Vuelve la “cartilla del Seguro”

Hemos perdido la tarjeta sanitaria y hemos vuelto a la "cartilla del Seguro".

Quizás le ha pasado un poco desapercibido. No es de extrañar, quizás sea por el frenético ritmo de Reales Decretos Ley al que nos tiene sometidos el Gobierno de Mariano Rajoy - el promedio es de uno por semana – los que hace casi imposible estar al tanto de todos los cambios legislativos.

Pero si se detiene a comparar la nueva redacción de la ley de sanidad podrá comprobar que hemos pasado de "titulares de un derecho" a "asegurados".

A nadie se le escapa, aunque se pueda tener poco interés por las precisiones jurídicas, que esto no es sólo un cambio de nomenclátor. Esto supone volver en términos de derechos sanitarios a antes de la Ley de universalización de la Sanidad promulgada por el entonces ministro socialista Ernest Lluch

Hasta el pasado 20 de abril, todos los españoles - por el hecho de serlo - y los extranjeros según lo que se prevea en cada momento la ley orgánica de extranjería teníamos derecho a la protección de la salud y la atención sanitaria necesaria para hacer efectiva.

Este era un derecho de carácter universal.

Esto que suena tan bien y a veces tan pomposo, quiere decir que todos los ciudadanos teníamos derecho a ser atendidos (elegibles), pero sólo lo seríamos cuando estuviéramos enfermos (elegidos).

Así pues, queda claro que la ley no era una "barra libre" en la que cualquier ciudadano podía disponer alegremente de servicios y prestaciones, sino que había unos profesionales de la medicina que evaluaban y prescribían que era necesario, y qué no, para que el sistema protegiera el derecho a la salud.

Con esta definición se fácil entender que un uso inadecuado o abusivo ni está amparado, ni protegido, ni contemplado por la Ley vigente hasta ahora, y que, en consecuencia, no sólo era posible sino necesaria una vigilancia y persecución en la lucha contra los posibles fraudes.

Como era un derecho universal, ya no se financiaba con las cotizaciones a la Seguridad Social, sino con impuestos.

Como era un derecho universal, los servicios ya no dependían de la Seguridad Social sino del Sistema Nacional de Salud, constituido por el Gobierno Central y las Comunidades Autónomas, en nuestro caso la Generalitat de Catalunya.

Como era un derecho universal ya no teníamos la "cartilla del Seguro" donde había titulares (los cotizantes) y beneficiarios (las mujeres que trabajaban en casa y los hijos menores de 26 años) sino que todo el mundo tenía su tarjeta sanitaria.

Pero de repente todo eso ha cambiado. El gobierno de Rajoy nos ha vuelto al pasado. Nos ha hecho retroceder a los tiempos del franquismo.

Ahora para poder acceder a las prestaciones sanitarias deberá estar de alta o situada asimilada (pensionista o parado) en la Seguridad Social, a pesar de que ni un euro de nuestras cotizaciones está destinado a este fin, sino que están destinadas exclusivamente a financiar las prestaciones económicas por jubilación, invalidez, enfermedad común o profesional y el paro.

La sanidad se paga y se continuará pagando con lo que pagamos por el IRPF, el IVA, y los otros impuestos. No tiene ningún sentido que la condición para ser asegurado sea estar dado de alta en la Seguridad Social si ésta no sufraga los gastos.

Las personas que trabajen en casa, en su mayoría mujeres, dejan de ser titulares del derecho a la salud. Vuelven a ser beneficiarias, si su cónyuge o su ex cónyuge las tiene a su cargo, si no, no. Lo mismo sucede con los hijos menores de 26 o con una discapacidad superior al 65% que serán beneficiarios si, y sólo si, están a cargo del titular. En caso contrario dejarán de tener derecho a la sanidad pública, salvo, claro esta, que la paguen entera.

Este Real Decreto-ley nos quita derechos a las personas, pero también a las comunidades autónomas.

La Seguridad Social no paga, pero manda. A pesar de no poner un euro, les dirá, y controlará, quien tiene derecho y quién no tiene derecho a recibir las atenciones sanitarias que deben prestar las comunidades Autónomas.

A los que han redactado este Real Decreto Ley, se les nota que su modelo no es el de los derechos de ciudadanía garantizados por la Constitución, sino el modelo del Instituto Nacional de Previsión del periodo anterior, se les nota que esto de las Comunidades Autónomas para ellos es un estorbo y que ansían volver al modelo de las delegaciones provinciales del Ministerio.

Estos cambios no se justifican por motivos económicos, son el resultado decisiones políticas para recortar derechos a las personas y competencias a las Autonomías.

Por eso sorprende tanto que el Gobierno de Cataluña tarde tanto en atender la demanda del resto del arco parlamentario de izquierdas (PSC, ERC e ICV-EUiA) para llevar ante el Tribunal Constitucional esta nueva agresión a un derechos personal y colectivos que tanto nos costó alcanzar.

Articulo publicado en catalán en Fet a Sant Feliu

Nombrar la unidad en vano

“Para esta demostración no necesito nombrarlo” dicen que alegó un físico ante el tribunal de la Inquisición al serle requerido el por qué no citaba a Dios en la justificación de su teoría.

Algo similar ha ocurrido en el Tribunal Constitucional.

La ponente, y tres miembros más, no creían necesario nombrar la indisoluble unidad de la nación española en el fallo sobre el Estatut - aunque si la tenían presente en los fundamentos jurídicos -, por el contrario la otra parte del Tribunal, que podía haber ayuado a construir una mayoría suficiente, exigía que fuera nombrada para darle su voto.

El resultado es ya conocido. El quinto proyecto de sentencia ha ardido en la hoguera de las vanidades.

Nadie en el Constitucional es independentista y todos suscriben el concepto de la unidad de España. Por eso, cuesta entender su incapacidad para ponerse de acuerdo sobre un Estatut que ni ha roto España ni va camino de hacerlo, después de cuatro años aplicándose.

Más allá de las personas (y los personalismos), la discrepancia de fondo se ha producido, una vez más, entre quienes asumen que la unidad no se pone en peligro por atender la diversidad y la pluralidad que constituye España, y los que sólo la ven asegurada con la uniformidad o nieguen la conveniencia que Catalunya asuma más responsabilidad para asumir los nuevos retos.

Retos que nada tienen que ver con aspiraciones segregacionistas, sino con la autoresponsabilización colectiva para gestionar los cambios acaecidos desde la entrada en vigor del primer Estatut, ahora hace 30 años.

Cambios de todo tipo:
· políticos, ahora estamos en Europa y entonces no
· demográficos, fruto del potentísimo crecimiento de la esperanza de vida y las bajas tasas de natalidad. Produciendo una mayor demanda de servicios para garantizar una mejor calidad de vida y atención a esas personas.
· económicos, la globalización de la actividad económica se ha acelerado aportando efectos contradictorios como la deslocalización o la posibilidad de llegar a nuevos mercados
· migratorios, como ha sido la llegada de un millón de personas extranjeras;
· o sociales, como por ejemplo los cambios en la estructura de la familia o la incorporación de casi un millón de mujeres al trabajo fuera de casa.

Es para asumir esa mayor responsabilidad para lo que se hizo el Estatut. Y es para eso que nos otorgaba más competencias y una distribución de los recursos adecuada para atenderlas, a la vez que mantener la solidaridad interregional.

A pesar de ello, hay quien, como el Tribunal de la Inquisición, ha seguido exigiendo que en el fallo se “nombrara la indisoluble unidad de la nación española”, aunque no fuera necesario, porque no estaba en juego.

Es una actitud propia en quienes prejuzgan intenciones en lugar de juzgar textos o hechos, de quienes exigen de los otros la adhesión univoca a sus criterios y son incapaces de aceptar la matización o, incluso, la discrepancia, en suma el enriquecimiento de la diversidad.

Pero tendrían que saber que no es nombrándola en el fallo, como se salvaguardara la unidad de España, sino con una doctrina que favorezca una concepción integradora de la realidad plural que la conforma.

El fracaso del quinto proyecto de dictamen es el resultado de esa intolerancia en el Tribunal Constitucional y la expresión de su incapacidad con la actual composición.

Después de tres años sin ponerse de acuerdo es hora de que se cumplan sus normas. Eso no es cambiar las reglas del juego a medio partido, sino todo lo contrario.

Al Tribunal Constitucional se le respeta y ayuda renovando los miembros caducados y haciendo que trabajen sin más intentos de instrumentalizaciones de aquellos que toman el nombre de la unidad en vano

División en los polos

Es un resultado contradictorio, pero hasta cierto punto lógico.

A medida que en Catalunya se ha ido tensado la cuerda en el debate identitario, la división en el seno de los dos polos políticos nacionalistas se ha hecho más evidente.

Los intentos de reagrupar esos espacios en unos bloques ideológicamente más homogéneos y compactos, y por ende menos plurales, han comportado el efecto contrario. Además, y de rebote, también han fomentado la tensión y el desapego de la ciudadanía por la política, al no sentirse concernida por las posiciones que, cuasi en exclusiva, monopolizaban el debate público y que se correspondían con las sostenidas por los extremos que se confrontaban.

Así pues, en lugar de la Casa Gran que quiso impulsar Artur Mas lo que ha aparecido es una profusión de iniciativas soberanistas (Carretero, CUP’s, plataformas, Laporta) que se suman a la radicalización de CiU para demostrar, en su disputa con ERC, quién es más independentista. El ejemplo más claro de esa tendencia a la atomización, lo pudimos observar el día siguiente a la autoconsulta independentista del 13-D.

En el otro extremo, el del nacionalismo español, el panorama tampoco tiende a la concentración. Al alentar la fuerza mayoritaria, el PP, la catalanofobia en el conjunto de España como instrumento de cohesión de su electorado y de erosión de su adversario el PSOE, está debilitando las posibilidades del PPC en Catalunya para representar, en exclusiva, ese sentimiento. El partido de Rivera, Ciutadans Partit de la ciutadania, debilitado por sus luchas internas continúa compitiendo con ellos y además el que aspira a construir Rosa Diez, con dirigentes salidos del anterior, constituirán otro centro de atracción para aquellos que respondan al mensaje españolista que ha levantado el PP.

Una de las condiciones – no la única, pero sí de las más importantes - para dejar de alimentar ese desapego ciudadano seria sustituir ese debate entre separatistas y separadores por un debate más integrador. Aunque muchas veces la vistosidad y la estridencia de la confrontación hacen que las posiciones más serenas y equilibradas queden ahogadas por tanto exceso verbal.

No se trata de evitar ese debate, de decir que no interesa, porque sí interesa. Se trata de realizarlo de una manera que aporte positividad. Hay que sustituir las actitudes centrifugas por otras tendencias centrípetas. Para ello, se requiere un proyecto que desde el máximo autogobierno, y sin frivolizar con la independencia, se centre en la atención y la solución de los problemas de las personas que vivimos en Catalunya.

Les guste, o no, hoy ese proyecto existe, es el Estatut.

Por eso quienes, como el President Montilla, lo defendemos, ante propios y extraños, lo hacemos conscientes que vale la pena seguir batallando por aquello que junto a otros impulsamos y votamos.

Por su contenido, plenamente Constitucional, por su pactada tramitación, que conformó con mucho esfuerzo un nuevo y superior nivel de relación con el conjunto de España y porque al hacerlo suyo la ciudadanía de Catalunya en el referéndum lo transformó en el mejor “pal de paller” alrededor del que aglutinarse, el PSC debe defenderlo y así lo hace y lo hará. Aunque lo hayan dejado solo en esa tarea.

El hecho que otros que lo votaron, como CiU, ahora lo abandonen, en nombre de arriesgados atajos hacia la independencia, o que quienes lo rechazaron, como ERC y PP, continúan sin cambiar su postura, aun a riesgo de alimentar la división social que comportan sus posiciones, han transformado al PSC en el partit de l’Estatut.

Cambiar el modelo productivo

¿Cambiar el modelo productivo con una ley es una utopía?, no y sí.

No, si no se espera que la ley nos haga todo el trabajo. De una ley sólo cabe esperar que apunte y apúntale las medidas para alcanzar un objetivo tan posible y necesario como difícil y lejano, ir más allá es irreal. Además hay que implementarla con dialogo y actuaciones.

Y sí, seria utópico creer que esa ley lo resolverá todo. No hay ninguna ley que sea un ungüento maravilloso y milagroso que lo arregla todo por ensalmo.

La producción de cosas y de servicios baratos no puede ser la forma como Catalunya y España se sitúen hoy en Europa y el mundo, económicamente hablando. Eso lo podíamos hacer – y lo hicimos con éxito - hace unos años. Entonces en Europa éramos 15 y nosotros competíamos con salarios y protección social inferiores. Hoy la UE la forman 27 países y algunos de los últimos en entrar ofrecen, ahora, lo que nosotros ofrecíamos hace 25 años: mano de obra formada y barata. Además, la globalización económica ha hecho los mercados más grandes y el mundo más pequeño.

Ese estado de cosas, además de la crisis económica, es lo que hace ineludible que tengamos que cambiar. Y no podemos hacerlo volviendo hacia atrás.

La opción es remover los cimientos de nuestra economía, avanzando hacia una economía que incorpore mucho más valor a lo que hacemos (productos y servicios), a como lo hacemos (los formas y los procesos) y con quien lo hacemos (las personas).

Necesitamos un nuevo modelo productivo que se base tanto en la profunda transformación de los sectores tradicionales para que no caigan en la obsolescencia y se adapten a una economía basada en la reducción de las emisiones de carbono y la incorporación de altas tasas de conocimiento, como en la potenciación de los nuevos sectores productivos relacionados con las energías renovables, las tecnológicas de la comunicación i la información, las ciencias de la salud (biomedicina), la nanotecnología, la aeronáutica y el espacio o los nuevos servicios a personas y empresas.

Un cambio en el modelo productivo que ha de ser capaz de recoger y transportar en ese proceso de mejora a la mayoría a las personas que hoy están desempeñando tareas en oficios y sectores que tienen que mejorar. Su seguridad y estabilidad laboral vendrá condicionada por su esfuerzo para aprovechar los recursos que se han de destinar a mejorar su formación y cualificación profesional, para seguir el ritmo de los cambios. Y de una sociedad que sea capaz de sostener un sistema de protección social suficiente y eficaz para hacer soportables los procesos de transición hasta el nuevo paradigma.

Desde una posición realista tendremos que coincidir que para llegar a ello se requieren dos cosas: un periodo de 10 años y empezar ya. Porque será difícil y duro, pero no imposible.

Aquellos que, como hace el PP, intentan descalificar esa ley alegando que no resuelve los problemas de mañana, lo único que intentan es hipotecar el mañana. ¡No lo conseguirán!

En el fondo esconden que su solución a la crisis, como dice Montoro, es repetir lo que ellos protagonizaron, un modelo económico basado en más dosis de precariedad, temporalidad i desprotección laboral, social y jurídica para que nuestra económica compita a la baja en costes y condiciones de trabajo con las economías emergentes en el mismo terreno. ¿Hasta dónde quieren llevarnos por ese camino? ¿Hasta las condiciones de los países del Norte de África? ¿Del Oriente? ¿Hasta las maquilas? ¡Ese no es el camino, ni la solución!

A todos aquellos que últimamente han clamado por unos nuevos Pactos de la Moncloa, es decir por unos acuerdos políticos que orientaron leyes, acuerdos sociales y conductas para llevar a España hasta el modelo social, laboral y económico que significaba Europa, hay que decirles que: “La ley de la economía sostenible son los Pacto de la Moncloa del siglo XXI”.

Hace bien el Gobierno ofreciendo negociación y dialogo a las fuerzas políticas para construir ese modelo. Sería de desear que la oposición no rechace la mano tendida y que no haga de su tramitación una carrera descalificaciones globales de sal gruesa, como ha protagonizado en los primeros compases.

Ahora bien, si la oposición se equivoca y quiere llevar el carro por ese pedregal, el Gobierno debe proseguir hacia delante haciendo del dialogo social con los sindicatos y empresarios y la sociedad en general el mecanismo de acordar las reformas y cambios que nos permitan salir de la crisis construyendo el futuro y sin dejar a nadie en la cuneta.

Enero: Un mes estresante e interesante

Enero será un mes estresante, pero también muy interesante

No solo por la "cuesta" que toma su nombre del mes, y en la que todos trataremos de recuperarnos de tanta fiesta, comida y gasto navideño, sino porque es el espacio de tiempo que hay para alcanzar un acuerdo sobre la financiación autonómica.

¡No es por nada!, sino porque el 1 de marzo hay elecciones en Galicia y el País Vasco y este tema tiene que estar resuelto antes de que se inicien las campañas electorales en el mes de febrero. Tener una fecha de finalización es bueno, pero sin duda desatará los nervios y creará un estrés negociador e informador agudo.

¡No se tienen que estresar, hay tiempo!, si se negocia con intensidad. Alcanzar un buen acuerdo, en tiempo y forma, requerirá mantener la claridad de planteamientos y la firmeza en su defensa, como se está haciendo hasta ahora y también unos nervios de acero para no estresarse.

El punto actual es bueno. Las bases del acuerdo se corresponden con los criterios del Estatuto y el resto de las comunidades autónomas, incluidas las gobernadas por el PP, las están asumiendo porque también les son interesantes. Éste es el mérito de la propuesta catalana que, todo sea dicho de paso, tanto molesta a los nacionalistas de CiU, pues ellos estando fiando todo su futuro al fracaso de las negociaciones.

Pero la actitud de aquéllos que son los responsables (CiU y PP) del sistema de financiación que ahora estamos sufriendo, y que queremos cambiar, no debería despistarnos del trabajo que hay que hacer y ¡todavía queda mucho trabajo a hacer!

Ahora lo que toca es continuar negociando con inteligencia y prudencia. Inteligencia para concretar los conceptos y las cifras que configuren un acuerdo bueno. Y prudencia para no crear tensiones en el resto de las comunidades autónomas. Nada sería peor para todos que dar munición a aquéllos que quieren reabrir nuevos episodios de catalanofobia, y utilizar este tema dentro de las próximas campañas electorales.

No se trata de presumir sino de ser eficaz, y eso cuesta, todos lo sabemos. Porque en eso, como en la vida, el riesgo son los que si no puede presumir de sus éxitos, creen que no lo son y hay algunos que obsesionados para marcar "perfil”, lo único que consiguen es que les marquen goles.

Por eso, ha sido tan positivo que el Gobierno catalán en su conjunto haya optado por la negociación de la propuesta que el Gobierno de Zapatero presentó en una forma genérica antes que por la descalificación global, y que se introduzca en el camino de exigir que se concrete y cuantifique, más que por la senda de la respuesta altisonante, para después tener que continuar negociando "bajo la mesa" como hacía la mayoría nacionalista que nos ha gobernado durante 23 años.

Se trata de alcanzar un buen acuerdo, no de "sacar pecho". Que el PP y CiU lo hagan, y lo hagan con calificaciones y cuantificaciones exageradas, forma parte del ruido ambiental al que nos tendremos que acostumbrar y que no debería ni despistarnos ni estresarnos. Al fin y al cabo, si no hubiera acuerdo se aplanaría el camino para su retorno en el Gobierno que cada uno desea.

Por eso, aquello que resulta más difícil entender es por qué la ERC de Puigercós cae en esta estrategia y debilita al consejero Huget, que es su representante en el Gobierno para los temas de la negociación de la financiación.

¿Quién teme el acuerdo?

En la recta final de la negociación del sistema de financiación autonómica, surgen los miedos de aquéllos que hicieron del desacuerdo su estrategia. Y con ellas, las gesticulaciones exageradas y las argumentaciones irracionales de los nacionalistas catalanes y españoles, CiU y PP.

No es que todo esté resuelto, todavía queda un tiempo y un proceso hasta alcanzar el acuerdo. No obstante, parece evidente que el presidente del Gobierno español, Rodríguez Zapatero, haya reconocido que la propuesta de nuevo modelo del sistema de financiación autonómica responde al impulso de las propuestas catalanas, permite dibujar un escenario más positivo que hasta ahora, a pesar de eso CiU lo valora como negativo, porque no es singular

Ninguna de las dos cosas no es nueva, ni el impulso catalán, ni la generalización del modelo. El modelo autonómico español - no solo el sistema de financiación - siempre ha tomado como referencia y objetivo las necesidades, reivindicaciones y soluciones generadas a Cataluña.

La inteligencia política siempre aconsejó que las propuestas catalanas fueran generalizables en el resto de autonomías de régimen común para que fueran posibles. Para alcanzar lo que se buscaba no era un problema que el resto también lo pudiera alcanzar, si lo quería, más bien al contrario.

Así lo entendió y lo practicó CiU cuándo gobernaba. Así lo intentó practicar Artur Mas, cuando creía que gobernaría, al sumarse a un Estatuto que contiene un modelo de financiación generalizable. Si ahora no lo hace, es porque no gobierna.

Apostó por el fracaso de las negociaciones, creyéndolo un atajo para volver al Gobierno, en lugar de rentabilizar su aportación al Estatuto. Optó por vertebrar la frustración, el enfado y el fracaso colectivo, en lugar de encabezar las soluciones. Y ahora teme que haya acuerdo.

Si finalmente los esfuerzos del Presidente Montilla por alcanzar una financiación justa fructifican, CiU perderá uno de los dos pilares sobre los que ha hecho descansar su oposición, y entonces ya sólo le quedará confiarse a una sentencia profundamente negativa del Constitucional sobre el Estatuto.

En eso también, coincide con el PP

Ni la crisis económica le sirve, porque fruto de su obsesión identitaria, ni tan solo se ha preocupado por formular propuestas que sirvan y atiendan las necesidades económicas y sociales de las personas, empresas y territorios que conforman Cataluña. ¿Alguien recuerda una propuesta mínimamente sería y potente de CiU para hacer frente a la crisis?.

Por contra y desde el principio, el Presidente Montilla asumió que nos encontrábamos ante una grave situación de crisis económica, que requería toda la atención del Gobierno que preside para no dejar solas a las personas que viven en Cataluña. Así lo ha hecho.

Sin hacer falsas promesas, señalando su gravedad, llamando al esfuerzo inteligente y la solidaridad para salir, dando la cara, yendo hasta donde sea necesario para encontrar salidas posibles, predicando con el ejemplo de la austeridad y destinando el máximo de recursos públicos a dos objetivos: activar la economía productiva y atender a las personas, ha articulado una respuesta a la difícil situación que vivimos.

Con estas mismas herramientas es con las que está liderando la negociación de la financiación, por eso es fácil pensar que también nos saldremos en este tema.

Yo café, tú achicoria

"Yo café, tú achicoria", éste parece ser el posicionamiento de todos aquéllos que hablan desde fuera del proceso de financiación autonómica.

Ni a CiU, ni al PP, que se dedicaron a criminalizar el Estatuto en toda España, no les cabe en la cabeza que sea posible alcanzar un acuerdo partiendo de lo que se buscaba con él, recuperar la equidad perdida y no privilegios.

Como siempre los inefables "profetas" de CiU, ya pronosticaron antes de la reunión de los presidentes gobiernos de España y Cataluña, Zapatero y Montilla, que "Montilla se doblegará ante los criterios del PSOE y acordará el café para todos".

¡Ni una!!, cómo dice el chiste: ¡"no han acertado ni una!" de sus profecías.

. Todavía no se ha alcanzado un acuerdo, aunque se está más cerca.
. El Presidente ha dejado claro que la condición para alcanzarlo es que se cumpla el modelo de financiación que prevé el Estatuto.

O lo que se lo mismo, que trabaja, y trabajará, hasta el final para alcanzar el acuerdo, no para levantarse. Y que este acuerdo de financiación tiene que suponer: el cálculo de recursos partiendo de la población real, más participación en los impuestos que pagan los ciudadanos (IVA, IRPF, etc..) y que los servicios básicos (salud, educación y servicios sociales) sean iguales para todos los españoles.

El Presidente Montilla, como no puede ser de otra manera por el lugar que ocupa y la responsabilidad que le han conferido los ciudadanos, defiende un acuerdo justo para con las personas que representa y con sus necesidades.

Eso es compatible con un acuerdo que, como siempre, puede ser generalizable en el resto de comunidades autónomas de régimen común, si éstas lo quieren. Y parece que la mayoría sí lo aceptan. Ésta es la manera de hacer compatible la bilateralidad y la multilateralidad que tan nerviosos pone a los nacionalistas españoles y catalanes, por razones contrapuestas.

Y así vemos cómo el PP pone el grito en el cielo, aunque el método sea el que practicaron cuando gobernaban y CiU se rasga las vestiduras porque se reproduce lo que protagonizaron durante 23 años.

El viejo sonsonete del "café para todos", para intentar desprestigiar el resultados de la reforma del proceso de negociación del sistema de financiación autonómica esconde la inconfesable idea del "yo café y el resto achicoria" (conocido sucedáneo del café).

Artur Mas no puede aceptar que el resto asuma lo que Cataluña acordó con el Estado en el Estatuto, porque entonces ya no es bueno. Él no busca lo que es bueno para Cataluña, sino la diferencia o la imposición en el resto.

Y el PP tampoco, porque si no reconocería que su contribución a la generación de un clima hostil en Cataluña fue una actitud irresponsable y equivocada, y que sí existe otra forma de atender las diferentes posiciones.

Por este camino, ni se rompe España, ni nos vamos, se continúa construyendo un país cada vez más federal. Y ahí es donde les duele. Por eso llevan tan mal que los otros presidentes autonómicos se reúnan con Zapatero.

Al rescate

Todo el mundo está de acuerdo: ¡Hace falta acudir al rescate del sistema financiero y generar confianza! Un intangible imprescindible para evitar que el temor se transforme en pánico y éste en desesperación.
Esta semana pasada hemos podido comprobar que necesitamos más Europa y no menos. Ésta es una de las lecciones que podemos extraer de este proceso para elaborar medidas de rescate globales y conjuntas. Sólo con la colaboración y cooperación supranacional se pueden generar actuaciones públicas con la potencia necesaria para hacer frente a una crisis financiera de dimensiones internacionales.
Que las medidas vayan en el mismo sentido no comporta que se tengan que aplicar idénticamente. Los acuerdos establecían que cada país las tenía que adaptar a su situación y a la de sus entidades financieras, pues no todas son iguales, unas tienen graves agujeros patrimoniales y otras, como las españolas, son sólidas pero los falta liquidez.
Con cada tipo de medida se busca un objetivo específico. Con las nacionalizaciones o la compra de acciones de bancos y la compra de sus activos tóxicos, se trata de evitar la bancarrota de aquellos que acumulan pérdidas. Con el incremento de las garantías en los depósitos personales se busca evitar desbandadas que, en primer lugar, les perjudicarían a ellos. Y con los avales o líneas de crédito oficiales superar la desconfianza entre los bancos, que hace que no se presten dinero entre ellos.
No obstante, en el momento de aplicar las medidas, se observa la siguiente paradoja: contra menos controlaban los gobiernos antes más tienen que intervenir ahora. Es decir, los más liberales se tienen que volver más intervencionistas.
La crisis financiera internacional está afectando a la economía real y al empleo, al frenar en seco la concesión de créditos a empresas y personas para que puedan llevar a cabo sus proyectos viables y solventes.
La situación es grave, por eso requiere la actuación de los poderes públicos de forma concertada. El gobierno de Zapatero estuvo en el acuerdo de los países de la zona euro y asumió la parte de la responsabilidad que le correspondía en la búsqueda de la salida, lástima que esta actitud de responsabilidad no haya disfrutado del apoyo de la oposición de derechas española.
En España se ha optado por concederles crédito a las entidades financieras, en el doble sentido, financiero y de confianza. No se los da nada, se les presta. Tendrán que devolverlos con intereses. Aquí, ni se socializan las pérdidas bancos, ni se compran activos tóxicos. Y eso para porque, de esa manera se hace posible que abren el crédito y la economía real no se resienta más.
Aquello que cuesta más de entender es que todo eso sea criticado y descalificado haciendo demagogia barata, como cuando se dice que "es un plan por salvar a los banqueros y que olvida a las empresas y las personas". Parece increíble que la derecha de este país, el PP, se dedique a propagar desazón, alarmas y dudas sobre nuestra economía por intereses electorales sabiendo que con eso contribuyen a la propagación de la desconfianza. Y finalmente, resulta inaceptable que, además, todo eso lo hagan sin dar ni una sola alternativa.

Churras y merinas

No es bueno confundir churras con merinas. Y en política mucho menos.
Por eso resulta tan incomprensible que alguien pueda mezclar y confrontar, como hace Mariano Rajoy, a los perceptores por desempleo y a los que van a Francia a vendimiar.
Unos, los primeros, son 180.000 personas no nacidas en España que han cotizado a la Seguridad Social, porque tienen (todavía lo tienen) un permiso de residencia y un contrato de trabajo, ambos perfectamente en regla, y como ahora han perdido el trabajo, por causas ajenas a su voluntad, tienen derecho a recibir la prestación por desempleo.
Los otros son 20.000 personas andaluzas que en su mayoría y como años anteriores, incluso éstos de bonanza económica global, salen a vendimiar a Francia. Entre otras razones porque les sale más a cuenta la relación entre el trabajo y el salario que reciben allí en este periodo, que si lo hicieran aquí.
La situación de unos y de otros no tiene nada a ver. Tampoco tiene nada que ver con tiempos anteriores cuando los españoles tenían que emigrar al extranjero porque no tenían posibilidades de tener trabajo aquí. ¡Eso si qué se mezclar churras con merinas !.
¿De verdad no se da cuenta de lo que está haciendo y diciendo? Al confrontar ambas situaciones, que no están relacionadas, favorece el discurso xenófobo de los que sostienen que los inmigrantes le sacan el trabajo en los autóctonos. Por eso ahora intenta retirarse de la parte más "aparatosa", pero manteniendo aquello que es fundamental
¿Está proponiendo el Sr. Rajoy que sean los extranjeros desempleados perceptores de las prestaciones del desempleo los que se vayan a hacer la vendimia a Francia? ¿Reducir la movilidad laboral dentro de la Unión Europea? ¿Desprestigiar a los agricultores españoles porque ofrecen condiciones salariales menos atractivas que la de los viticultores franceses?.
No, nada de todo eso, lo que hace liarlo todo, para dar algún apoyo a la suya tesis fundamental.
El PP necesita hacer creer que la situación actual es como las crisis anteriores que hemos vivido, para crear miedo, y así poder legitimar todo aquello que propone y no que es más que un ajuste duro que recaiga en los sector sociales más débiles.
¡Da igual! si aquéllas crisis fueron fruto del aislacionismo en lo que nos situó el franquismo, o de un modelo industrial caduco, o de las tormentas monetarias. Nada de todo eso interesa.
Sólo una idea sobresale de este mensaje, hacer creer a todo el mundo que la situación actual es similar a aquéllas que, incluso, obligaron a emigrar a tanta gente.
Si para conseguir eso, se tienen que confundir churras con merinas, da igual. Pues no, Sr. Rajoy!

El Manifiesto

EL MANIFIESTO, aquél que escribió Karl Marx, empezaba diciendo: "Un fantasma recurre Europa, el fantasma del comunismo...".

Ahora, otro fantasma recurre a España - por ser precisos, más de un "fantasma" -, el fantasma del manifiesto de los uniformistas, disfrazados de unitaristas, que se autonombran intelectuales.

La primera cuestión que hay que preguntar, y responder, es si este avivamiento del tema lingüístico tiene algo a ver con el hecho de que Mariano Rajoy se esté intentando sacar de encima a los medios de comunicación que, hasta ahora, le han marcado el discurso y la agenda.

La respuesta no puede ser más que: ¡¡Lo tiene todo a ver, es la razón!!.

No puede ser - y no es - casualidad que aparezca justo en el momento en que los sectores aznaristas del PP, con Maria San Gil en funciones de Juana de Arco, están cuestionando que se deje de criminalizar en los nacionalistas democráticos y, incluso, se ose hablar de centrar el discurso.

Con los Zapalana, Acebes, Aguirre, Mayor Oreja y compañía fuera del puente de mando, a Rajoy le están aplicando el método del "acoso y derribo" utilizado por Aznar, Pedro J. i Losantos, en otros tiempos, contra los socialistas.

A saber, cada lunes filtración, para tener "el patio" movido toda la semana, y despues "levantada" de un tema que lo obligue a no llevar a cabo su objetivo de abandonar la derecha extrema y lo haga mantenerse "impasible el ademan".

Que la realidad no se ajuste a su titular, nunca fue un problema, ni con la guerra de Irak, ni con el atentado del 11-M.Tampoco ahora lo será!.

Ésta es la segunda cuestión, ¿el manifiesto responde a un problema real? No, ni mucho menos.

El castellano no está perseguido en ninguna parte de España. El castellano no está en retroceso ni en el uso, ni en el conocimiento. Las otras lenguas son tan españolas como el castellano, así pues no puede haber primacía legal de una sobre las otras. El esgrimido derecho de los padres a escoger, se tiene que contraponer con los derechos de los niños y las niñas a recibir una educación que les dé el máximo de oportunidades en la sociedad en la que vivirán. Dominar las dos lenguas oficiales y utilizadas - éste se el objetivo del proceso educativo primario - le dará más oportunidades, no le reducirá.

El manifiesto es un intento más de utilizar, por intereses particulares, - y muy poco nobles y respetables- el tema lingüístico creando un problema donde no existe.

¿Y si eso se así, que hacemos aquí haciéndoles el juego? ¿Por qué nuestros nacionalistas caseros se apuntan a este bombardeo? ¿Por qué son masoquistas y les gusta sentirse agredidos y ofendidos? No, porque les va bien.

La retroalimentación entre nacionalistas (españoles y catalanes) siempre les ha producido réditos políticos a corto plazo, aunque sea al precio de crear problemas entre las personas y los pueblos, a largo plazo.

Así pues, ni caso, ni en unos ni en los otros. ¡¡¡Y que dejen de hacer al fantasma!!!

Un primer balance

Estas elecciones nos enseñan que:

El soberanismo retrocede. Aquí y en Euskadi. El PNB, EA y ERC las tres fuerzas que han defendido con más rotundidad una opción independentista, con referéndum incluido, han retrocedido. EA no ha obtenido ni representación. Si ERC analiza su resultado como una falta de dosis de su medicina que todo lo cura, la independencia, y la incrementa, acabará intoxicada.

El nacionalismo moderado se ha mantenido o ha subido, es el caso de CiU, BNG o Nafarroa Bai. No obstante, lo de CiU es algo especial. Su mensaje electoral, el verbalizado y personificado por Duran Lleida, ha sido moderado, desde la perspectiva nacionalista, pero la coalición la conducen los soberanistas como Felip Puig o Oriol Pujol. Tienen que aclarar que serán de mayores.

Al PP sus grandes batallas no le han funcionado. Con sus duras posiciones sobre el trasvase, la lucha antiterrorista y la reforma de los estatutos territorial, han conseguido que el socialismo suba en Aragón, Euskadi y Cataluña, de una manera tan potente que rebasa los réditos obtenidos en Valencia y Murcia.

Al PSOE el discurso de Bono tampoco le ha servido. En la meseta, lo único que ha cambiado es Madrid, que ha visto cómo crecía el PP. La distancia entre socialistas y populares se ha mantenido intacta en las dos Castillas, Extremadura, Galicia, Cantabria y La Rioja, ya que el diputado que se elige de menos a Castilla-León y que pierde el PP, es lo que se elige de más a Castilla-La Mancha y que lo gana el PP.

En conclusión, no es la hora de más dosis de crispación o nacionalismo, sino de propuestas en positivo, de "pegarse al terreno" y ofrecer propuestas a la sociedad para acompañarla en sus cambios y aspiraciones. Se continuarán equivocando, y continuarán perdiendo, aquéllos que no entiendan el mensaje de estas elecciones.

Perder a los puntos

Fue un debate agrio y duro, como la legislatura. Y como en ella, ninguno de los contendientes ha quedado noqueado. Se resolvió a los puntos. Lo ganó Zapatero y lo perdió, Rajoy.

Desarrollo y resultado del debate han sido congruentes. El debate versó más sobre lo que ha sucedido en estos cuatro años que sobre lo que se propone para los próximos. Y el resultado fue el mismo que señalan las encuestas. Los socialistas avanzamos a los populares, pero sin que la situación esté todavía resuelta, no nos podemos confiar.

Tan Zapatero como Rajoy buscaron, y consiguieron, conectar con sus electorados respectivos, ambos buscaban movilizarlos. Pero las formas de hacerlo fueron muy diferentes.

Evidentemente, ésta es una estrategia muy útil y necesaria para nosotros los socialistas, ya que buscamos movilizar a los votantes progresistas que, hasta ahora, parecen un poco menos motivados, pero sobre todo con un mayor riesgo de dispersarse entre diferentes expresiones políticas.

Ahora bien, tengo serias dudas que insistir tanto en lo que han estado haciendo y diciendo durante estos cuatro años, fuera lo más útil para los intereses del Partido Popular, porque sus seguidores están ya muy movilizados.

La estrategia desarrollada por Rajoy tenía un objetivo, "ganarse a los Federicos", como ha dicho Eduardo Sotillos, a los sectores más radicales de su electorado. Aquéllos que continuamente le piden que de "caña a los socialistas".

Pero esa estrategia también tiene un riesgo, que se ha materializado. Esa práctica tensa al electorado de Zapatero. Cosa que es lo que éste iba buscando y que parece estar consiguiendo. Y eso, sin tener que ofrecer una imagen radicalizada, sino todo el contrario, en contraposición con Rajoy.

La contundencia esgrimida sólo le habría servido si hubiera conseguido un KO. Como no ha sido así, lo que se ha producido es la activación de los adversarios. Es el riesgo de las apuestas muy altas, sino ganas, pierdes.

Al tiempo, con esta actitud tampoco se ve recompensado con la aproximación de las personas más moderadas, más bien al contrario. Y las necesita para subir electoralmente y compensar el déficit de capacidad de pactos postelectorales.

La próxima semana habrá otro debate. Podría ser diferente, más de contraposición de proyectos y propuestas que de confrontación de balances.

Para que sea así, será necesario que rectifiquen y se den cuenta que continuar con la estrategia de la crispación no les ha sido, ni les será útil. No parece, que pueda o que le dejen hacerlo. Por lo cual resulta más probable que asistamos a la repetición del intento de Rajoy para ganar para KO, y vuelva a perder a los puntos.