Renacionalizando

Parece existir una norma no escrita para recibir los cambios en el gobierno, con el cierre de empresas industriales.

La llegada al gobierno de Pascual Maragall fue recibida con los cierres de Samsung, Fisipe o plantas de Philips. Ahora a la llegada a la presidencia de Artur Mas, se anuncian los cierres de Yamaha i Piaggo Derbi.

Se equivocan quienes vean conspiraciones o maquinaciones políticas en estos inhóspitos recibimientos. Ningún empresario pospone una decisión tan importante, como es el cierre de una empresa, a la comprobación del veredicto electoral de la ciudadanía. Cuando la toma es por motivos económicos.

Todo y las similitudes, hay diferencias substanciales. Aquello eran deslocalizaciones, lo de hoy son renacionalizaciones.

En aquel momento el ciclo económico estaba en una fase ascendente, se creaba empleo, y las empresas buscaban invertir y producir en países con mano de obra más barata, y si era posible abrir nuevos mercados, y ahora con la bajada del ciclo económico, las empresas se repliegan, vuelven a casa. Y eso aunque los costes laborales sean más caros y la productividad de esas plantas no sea mayor que la de las catalanas.

El “efecto sede” tiene que ver, pero no es insalvable. Las actuaciones para intentar retener empresas como esas han de tener más a ver con la generación de entornos favorables para su mantenimiento (proveedores, servicios a las empresas, centros tecnológicos) que no con subastas, de subvenciones al alza y de salarios a la baja.

El juego de las diferencias

Todo el mundo conoce el juego de las diferencias. Consiste en encontrar los cambios existentes entre dos escenarios que, a primera vista, parecen iguales.

Propongo que lo juguemos y comparemos, ahora que se acaba, la segunda legislatura del Gobierno de izquierdas de Cataluña con la última de las seis legislaturas del gobierno bipartito de centro derecha catalán. Y que lo hagamos, por ejemplo, en relación a la política industrial.

Ya adelanto que hay diferencias muy importantes.

Una primera es que ahora hablamos de localizaciones y entonces se hablaba de deslocalizaciones.

Esto no es fruto ni de la casualidad, ni de un inexistente viento de popa que hincha las velas de la economía catalana, sino que es el colofón de una tarea consciente, constante y discreta, que permite encontrarnos en la recta final para que Chery (multinacional china del automóvil) ubique en Cataluña una fábrica que generaría empleo para casi 10.000 personas, entre directos e indirectos.

Se llevan más de dos años trabajando esta oportunidad. Pero trabajándola bien y duro, sin vender la piel del oso antes de cazarlo. No como antes, o ¿ya no recordamos como la incontinencia verbal de un consejero del Gobierno Pujol malogró la instalación en las comarcas gerundenses de uno de los fabricantes de moda españoles más importantes del mundo? Y todo por no saber aguantar la presión que se produce cuando la economía no genera suficientes puestos de trabajo e intentar quedar bien ante los suyos.

La diferencia es que ahora cuando incluso parece que ya está conseguido, el Presidente Montilla se resiste a “darlo por hecho”. Por prudencia y responsabilidad y para que no se nos quede la cara de tontos que nos dejó aquella triste experiencia. Ahora se priman más la eficiencia y los resultados que su venta y publicidad. ¡Otra diferencia más!

Que ahora no se hable tanto de deslocalizaciones no quiere decir que no haya. El hecho de que las empresas sin pérdidas opten vayan a otro lado para ganar más no es nuevo. Este es un fenómeno económico que en el Mediterráneo está documento como mínimo desde los fenicios. La diferencia radica en cómo se trata.

Desde el primer momento, el Govern de Catalunya dirigido por las izquierdas exigió que cualquier proceso de deslocalización estuviera acompañado de un plan social que atendiera a la transformación de su actividad hacia otras más sostenibles, el mantenimiento del máximo grado de empleo posible, a la mejora de la capacidad para ocuparse de aquellas personas que finalmente perdieran el trabajo y su acompañamiento en el tránsito. Se trataba de conseguir que la empresa retornara a sus trabajadores, a la sociedad y al territorio una parte de que se lo había dado con anterioridad.

Hoy que también hemos conocido que Sony puede dejar la planta de Viladecavalls sabemos que la administración catalana ha estado trabajando para que, junto con la multinacional japonesa, un consorcio de dos importantes empresas catalanas hagan esa transición hacia otra actividad productiva que mantendrá empleada a gran parte de la plantilla actual.

Nada que ver, con aquella actitud que no solamente ofrecía de forma incondicionada una alfombra roja (terrenos, subvenciones, ajustes) para que las empresas vinieran sino que consideraba negativo intentar condicionar su salida, bajo el pretendido axioma de que si se hacía esto se asustarían a las que en el futuro quisieran venir.

Es más, no sólo no se intentaba sino que, desde la administración catalana, se avala, se ayudaba i se asesoraba para hacerlo, e incluso a veces, se sugería con quien hacerlo. ¿Quién no recuerda el cierre del centro de Lear en Cervera, con miembros de la familia Pujol en todos los ámbitos?

Otro cambio ha sido la política de apoyo en la industria. De unas ayudas discrecionales y opacas, distribuidas graciablemente a proyectos que en nada modificaban los parámetros básicos de la industria manufacturera catalana, se ha pasado a unos ajustes más sustanciales, con convocatorias públicas abiertas, procesos competitivos y resultados publicados en el DOGC, para ayudar a las empresas a añadir valor a sus productos y sus procesos.

La mejora conseguida - espoleada con estas políticas industriales - ha ayudado a que muchas empresas hayan hecho los deberes antes de la crisis, y que ahora la estén sobrepasando, no sin duros esfuerzos. Esto explica el porqué el saldo final del más que duro 2009 demuestre que la industria catalana es hoy más exportadora y ha ganado en productividad.

Si practicamos el juego de las diferencias, comprobaremos que los cambios que se han producido son reales, amplios y efectivos, que se están producido en la actualidad y que merece la pena evitar que se pierdan, volviendo al pasado como nos proponen.

Ese sí sería un cambio para perder, no para ganar.

Debatir el futuro económico

Un debate abrió otro debate.

El cambio de modelo económico fue el nuevo debate que el Presidente del gobierno abrió, la semana pasada, a cuenta del debate sobre el estado (económico) de la nación.

Fijar un objetivo a largo plazo, puede ser una acción de liderazgo o una estrategia de despiste, depende.

Se lidera si se es capaz de definir objetivos claros y asumibles a medio plazo y largo plazo, los cuales den sentido a los esfuerzos y sacrificios que deban realizarse en el corto plazo. Y ello no sólo porque se asuman resignadamente, en base a la aplicación de la teoría del mal, sino porque ese escenario que se dibuja tenga capaz de entusiasmar.

La historia está llena ejemplos donde los lideres han llamado a “volver a luchar, volver a sufrir, para volver a ganar” o como hizo Winston Churchil con su: “para ganar la guerra solo puedo prometerles sangre, sudor y lágrimas”.

Por el contrario, se crea frustración, despiste o ensoñación colectiva si la gente percibe que no hay un equilibrio razonable entre esfuerzo y expectativas o que los objetivos son un escenario tan idílico que resulta poco creíble. Hace tiempo que se sabe que “nadie da duros a cuatro pesetas” o que ese futuro, no es el futuro, si sólo se puede alcanzar mediante esfuerzos sobrehumanos o actitudes heroicas que solo unos pocos puedan - y estén dispuestos - a realizar.

Ya casi nadie discute que España y Catalunya, para salir de la crisis y reabrir una senda de crecimiento económico sano y duradero, deben transitar hacia una economía cada vez más abierta al mundo que base su potencia y competitividad en la mejora de productos y procesos, a base de incorporarles valor – que no precio –y calidad.

Entonces, ¿cuál es el debate? Pues, el patrón de crecimiento, es decir, el de siempre, el cómo conseguirlo. No se cuestiona dónde vamos, pero sí el cómo.

Para alcanzar, lo más rápidamente posible, el modelo económico y productivo al que aspiramos, desde ya, hemos de alinear nuestro patrón de crecimiento para que nos acerque a él, no para que nos aleje. Hemos de crecer basándonos en lo que tenemos para llegar hasta donde queremos. No podemos ni debemos dar saltos en el vacío.

Aunque, eso sí, no se trata de repetir lo que se hecho hasta ahora y mucho menos como se ha hecho, lo que hoy tenemos también debe de cambiar. Puede ser la base, pero no se será el futuro si no se dirige hacia ese modelo económico que esperamos alcanzar e incorpora sus valores.

Un ejemplo para que se entienda: la construcción.

Hay un acuerdo generalizado en que el exceso de construcción de viviendas fomentado para la especulación, es de los detonantes del problema económico, porque nos ha desviado del proceso de renovación y modernización que debíamos seguir, ha endeudado a empresas y familias y ha inmovilizado mucho capital.

Pero eso no significa que la construcción residencial sea intrínsecamente mala y en consecuencia se deba abandonar. Lo que hay que evitar es el exceso de producción, ese que no tiene como objetivo satisfacer el derecho al acceso a la vivienda.

En España se calcula que la demanda que corresponde a necesidades reales - no las especulativas - se sitúa alrededor de las 400.000 viviendas/año, los últimos años se llegaron a producir entre 800.000 y 900.000 unidades.

En consecuencia, volverá la construcción de viviendas, pero no será el motor de la recuperación, en todo caso uno de los motores, pero no EL motor. Y eso será bueno porque la mitad de los empleos perdidos en España en el último año lo han sido en la construcción.

Eso ocurrirá una vez el ajuste de unos precios desorbitados y la circulación del crédito permita que las viviendas ubicadas en entornos urbanos sean ocupadas.

Tendremos de nuevo, construcción pero será diferente. Primero, el sector tendrá menos peso en nuestra economía, la producción estará orientada a las necesidades reales y la forma de construir cambiará.

Nuestra construcción es demasiado artesanal y por ende más cara de lo que debería. No será totalmente nueva pero será diferente. Habrá que “industrializar” la construcción de la vivienda haciendo posible una reducción de costes sin reducir la calidad, ni las prestaciones sociales ni el cuidado medio ambiental. Habrá que formar a la gente de la construcción para trabajar en ese “renovado sector maduro”.

Será algo parecido a lo que hicimos con el automóvil o con la electrónica de consumo, hace años, que ha permitido obtener productos mejores, con más prestaciones y sin que eso deba suponer más precio.

Digámoslo claro, la solución hoy no es la política económica, fiscal y laboral de los 80, cuando se busca que el motor del empleo fueran: la construcción y la actividad manufacturera de bajo valor y costes.

Hoy el objetivo es un nuevo modelo económico de más valor añadido, que alcanzaremos con un patrón de crecimiento acorde a él, no al del pasado que pretendemos dejar.

Quien no esté acuerdo que explique hacia pretende llevarnos, cómo y que nos costará.

Basarse en lo conocido

Los consejos más útiles acostumbran a ser los más simples.

Uno de los expertos que asesoran al Govern Montilla sobre el recorrido que debe seguir la economía catalana recomendó: “basarse en lo conocido y avanzar decididamente en nuevos sectores económicos”.

No en todos a la vez y menos al mismo tiempo. Se debe priorizar – léase invertir de forma potente - en aquellos en los que razonablemente podamos despuntar para alcanzar la masa crítica y la excelencia necesaria. También en ese segmento volverá a ser imprescindible basarse en lo conocido, aprovechando lo que tenemos y conocemos y no dar saltos en el vacío.

Ese es un buen consejo. Racional y simple, además de claro y aplicable.

Existe una unanimidad, casi empalagosa, en que debemos cambiar nuestro modelo productivo. “Se ha invertido mucho en el ladrillo y poco en cerebros” o “Menos ladrillos y más ordenadores” son buenos resúmenes de los problemas del modelo seguido en los últimos años y de la orientación del que debemos seguir en el futuro.

Dicho eso, el problema aparece cuando hay que concretar.

En ese sentido, hay que evitar que la apelación a la I+D+i se haga de forma inconcreta y generalista, porque corremos el riesgo de mellar uno de los instrumentos más potentes que tenemos. Hay que rehuir presentarla como el bálsamo, casi milagroso, que como en el anunció de una aseguradora lo arregla “todo, todo y todo”. Esa imagen hace que las personas en paro, las ocupadas y las empresas, desconfíen de ella, pues no la perciban como aplicable sobre lo conocen.

Un objetivo que no se entiende, se transforma en inalcanzable. Nadie se compromete y se esfuerza por alcanzar aquello que no entiende, o no ve útil. Ello obliga a dos ejercicios, uno de concreción y otro de explicación. Por y para eso, es muy útil basarse en lo conocido.

Salir de la crisis y recuperar la senda de crecimiento no supone que todo lo que se haga deba ser nuevo, aunque, eso sí, deberá ser diferente.

Es cierto que nuestra economía debe basarse en la producción de bienes y servicios, en lugar de la especulación financiera, que con salarios bajos y condiciones precarias no avanzaremos, que ha de mejorar lo qué hacemos, y cómo lo hacemos y también la formación y capacitación de las personas que lo hacen y harán.

Por ello, es un buen consejo que se recomiende no despreciar la potencia económica y ocupacional de sectores maduros, como por ejemplo el turismo o el automóvil, y que se luche porque no devengan obsoletos. A eso habrá que añadir lo nuevo, en la industria y en los servicios, para compensar lo que, desgraciadamente, no tendrá futuro porque su modernización es insuficiente para que recuperen la competitividad internacional que necesitan.

Ese es un mensaje positivo. Hace más entendible el horizonte y asumibles los esfuerzos que empresarios y trabajadores harán para cambiar, para mejorar, para formarse, porque lo harán sobre lo que conocen.

Basarse en lo conocido, no es apalancarse en el pasado, sino la palanca para alcanzar el futuro.

Por segunda vez

Las personas somos los únicos animales que tropezamos dos veces en la misma piedra, asevera un muy conocido dicho popular.

Quizás la cita no sea científicamente acertada, ya que la humanidad ha progresado aprendiendo de los errores, más que de los aciertos. No obstante, eso ha sido así, siempre y cuando, se hayan extraído las consecuencias de los errores y no se hayan empeñado en repetirlos.Así pues, el dicho popular cabe imputarlo al hecho de perseverar en el error, por incapacidad de haber aprendido del primer traspié.

Eso es lo que ha sucedido en Cervera (lleida), con la empresa italiana ACC Spain, antes Cubigel.

El año 2002, Lear Corporation SA decidió cerrar la planta que tenía allí con cerca de 1300 personas empleadas, alegando falta de rentabilidad, que no pérdidas. Entonces, se suscitó un intenso debate sobre la deslocalización de actividades de bajo valor añadido y la reindustrialización de las zonas que afectaban.

Por urgencia, necesidad y conveniencia política (relaciones entre asesores de la empresa y altos dirigentes de la Generalitat de CiU y la proximidad de las elecciones del 2003), se cerró el tema con ingentes de ayudas públicas y reindustrializando con el mismo modelo que estaba fracasando.

En el 2003, después de hacer comprar, al INCASOL, las naves que Lear tenia en Cervera y esos recursos sirvieran para financiar las indemnizaciones laborales, desde el Gobierno de Cataluña se hizo que, de nuevo, este organismo público las adecuara (otro vez con cargo al erario público) y las ofrecio a Cubigel, para que se instalara y intentando así poder presentar un supuesto éxito político.

Al cabo de cinco años, este proyecto ha hecho aguas. Se han perdido "bueyes y esquilas", es decir, el dinero público y los puestos de trabajo. Y eso a pesar de los intentos que desde los posteriores gobiernos de izquierdas catalanes se han desarrollado, todos éste años, para intentar enderezar un proyecto mal concebido.

Apostar por un modelo productivo de bienes y servicios con más valor añadido, es menos rápido y se tiene que reconocer que tiene sus riesgos, pero sobre todo lo que tiene son posibilitados de éxito. Al contrario, replicando el modelo industrial caduco, que busca competir exclusivamente con los costes laborales directos, se pierde seguro.

Si hemos tropezado dos veces, que no haya una tercera, démosle a la gente de Cervera oportunidades reales.

Y aprendemos de los errores, para no repetirlos.

Una mala señal

La propuesta de directiva sobre las 60 horas es una mala señal.

Se mire como se mire, tanta desde el punto de vista económico, político como a social, es una mala señal.

Una mala señal económica, porque hace creer que Europa puede competer, en este mundo globalizado, adoptando las condiciones laborales de los países emergentes. ¡Éste es el camino directo de la derrota!

Nunca podremos rebajarlas tanto como ellos, y si lo hiciéramos, surgirían otros con peores condiciones. La estrategia europea inteligente, para competir en la sociedad del conocimiento, es y será la de producir de bienes y servicios de mayor valor añadido.

Una mala señal política, porque presupone construir Europa rebajando los derechos, hasta el nivel de lo que tiene menos, en lugar de propiciar la cohesión entre todos, como hasta ahora, mediante la promoción de los que estaban en peor situación hasta que lleguen a la situación de los más elevados.

Y una mala señal social, porque retrotrae derechos alcanzados colectivamente, permite la superación de la jornada máxima de 48 horas, establecidas en 1917 porpara l'OIT y adoptada por Europa, es contradictorio con la política de investigación, desarrollo e innovación, la búsqueda de la conciliación entre la vida laboral y personal y con la jurisprudencia de los tribunales europeos e incorpora la individualización de las relaciones laborales.

Aunque la directiva se apruebe en el Parlamento Europeo no se aplicará a España. Las 40 horas semanales, o su equivalencia anual, continuarán vigentes, también la no disponibilidad de este derecho de forma individual, así cómo, su reducción y regulación por y en los convenios.

Pero, a pesar de eso, es una mala señal.

Y las señales son importantes. Los mensajes y las señales que son lanzadas por una autoridad condicionan tantas decisiones individuales que se transforman en hechos colectivos, y por eso no tendría que prosperar.

Proyecto de ley de seguridad industrial (debate de totalidad)

Intervención al Pleno del 20/02/2008.
Sr. Josep Maria Rañé i Blasco


Gracias, señor presidente. Señor consejero, señor secretario de Industria, señor subdirector general de Seguridad Industrial -señor Roig -, señoras y señores diputados.

Dos pequeñas precisiones sólo antes de empezar, porque no quiero entrar en esta polémica.
Si lo hacemos en términos de votos, no siempre han sido la primera fuerza -si lo hacemos en términos de votos, no siempre-, y la segunda, sepan que esta ley, la del anterior Gobierno y éste, la hemos explicado, justificado y avalado sin establecer ninguna relación con la gestión anterior. Por lo tanto, "excusatio non petita, accusatio manifesta". (Voces de fondo.) De acuerdo. Entramos en este tema.
Finalmente, otra vez llega la tramitación de la Ley de seguridad industrial. Ésta es una ley con una apariencia áspera y pesada; mucha gente dice que es muy técnica, y es cierto. Sin embargo, a pesar de estas características, eso no impide, sino más bien todo el contrario, que sea una ley altamente importante para las personas, de las cuales muchas veces, en estos debates, nos olvidamos; ponemos más por delante los concesionarios, los operadores, que el objeto de esta ley, que es la seguridad de las personas y las instalaciones.
Del correcto funcionamiento del modelo de gestión de la seguridad industrial que establezcamos depende que sean seguras actividades a las que ahora no les prestamos atención, porque se han transformado en habituales. Y es bueno que sea así; es bueno que no tengamos que vivir obsesionados por la seguridad, sino que nos sintamos y nos sepamos seguros. Razonablemente seguros, evidentemente, ya que todos coincidiremos en que la seguridad total es un objetivo a alcanzar, pero que no existe. Necesitamos poder vivir sin tener la duda que cualquiera de las cosas que suceden o que se mueven a nuestro alrededor, son un peligro grave para nuestra vida, para nuestra seguridad. Necesitamos que haya una serie de normas que prevengan y mitiguen los riesgos que nos rodean; normas y códigos de seguridad que muchos de ellos tienen, cómo ya ha dicho el consejero, una dimensión internacional, que acumulan y sintetizan el conocimiento sobre la prevención, que desdichadamente ha sido, en muchos casos, el resultado de la observación de los problemas que se habían sucedido cuando no se habían tomado previamente.
Por ejemplo, y lo ha dicho también el consejero, las normas Seveso I y II, sobre seguridad de las instalaciones químicas, están bautizadas con el nombre de la ciudad italiana que el año 76 sufrió un escape en la planta de Roche, el cual afectó a 35.000 personas residentes en Seveso, Meda, Cesano Maderno y Desio, produjo 447 casos de quemaduras químicas agudas, 193 casos de cloracné, y contaminó con dioxinas 1.810 hectáreas de terreno. No es de extrañar, y lo entenderán perfectamente, que esta ley también vele por la coexistencia de los diversos usos del territorio, no sea que esta coexistencia, si no la regulamos, si no la establecemos, si no ponemos normas y condiciones, se constituya en un problema potencialmente peligroso para la salud. Son estos aspectos de la seguridad industrial que conviene tener presentes y que tiene presentes esta ley.
Pero no sólo conviene tener presentes las actividades que no se desarrollan en el interior de las empresas o sus productos, sino también algunas otras actividades que se producen en el sector servicios -valga por ejemplo el uso de materiales radiactivos con finalidades curativas, relacionadas con la salud-, o, evidentemente, actividades que también hacemos los particulares.
Así, pues, ésta no es una ley industrial ni industrialista; es una ley con una fuerte incidencia sobre la vida normal de las personas: actividades habituales y normales, como por ejemplo subir un ascensor, hacer funcionar estufas o cocinas de gas, calderas o calefactores, disfrutar de una calefacción y refrigeración, de instalaciones, circular en automóvil, conectar y utilizar aparatos eléctricos- Para que todas ellas sean seguras, necesitan la existencia de normas específicas y de su cumplido.

No hay peligro de sobrelegislación; tenemos que velar por la seguridad, y eso requiere normas y el cumplimiento de las normas, y esta ley lo que pretende es cuadrar ese círculo.
Necesitamos normas, sí, aunque - cómo no puede ser de otra manera - la gran mayoría no serán dictadas desde Cataluña, aunque habrá algunas otras que si elaboraremos aquí que también tendrán un peso importante; valga por ejemplo el reglamento técnico de gestión de la baja tensión. Y eso es bueno, que no todas estén aquí, hechas desde aquí. Si las pudiéramos modificar, si tuviéramos esta competencia, si todas lo fueran, se podrían producir dos fenómenos negativos: uno, rebajar en exceso las exigencias de seguridad, practicando un dumping que favorecería el incremento de beneficios empresariales y que lo pagaríamos con accidentes, o, por contra, añadiríamos condiciones adicionales que disminuirían la competitividad de nuestras empresas. Por lo tanto, el equilibrio de estas normativas es evidente.
Esta ley, pues, también lo que plantea es saber que la seguridad en Cataluña se construirá y habrá un sistema público que hará que las empresas y particulares cumplan las normas. Eso es lo que define esta ley, la forma como organizamos la seguridad industrial para hacer del nuestro un país más seguro. Con esta ley se hace un paso adelante en la superación de la provisionalidad y del duopolio existente en nuestro sistema de control de la seguridad. Duopolio al que se ha llegado, en Cataluña, cuando después de externalitzar la inspección -no nos olvidemos, las concesiones no era un régimen de funcionamiento, era un proceso de externalització de la inspección del poder público, de privatizar esta situación-, después de externalitzar la función inspectora en materia de seguridad industrial y de la inspección técnica de vehículos, no se modificó la situación cuando se liberalizó el mercado de la seguridad. Provisionalidad porque se prorrogaron las concesiones sin modificar el sistema de seguridad industrial más allá de la duración de éstas.
Ésta es una ley que transita de un modelo intervencionista de la concesión administrativa al de la regulación condicionada, que ofrece un incremento de la competencia entre operadores y un refuerzo del papel de la autoridad del Gobierno en la seguridad industrial; una ley que aprovecha y respeta aquello que el sector privado ha generado y que ha demostrado una calidad, pero que al mismo tiempo vela para que el incremento de la competencia no estropee la calidad. Es cierto, que eran posibles otros modelos, sí. Con las competencias que tenemos, con la sentencia del Tribunal Constitucional, podíamos hacer otros modelos, pero hemos escogido este porqué consideramos que es el más adecuado. Podíamos volver otra vez a un régimen de concesión, podíamos hacerlo, pero evidentemente ese sistema tenía los problemas que hemos planteado. También podíamos también ir a un modelo liberal, de autorización y un laxo control.
Hemos optado, con esta ley, por un sistema diferente, una autorización acondicionada y un control por parte de los poderes públicos sobre la calidad de los operadores en el mercado de la seguridad; un mercado en el cual tienen que intervenir los poderes públicos por dos razones fundamentales: primero, porque se trata de preservar un valor, la seguridad, la seguridad de las personas que se lo exigen a los poderes públicos, y también por la misma imperfección del mercado de la seguridad. La actividad económica en torno a la seguridad sale de una imposición, de unas normas para garantizarla; no es fruto de la satisfacción de una demanda, de una necesidad por parte del usuario y el consumidor. Estos dos elementos justifican que haya un control adicional de estos elementos.
De la primera razón, de la misma seguridad, se deriva la necesidad de reforzar y modernizar el papel de la Generalitat de Catalunya. Aquí radica la razón de ser de la Agencia Catalana de Seguridad Industrial, la cual retoma, recupera, para la Administración las funciones que se fueron externalitzadas cuando se hicieron las concesiones, pero que ni se recuperaron, ni se reorganizaron en el momento, en que la evolución legislativa liberalizó la situaciónb. No se privatiza, pues, la gestión, sino que lo que hacemos es recuperar aspectos que se privatizaron, y, en este tema, trabajar con más eficiencia.
La defensa de un papel activo, que no exclusivo, del Gobierno se basa en la experiencia vivida en otros ámbitos de la seguridad, donde la liberalización, sin control del mercado de seguridad, ha comportado un descenso importante de la misma seguridad, y, si no, vean la experiencia en el tema de la salud y la siniestralidad laboral.
De la segunda razón, la imperfección del mercado de la seguridad, se deriva una fórmula de autorización acondicionada: al no ser un producto o un servicio deseado, sino impuesto, las reglas del mercado garantizan esta competencia. Muchos clientes buscan proveedor que les ofrezcan, en un sistema normal, la satisfacción de sus necesidades, aquí no; aquí se busca el precio más barato, y eso va en contra de la calidad. Por lo tanto, la participación del Gobierno es altamente necesaria.
Con estas circunstancias entenderán que nosotros defendemos con claridad y con firmeza este nuevo modelo de seguridad industrial, que tiene como objetivo ordenar la seguridad a favor de los ciudadanos de este país y hacer de Cataluña un país mucho más seguro.

Muchas gracias.