La discusión de cómo conceptuar o medir la pobreza, hace tiempo que está presente en los debates políticos económicos y sociales, sin que se haya alcanzado un único estándar para ello.
Ahora bien, dentro del área de la que formamos parte, la Unión Europea y la OCDE, ha adoptado la convención de considerar que la línea que define la consideración de pobre o no se sitúa en aquellas personas o familias que tienen un nivel de ingresos inferiores al 60% de la renta familiar media de la sociedad en la que vive.
Según nuestro instituto de estadística (IDESCAT), el año 2008 la renta personal media ese año era de 10.755 euros. Si lo que se consideraba es la renta media por cada hogar catalán esta subía hasta los 28.450 euros. Dada la evolución económica que hemos sufrido el año 2009, no parece que sea previsible que estas magnitudes hayan evolucionado excesivamente al alza desde entonces.
Cuando uno conoce y observa estas cifras, le cuesta mucho asistir con una actitud inmutable al alud de frivolidad y demagogia que se ha vertido desde ámbitos políticos y mediáticos de la derecha a cuenta de la modificación del IRPF que el Gobierno de Cataluña incluirá en una próxima ley.
Si en Cataluña tiene la consideración de pobre la persona cuya renta anual sea de 6.453 euros al año, ¿cómo definiríamos una persona cuya renta personal es 17 veces superiores? ¿Y si es 27 veces mayor?
Sólo un alejamiento profundo de la realidad catalana permitiría definir a estas 20.000 personas cómo componentes de la clase media del país.
Pero como todos los que intentan "retorcer la realidad" para avalar esta idea tienen suficientes recursos y conocimientos, hay que deducir que no lo hacen por error sino sabiendo que no es verdad lo que dicen.
Lo hacen para lanzar un mensaje, un discurso ideológico, dirigido a rechazar que el 0'5% de los contribuyentes con el nivel de renta más alto, tengan que hacer una aportación fiscal adicional a la reducción del déficit, que se añada a los esfuerzos y sacrificios que ya están haciendo las verdaderas clases medias, trabajadoras y populares.
En el fondo, las críticas seguro que no pueden venir del hecho de que en lugar de pedir al Estado más recursos asuma la mayor responsabilidad de Cataluña, consolidada y ampliada con el Estatuto y su nuevo modelo de financiación, para ser la primera comunidad que aprovecha la capacidad legislativa sobre el tramo autonómico para incrementar la recaudación.
En resumen, nos encontramos ante un posicionamiento de defensa de los intereses de una minoría, la que tiene más recursos, y un modelo de ajuste económico que aún desequilibre más los efectos negativos de la crisis sobre la mayoría, aquella de los que tienen menos.
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