Vuelve la “cartilla del Seguro”

Hemos perdido la tarjeta sanitaria y hemos vuelto a la "cartilla del Seguro".

Quizás le ha pasado un poco desapercibido. No es de extrañar, quizás sea por el frenético ritmo de Reales Decretos Ley al que nos tiene sometidos el Gobierno de Mariano Rajoy - el promedio es de uno por semana – los que hace casi imposible estar al tanto de todos los cambios legislativos.

Pero si se detiene a comparar la nueva redacción de la ley de sanidad podrá comprobar que hemos pasado de "titulares de un derecho" a "asegurados".

A nadie se le escapa, aunque se pueda tener poco interés por las precisiones jurídicas, que esto no es sólo un cambio de nomenclátor. Esto supone volver en términos de derechos sanitarios a antes de la Ley de universalización de la Sanidad promulgada por el entonces ministro socialista Ernest Lluch

Hasta el pasado 20 de abril, todos los españoles - por el hecho de serlo - y los extranjeros según lo que se prevea en cada momento la ley orgánica de extranjería teníamos derecho a la protección de la salud y la atención sanitaria necesaria para hacer efectiva.

Este era un derecho de carácter universal.

Esto que suena tan bien y a veces tan pomposo, quiere decir que todos los ciudadanos teníamos derecho a ser atendidos (elegibles), pero sólo lo seríamos cuando estuviéramos enfermos (elegidos).

Así pues, queda claro que la ley no era una "barra libre" en la que cualquier ciudadano podía disponer alegremente de servicios y prestaciones, sino que había unos profesionales de la medicina que evaluaban y prescribían que era necesario, y qué no, para que el sistema protegiera el derecho a la salud.

Con esta definición se fácil entender que un uso inadecuado o abusivo ni está amparado, ni protegido, ni contemplado por la Ley vigente hasta ahora, y que, en consecuencia, no sólo era posible sino necesaria una vigilancia y persecución en la lucha contra los posibles fraudes.

Como era un derecho universal, ya no se financiaba con las cotizaciones a la Seguridad Social, sino con impuestos.

Como era un derecho universal, los servicios ya no dependían de la Seguridad Social sino del Sistema Nacional de Salud, constituido por el Gobierno Central y las Comunidades Autónomas, en nuestro caso la Generalitat de Catalunya.

Como era un derecho universal ya no teníamos la "cartilla del Seguro" donde había titulares (los cotizantes) y beneficiarios (las mujeres que trabajaban en casa y los hijos menores de 26 años) sino que todo el mundo tenía su tarjeta sanitaria.

Pero de repente todo eso ha cambiado. El gobierno de Rajoy nos ha vuelto al pasado. Nos ha hecho retroceder a los tiempos del franquismo.

Ahora para poder acceder a las prestaciones sanitarias deberá estar de alta o situada asimilada (pensionista o parado) en la Seguridad Social, a pesar de que ni un euro de nuestras cotizaciones está destinado a este fin, sino que están destinadas exclusivamente a financiar las prestaciones económicas por jubilación, invalidez, enfermedad común o profesional y el paro.

La sanidad se paga y se continuará pagando con lo que pagamos por el IRPF, el IVA, y los otros impuestos. No tiene ningún sentido que la condición para ser asegurado sea estar dado de alta en la Seguridad Social si ésta no sufraga los gastos.

Las personas que trabajen en casa, en su mayoría mujeres, dejan de ser titulares del derecho a la salud. Vuelven a ser beneficiarias, si su cónyuge o su ex cónyuge las tiene a su cargo, si no, no. Lo mismo sucede con los hijos menores de 26 o con una discapacidad superior al 65% que serán beneficiarios si, y sólo si, están a cargo del titular. En caso contrario dejarán de tener derecho a la sanidad pública, salvo, claro esta, que la paguen entera.

Este Real Decreto-ley nos quita derechos a las personas, pero también a las comunidades autónomas.

La Seguridad Social no paga, pero manda. A pesar de no poner un euro, les dirá, y controlará, quien tiene derecho y quién no tiene derecho a recibir las atenciones sanitarias que deben prestar las comunidades Autónomas.

A los que han redactado este Real Decreto Ley, se les nota que su modelo no es el de los derechos de ciudadanía garantizados por la Constitución, sino el modelo del Instituto Nacional de Previsión del periodo anterior, se les nota que esto de las Comunidades Autónomas para ellos es un estorbo y que ansían volver al modelo de las delegaciones provinciales del Ministerio.

Estos cambios no se justifican por motivos económicos, son el resultado decisiones políticas para recortar derechos a las personas y competencias a las Autonomías.

Por eso sorprende tanto que el Gobierno de Cataluña tarde tanto en atender la demanda del resto del arco parlamentario de izquierdas (PSC, ERC e ICV-EUiA) para llevar ante el Tribunal Constitucional esta nueva agresión a un derechos personal y colectivos que tanto nos costó alcanzar.

Articulo publicado en catalán en Fet a Sant Feliu

Semana de cumbres

Esta semana pasada ha estado plagada de cumbres. Zapatero, dos, Artur Mas, una.

El presidente español, se reunió con los dirigentes sindicales y con los empresariales, a diferencia de la anterior, esta vez sí estaba la CEOE, representada por Joan Rosell.

Las dos reuniones se han celebrado por separado, pero ambas tenían el mismo objetivo: comprobar la marcha de las reformas sociales y económicas emprendidas desde el verano pasado.

A tenor de cómo no nos está afectando la crisis de la deuda portuguesa, parece que están produciendo efectos positivos sobre los preocupantes desequilibrios de la economía española.

Ahora solo falta que todo ello redunde, lo más rápido y contundentemente posible, sobre la creación de empleo. A diferencia de las anteriores, la reunión del presidente catalán en el Palau Reial de Barcelona, ha contado con la presencia al unísono de los líderes sindicales, empresariales y políticos. Más gente pero menos resultados.

Se ha anunciado un acuerdo de principios, pero de su lectura más parece el principio de un acuerdo. Queda mucho por concretar y hacer, quizás demasiado, para tanta urgencia.

Las conclusiones anunciadas por el President Mas y no interpretadas de igual manera por el resto de asistentes, imponen al Gobierno catalán más negociaciones con el del Estado que actuaciones a hacer aquí.

Al cumplirse los 100 días, ha llegado el momento de ver los primeros resultados. La situación lo requiere, pero todavía no se les ve despuntar con claridad.

Buscando enemigos exteriores

"Si ellas (las comunidades autónomas) no lo hacen (controlar el gasto público), el gobierno actuará". Esta podría ser la traducción de las declaraciones al Financial Times de Zapatero: "If they 't, the government will act".

Aplicando la máxima de "Traductor, traditore", en la Vanguardia Enric Juliana - presentando como una información en la versión papel y como un artículo de opinión en la digital - ha traducido "will act" (actuará) para intervendrá. Que no es el mismo, ¡ni mucho menos!

Y sobre esta palabra intervendrá "ha construido su iglesia", su dogma. Sofisma tras sofisma ha ido saltando argumentalmente hasta equiparar esta declaración con un supuesto intento de los socialistas para repetir la LOAPA del 82 y de recentralizar el Estado autonómico, pretendiendo subsumirlos en el mismo saco que a los populares.

No es algo nuevo, de hecho desde el viernes pasado después de las declaraciones de Aznar apostando por la regresión autonómica, se ha producido un intento de presentar como coincidentes a las dos formaciones políticas de ámbito estatal, y ello a pesar de todas las declaraciones de los dirigentes socialistas, incluidas las de su secretario de organización, Marcelino Iglesias, criticando esas propuestas.

Nada les importa. Al fin y cabo se trata de que "no dejes nunca que la realidad te estropee una buena noticia" como dicen los malos periodistas.

De forma acrítica, pero interesada, algunas fuerzas catalanas "compraron la idea" para a continuación hacer un llamamiento "a rebato" para combatir el ataque del centralista enemigo exterior. CiU, ERC e ICV siguiendo esa estela periodística entraron rápidamente en competición sobre quien defendería más a Cataluña, ante ese nuevo y imaginario peligro.

Lo que afirmaba Zapatero en esta entrevista es que actuará, si y sólo si, alguna comunidad sobrepasara el nivel de déficit acordado (que no impuesto), entre todas, en la Comisión de Política Fiscal y Financiera. Un acuerdo que tiene como objetivo lograr el cumplimiento global de los criterios comprometidos con la zona euro repartiendo los esfuerzos presupuestarios de forma proporcional y equitativa entre el conjunto de las administraciones públicas.

El cómo lo haga cada comunidad autónoma para ajustarse a estos parámetros lo decidirá ella misma, de hecho, esto es el ejercicio del autogobierno, ¿no?

Pero, y si alguien no asume su parte alícuota de sacrificio para salir de la crisis y con ello perjudicara a los que si se esfuerzan? ¿No es lógico que actúe para evitar el gobierno que constitucionalmente tiene las competencias?

Evidentemente, sí.

Aunque parecía que el PSC con la orientación que se desprendía de las declaraciones de Zaragoza, conseguiría desmarcarse de esta falsa polémica, no ha sido así. Y en eso están todos enfrascados estos días.

Otra vez el debate se ha descentrado, y se está polemizando sobre una hipotética voluntad del gobierno central de laminar las competencias autonómicas, en lugar de situarlo sobre en los tres objetivos a los que se debe dar respuesta desde Cataluña.

Lo más sensato sería que nos centraran en cómo dar cobertura social a las consecuencias de la crisis económica; el favorecimiento de la actividad económica creadora de empleo; y la política fiscal y presupuestaria para reducir el déficit público, mediante el incremento de los ingresos, la disminución de los gastos y el control del gasto.

Y no caer en la trampa de debatir de cosas y formas que la gente ni entiende, ni les preocupa.

Electoralismo irresponsable

El PSOE aprobó en solitario la convalidación del Real Decreto Ley de reducción del déficit público, evitando con ello un agravamiento de la crisis financiera de características impredecibles. Duran Lleida abanderó la abstención de CiU, que junto con la de Coalición Canaria y UPN, lo hicieron posible.

Mientras el PP de Rajoy, que llevaba mucho tiempo pidiendo actuaciones, cambiaba su prédica y pasaba a votar en contra, intentando justificarse mediante un discurso electoralista e irresponsable, con el que pretendía erosionar al Gobierno de España y presentarse como el "Partido del Proletariado". Aunque todo esto sea al precio de ocultar sus propósitos, no colaborar en nada y para nada en la salida de que la crisis y aún a costa que sus consecuencias agraven más la situación de la gente que más la está padeciendo.

El pasado sábado (29 de mayo), el Gobierno del Presidente Montilla aprueba su Decreto Ley. Con él aplicaba medidas similares: rebaja global de los salarios de las personas que trabajan para la administración catalana en un 5%, distribuido de forma progresiva, y un recorte a los altos cargos de hasta el 15% de sus retribuciones.

Sin embargo, Artur Mas ya ha anunciado que él votará en contra en el Parlamento, cuando deba convalidarse. Y eso que decreto ley catalán ni afecta a los pensionistas ni establece ninguna subida del IRPF. Esto último irá en una ley diferente.

En consecuencia, si la actitud de Duran Lleida fue un ejercicio de responsabilidad de Estado, entonces el anuncio de Artur Mas es una irresponsabilidad de País.

La verdad, es que esta aparente contradicción, incoherencia e incongruencia entre los dos socios nacionalistas, tiene una única explicación, que no justificación: todo está supeditado al electoralismo en el que están instalados

Duran tenía que superar, a cualquier precio, el riesgo de que su electorado más centrado y menos nacionalista los percibas como la fuerza cada vez más radicalizada en lo nacional y en el económico, que son. No es abstuvieron por responsabilidad sino por un doble interés electoral: mejorar su imagen y desvanecer el temor de que con su actitud se provocaran unas elecciones españolas y catalanas al unísono.

Sin embargo, a la parte de su electorado que Mas y "el pinyol" han estado cultivando durante esta legislatura con los cánticos independentistas, tanta finura y equilibrio les resulta excesiva. Por esa razón, fue el propio Duran Lleida quien, para hacerse perdonar por esos sectores, tuvo que equiparar "su responsable actuación" a la categoría "de un embalsamador de cadáveres políticos".

Ni él ni Mas tienen un verdadero interés en colaborar en la salida de la crisis, hacen movimientos tácticos llevados exclusivamente por su intereses electorales, como lo pone en evidencia el hecho de que favorecen la aprobación de unas medidas para toda España, que después las niegan en Cataluña.

De hecho, es la misma estrategia de electoralismo irresponsable que practica el PP en el conjunto del Estado

El tocino y la velocidad

Siempre se ha advertido del riesgo de confundir el tocino con la velocidad, la gimnasia con la magnesia o el déficit con la deuda.

Duran Lleida con su propuesta de vender AENA, planteada como alternativa a las medidas para reducir el déficit público, ha cometido este error. O, por el contrario, ha pretendido "pescar" en rio revuelto.

Vender una empresa pública produciría unos ingresos extraordinarios, no por la cantidad que se obtuviera sino porque serían irrepetibles, ya que una vez vendida no se podría repetir la operación.

Si estos ingresos excepcionales se destinaran a pagar la deuda pública española, se haría un mal negocio, ya que hoy seguimos teniendo una de las deudas públicas más bajas de los países desarrollados y esta operación sólo aligeraría nuestro nivel de gastos en una pequeña cantidad, el 2 o el 3% de lo conseguido en la venta y por extensión en sólo unas décimas del total de la carga anual de la deuda pública

Si, por el contrario, estos recursos extraordinarios se destinarán a reducir el déficit, sería una equivocación, un espejismo. Ese año sí pero el año siguiente su efecto se habría dilapidado, pues con eso ni reduce el gasto ni se consolida en los ingresos. Y eso es el déficit: la diferencia entre ingresos y gastos.

Así pues continuaríamos con el mismo déficit, o más porque se producirían los ingresos, y sin la empresa pública.

Salvo que CiU espere mandar más en el aeropuerto de El Prat a partir de la empresa comparadora, no se observa ningún beneficio económico, político o social de la venta de los servicios aeroportuarios que no de AENA, ya que la navegación aérea (el servicio de controladores) no se puede vender, debido a las regulaciones y obligaciones internacionales que tiene asumido el Estado, en su condición de policía aérea.

De nuevo, antes que definirse y mojarse, CiU opta por hacer una huida hacia delante, porque ni hace propuestas posibles y útiles, ni apoya a aquellas, que a pesar de ser duras tienen como objetivo recomponer la economía y mantener al máximo la cobertura social.

Endurecer el ajuste

El Gobierno anunció la semana pasada las duras medidas con las que pretende acelerar el proceso de ajuste de la economía española, que había presentado en Enero ante la UE mediante el Plan de estabilidad 2009-2013, siendo aceptado entonces.

Aquel era un plan escalonado y por ello menos duro.

Un plan que cumplía con el compromiso europeo que el déficit conjunto de todas las administraciones públicas bajara desde el 11'2% actual hasta el 3%, en el 2013. Para ello, acompasaba la recuperación del crecimiento económico, el inicio de la creación neta de empleo, con la retirada de las ayudas públicas de apoyo al crecimiento y el mantenimiento de la protección social. Finalmente, no ha podido ser.

La cruel paradoja es que ese endurecimiento del ajuste llegue en el mismo momento que España sale técnicamente de la recesión.

La explicación a ese giro cabe encontrarla en la respuesta conjunta de Europa a los ataques especulativos contra el euro: se ha exigido a ella misma más rigor presupuestario y reformas estructurales.

Europa necesita acudir al envite para embridar a los mercados, es decir regularlos, con menor dependencia de ellos, por eso crea un fondo de ayuda mutua de 750.000 M€ y fuerza la marcha de los ajustes.

Ahora bien, si el objetivo no lo pone casi nadie en duda, el camino emprendido sí. La oposición de los sindicatos a los recortes salariales estaba cantada, pero el desacuerdo con fuerzas políticas que han venido reclamando medidas similares resulta difícil de explicar.

Coyuntura y estructura

El grandilocuentemente anunciado como "Pacto de Estado" de Duran Lleida ha acabado sin un documento firmado por los negociadores del Palacio de Zurbano, sede del Ministerio de Economía y sin foto.

La razón de esta ausencia de rubrica se encuentra, básicamente, en el tacticismo electoral del principal partido de la oposición, el PP. Los conservadores españoles consideran que el desgaste que genera la crisis y su gestión es lo que les llevará de nuevo a la Moncloa y no quieren aparecer en el lado del Gobierno. Confunden ayudar a los ciudadanos con ayudar al Gobierno.

A pesar de los aspavientos propagandísticos esto no supone la inexistencia de frutos prácticos y resultados.

El Real Decreto Ley 6 / 2010 de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo, apoyado con más o menos entusiasmo por los partidos negociadores, excepto IU-ICV-EUiA, y los acuerdos del pasado Consejo de Ministros en los temas que no necesitan ley, son la prueba.

Son una serie de medidas urgentes, de ahí que esté plenamente justificada la utilización de esta forma jurídica. Ahora bien como tales no pueden constituir una propuesta estructural, pero sí que tienen una estructura coherente con el objetivo perseguido: impulsar actividad económica que genere empleo.

Por ello fomentan la exportación, la rehabilitación y la eficiencia energética de las viviendas, tanto privadas como públicas, el impulso del comercio, el turismo o la industria automovilística.

Y abordan la mitigación del freno que proviene del sector financiero. Agilizando su reforma y reforzando la capacidad del ICO para ofrecer más liquidez a las empresas o financiar la construcción de vivienda protegida.

Todas las medidas son piezas para un mismo puzle, pero no son todo el puzle.

Para tener una visión de conjunto hay que completar de forma imbricada en la hoja de ruta anunciado por el Presidente Zapatero el pasado 2 de diciembre en el Congreso de Diputados, que se está desarrollando y cumpliendo en tiempo y forma y que conlleva:

• La negociación de las reformas estructurales dirigidas a favorecer el cambio del modelo productivo. Este proceso se ha desarrollado en torno a la ley de economía sostenible, la cual ya ha iniciado su trámite parlamentario, así como la ley orgánica que afecta a los aspectos con dimensión autonómica.
• La negociación de la reforma de los aspectos laborales, mediante la mesa del diálogo social, que entra en su segunda fase con el nuevo documento aportado por el gobierno.
• El programa de austeridad y ajuste presupuestario, entregado ante las autoridades económicas europeas, que está siendo una pieza clave para mantener la confianza internacional sobre la economía española
• La propuesta sobre la reforma del sistema de pensiones, enviada para su debate a la Comisión del Pacto de Toledo, que supone una propuesta equilibrada para continuar dándole sostenibilidad financiera a uno de los pilares fundamentales de nuestro Estado del Bienestar.

Dentro de este contexto de reformas más estructurales que se están desarrollando, estas medidas rebasan con creces su condición de coyunturales y alcanzan su dimensión y su importante contribución al cambio estructural, que debemos protagonizar por superar la crisis y la superación de los problemas específicos que teníamos, incluso antes de que ésta se declara con tanta virulencia

Contramanifestaciones

Las negociaciones entre la CEOE, UGT y CC.OO. sobre la reforma laboral avanzan con su ritmo habitual.

Un ritmo que no es lineal ni progresivo, más bien espasmódico. Discreto pero no secreto. Lo que permite que los medios de comunicación "no iniciados en estos rituales negociadores" y más acostumbrados a "la liturgia política" fallen más que una escopeta de feria y anuncien desacuerdos poco antes de que se alcance acuerdos, como vimos en el conflicto de ACESA esta Semana Santa.

Ahora bien, esta dificultad para conocer y apreciar lo que está sucediendo es una cosa y el festival de contramanifestaciones de estos días, es otra.

Mientras los agentes sociales negocian con discreción, influyentes personajes, despachos profesionales y grupos de presión, se manifiestan públicamente con estridencia. No es algo nuevo, lo hacen desde hace tiempo.

¿Por qué no dejan en paz a los negociadores? ¿Tanto miedo tienen a que se llegue a un acuerdo, que no sea "su acuerdo"? Pues, sí.

Para ellos sólo será un acuerdo positivo si responde a la su machacón "ritornelo" sobre el abaratamiento del despido y el contrato único, supuestamente estable. Por ello se contramanifestan por y para el desacuerdo. Otra cosa no les sirve.

Intentan hacernos creer que el alto nivel de personas paradas se explica principalmente por nuestro mercado laboral, para a continuación extraer la conclusión de que si no se reforma - siguiendo sus directivas, claro - no hay salida.

Quieren que olvidemos que quien ha estado detrás de la actual y durísima destrucción de empleo ha sido la confluencia de la crisis financiera y nuestra estructura productiva y no el mercado laboral, que en la fase expansiva permitió la creación de mucho empleo, aunque de poca calidad.
Es combatiendo las causas estructurales de carácter financiero y de competitividad sectorial como resolverán los problemas de fondo. No confundiendo interesadamente los efectos (el paro) con las causas (las raíces de la crisis).

Porque esas son las verdaderas causas, como lo pone de manifiesto el hecho de que el último año en toda España, el 86% del total de los puestos de trabajo que han desaparecido se han concentrado en sólo dos sectores (construcción e industria manufacturera), los cuales apenas suponen el 23% de todo el empleo.

¿Si el causante fuera el mercado de trabajo, por qué se produciría esta afectación concreta? ¿Por qué los sectores afectados por la crisis financiera especulativa (la construcción) y el exceso de consumo (producción de bienes manufacturados) deberían resentirse más que los otros?

Sin embargo, todos podemos coincidir en que habrá que sumar a la lucha contra las causas de crisis las reformas de aquellos factores que a pesar de no ser los responsables pueden ayudar a superarla. Ahora bien, la dirección de estas reformas tienen que ayudar a no repetir parte de los defectos observados. En este sentido, la falta de calidad del empleo creado, no se resuelve deteriorando su regulación jurídica.

Creo que los agentes sociales entienden que tienen que hacer el esfuerzo de acordar una reforma laboral equilibrada, dirigida a colaborar en la salida de la crisis. Su alto grado de responsabilidad les ha hecho retomar el diálogo roto en julio de 2009, asumiendo su obligación social.

Al resto nos corresponde ayudarles a que la cumplan, no estorbar los ni intentar boicotear los . ¡¡¡Bastante trabajo tienen!!!

Si una vez agotado un tiempo razonable -parece que hasta finales de este mes- no han podido o alguien no ha querido alcanzar un acuerdo, será entonces, y sólo entonces, que el Gobierno deberá transformar sin más dilaciones la propuesta que les entregó en febrero en norma legal.

Para todos estos que se contramanifiestan, esa tampoco será una buena opción. No por unilateral y decretada, sino porque no impondrá lo que ellos propugnan.

Doble rasero

Debido a la crisis, el año pasado, algunas empresas catalanas no pudieron ofrecer a 129.400 personas sufiente trabajo como para que pudieran completar la jornada anual contratada.

El Gobierno para ayudar a trabajadores y empresas industriales y de servicios flexibilizó la prestación por desempleo. Hizo que los 120 primeros días de reducción de jornada o suspensión del contrato, no contaran para el tiempo de percepción de la prestación de'atur, si finalmente eran despedidas. Es lo que coloquialmente se conoce como "poner el contador a cero".

Es más esa práctica, que se parece mucho al llamado "modelo alemán", posiblemente se habrán de ampliar, como pide el Gobierno de Cataluña, hasta 180 días.

Con los autónomos que no tenían derecho a paro se ha previsto que puedan acceder a esa prestación, si no se puede continuar el negocio.

Nadie descalificó estas medidas en su momento. Nadie entonces alegó que con ellas se quería mantener cautivo el voto de los catalanes. Es más, se saludaron positivamente porque evitaba despidos y favorecía la economía catalana y protegía a los sectores sociales que están sufriendo con más dureza la crisis en Cataluña.

Entonces, ¿por qué el nacionalismo catalán que representa Artur Mas aplica un rasero diferente sobre la flexibilización del acceso a las prestaciones por desempleo agrario en Andalucía y Extremadura que el viernes pasado aprobó el Consejo de Ministros?

¿El problema no es similar? ¿No han tenido los empresarios agrarios andaluces también dificultades objetivas (de carácter climatológico) para ofrecer suficiente trabajo (peonadas) como para que no hayan podido completar el número de jornales que da derecho a su percepción?

¿Por qué insulta la inteligencia de las personas que viven en estas dos regiones, afirmando que su criterio y orientación política es susceptible de ser "comprado" por el hecho de que el Gobierno adopte una medida social, necesaria en tiempos de crisis?

¿Se atrevería a decir o insinuar los mismo de las personas que vivimos en Cataluña? De hecho y para ser sinceros, sí. Se han atrevido, pero circunscribiendo a los votantes socialistas de algunas comarcas metropolitanas.

Siguiendo con este razonamiento, ¿Por qué la restitución de una deuda histórica con Andalucía en inversiones, que está incluido en su Estatuto, es una compra de votos? ¿Se quiere ocultar que una parte de esta deuda es consecuencia del "castigo infligido" por el PP cuando la Junta no quiso sumarse al desastroso sistema de financiación autonómica que firmó CiU con el PP? Un modelo tan negativo que no nos sacado de encima hasta que con el Estatuto y los gobiernos de izquierdas, aquí y allá, lo han hecho posible.

¿No es una situación similar a la que Cataluña logró con Disposición Adicional Tercera del Estatuto y en Cataluña está implicando un incremento sustancial de las inversiones del Estado entre las que destacan actuaciones como, AVE, Aeropuerto o Sincrotrón, inaugurado este lunes ?
¿Entonces por qué lo que allí se presnta como un trato de favor, aquí sólo es un acto de justicia?

¿Cuando Artur Mas plantea que no quiere una sociedad subsidiada, que en Cataluña sólo queremos inversiones productivas, está insinuando que no quiere que las personas afectadas por los ERE tengan derecho a las prestaciones por desempleo, que los autónomos que han tenido que cerrar su negocio, no reciban la ayuda de los 420 €, que ha acordado el Gobierno de Cataluña con empresarios y trabajadores en los "30 compromisos contra la crisis"? Pues que lo diga con claridad.

Porque aplicando este doble rasero y haciendo la misma demagogia que hace el PP, pero al revés, sobre el supuesto trato de favor hacia Cataluña, el nacionalismo catalán sólo creará problemas políticos y tensiones territoriales donde hacen falta soluciones sociales

¿Subir el IVA?

¡A quien le guste que le suban los impuestos que levante la mano!

El número de manos alzadas, seguramente, será nulo o insignificante.

Por eso la posición anti subida del IVA tiene asegurado un fuerte predicamento. Le dice a la gente lo que quiere oír. ¿Pero es lo que hay que decirle? Sinceramente, creo que no.

Se sabe que la subida del IVA comportará un incremento de los precios. No hay tanta certeza, pero sí una más que razonable expectativa, que pueda suponer una frenada momentánea en la recuperación del consumo interno. Por eso desde el punto de vista económico, social y político esta medida no es ni fácil ni neutra.

¿Entonces, porque el Gobierno incorporó en los presupuestos la modificación del IVA a partir de julio? Para contener el déficit público y porque estima que en ese momento ya estaremos creciendo.

Para acabar de entenderlo hay que recordar que:

• La modificación conllevará la subida en un 2% del tipo general (del 16 al 18%) y en un 1% del tipo reducido (del 7 al 8%), aquel que grava por ejemplo la vivienda y la hostelería. También, hay que dejar constancia de que esta modificación no afecta al tipo súper-reducido (del 4%), que se aplica a los productos básicos o de primera necesidad
• Y que ésta es una medida que forma parte de un plan de austeridad, que busca reducir el déficit. Recortando gastos (50.000 m € en tres años) e incrementando ingresos. Con este plan se quiere conseguir volver el año 2013 a la situación de déficit público (diferencia entre ingresos y gastos) permitida en la zona euro del 3%, como máximo.

Hoy nuestro déficit público está situado en el 11%. No es que nos hayan vuelto "manirrotos" como dicen algunos especuladores y airea de forma irresponsable y exagerada los dirigentes del PP, sino que es el resultado la intervención pública para evitar las nefastas consecuencias de la crisis.

Los gobiernos de forma conjunta y coordinada (reunión del G-20) acordaron desarrollar políticas públicas dirigidas a: evitar el colapso financiero; incentivar la actividad económica, y desarrollar los mecanismos de protección social. Se trataba de evitar que la paralización del sector privado, excesivamente endeudado y receloso de sí mismo, condujera al colapso financiero y después a la depresión mundial. Y eso se hizo interviniendo económicamente en los mercados.

Había que hacerlo y se hizo. Lo que resulta insultante es que aquellos que, con su codicia e irresponsabilidad, generaron el problema sean ahora los que quieran dar lecciones de lo que se debe hacer y defendiendo propuestas regresivas para la mayoría de los afectados.

Que se tuviera que hacer, en el momento más crítico, no significa que haya que mantenerse indefinidamente, ni tampoco que el Estado tenga que retirarse ya. En esto, como en muchas otras cosas, conviene hacer las cosas con mesura y equilibrio.

Conviene ir desacoplando progresivamente la economía del sobreesfuerzo que, ahora, están soportando las finanzas públicas, porque esta opción no es sostenible ni conveniente de forma permanente. Ahora bien, hay que hacerlo sin poner en peligro el proceso de salida de crisis. De nada serviría cumplir con la ortodoxia liberal económica, si ello conlleva una nueva recaída en la crisis que la aplicación de sus tesis ha producido.

Por el contrario, mantener el mismo ritmo de déficit anual, sería negativo. Por un lado porque aunque ahora no estamos demasiado endeudados, acabaríamos endeudándonos en exceso, transfiriendo a las generaciones futuras el problema actual, por otro lado, porque la desconfianza que se generaría sobre la solvencia futura de la economía española para hacer frente al pago de su deuda provocaría que ya ahora se tuvieran que pagar más intereses por el dinero con los que nos estamos financiando.

Destinar más dinero a pagar intereses, significa tener menos recursos para desarrollar políticas anti crisis, de fomento económico y de protección social y en consecuencia retardar la salida.

El plan de austeridad presentando en la Unión Europea, busca alcanzar este complicado equilibrio. Y dentro de él la modificación del IVA es un esfuerzo planteado para mantener la credibilidad de la economía española y no encarecer nuestro acceso al crédito internacional, necesario para financiar un ajuste socialmente menos duro.

Los opositores a la modificación del IVA deberían explicar cómo quieren resolver este "sodoku". Es cierto que todos no se opone a las subidas por las mismas razones. Como mínimo hay dos visiones diferentes. Desde las posiciones más a la izquierda del Gobierno (IU-ICV, ERC) se argumenta que esta actuación empobrece a los débiles, desde las posiciones más a la derecha del gobierno (PP y CiU) que si el Estado gestiona más recursos hay menos dinero circulante para hacer negocios.

En todo caso, convendría que, además de oponerse, también hicieran propuestas constructivas y equilibradas, para incrementar los ingresos en cantidades relevantes y determinar qué gastos se deben reducir o contener, porque en el caso de que se siguieran sus propuestas tendríamos, en el primes caso, más endeudamiento y en el segundo más recortes sociales y dureza en el ajuste.

Por eso si, de verdad, se busca un pacto contra la crisis, no se debe hacer electoralismo con la o subida del IVA ni plantear como cuestión inasumible bajo ningún concepto su modificación, como hacen la derecha española y catalana.

Una ocurrencia improvisada

Para abordar la negociación de la reforma laboral con éxito, primero era imprescindible que se recuperara la confianza entre CEOE, CCOO y UGT.

El importante acuerdo para el empleo y la negociación col lectiva de 2010, 2011 y 2012 alcanzado, ayuda, y mucho, a superar el "mal rollo" que tenían entre ellas, desde que se rompieron las negociaciones en julio de 2009.

Un acuerdo que ha supuesto una importante aportación y apuesta por la estabilidad y la serenidad económica, justo en el momento que la histérica reacción de los mercados de valores se estaba trasladando de forma histriónica en la vida política y social, por parte de la oposición del PP.

Recuperado el clima negociador entre los agentes sociales y en base al documento entregado por el Gobierno, se ha iniciado oficialmente la negociación de las reformas laborales, que deben acompañar a las otras transformaciones estructurales (las financieras o productivas) que son aquellas que nos permitirán construir la recuperación económica.

"Las líneas de actuación en el mercado de trabajo, para su discusión con los interlocutores sociales en el mar del diálogo social" busca alcanzar los siguientes objetivos
1. Favorecer la creación de empleo y reducir el desempleo
2. Reducir la dualidad, la segmentación y la temporalidad de nuestro mercado de trabajo.
3. Aumentar las capacidades y las oportunidades de ocuparse de las personas desempleadas.
4. Aumentar la flexibilidad interna de las empresas.
5. Ampliar las oportunidades de empleo y la capacidad de integración laboral de los jóvenes, en especial los de menos formación.

Parecería que después de haberlo reclamado con tanta insistencia, todos los partidos remarían a su favor. Pues no.

Excepto los socialistas, el resto de partidos han procedido a intentar descalificarlo, eso sí sin ofrecer ninguna alternativa.

Bien eso no es del todo exacto, Artur Mas tuvo una errónea ocurrencia, carente de sensibilidad social, eficiencia economía y de rigor conceptual, e hija de la improvisación, el coyunturalismo electoral y el oportunismo político.

Su ocurrente propuesta de rebajar, a 20 días por año de servicio, el coste del despido por la empresa, y que el Estado subvencione el resto de la indemnización. Con ella ha puesto en evidencia la inconsistencia de unos planteamientos construidos desde el desinterés y del desconocimiento de lo que suponen y, lo que me parece más preocupante, desde la adhesión ciega a unos principios y criterios que intentan culpabilizar a los derechos sociales de la crisis económica.

De forma simplificada, y a riesgo de perder una parte de la exigible exactitud, se puede afirmar que nuestro ordenamiento laboral establece que si un empresario toma la iniciativa de rescindir unilateralmente un contrato trabajo, se establece una indemnización que como máximo llega los 20 días por año trabajado. Siempre que haya detrás de una causa razonable y objetiva para hacerlo.

Y se reserva la indemnización de 45 días por años de servicio exclusivamente si no existen estas causas u observa dolo o fraude en la actitud empresarial.

Por último, la ley - como así debe ser - no regula nada por los casos de mutuo acuerdo. En este supuestos las partes establecen entregan el pacto que quieren. Este es el supuesto más habitual, tanto individualmente como colectivamente, en el que las empresas o los empresarios optan por abonar indemnizaciones superiores a las legalmente estipuladas para obtener el acuerdo y con él la certeza del objetivo perseguido.

Visto esto, se comprenderá que en el fondo - y la forma - esta insolidaria propuesta (ocurrencia) supone que no se ayuda a las empresas que se ven en la necesidad de despedir a personas que trabajan para ella, sino que todos - no olvidemos que Hacienda somos todos - deberíamos rascarse nos las bolsillo para subvencionar a quien efectuara despidos improcedentes, es decir, sin tener ninguna razón que pueda justificar el perjuicio que causan con su unilateral actuación.

Como se puede observar, la propuesta de subvencionar los despidos no se aguanta.

Invertir dinero público para financiar excesos privados es una equivocación total. Sólo se puede explicar, que no justificar, si se pretende contentar a todos, al precio de no resolver nada.

Por ello si se quiere favorecer un buen acuerdo en materia laboral, que sea útil para salir de la crisis, necesitamos más colaboración de todos y menos ocurrencias y intromisiones en la negociación.

Tirarse del caballo

Artur Mas está tratando de tirarse en marcha del caballo independentista.

Hay que reconocerle “tablas” en piruetas de ese tipo, pues no es la primera vez que las efectúa. Ya la experimentó en el pacto con Zapatero sobre el Estatut. Después de auspiciar el texto que salió del Parlament el 30 de Septiembre de 2005, cuando comprobó que la negociación política y parlamentaria ya no daba más de sí y que habría Estatut, en Enero de 2006 se ofreció como valedor del texto que saliera de la Cortes Españolas, pensando que esa imagen de seriedad le ayudaría a llegar al Govern y que sería él quien lo desarrollaría.

Ahora intenta repetir la jugada.

Después de haber excitado y alentado todas las maniobras y declaraciones independentistas posibles, se ha percatado que lo único que ha conseguido es la diáspora del voto independentista, (Carretero, Laporta, CUP, Plataformes per la Indepèndencia, Dret a decidir, ERC) en lugar de lo que pretendía, la concentración del voto nacionalista entorno a CiU (Casa Comuna). Por si eso fuera poco, esa operación ha tenido un precio: el abandono de la centralidad política y social, que se sitúa en un espacio catalanista –que no independista- y socialmente progresista y de izquierdas, que ahora ocupan el President Montilla y el PSC.

Han bastado dos vallas publicitarias y un par de declaraciones del President Montilla, este fin de semana, para que CiU pase de la descalificación por light de las propuestas del Gobierno de Zapatero a una inconcreta oferta de mano tendida para formular un Pacto de Estado sobre la economía.

Unas vallas publicitarias que simplemente dicen: “En tiempos difíciles, gente seria” y las declaraciones del President reiterando lo que viene diciendo desde hace más de dos años sobre la necesidad de reformas estructurales y manifestando su apoyo, y el del PSC, a las propuestas del Gobierno español sobre la reforma de las pensiones, para que sea discutida y acordada en la comisión del Pacto de Toledo, o sobre la reforma laboral, entregada y recibida favorablemente por los agentes sociales, le han llevado a intentar rectificar a marchas forzadas.

Hasta ahora la actuación de Artur Mas CiU, ha consistido en actuar como oposición, sin comprometerse a nada, ni proponer nada, sólo criticando todas las propuestas que provenían de los gobiernos presididos por socialistas (aquí o allá).

Y ello ha sido así con las propuestas de reformas estructurales (pensiones y relaciones laborales), la ley de economía sostenible y con unos presupuestos que buscan a la vez reducir el déficit público para no hipotecar el futuro, mediante la contención del gasto y la subida de impuestos, pero que a su vez permitan seguir actuando, evitando así que el endeudamiento privado (entidades financieras, empresas y particulares) no colapse la economía. A todo le ha dicho que no.

Por eso, los opinadores nacionalistas y pro CiU hasta este lunes, se entretenían en digresiones y especulaciones de café sobre las dificultades adicionales a las derivadas de la crisis, los especuladores financieros y a los déficits comunicativos, que tendría el Gobierno de España para sacar adelante las reformas, que anunció en diciembre y que ha materializado ahora, dado que ni el PP ni CiU le darían apoyo.

Unos (el PP) porque repiten el mantra aznariano de “Váyase Sr Zapatero.”, donde lo único que han cambiado es “González” por “Zapatero”, esperando que produzca el mismo efecto que en 1996. Y los otros (CiU) porque esperaban que la crisis también debilitara al Govern de Catalunya, ya que daban por sentado que su alto grado de responsabilidad en ningún caso le llevaría a adoptar posiciones oportunistas, sino que aunque sea duro, continuará dando la cara y atendiendo a las personas que más lo necesitan.

El contenido de las propuestas de las reformas laborales, profundas y equilibradas, y el buen clima después de la reunión del viernes con los agentes sociales, así como el claro y contundente apoyo del President y el PSC, y finalmente el acuerdo sobre negociación colectiva, que abre un expectativa de más estabilidad económica, le ha hecho dar un giro copernicano.

Teme quedarse fuera del proceso de construcción de la salida de la crisis, consciente que la gente no premiara a quien se aproveche políticamente de ella, sino a quien trabaje para superarla con el menos coste social posible.

Por último, parecería que Duran Lleida ha conseguido ganarle en eso la partida al “pinyol nacionalista” de CDC más abocado a la bronca que a la propuesta inteligente. Aunque para ello haya tenido que sacrificar que su alfil leridano, Josep Maria Pelegri, no encabece ninguna lista.

Con ello intenta conseguir que CiU no continúe apareciendo como una fuerza política independista, que todo lo descalifica y que no arrima el hombro para ayudar, no al Gobierno, sino a la gente a salir de la crisis. La forma de hacerlo es esa indefinida llamada al Pacto de Estado.

Como marketing vale, pero ¿qué medidas defienden? Sería bueno saberlo.

Hoy mismo, ya han enseñado un poco la "patita". Su reforma laborales se fundamenta en rebajar la indemnización de los despidos improcedentes en la misma cantidad que cuando está justificada por razones objetivas (20 días) y que en el caso de que un empresario despida improcedente el Estado subvencione la diferencia (25 días).

Por ese camino no creo que vayan bien. Salvo que lo que pretendan sea erosionar el diálogo social emprendido por el Gobierno con los agentes sociales.

La reforma de las pensiones y su gestión

La reforma de las pensiones está demostrando que tan importante es lo que se propone, como de qué manera se gestiona.

El Pacto de Toledo es el instrumento más inteligente y útil del que se ha dotado la sociedad española para hacer fracasar las negras profecías que se hacían sobre el futuro de es pensiones, según las cuales hace 5 años (en 2005) que había de haber quebrado el sistema público.

Las profecías no se cumplieron e incluso se puede afirmar que ha sucedido todo lo contrario.

El secreto ha estado en tomar las medidas adecuadas con tiempo suficiente. Reformar el sistema de forma gradual y consensuada. Y sin electoralismo

Fruto de ese acierto, hoy, no hay ningún riesgo para las pensiones actuales. La solvencia del sistema público pensiones está garantizada como mínimo hasta el 2030, la Seguridad Social tiene un fondo de reserva con más de 60.000 millones de euros y mantiene el superávit en sus cuentas, pese a la crisis.

Si no hay peligro a corto y medio plazo, para que el gobierno propone su reforma? Pues porque no hay peligro, pero si hay riesgos.

Unos riesgos derivados de factores estrictamente demográficos: el alargamiento de la esperanza de vida - la segunda más larga del mundo, la llegada a la edad de jubilación de la numerosa generación del "baby-boom" de los años 60 y la baja de la natalidad actual.

Se trata de prever qué efectos sobre los ingresos y los gastos producirán estos factores y establecer ahora las reformas para que dentro de 20 años, siga siendo viable el mantenimiento de la solidaridad intergeneracional (de los que trabajan con los que han trabajado) en la que se basa el sistema.

El gobierno tenía la obligación moral y legal de aportar su propuesta. Moral por qué no hacerlo podía resulta más cómodo, pero era absolutamente irresponsable. Cerrando los ojos a la realidad los problemas no se arreglan, se estropean más. Y obligación legal para que el resto de partidos en el Congreso, a diferencia de lo que se venía haciendo, acordaron que el gobierno aportas un documento.

Estas son las razones - y no la quiebra del sistema, un capricho o una improvisación de última hora como algunos se empeñan en decir- es lo que han llevado al Gobierno ha aprobar el "documento sobre la revisión del Pacto de Toledo", el efecto de someterlo a la consideración y acuerdo de toda la cámara.

Un documento en el que analiza y hace propuestas - en concreto, 40 - a lo largo de 46 páginas en torno a temas como:
- Modificaciones en las cotizaciones sociales
- Reservas
- Previsión Social Complementaria
- Impacto de género en el Sistema de Protección Social
- Sistemas alternativos de cotización: Mutualidades públicas y privadas
- Culminación de la separación de las fuentes de financiación:
• aspectos presupuestarios
• aspectos legales
• aspectos organizativos
- Prestaciones:

• pensión de orfandad y viudedad
• incapacidad
• edad de jubilación
• jubilación

En un tema de alta sensibilidad social y política como el de las pensiones, por muy bien que lo hagas todo, si en una de las partes se produzca un conflicto o una grave discrepancia, el todo pierde importancia. Ya puedes desgañitarte explicando todas las razones y medidas, este tema lo lleva todo por delante y el debate se polariza y se politiza. Esto es lo que ha sucedido con el alargamiento de la edad de jubilación de los 65 a 67 años. Se lo está llevando todo por delante!

Por eso hay que reconducirlo. No nos podemos permitir el lujo de hacer descarrilar lo más importante, que es seguir reformando el sistema público de seguridad social, de forma gradual y consensuada, para garantizar su justicia y equidad social así como su solvencia económica a largo plazo.

Vaya por delante que yo creo que necesitaremos alargar el tiempo de contribución y mejorar la recaudación por que no es desequilibren las cuentas, pues habrá más pensionistas, afortunadamente vivirán más y también tendremos que seguir mejorando las pensiones, esto hará que el coste global de las pensiones siga subiendo. Pero también defiendo que hay que empezar a observa el tema con una perspectiva diferente.

Ha de prosperar un cierto cambio de lógica, que haga que pasemos a considerar que la sostenibilidad del sistema no se fundamenta exclusivamente en la relación entre ocupados y pensionistas, sino entre el grado de riqueza del país y el coste de las pensiones. Pues lo que resulta sustancial no es solamente el número de personas que trabajan, sino la productividad del tejido económico en el que lo hacen.

Una económica de más valor añadido es más garantía de sostenimiento de las pensiones que una economía basada en el trabajo manual, que necesita para cubrir los objetivos de una carrera demográfica permanente hacia adelante, que no parece el más sostenible desde el punto de vista planetario.

Hoy, si no recuerdo mal, el coste de la factura de las pensiones no llega al 10% del PIB, es decir que independientemente de la forma en que se recauda, la primera constatación es que su coste es asumible por la economía. Es decir, hay recursos para financiarlas.

Más gente y más esperanza de vida harán subir la factura de las pensiones, ahora bien, subirá tan rápido como crece la economía real? o lo hará mucho más rápido?

- Si sube al mismo ritmo, o incluso más poco a poco, el coste de la factura de las pensiones sobre el PIB será igual o menor.
- Por el contrario si sube más rápido, entonces se deberá determinar hasta qué porcentaje del PIB se considera adecuado y posible destinar a la financiación de las personas inactivas, que han contribuido a lo largo de su vida a financiar el sistema público de pensiones. El 11%, el12%, el 13% o qué porcentaje?

Tanto en un caso como en otro, nada impide que se analice si es posible otra forma de obtener los recursos para "cuadrar el círculo". No nos podemos cerrar en una única solución: alargar en dos años la edad máxima. Se ha de actuar sobre todos los factores que hacen - o en el futuro pueden hacer - posible cumplir estas necesidades de forma gradual y consensuada.

Hasta ahora las cotizaciones sociales se aplican sobre uno de los factores creadores de riqueza: la mano de obra. Pero hay otros elementos (capital, conocimiento,...) que cada vez tienen más importancia en la generación de riqueza que no "cotizan a la Seguridad Social". Desde esta perspectiva las cotizaciones sociales empresariales son regresivas, obligando a hacer más esfuerzo a quien menos riqueza genera (las empresas intensivas en mano de obra).

En todo caso, la complejidad y la importancia del tema obliga a todos (partidos políticos, agentes sociales y gobierno) a actuar con lealtad, serenidad y flexibilidad. Deben estar dispuestos a asumir cambios en sus planteamientos iniciales en bien de un consenso global en torno a reformas efectivas.

Si actúan así, habrá una nueva versión del Pacto de Toledo que ayudará a ser más justo y sostenible el sistema de pensiones. Y posiblemente veremos cómo no se modifica la edad de jubilación a los 65. Eso sí, se continuará en la línea de penalizar su anticipación, que ya está produciendo un aumento de la edad media a la que la gente deja de trabajar que hoy se sitúa en el 63,2 años, (6 meses más que hace 4 años) y para redondearlo se incrementen los estímulos para que quien quiera y pueda, retrase su jubilación.

Perder la razón

Los excesos pueden hacer que se pierda la razón.

A algunos “internautas” les está sucediendo, tenían razón pero la están perdiendo.

Tenían la razón cuando, a través de las redes sociales, se opusieron al hecho que una página Web se pudiera cerrar mediante una resolución administrativa del Gobierno, si como interpretaban era lo que se desprendía del proyecto de ley sobre la economía sostenible. La misma donde, por cierto, se declara como un derecho universal y exigible la posibilidad de acceder a una red de banda ancha que como mínimo tenga una velocidad de 1 Mbit por segundo.

Tenían razón si para ello invocan el derecho a la tutela judicial efectiva, y que en consecuencia, sólo los jueces pueden apreciar si se está transgrediendo la legislación, o no. Ya que en nuestro estado de derecho sólo ellos pueden imponer limitaciones a los derechos constitucionales. Por eso el Presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero afirmó que no cerrarían ninguna página Web. Es decir, que el Gobierno no cerrará ninguna, otra cosa serán los jueces.

Pero algunos “internautas” la pierden cuando, a reglón seguido, defienden la impunidad para todo lo que se haga en la red. En Internet, lo ilícito también es ilegal. En el espacio cibernético tampoco es asumible ni se puede ir contra el derecho a la propiedad intelectual o el honor y el buen nombre de otras personas, ni comercializar o difundir pornografía infantil, ni estafar ni realizar cualquier otra actuación ilícita.

Es cierto que quienes delinquen son las personas, no las redes, pero transgredir la legalidad conlleva consecuencias, sea en el medio o con el medio que sea. Tanto es que se haga mediante medios cibernéticos, audiovisuales, telefónicos, escritos o presenciales, en cualquiera de las esferas en las que se desarrolle la acción ilegal, debe haber una respuesta proporcional y ajusta a derecho de la sociedad para evitarla. Y en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación una de ellas puede ser el cierre de las páginas.

La colisión entre derechos, requiere de una regulación, de una inspección que supervise (ejercida por la Administración) y de una tutela judicial que verifique si se atiene a la legalidad o, en su caso, imponga las sanciones.

También pierden la razón aquellos “internautas”, a los que el PP ha decido apoyar: “siempre que hagan oposición al Gobierno” (tenor literal de su comunicado), que exigen la dimisión de la Ministra de Cultura, o incluso la amenazan con llevarla ante los tribunales, acusándola de cometer una ilegalidad.

Eso es un exceso que les hace perder la razón.

Una propuesta puede ser correcta o incorrecta, se puede estar de acuerdo, o no, pero una propuesta no puede ser ilegal.

Ese debate ya se tuvo y lo sentenció el Constitucional con la “propuesta Ibarretxe”. Fundamentalmente porque un proyecto de ley no es ley hasta que no la aprueban las Cortes Generales, es decir hasta que no ha sido debatido, enmendado y aprobado por la mayoría de los miembros del Congreso y el Senado.

Si finalmente la ley aprobada resultara que va contra los derechos que la Constitución establece será el Tribunal Constitucional quien lo decidirá. Esa, y no otra, es la forma como nos hemos dotado para reconocer y regular nuestros derechos, ya sean en el espacio real o el cibernético.

Cambiar el modelo productivo

¿Cambiar el modelo productivo con una ley es una utopía?, no y sí.

No, si no se espera que la ley nos haga todo el trabajo. De una ley sólo cabe esperar que apunte y apúntale las medidas para alcanzar un objetivo tan posible y necesario como difícil y lejano, ir más allá es irreal. Además hay que implementarla con dialogo y actuaciones.

Y sí, seria utópico creer que esa ley lo resolverá todo. No hay ninguna ley que sea un ungüento maravilloso y milagroso que lo arregla todo por ensalmo.

La producción de cosas y de servicios baratos no puede ser la forma como Catalunya y España se sitúen hoy en Europa y el mundo, económicamente hablando. Eso lo podíamos hacer – y lo hicimos con éxito - hace unos años. Entonces en Europa éramos 15 y nosotros competíamos con salarios y protección social inferiores. Hoy la UE la forman 27 países y algunos de los últimos en entrar ofrecen, ahora, lo que nosotros ofrecíamos hace 25 años: mano de obra formada y barata. Además, la globalización económica ha hecho los mercados más grandes y el mundo más pequeño.

Ese estado de cosas, además de la crisis económica, es lo que hace ineludible que tengamos que cambiar. Y no podemos hacerlo volviendo hacia atrás.

La opción es remover los cimientos de nuestra economía, avanzando hacia una economía que incorpore mucho más valor a lo que hacemos (productos y servicios), a como lo hacemos (los formas y los procesos) y con quien lo hacemos (las personas).

Necesitamos un nuevo modelo productivo que se base tanto en la profunda transformación de los sectores tradicionales para que no caigan en la obsolescencia y se adapten a una economía basada en la reducción de las emisiones de carbono y la incorporación de altas tasas de conocimiento, como en la potenciación de los nuevos sectores productivos relacionados con las energías renovables, las tecnológicas de la comunicación i la información, las ciencias de la salud (biomedicina), la nanotecnología, la aeronáutica y el espacio o los nuevos servicios a personas y empresas.

Un cambio en el modelo productivo que ha de ser capaz de recoger y transportar en ese proceso de mejora a la mayoría a las personas que hoy están desempeñando tareas en oficios y sectores que tienen que mejorar. Su seguridad y estabilidad laboral vendrá condicionada por su esfuerzo para aprovechar los recursos que se han de destinar a mejorar su formación y cualificación profesional, para seguir el ritmo de los cambios. Y de una sociedad que sea capaz de sostener un sistema de protección social suficiente y eficaz para hacer soportables los procesos de transición hasta el nuevo paradigma.

Desde una posición realista tendremos que coincidir que para llegar a ello se requieren dos cosas: un periodo de 10 años y empezar ya. Porque será difícil y duro, pero no imposible.

Aquellos que, como hace el PP, intentan descalificar esa ley alegando que no resuelve los problemas de mañana, lo único que intentan es hipotecar el mañana. ¡No lo conseguirán!

En el fondo esconden que su solución a la crisis, como dice Montoro, es repetir lo que ellos protagonizaron, un modelo económico basado en más dosis de precariedad, temporalidad i desprotección laboral, social y jurídica para que nuestra económica compita a la baja en costes y condiciones de trabajo con las economías emergentes en el mismo terreno. ¿Hasta dónde quieren llevarnos por ese camino? ¿Hasta las condiciones de los países del Norte de África? ¿Del Oriente? ¿Hasta las maquilas? ¡Ese no es el camino, ni la solución!

A todos aquellos que últimamente han clamado por unos nuevos Pactos de la Moncloa, es decir por unos acuerdos políticos que orientaron leyes, acuerdos sociales y conductas para llevar a España hasta el modelo social, laboral y económico que significaba Europa, hay que decirles que: “La ley de la economía sostenible son los Pacto de la Moncloa del siglo XXI”.

Hace bien el Gobierno ofreciendo negociación y dialogo a las fuerzas políticas para construir ese modelo. Sería de desear que la oposición no rechace la mano tendida y que no haga de su tramitación una carrera descalificaciones globales de sal gruesa, como ha protagonizado en los primeros compases.

Ahora bien, si la oposición se equivoca y quiere llevar el carro por ese pedregal, el Gobierno debe proseguir hacia delante haciendo del dialogo social con los sindicatos y empresarios y la sociedad en general el mecanismo de acordar las reformas y cambios que nos permitan salir de la crisis construyendo el futuro y sin dejar a nadie en la cuneta.

De qué hablamos

No siempre se habla de lo que más interesa a la gente.

El tema central de los debates públicos debería ser el cómo y el con qué atendemos las necesidades sociales que la crisis económica genera, precisamente en el momento en que además su existencia las agrava, pero no lo está siendo.

Los próximos presupuestos generales del Estado han de resolver el “soduku” que hoy tenemos planteado. Que no es otro que el de cómo favorecer la creación de empleo, ayudar a quienes lo ha perdido y/o prolongarles las prestaciones tras su agotamiento, subir los impuestos, reducir el crecimiento de los salarios de los funcionarios públicos, mantener el ritmo inversor y el gasto público para dinamizar la economía, dado el bajo tono del sector privado, al tiempo que se controla el déficit público para evitar que pueda acabar lastrando la recuperación tiempo.

Corresponde al Gobierno tomar las decisiones políticas y económicas para cuadrarlo. Exponiéndolas, primero, debatiéndolas, después, y, si es posible, alcanzando el máximo consenso social y político que las avale.

Algo de eso es lo que han intentando hacer los últimos días con sus declaraciones el Ministro José Blanco, la vicepresidenta Elena Salgado y el propio presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Pero nadie les ha seguido, al menos con el rigor y la profundidad que cabe esperar cuando se aborda un tema central.

Pero por contra, a lo que hemos asistido no ha pasado de ser sólo dos “despejes de pelota”. Uno del PP, protagonizado por Montoro, y otro de CiU. Ambos al alimón y de forma coincidente han rechazado compromiso político que tenga como premisa, reordenar o incrementar los impuestos a las rentas altas para financiar las prestaciones sociales.

Aunque, eso sí, con el mismo énfasis y sin ruborizarse por la contradicción que supone con su práctica de incrementar la presión fiscal cuando gobernaban, han proclamado que la congelación o reducción fiscal debe hacerse compatible con la reducción del déficit público, la incentivación de la creación de empresas y riqueza y el mantenimiento de la protección social.

Su cuadratura para ese círculo es sencilla: volver a repetir lo mismo que hemos pasado. Proponen la misma receta liberal que nos ha conducido a esta crisis: “con menos impuestos sobre los que tienen más recursos, menos intervención pública y más libertad para hagan lo que quieran, ellos crearan la riqueza necesaria para financiar el bienestar social”.

Lástima que para ello, ese “paradisiaco panorama” sea imprescindible que el resto de los mortales, veamos recortados los derechos e incrementados los impuestos indirectos para financiar la reparación de los daños que han causado, la recuperación de sus excedentes y las ayudas para que realizar nuevos negocios.

El debate de quién y de qué manera se pagará la crisis es el debate, por eso despistan y centran sus esfuerzos en que debatamos otros aspectos que, aunque también pueden ser importantes, no lo son tanto.

La tinta que ha corrido con la “supuesta” persecución del PP y la “non nata” sentencia del Constitucional sobre el Estatut, es la expresión de esas exitosas maniobras de distracción, que finalmente consiguen que el debate público - o como mínimo, el publicado – no se centre en aquello que los ciudadanos proclaman como su mayor preocupación, según el CIS y el CEO.

Además con ellos también se trata de esconder, por un lado, los efectos de la corrupción que el PP alimentó con la impunidad que le confería su mayoría absoluta y la forma de ejercerla y, por el otro, la equivocación de CiU rechazando el acuerdo de financiación que se deriva del Estatut.

Si queremos que no se incremente la distancia de la gente en relación a la política, debemos hacer un esfuerzo en centrar el debate sobre “la política de las cosas” e intentar huir de los debates sobre “las cosas de la política”.

Políticos de guardia

De mi época del servicio militar, recuerdo lo aburridas que eran las guardias.

El tiempo se alargaba como un cicle. Nunca pasaba nada. No tenías con qué entretenerte. ¡Hasta deseabas que hubiera un incidente que rompiera la monotonía! Pero como no sucedía nada, tenías que dejar volar la imaginación y fabular con lo que sea.

Algunos de los políticos que en este mes de agosto están de guardia, mientras el resto de los mortales estamos de vacaciones, se dedican a fantasear e intentar hacer crecer gigantes donde no hay ni molinos de viento. Todo sea por alcanzar un titular o matar su aburrimiento, o quizás por su propia idiosincrasia o para proyectarse por encima del sopor que produce la canícula estival.

Uno de los clásicos del verano en Catalunya en este tema es el secretario general de CiU, Felip Puig. Hace dos años ya pidió la intervención del ejército como respuesta a un conflicto laboral en el aeropuerto del Prat.

Ahora, y a cuenta de los posibles conflictos que pueden producirse entre la regulación sobre las ayudas al sector financiero y las competencias catalanas sobre las cajas, de nuevo ha actuado de la misma forma: Empieza la casa por el tejado y exige que lo primero que debe hacer el Govern “es sacar la caballería”.

Evidentemente, que un independentista confeso, plantee que lo primero que debe hacerse es recurrir al Tribunal Constitucional, resulta extraño y más cuando se formulan día sí, día también, dudas sobre la neutralidad y capacidad del Alto Tribunal para dirimir los conflictos entre Catalunya y la Administración General del Estado.

Como exconseller seguro que conoce que existe la posibilidad del recurso previo de competencias, que permite al Gobierno de Catalunya hacerle ver al Gobierno de España los problemas que existen y negociar, si es posible, una salida antes de recurrir al Constitucional, via que continua abierta.

¿Por qué no lo propone? ¿Por qué prefiere dejarlo en manos de un Tribunal que cuestiona, antes que en las del Govern de su nación? Sencillamente, porque no pretende solucionar los problemas sino dar la apariencia que CiU es más contundente que nadie (en especial que ERC) y porque prefiere una sentencia del TC que un acuerdo del Govern, como se ha visto con la financiación autonómica.

Si además entramos en el fondo del tema que se ha utilizado como pretexto, la actitud es más preocupante. Si algo nos ha demostrado esta crisis es que no se puede jugar con la solvencia y la confianza del sector financiero. Su carácter sistémico hace que sus problemas se transformen en nuestros problemas.

La gestión desarrollada por algunas entidades financieras ha hecho que acumulen un excesivo volumen de riesgos, cuando no los han generado ellas mismas. Una falta de respuesta desde los poderes públicos y las autoridades financieras repercutiría en una pérdida de credibilidad y solvencia de nuestro sistema financiero que indefectiblemente se trasladaría a la economía real, desestabilizándola con mayor intensidad que la ya padecemos y contribuyendo a la destrucción de más empleo.

Evitar esa posible situación requería de una acción del gobierno central y el FROB (Fondo de restructuración ordenada bancaria) es un buen instrumento para tal fin.

¡Ahora bien! que sea útil, urgente y necesario no justifica que en su formulación concreta no haga con un absoluto respeto a las competencias del resto de autoridades económicas del Estado - la Generalitat es también Estado -, ni que algún político de guardia continúe intentando jugar al independentismo con temas tan serios, para matar su aburrimiento o conseguir un titular de prensa.

Neutralizándose

Los dos partidos nacionalistas que no han apoyado el acuerdo sobre financiación, PP y CiU, ya han anunciado que en el supuesto de que llegaran a lo que consideran “sus” gobiernos lo cambiaran.

Como “declaración-excusa” que busca dar satisfacción a su parroquia no está mal, pero no es creíble, pues juntos se neutralizan y por separado no suman.

Por mucho que Ramón Tremosa defienda que lo ideal para Catalunya es que cada uno de los partidos nacionalistas de derechas, el español y el catalán, ocupen “su” gobierno, ni eso sería suficiente para modificar lo que se ha pactado, ya que se neutralizan el uno al otro. Para que uno de ellos triunfara en su objetivo, el otro debería fracasar y claudicar, dado que sus posiciones son contrapuestas. ¿Cómo casarían la propuesta del PP de un supuesto exceso de rendimiento para Catalunya, con la pretensión de CiU de incrementarlo porque lo considera insuficiente?.

Si a ello le añadimos el hecho que “dejarlo como está” les sería más fácil que modificarlo, ya que no “iban a hacerse daño” si se necesitaran mutuamente para gobernar, todavía prolonga más la exceptiva de la sostenibilidad temporal del acuerdo y hace menos creíble su proclama reformadora.

Pero además es que mientras los socialistas estén en el gobierno, aquí y/o allí, no hay combinatoria política que haga entrever un cambio. Eso hace de su presencia en los gobiernos español y catalán, una garantía adicional de estabilidad del acuerdo que ahora han alcanzado.

¡Mal negocio para CiU! Aparecer como el impulsor del cambio de modelo de financiación le aleja del 50% de sus votantes que están de acuerdo con él y tampoco le permite ser la representación del 19’5% de los catalanes que se opone, porque en ese bloque están también aquellas personas que lo hacen en base a planteamientos opuestos a los suyos.

Ahora bien, como siempre el mayor garante de su continuidad será la ciudadanía, que no está dispuesta a que alegremente se lance por la borda el ingente esfuerzo de equilibrio generado y se reabran tensiones y confrontaciones territoriales, que además tiene un dudoso rendimiento, a la vista, y castigará electoralmente a quien vaya en contra de ese criterio.

Puestas así las cosas, desde el punto de vista político, se puede aventurar que tenemos modelo de financiación para años.

Un modelo que al prever procesos de actualización y revisión en función de de cómo cambie la realidad territorial posee, a diferencia del anterior, mecanismos para no esclerotizarse.

La cesión que hizo de CiU a la obsesión de Aznar para “cerrar definitivamente el proceso autonómico” ha sido uno de los factores que han hecho más injusto e inequitativo el sistema anterior, porque no permitía ni actualizar la población.

Pero además, este es un sistema más justo y equitativo donde – como no puede ser de otra manera - las personas que más tiene, pagan más, pero sus gobiernos autonómicos reciben lo mismo por persona que los otros para gestionarle los servicios relacionados con sus derechos básicos (salud, educación, protección social). Así se construye una solidaridad inteligente y sostenible.

Si no parece posible cambiarlo, porque ni política ni socialmente hay apoyos suficientes, para los representantes del nacionalismo de derechas español y catalán solo caben dos opciones:

· aprovechar el proceso de aprobación de la ley orgánica para sumarse al modelo de financiación autonómica acordado, y ayudar a su consolidación.
· o, si eso no se puede o se quiere hacer, proponer un nuevo sistema que pueda ser asumido en toda España, incluida – como es lógico – Catalunya.

Lo tienen complicado. No pueden volver atrás porque el sistema que se ha acordado es más justo y equitativo que el que firmaron juntos antaño y para ser creíbles en su voluntad de cambio deberían hacer una nueva propuesta de financiación realizable y asumible por ambos, pero eso ni está, ni se la espera. Mientras eso no se produzca, continuaran neutralizándose mutuamente.

Por último y por el bien de todos, esperemos que para salir de ese callejón, en el que ellos solos se han situado, no se les ocurra la peregrina idea de reactivar las tensiones territoriales a través de los argumentos de sus proclamas anti-acuerdo.

La generación del Baix

Permitirme que, por una vez y sin que sirva de precedente, haga una loa y reivindicación de mi “patria chica” (política y sindical) es decir, de las gentes del Baix Llobregat.

Ayer, 16 de junio de 2009, mientras se inauguraba la terminal T-1 del Aeropuerto del Prat, yo no podía dejar de recordar a aquella juventud - y otras personas con no tanta juventud - que hace 25 ó 30 años intentaban “subir el Bajo” (entonces se le llamaba el Bajo Llobregat), y pensaba cómo el horizonte que entonces dibujaron, hoy seguía materializándose.

Eran personas ilusionadas, pero no ilusas, que con su actuación conjunta y coordinada desde las administraciones, sindicales, empresariales, culturales o asociativas (locales y comarcales), lideraron la transformación social y económica de su entorno más próximo. Eso sí, pensándolo con una perspectiva catalana, española, europea y global.

Al tiempo que se “comían el marrón” imaginaban un futuro posible, creíble y construible. Para gestionar la durísima reconversión industrial que llevó al paro al 30% de la población activa, encauzaron los esfuerzos y sacrificios hacia la digna reconstrucción de la ciudadanía, su entono social y urbano y el entramado empresarial.

A pesar de las dificultades – o precisamente por ello - además de abordar las necesidades urgentes: el paro, el alcantarillado, el asfaltado o el arbolado de las calles, las escuelas o los ambulatorios, la atención social y la atracción de empresas, sabían que había que construir el futuro. Imaginarlo y construirlo.

Sin esa generación del Baix Llobregat: la de los Montilla, los Tejedor, los Navales, los García y la de tantos…. y tantos otros, que a su vez recogía el testigo de la generación anterior: la de los Luque o los Ramos, no hubiera sido posible.

Estaba legitimada para quejarse y exigir, pero no sólo quería quejarse y exigir. Buscaba reconstruir una comarca esquilmada por la especulación y trabajaba para que el progreso social y medioambiental, no fuera de nuevo, la víctima propiciatoria del desarrollo económico, como ocurre siempre que se deja que otros lo conduzcan sin que se participe en él.

Sin el ahínco, la inteligencia y el sentido común de esa generación ni el rio se habría desviado, ni el puerto ampliado, ni habría ZAL, ni “pata sur”, ni UPC en Castelldefels, ni la SEAT en Martorell, ni la T-1 funcionaría.

Con ella ha sido posible, contra ella era imposible.

¡Ahora algunos dicen que todo eso lo consiguieron ellos, en un hotel – el Majestic - y con una firma!

Quizás, hasta puede ser verdad que ayudaron en algún momento, pero como decía Brecht: “cuando admiren las Pirámides de Egipto, piensen en los obreros que las hicieron y no sólo en los faraones, que las encargaron”.