de algunas izquierdas.