¿Méritos o cuna?

El impuesto de sucesiones no se ha eliminado totalmente, como pretendían PP i CiU. No obstante, la reforma aprobada por la mayoría del Parlament de Catalunya (PSC, ERC i ICV-EUiA), exime de satisfacerlo en el 94% de las veces.

A pesar de ello, quienes defendían su desaparición, como siempre ocurre, se han apresurado a anunciar que si por un casual llegaran a tener una mayoría suficiente lo suprimirían. Cuando CiU gobernaban con el respaldo del PP y Artur Mas era el Conseller d’Economia y líder impectore del Govern, no lo hizo. No sólo lo mantuvo, sino que lo defendió.

Hoy dicen lo contrario, eso sólo puede deberse a dos razones: que quieran beneficiar a los herederos de ese 6% de casos o que crean que no se debe pagar nada por las herencias.

En el primer supuesto nos encontraríamos ante una defensa interesada y corporativa.

Interesada por parte de aquellos que, hoy en la oposición, optan por llegar a gobernar intentando conseguir el favor electoral de ese porcentaje de personas, basándose en hacerles creer que la defensa de sus intereses, es lo que más les interesa.

Y corporativa, porque en algunos casos la medida no se defiende pensando en el bien común, sino con la calculadora en la mano para saber en cuanto se beneficiaran los suyos.

En el segundo supuesto, la posición tiene que ver con el modelo de sociedad que pretende defenderse: Una, donde la posición social se tiene y obtiene por razón de cuna u otra, donde la capacidad y el esfuerzo personal y los méritos que se consiguen con él son los que la determinan.

Si se opta por una sociedad aristocrática tiene lógica que algunos de quienes detentan fortuna y poder pretendan auto excluirse de la obligación de ese impuesto, que financia el estado del Bienestar, evidentemente no en exclusiva pero si junto a las otra figuras impositivas. Deben pensar que si la posición social la da la cuna, ¿Por qué deben financiar los mecanismos generadores de igualdad de oportunidades que ayudan a quienes se esfuerzan?

Pues, entre otras cosas, porque si se aplicara su lógica, sus herederos lo serian de una sociedad anquilosada y condenada a la decadencia, como ha sucedido históricamente a ese tipo de sociedades.

Y como tuvieron que recordarle las grandes fortunas americanas (Bill Gates de Microsoft incluido) al Presidente Bush al hacerle saber que a ellos no les hacia ningún favor suprimiendo ese impuesto. Pues ellos, de forma inteligente y no mezquina, preferían contribuir a vivir una sociedad un poco más justa, más segura y más equilibrada, donde las persones se las midiera por su capacidad y su esfuerzo y no por el estatus de su familia – aunque sus herederos recibieran menos – que tener que convivir con la inseguridad que acompaña a los desequilibrios sociales, la injusticia y la insolidaridad.

Port otro lado, esa concepción aristocrática de la sociedad comporta una gran ineficiencia económica y social al despilfarrarar el talento y la capacidad de las personas por el simple hecho de no haber nacido en el seno de una familia acaudalada.

Al final, en el tema del impuesto sobre sucesiones la cuestión es: méritos o cuna.

Ícaro

Como Ícaro, Artur Mas, se ha acercado tanto al “sol independentista” que corre el riego de precipitarse al vacío desde su atalaya.

La obsesiva idea de competir en independentismo con ERC, que le impone “el pinyol de CDC”, le ha radicalizado. De ERC ya se sabía que era, y sigue siendo, independentista, de CiU no.

Está abandonando la prudencia y la ambigüedad calculada que practicaba el President Pujol. Se manifestó favorable no sólo a la autoconsulta entre independentistas del pasado domingo, sino a la independencia de Catalunya. Y se equivocó, porque ni todos los suyos le han seguido en esa aventura.

Después de incrementar el censo de esas 166 poblaciones con jóvenes de 16 a 18 años y persones que han inmigrado, votaron casi 50.000 personas menos que aquellas que dieron su confianza a las fuerzas políticas nacionalistas catalanas en las elecciones autonómicas. Eso supone perder más del 20% de su electorado.

Una experiencia como esta que divide a la ciudadanía de Catalunya, también ha acabado dividiéndoles, si no que se lo pregunte a Unió, que se ha desmarcado antes, durante y después del domingo de esa iniciativa.

Por si fuera poco, algunos de los convocantes de la autoconsulta le han puesto en un brete, con una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para realizar un referéndum vinculante antes de las elecciones autonómicas del próximo otoño.

Si en el trámite parlamentario CiU uniera sus votos a ERC, esa ILP saldría adelante, pues entre los dos tienen mayoría absoluta en el Parlament, pero con ello certificaría su renuncia a ocupar la centralidad política, ya que reconocería que un futuro gobierno de CiU en Catalunya sería un gobierno independentista.

Con ese mensaje, podría arañar algunos votos a ERC, le segaría el paso a las CUP y al Reagrupament de Carretero, pero indefectiblemente le llevaría a perder más votos de catalanistas no independentistas. Por eso, ahora, necesita se distanciarse de ese “sol” que amenaza con derretirle la cera de sus alas. Lo hará alegando inoportunidad política, o esperando que los letrados del Parlament le hagan el trabajo declarando no ajustada a la Ley la ILP prevista.

Para colmo, con todas estas “alegrías” políticas está consiguiendo dejar al President Montilla i al PSC casi la exclusiva de la defensa del Estatut, el máximo nivel de autogobierno real y efectivo nunca conseguido y la centralidad política, porque evidentemente ni el PP ni Ciutadans lo defienden.

Por otro lado, la acción de gobierno avanza resolviendo problemas y déficits históricos como se puso en evidencia ese mismo domingo. Mientras unos construyen infraestructuras (L-9 del metro) que unen a ciudadanos, resuelven sus necesidades y otros ponen en peligro los puentes que nos unen a otros ciudadanos de España y crean problemas.

Sería mejor para todos que abandonara esas alas de Ícaro y sumara sus fuerzas a las del Gobierno para defender el Estatut, que también ayudó a alumbrar.

Perder la razón

Los excesos pueden hacer que se pierda la razón.

A algunos “internautas” les está sucediendo, tenían razón pero la están perdiendo.

Tenían la razón cuando, a través de las redes sociales, se opusieron al hecho que una página Web se pudiera cerrar mediante una resolución administrativa del Gobierno, si como interpretaban era lo que se desprendía del proyecto de ley sobre la economía sostenible. La misma donde, por cierto, se declara como un derecho universal y exigible la posibilidad de acceder a una red de banda ancha que como mínimo tenga una velocidad de 1 Mbit por segundo.

Tenían razón si para ello invocan el derecho a la tutela judicial efectiva, y que en consecuencia, sólo los jueces pueden apreciar si se está transgrediendo la legislación, o no. Ya que en nuestro estado de derecho sólo ellos pueden imponer limitaciones a los derechos constitucionales. Por eso el Presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero afirmó que no cerrarían ninguna página Web. Es decir, que el Gobierno no cerrará ninguna, otra cosa serán los jueces.

Pero algunos “internautas” la pierden cuando, a reglón seguido, defienden la impunidad para todo lo que se haga en la red. En Internet, lo ilícito también es ilegal. En el espacio cibernético tampoco es asumible ni se puede ir contra el derecho a la propiedad intelectual o el honor y el buen nombre de otras personas, ni comercializar o difundir pornografía infantil, ni estafar ni realizar cualquier otra actuación ilícita.

Es cierto que quienes delinquen son las personas, no las redes, pero transgredir la legalidad conlleva consecuencias, sea en el medio o con el medio que sea. Tanto es que se haga mediante medios cibernéticos, audiovisuales, telefónicos, escritos o presenciales, en cualquiera de las esferas en las que se desarrolle la acción ilegal, debe haber una respuesta proporcional y ajusta a derecho de la sociedad para evitarla. Y en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación una de ellas puede ser el cierre de las páginas.

La colisión entre derechos, requiere de una regulación, de una inspección que supervise (ejercida por la Administración) y de una tutela judicial que verifique si se atiene a la legalidad o, en su caso, imponga las sanciones.

También pierden la razón aquellos “internautas”, a los que el PP ha decido apoyar: “siempre que hagan oposición al Gobierno” (tenor literal de su comunicado), que exigen la dimisión de la Ministra de Cultura, o incluso la amenazan con llevarla ante los tribunales, acusándola de cometer una ilegalidad.

Eso es un exceso que les hace perder la razón.

Una propuesta puede ser correcta o incorrecta, se puede estar de acuerdo, o no, pero una propuesta no puede ser ilegal.

Ese debate ya se tuvo y lo sentenció el Constitucional con la “propuesta Ibarretxe”. Fundamentalmente porque un proyecto de ley no es ley hasta que no la aprueban las Cortes Generales, es decir hasta que no ha sido debatido, enmendado y aprobado por la mayoría de los miembros del Congreso y el Senado.

Si finalmente la ley aprobada resultara que va contra los derechos que la Constitución establece será el Tribunal Constitucional quien lo decidirá. Esa, y no otra, es la forma como nos hemos dotado para reconocer y regular nuestros derechos, ya sean en el espacio real o el cibernético.

Cambiar el modelo productivo

¿Cambiar el modelo productivo con una ley es una utopía?, no y sí.

No, si no se espera que la ley nos haga todo el trabajo. De una ley sólo cabe esperar que apunte y apúntale las medidas para alcanzar un objetivo tan posible y necesario como difícil y lejano, ir más allá es irreal. Además hay que implementarla con dialogo y actuaciones.

Y sí, seria utópico creer que esa ley lo resolverá todo. No hay ninguna ley que sea un ungüento maravilloso y milagroso que lo arregla todo por ensalmo.

La producción de cosas y de servicios baratos no puede ser la forma como Catalunya y España se sitúen hoy en Europa y el mundo, económicamente hablando. Eso lo podíamos hacer – y lo hicimos con éxito - hace unos años. Entonces en Europa éramos 15 y nosotros competíamos con salarios y protección social inferiores. Hoy la UE la forman 27 países y algunos de los últimos en entrar ofrecen, ahora, lo que nosotros ofrecíamos hace 25 años: mano de obra formada y barata. Además, la globalización económica ha hecho los mercados más grandes y el mundo más pequeño.

Ese estado de cosas, además de la crisis económica, es lo que hace ineludible que tengamos que cambiar. Y no podemos hacerlo volviendo hacia atrás.

La opción es remover los cimientos de nuestra economía, avanzando hacia una economía que incorpore mucho más valor a lo que hacemos (productos y servicios), a como lo hacemos (los formas y los procesos) y con quien lo hacemos (las personas).

Necesitamos un nuevo modelo productivo que se base tanto en la profunda transformación de los sectores tradicionales para que no caigan en la obsolescencia y se adapten a una economía basada en la reducción de las emisiones de carbono y la incorporación de altas tasas de conocimiento, como en la potenciación de los nuevos sectores productivos relacionados con las energías renovables, las tecnológicas de la comunicación i la información, las ciencias de la salud (biomedicina), la nanotecnología, la aeronáutica y el espacio o los nuevos servicios a personas y empresas.

Un cambio en el modelo productivo que ha de ser capaz de recoger y transportar en ese proceso de mejora a la mayoría a las personas que hoy están desempeñando tareas en oficios y sectores que tienen que mejorar. Su seguridad y estabilidad laboral vendrá condicionada por su esfuerzo para aprovechar los recursos que se han de destinar a mejorar su formación y cualificación profesional, para seguir el ritmo de los cambios. Y de una sociedad que sea capaz de sostener un sistema de protección social suficiente y eficaz para hacer soportables los procesos de transición hasta el nuevo paradigma.

Desde una posición realista tendremos que coincidir que para llegar a ello se requieren dos cosas: un periodo de 10 años y empezar ya. Porque será difícil y duro, pero no imposible.

Aquellos que, como hace el PP, intentan descalificar esa ley alegando que no resuelve los problemas de mañana, lo único que intentan es hipotecar el mañana. ¡No lo conseguirán!

En el fondo esconden que su solución a la crisis, como dice Montoro, es repetir lo que ellos protagonizaron, un modelo económico basado en más dosis de precariedad, temporalidad i desprotección laboral, social y jurídica para que nuestra económica compita a la baja en costes y condiciones de trabajo con las economías emergentes en el mismo terreno. ¿Hasta dónde quieren llevarnos por ese camino? ¿Hasta las condiciones de los países del Norte de África? ¿Del Oriente? ¿Hasta las maquilas? ¡Ese no es el camino, ni la solución!

A todos aquellos que últimamente han clamado por unos nuevos Pactos de la Moncloa, es decir por unos acuerdos políticos que orientaron leyes, acuerdos sociales y conductas para llevar a España hasta el modelo social, laboral y económico que significaba Europa, hay que decirles que: “La ley de la economía sostenible son los Pacto de la Moncloa del siglo XXI”.

Hace bien el Gobierno ofreciendo negociación y dialogo a las fuerzas políticas para construir ese modelo. Sería de desear que la oposición no rechace la mano tendida y que no haga de su tramitación una carrera descalificaciones globales de sal gruesa, como ha protagonizado en los primeros compases.

Ahora bien, si la oposición se equivoca y quiere llevar el carro por ese pedregal, el Gobierno debe proseguir hacia delante haciendo del dialogo social con los sindicatos y empresarios y la sociedad en general el mecanismo de acordar las reformas y cambios que nos permitan salir de la crisis construyendo el futuro y sin dejar a nadie en la cuneta.

Una dentro de la otra

Una dentro de la otra, como en una “matrioska” (el juego de las muñecas rusas), así están el sistema de financiación del Estatut y la Ley Orgánica de Financiación de la Comunidades Autónomas (LOFCA).

¡No es de extrañar!, las dos leyes orgánicas han sido aprobadas por las mismas Cortes Generales.

A pesar de ello, las dos fuerzas nacionalistas más grandes de Espanya (CiU i PP) que han votado al unísono en contra se justifican en base a la misma idea.

Las dos fuerzas, aunque por motivos aparentemente contrapuestos, defienden que una de las leyes no debería contenerse en la otra, sino que debería someterla a su supremacía, como eso no ha sucedido, se escudan en ello para rechazar la nueva ley de financiación de las autonomías.

CiU hace como que defiende que el Estatut debería estar por encima de la LOFCA y el PP hace como que sostiene que las leyes estatales deben estar por encima de las autonómicas, olvidando que las dos son leyes orgánicas. ¿Tanto les costaría reconocer que las cosas no son, ni debe ser, así?

Ambos deberían esforzarse en no anteponer sus intereses partidarios a la ciudadanía y colaborar más en resolver problemas que no en crearlos, pero han decidió que su única opción es votar juntos para debilitar a los gobiernos en los que participan los socialistas, con el único objetivo de volver cada uno a “su gobierno natural”. El PP al del Espanya y CiU al de Catalunya. Por eso, Artur Mas no rechaza pactar con el PP, si procede o le es necesario.

Volviendo al tema de las leyes, la nueva LOFCA está dentro del Estatut, porque contiene todos los criterios que en su día apoyó CiU, cuando pensaba que sería ella quien los concretaría con el Gobierno central. Y el Estatut está dentro de la LOFCA porque el modelo de financiación de Catalunya ya se pensó y diseñó, para que fuera generalizable y aceptado por el resto de la Comunidades. Tanto es así que ha sido aceptado en las Comunidades que gobierna el PP.

Con esa Ley se ha dado eficacia y seguridad jurídica al modelo y las cuantías que negociaron el pasado julio los presidentes Montilla y Zapatero, que se fraguó de forma bilateral –eso molesta al PP -, se concretó de forma multilateral - eso molesta a CiU - y ha acabado como ley orgánica. ¡Todo según el guión previsto!

A la vez ha ayudado, indirectamente a los magistrados del TC a resolver una de sus cuitas. Si el modelo de financiación del Estatut cabe en una ley orgánica sobre financiación autonómica y viceversa, que motivo hay para negar la constitucionalidad. Lo mismo ocurre con el título de la justicia catalán que contiene el Estatut, que fija modelo pero se traslada su concreción a que se establezca la correspondiente ley orgánica sectorial.

Si siguen así, las Cortes Generales le harán la sentencia, porque les demostraran que es posible, legal, constitucional y positivo poner una ley dentro de la otra, sin que una esté por encima de la otra.

Sólo desde concepciones reduccionista y excluyentes se puede sostener y contraponer éste Estatut a ésta LOFCA, por el contrario, desde una perspectiva incluyente, que atienda y entienda la pluralidad de sensibilidades, es decir federal, se observa posible y positivo que la una esté dentro de la otra.

Josep Maria Rañé: "El urbanismo tiene un peso excesivo en la financiación de los ayuntamientos"

Entrevista al presidente del Consejo de Trabajo Económico y Social de Cataluña, que augura el final de la crisis a mediados de 2010. Realizada por Laura Balcells y publicada en la malla.cat

Corrupción, crisis y desempleo. Tres elementos que han golpeado la sociedad catalana en los últimos tiempos y que, combinados, forman un cóctel que puede conducir a la desmoralización y la desconfianza. El presidente del Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña (CTESC), Josep Maria Rañé, reflexiona sobre esta situación en esta entrevista a lamalla.cat. Rañé considera que los ayuntamientos dependen demasiado del urbanismo y cree que si se han detectado grietas en la legislación se deben sellar de forma "inmediata" para evitar que se repitan casos como los de Santa Coloma o el Palau de la Música , respetando, eso sí, la presunción de inocencia. Sobre la crisis, pide al sector financiero que abra el grifo del crédito "con responsabilidad" y cree que a mediados del año que viene se empezará a ver la luz al final del túnel. Alerta, sin embargo, que hay que optar por un modelo de valor añadido y de empleo de calidad para no caer en los mismos errores que en el pasado.

-Los ayuntamientos 'cuelgan' demasiado del urbanismo? Creo que sí. El único instrumento que tienen para hacer políticas después de que el PP eliminara el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) es el urbanismo, y este elemento debe tenerse en consideración. No porque esto sea fuente de corrupción, sino porque colocamos los ayuntamientos en una presión excesiva con un único mecanismo para poder hacer su acción y esto puede permitir que haya personas que decidan utilizarlo mal. El urbanismo tiene un exceso de peso en la financiación de los ayuntamientos que convendría diversificar. Además, esto haría que los ayuntamientos estuvieran más motivados e interesados en diversificar el tejido económico.

-Eso cambiará una vez se apruebe la nueva financiación local?

Con la nueva financiación local sacaremos una presión importante al tema del urbanismo. Los ayuntamientos tendrán más capacidad de imponer condiciones a las promociones urbanísticas y, por tanto, debería producirse un cambio. Ahora bien, tampoco hay que engañarse. No es que tengamos una resolución deficiente o que no haya ningún tipo de orden, sino que detrás de todo esto hay algo difícil de eliminar que es la codicia humana. Debemos apostar por dos elementos que debe tener toda normativa: transparencia y control. Que los ayuntamientos estén bien financiados, ayudará; debemos darles más herramientas para evitar la especulación en sus municipios.

-Casos como los que han aflorado recientemente se podían evitar?

Si se ha descubierto una rendija, debemos cerrarla y sellarla. Eso no quiere decir que haya que arrasar con todo un sector económico, sino buscar las rendijas para remediarlo. Somos conscientes de que posiblemente la legislación perfecta no existe, porque las situaciones cambian y siempre puede aparecer algún tema nuevo. Ahora hay que ajustarla y que se perciba con toda claridad que desde la responsabilidad pública no se da ninguna cobertura, como no se está dando, en estas actitudes personales. Debemos recuperar la confianza y tener en cuenta que si estamos hablando de estas actitudes delictivas es porque la justicia ha actuado y el sistema ha funcionado.

-Usted que ha sido consejero de Trabajo e Industria de la Generalitat (2003-2006), qué sentimientos le despiertan estos casos de corrupción?

La primera sensación es de indignación, que no debe ir acompañada de desmoralización. Observas con determinada tristeza que personas que has conocido y con quien has tenido una determinada relación, de coincidencia o de oposición política, están inmersos en estos procesos. Indignación, pero confianza en que tenemos instrumentos para hacerle frente. Te deja perplejo conocer el entramado que ha pasado con alguna institución cultural de Cataluña. Es difícil de explicar como una persona ha tenido la posibilidad de hacer todo lo que dicen que ha hecho.

-Todos estos casos de corrupción coinciden en un momento de crisis económica que todavía crispa más la sociedad ...

Es verdad que coinciden en un momento que hace que aún sean más llamativos. En el caso del "Palau de la Musica", vemos que hay gente que está a una institución que responde a donaciones o fondos públicos y que ha desviado un dinero que resulta que no son para atender a nadie, ni la cultura ni el arte ni el canto en Cataluña , sino para irse a las Malvinas, o para hacer otras cosas. Realmente, produce aún más irritabilidad en un momento de crisis.

"TODO INDICA QUE SALDREMOS DE LA CRISIS A MEDIADOS DEL AÑO QUE VIENE"

-Y sobre la crisis, cuando veremos el final?

Creo que hay claramente dos fases. La primera, que recuperemos el crecimiento positivo. En estos momentos, todavía estamos produciendo menos que hace un año y, obviamente, menos que hace dos. La segunda fase, la que permitirá decir que realmente estamos saliendo de la crisis, es que este crecimiento económico sea de una calidad y cantidad suficiente como para que haya más gente trabajando que el mes anterior, o que el día anterior. Es decir, que haya creación de empleo neto. Creo que esto, todo parece indicar, podría llegar a mediados del año que viene.

-543.603 Personas en paro, según datos del ministerio de Trabajo. ¡Son muchas!

Es una cifra muy importante. Creo que la solución al paro vendrá cuando tengamos una economía que cree más empleo y que, cuando esto pase, no nos volvamos a equivocar y se creen empleos de baja calidad y poco valor añadido porque se ha demostrado que esto es como el cuento de "los tres cerditos", cuando viene un viento cae la barraca. Lo que ha quedado es empleo con valor añadido y con más productividad. Lo que debemos intentar es que la recuperación económica no la hagamos a partir de volver a inflar otra vez la actividad de poco valor añadido, que no tenga suficiente calidad para resistir la competencia. No quiere decir que tenemos que hacer cosas completamente diferentes a las que hemos hecho hasta ahora, sino que debemos hacer mejor. Es la mejor garantía para mantener el empleo que se haya creado.

-Aportar más valor añadido significa invertir. ¿Cómo se puede hacer esto si las empresas están tocadas?

El problema que tenemos ahora no es que las empresas no tengan ideas o proyectos o que no vean hacia dónde deben ir, sino que no pueden obtener la financiación para hacerlo. El problema básico es la falta de liquidez y es necesario que el sistema financiero abra el grifo del crédito, pero no con la alegría y despreocupación que lo ha hecho hasta ahora, financiando actividades de mucho riesgo, sino que ha de financiar proyectos serios . Si se quiere hacer una reestructuración del sistema financiero, no sólo para salvar las entidades financieras, sino para salvar la función de las mismas, que es gestionar el crédito de una manera responsable y favorecer que proyectos serios salgan adelante. No se trata de dar una ayuda a unos y que los demás espabilen, sino que la ayuda que se da es porque abre la línea de crédito de una manera responsable. Las empresas tienen más proyectos serios y solventes lo que parece.

-Últimamente se ha repetido mucho la palabra ERE (Expediente de Regulación de Empleo). ¿Qué piensa del sistema alemán?

El sistema alemán es una versión equivalente al ERE que consiste en reducir el tiempo de trabajo semanal o diario de un trabajador. Este tiempo que deja de trabajar, la empresa no le paga, pero el trabajador recibe una subvención o una ayuda del Estado. Bueno, eso es un ERE, un ERE de suspensión temporal, de reducción de jornada. Es lo mismo.

-Pues si es el mismo, por qué ha funcionado en Alemania y aquí no?

Posiblemente habrá que abordar algunos de los problemas que aquí hay. La tramitación de los ERE es muy farragosa administrativamente y convendría aliviarse, manteniendo la seguridad jurídica. Los ERE suponen un sobrecoste para las empresas que deben pagar la seguridad social, incluso del tiempo que no trabajan las personas. Habrá que ver si el Estado mantiene o ayuda a reducir este sobrecoste. El sistema alemán ha permitido que con una bajada de la actividad que ha sido el doble de España, el paro haya crecido la mitad. Ellos han apostado por mantener la gente ligada a la empresa y ajustarse internamente en lugar de despedir. Creo que esto es positivo. Es bueno que tengamos una política dirigida a mantener la gente ocupada o relacionada con la empresa. Los alemanes aprovechan estos períodos de reducción de la jornada para formarse y eso es muy importante. Es útil para mantener el puesto de trabajo, pero también para tener más expectativas a lo largo de la vida laboral.

-Cree que la juventud de hoy en día ha perdido el espíritu empresarial y prefiere optar por el sector público, para hacerse funcionario?

No creo que esto se pueda generalizar, los datos tampoco lo demuestran. No se puede decir que los jóvenes catalanes no sean personas emprendedoras, están más preparadas y, además, son personas que tienen la voluntad de asumir riesgos y de plantearlos. Estamos en un momento difícil en Cataluña, pero no ha mermado la capacidad de generar empresas y no podemos pensar que todas las empresas las han realizado personas adultas, también gente joven, jóvenes en términos empresariales. Descartaría la idea generalizada de que los jóvenes catalanes han perdido la capacidad de emprendimiento, la mantienen, lo que sí es cierto es que ahora hay más opciones que hace veinte o treinta años. No había un sector público que fuera una fuente de empleo tan importante como lo es hoy.

Absentime laboral: Aprender de la experiencia

Este es un artículo mio - publicado en el diario AVUI - sobre el absentime laboral.

El absentismo laboral es un tema recurrente, poliédrico y controvertido.

Ante el grave perjuicio que produce en la economía cuando se superan determinados niveles, en 1980 la UGT y la CEOE negociaron y acordaron hacer frente conjuntamente, acuerdo al que se unió CCOO del año siguiente.

En ese acuerdo, destinado a ser aplicado en los convenios colectivos tras definir el absentismo como "la no presencia del trabajador en el lugar de trabajo", determinaron cuáles ausencias no debían ser cuantificadas como tales.

Consideraron que no era absentismo: los permisos legales, las horas sindicales, maternidad y lactancia, hospitalización, accidentes laborales y suspensión de la actividad por riesgo de accidentes y las suspensiones legales de los contratos.

Así pues, el resto de ausencias, legales o fraudulentas, se transformaron en el objetivo a batir por la acción de empresarios y trabajadores en el seno de la empresa y para la administración, mediante una más estricta aplicación de las medidas legales de control y comprobación.

La aplicación de esta cultura y práctica común logró reducir de forma muy importante el absentismo.

En casi 30 años las cosas han cambiado mucho, pero, sin embargo, el absentismo sigue siendo motivo de preocupación.

Tanto es así que en el acuerdo estratégico del 2005 se encargó al gobierno estudiarlo. La información obtenida es que sólo el 6% de los trabajadores tienen más de una baja al año, y el 76% no tienen ninguna .

Quizá en temas como éste, que afectan a las relaciones laborales, la lección a extraer es que la solución de fondo se encontrará cuando todo el mundo entienda lo mismo por absentismo, se pacte un criterio de actuación y se aplique conjuntamente.

Lo contrario es lanzarse el absentismo por la cabeza y no avanzar.

Más de una cosa.

La corrupción no lo es todo, pero lo tapa todo. A veces incluso hasta las soluciones a la misma

Estos días a cuenta de ella, los demás temas y preocupaciones parece que no existan. Es más, si alguien decide actuar, hablar o proponer otro tema corre dos peligros: caer en la más absoluta indiferencia o, por el contrario, aparecer como sospechoso de pretender soslayar el tema.

Como hace ya algunos milenios de años que la especie humana tiene la capacidad de hacer más de una cosa a la vez, no hay ningún inconveniente para que la atención y la construcción de soluciones a los problemas de la crisis económica no sean compatibles, en el tiempo, con abordar los que origina la corrupción.

Por eso está muy bien, que el President Montilla, se reúna con los que afectados de Lear, o que se presenten unos Presupuestos de la Generalitat que utilicen la capacidad de endeudamiento para luchar contra la crisis y que al tiempo se emprenda un acción decidida contra la corrupción.

En ese sentido resulta edificante que se pida perdón a la ciudadanía por los nefastos efectos que la corrupción está proyectando sobre la vida pública del país. Este acto de humildad y contrición cobra más valor si, como es el caso, se hace desde y por la responsabilidad institucional que se ostenta, pero al tiempo se acompaña de una serie de medidas que se han tomado y que van a seguir tomándose.

Y contrasta en sobremanera con la actitud de una parte de la coalición nacionalista más interesada en señalar a los otros, para que sean los “paguen el pato”, que en explicar aquellos asuntos en los que resultan afectados o en plantear medidas.

Sería una equivocación y una temeridad criminalizar todo lo relacione urbanismo y poderes públicos, como también lo sería no abordar serena y profundamente la solución a los riesgos que se derivan de su (mala) gestión y sobre todo en tiempos de alta especulación financiera.

Por eso las actuaciones que se tomen han de formularse atacando una de sus raíces: la financiación de los Ayuntamientos “cuelga” excesivamente del urbanismo

Con la eliminación del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) por parte del PP, en nombre de su fomento, se consiguió el efecto contrario, se desincentivó a los Ayuntamientos de su promoción. Con ello, las tres principales fuentes de ingresos para los Municipios se redujeron a: la participación en las cuentas de las administraciones superiores (Estado y Generalitat); las tasas por servicios municipales (limpieza, alumbrado, etc.) que como máximo pueden cubrir los gastos que generan y las relacionadas con la propiedad y la promoción de la vivienda (IBI, licencias de construcción).

Así pues, el urbanismo es la única actividad económica que les permite a las Corporaciones captar inversiones y obtener ingresos para abordar las transformaciones que las ciudades y pueblos deben hacer. Es decir que en esas operaciones debe producirse por un lado, un beneficio económico, para que haya inversores, y por el otro, una redistribución social de una parte del mismo.

Para alcanzar la parte positiva y orillar los riegos en la gestión urbanística la transparencia es imprescindible y el control público y social, insustituible. Y ello antes, durante y después de la aprobación y ejecución del proyecto urbanístico de ahí que sea más que correcto, que se publiquen todos los convenios (contrapartidas) que la ciudad recibe en cada recalificación, aunque sea una modificación parcial.

Ahora bien hay que ir más allá y darles a los Ayuntamientos instrumentos para actuar contra la especulación - derivada de retrasos injustificados en la ejecución o de transacciones oportunistas -, como por ejemplo, que pudieran recuperar los bienes y terrenos públicos vendidos en subasta si se pretende especular con ellos, mediante el derecho de recompra por un precio equivalente al de venta mas el IPC.

Los especuladores se quejaran, los promotores y constructores serios, no.

Indignados, no desmoralizados

Es normal y positivo que estamos indignados, en caso contrario significaría que la apatía, el descreimiento, y la desmoralización se han impuesto y que la falta de ética de los que corrompen y los que se dejan corromper ha triunfado.

Por eso estoy indignado, pero ni puedo ni quiero estar desmoralizado.

Y tengo razones para no estar desmoralizado:
- El sistema democrático ha funcionado
- Han sido los mecanismos institucionales (judicatura y policía) los que han puesto en evidencia estos casos de supuesta corrupción.
- Creo en la justicia y confío en que se hará justicia y pagarán los culpables, con todas las garantías y respeto a la presunción de inocencia que sean necesarias, pero sabiendo que finalmente "quien lo haya hecho lo pagará"

Y, además, tampoco quiero estar desmoralizado:
- Porque no se lo merecen las miles y miles de personas que están desarrollando cargos públicos como servicio a la gente y no sirviéndose de la gente.
- Porque no les quiero dar ese gusto a los corrompidos ya los corruptores.
- Porque no quiero abrir la puerta a los populistas

Soy de los que creo que las noticias de estos días sobre Millet y Montull, primero, y sobre Alavedra, Prenafeta, García, Muñoz y otros son dos "torpedos a la línea de flotación" de la moral pública.

Los dos casos (Palau de la Música y Pretoria) no son iguales. Este último apunta hacia unas prácticas de enriquecimiento individual, pero no se vislumbra ninguna deriva hacia una posible financiación irregular de partidos, a diferencia de lo que sucede con el saqueo en el Palau y la transferencia de más de 600.000 € a la Fundación de Convergencia Democràtica de Catalunya.

Sin embargo, en ambos casos el daño infligido a instituciones y administraciones, al apropiarse de ellas y de una parte de sus recursos, rebasa con mucho el quebranto económico producido. Por eso la acción de la justicia es necesaria, pero insuficiente, hay daños políticos que requieren de respuestas desde la política.

Respuestas que dejen claro que "no todos los políticos son iguales", como reclamaba el Presidente Montilla, y también que miles de personas están desarrollando tareas públicas de manera honesta. La ciudadanía debe ver y percibir que practicamos una "tolerancia cero" con la corrupción, si queremos recuperar su confianza. Y esto debemos hacerlo sin miramientos por más desconcierto tristeza y dolor que nos pueda generar el hecho de que esas prácticas puedan llevar a cabo personas que conocemos.

Y en este sentido, la rápida y contundente reacción del PSC, anunciando a las dos horas de iniciado el registro del Ayuntamiento de Santa Coloma que "se suspendería de militancia a las personas que resultaran imputadas, porque estas prácticas son incompatibles con el partido "y cumpliéndose, no sólo es ejemplar y adecuada, sino que todavía contrasta más con las dubitacions, intentos de" sacudirse las pulgas ", mirar hacia otro lado que han exhibido los portavoces de CiU, Felip Puig y Oriol Pujol.

Del sainete sobre si devolverán o no el dinero destinado a la cultura que han acabado en las arcas de su Fundación ... de eso mejor ni hemos hablamos! Es el ejemplo de lo que no se debe hacer, si se quiere generar confianza en la política.

Además de lo que hagan los partidos políticos en su funcionamiento interno, habrá que encontrar las medidas adecuadas que conlleven el incremento de la transparencia, así como la mejora del control administrativo, policial o judicial de las instituciones de actuaciones y transacciones para evitar , detectar, con más anticipación, y sancionar hechos similares, si se producen hechos delictivos.

Sin paroxismos ni teatralizaciones excesivas e interesadas, reconociendeo que hemos avanzado mucho en la lucha contra la corrupción, mediante los cambios en la legislación penal y urbanística, con la creación de fiscalías y unidades anticorrpució, la dotación de más y mejor recursos a los cuerpos y fuerzas de seguridad, que hemos impulsado los socialistas desde el gobierno central o el de Cataluña cuando hemos tenido la responsabilidad.

Pero estas situaciones nos demuestran que todavía quedan rendijas por las que se han colado las actuaciones impulsadas por la ambición y la codicia de unas personas, y que habrá que analizar y aplicar qué medidas hacen falta para sellar la foto de una forma aún más eficaz.

Siendo consciente de que la condición humana junto con grandes virtudes, también produce estas excrecencias. Y que, posiblemente, otros intentarán aprovecharse de lo público para satisfacer sus intereses privados. Y nos seguirán poniendo a prueba.

Indignación, sí, desmoralización, no!

Distinto signo

Todos los datos que nos ha ofrecido la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de este año, tienen un signo diferente en Catalunya y en España.

El paro baja en España y sube en Catalunya, aunque también sube el empleo en nuestro país, mientras baja en el resto de España. Esta evolución divergente también se ve reflejada en el número de número de personas en edad de trabajar: crece en España, y aquí baja, por el contrario decrecen los que trabajan o quieren trabajar, en el conjunto de España, mientras aquí se incrementan.

A ver si poniendo números se entiende mejor!

Lo que ha sucedido estos tres meses en Catalunya es que a pesar de haber menos gente en edad de trabajar (- 8.300), hay más personas haciéndolo o con ganas de hacerlo (14.900) y como sólo se han creado 9.600 puestos de trabajo más, hay 5.300 personas más desempleadas. Y en el resto de España sucede todo lo contrario.

Desde una visión simplista, podríamos preguntarnos: así pues, ¿quién va bien? ¿A quién le baja el paro o a quien le sube el empleo? Sería una equivocación. Las cosas suelen ser un poco más complejas.

El paro es la diferencia que hay entre las personas que trabajan o buscan trabajo, y las que efectivamente consiguen hacerlo. Para solucionarlo hay dos caminos: uno positivo y otro que no lo es tanto.

El camino positivo para resolver el paro es más empleo, y preferentemente mejor empleo para que tenga más perdurabilidad económica y social. Por la otra vía el paro también se reduzca, pero no resulta tan positivo, ya que es el fruto de la pérdida de población en edad de trabajar, ya sea por envejecimiento o emigración, o por el desánimo laboral que hace que algunas personas se retiren de la búsqueda de trabajo.

Ahora bien, las proporciones son importantes, ya que puede suceder - como este trimestre en Cataluña - que se cree empleo neto, pero en una cantidad insuficiente para absorber el incremento de personas con ganas de trabajar.

Una actitud rigurosa, y a la vez positiva, obliga a no quedarse en la epidermis de los grandes números o de la coyuntura. Hay que bajar un poco más al detalle y tener una perspectiva a medio plazo.

Es una buena noticia que este sea el primer trimestre, de los últimos 5, en que se haya creado empleo y más si tenemos presente que hace un año habíamos perdido 54.400 empleos en un solo trimestre. Ahora bien, esto no nos puede hacer olvidar que en estos 15 meses hemos acumulado una pérdida de 296.000 empleos, de las cuales casi la mitad han sido a la industria y que este trimestre en la industria y la construcción se han seguido perdiendo puestos de trabajo y que sólo se han ganado en el sector servicios, en gran medida por el componente estacional que conlleva el verano

Así pues, no es alegrarnos de que vamos mejor que otros, ni preocupándonos en observar sólo la parte negativa de la situación o, por el contrario, sobrevalorando lo que de positivo tiene que haya más personas trabajando, como haremos frente a las raíces del problema.

Es aprovechando y confiando en nuestras propias capacidades y potencialidades y resolviendo nuestras carencias, como crearemos el empleo de más calidad y valor que necesitamos para acabar venciendo paro.

Este será, sin duda, un camino donde después de pequeños repuntes positivos, como este, pueden venir trimestres con datos negativos. Se trata de no desfallecer en el esfuerzo. El objetivo es conseguir que el crecimiento de la economía además de tener signo positivo, lo tenga en un grado que permita crear empleo en cantidad suficiente para reducir el desempleo de forma positiva y que este crecimiento sea sostenido y sostenible.

Moral en tiempo de crisis

Las crisis actúan como los rayos X: nos permiten ver lo mejor, o lo peor, que hay dentro de nosotros.

Las crisis nos permiten apreciar mejor el verdadero temple y fuste de las personas, observar si es la generosidad o el egoísmo lo que preside sus actuaciones, si tienen capacidad de liderazgo, o no.

Y es precisamente en esos momentos cuando la siempre exigible ética y moralidad – que no la moralina – de las actuaciones resulta todavía más ineludible.

Por eso, escuecen mucho los lamentables espectáculos a los que estos días estamos asistiendo atónitos, a cuenta de los casos Gürtel o Millet y sus derivadas, en los partidos de la derecha española y el centro derecha catalán.

Cuesta entender el funcionamiento institucional de la justicia cuando se sabe que un “mantero” cogido “in fraganti” vendiendo CD’s, pasa unos días en un calabozo y que el Sr. Millet i el Sr Montull que se han apropiado de varios millones de euros – reconocen 3,3 pero hay 20 injustificados – entran y salen del juzgado sin tener que pagar ni fianza, o que el Presidente del TSJV no se inhiba en el momento decidir sobre si procesar o no al Presidente Francisco Camps y termine exonerándolo, después que se conozca, y reconozcan, que “son más que amigos” .

Tampoco ayuda a levantar la maltrecha moral del país, que el señor Agustín Colominas, responsable de la Fundación Trias Fargas, de CDC, que se supone es el “think tank” donde se elabora el discurso de la formación nacionalista, defienda la idea de todo lo “legal es moral” al intentar justificar por qué los 630.000 € del dinero público y privado destinado a la cultura catalana, han acabado financiando la fundación.

¿Esos son los IVA – ideales, valores y actitudes, como dice Jordi Pujol – que a partir de ahora defenderá CDC?

¿No sería mejor, que el Sr. Colominas en lugar de amenazar con “tirar de la manta” si sabe algo, lo lleve a los juzgados? O que se aplicara en intentar demostrar si ha cumplido, o no, con los convenios que se firmaron con el Sr. Millet, al que le reconocían capacidad para obrar así. Y demostrara que actos organizaron para dar a conocer músicos catalanes con incidencia en el “fet català” (?) o que actos culturales organizó la Fundación Trias Fargas con el Orfeo Català o que jornadas sobre la incidencia del canto coral realizaron y dijeran cuánto le costaron, si las hicieron. Al fin y al cabo los convenios el dinero tenía esa supuesta finalidad.

La Fundación Trias Fragas no es uno de los hoteles de Moldavia a los que fue de vacaciones el Sr. Millet, ni una de las empresas de catering que sirvió en la boda de sus hijas. Esas, y otras muchas, son empresas comerciales que hicieron un servicio al Sr. Millet, que este pagó con dinero que no era suyo, pero la Fundación que dirige Colominas ¿Qué servicio le hizo al Sr. Millet para que les pagara con un dinero que no era suyo, ni era para eso?

Por eso, no es correcto que Artur Mas, aplicando el “Santa Rita, Rita…lo que se da, no se quita”, afirme que el problema lo tiene el Palau de la Música porque no controlaba al Sr. Millet. Pues no, en este caso, es tan problema del que lo dio, como del que lo recibió.

Esta crisis está permitiendo que veamos lo peor de él.

En tiempo de crisis, económica o moral, se necesita que las acciones y las actitudes de quienes han de generar confianza estén presididas por la ética y la transparencia y no por la bravuconería, el egoísmo irresponsable, o la relativización de la moralidad.

Deberían saberlo y practicarlo, porque, en caso contrario, desgraciadamente no sólo le afectará a ellos, sino que lo pagaremos todos, pues ese, y no otro, es la carcoma que correa la confianza de los ciudadanía en la política y los políticos y mina gravemente la confianza en la superación de los problemas colectivos que nos produce la crisis.

¡Sí toca!

Oriol Pujol, intentó emular a su padre, el President Pujol, cuando los periodistas le inquirieron por los fondos recibidos por la Fundación Trias Fargas, de CDC, procedentes del Orfeó Català al responder: “Ahora no toca” e intentó fijar otro tema como prioridad noticiable.

¡No, señor Oriol Pujol! ¡Ahora sí toca! En estos momentos no hay otro tema que pueda argüirse para intentar escaparse de contestar sobre El TEMA. El que está afectando y minando la moral colectiva del país.

No niego que existen otros temas, que pueden ser importantes y dignos de ser tenidos en cuenta, pero eso no es óbice para que pretenda despistar sobre este.

Debo reconocer que por prudencia, hasta ahora, me había abstenido de opinar sobre la vergüenza que me produce el caso Millet–Orfeo Català, y ello por tres razones:
- confiaba y confío que la justicia lo aclarará, primero, y pondrá, después, a los culpables en su sitio;
- no quería colaborar en un “xup-xup” que incrementará la desconfianza y el desprestigio hacia esa importante institución cultural y hacia las administraciones y mecenas que han colaborado en su relanzamiento
- pretendía no caer en la trampa que desde la carta de autoinculpación de Millet y Montull nos han lanzado al resto: Reconocen parte de lo que se han apropiado –solo los últimos 5 años – pero de tal manera que buscan diluir su responsabilidad trasladándonos a todos los demás (músicos, artistas, patronos, administraciones) un sentimiento de culpa, por no haberlos descubierto antes en sus tejemanejes.

Pues no. En este tema sólo hay dos bandos: los damnificados (que somos la mayoría) y los damnificantes (que son los que se han aprovechado de la institución y de sus fondos para fines indebidos). Y ha de quedar claro quién está a cada lado.

En estos momentos, creo que es más importante la transparencia que la prudencia.

Después de conocerse que 650.000€ del dinero destinado al fomento la cultura han acabado financiando la fundación Trias Fargas, de CDC, o que 150.000€ se hicieron llegar a una fundación inoperante que acabó liquidando las deudas del Partit per la Indepèndencia de Angel Colom antes de integrarse en CDC, urge que Artur Mas se explique.

En política, sólo se puede hacer lo que se pueda explicar. Aunque sea legal, si algo no puede explicarse, si no es posible entenderlo, entonces más vale que no se haga.

Para que la gente lo entienda, deben darse las razones por lo que se hizo. Aún a riesgo de que no sean mayoritariamente compartidas, pero en todo caso deben darse. Y si se hizo algo inadecuado lo mejor es reconocerlo y rectificarlo, en este caso devolviendo el dinero.

Artur Mas debe tener claro que si no explica el por qué y el para qué de ese dinero, no sólo se perjudicará él y su organización, sino que - y es lo más grave - dañará de una forma excesiva e injusta a todo nuestro entramado cultural, social y político, porque extenderá el peor de los virus que se pueden extender en democracia: la duda y la desconfianza.

Por eso, ¡Ahora sí toca!

Construyendo seguridades

“Ni aventuras, ni sorpresas, ni inventos, ni renuncias”. Y sí “trabajo, trabajo y trabajo” esa fue la doble receta del President de la Generalitat en el debate de la semana pasada.

Cuando crecen las incertidumbres económicas y políticas, resulta positivo oír afirmar a la primera autoridad de Catalunya que, a él, no lo encontrarán creándonos más desasosiegos, sino construyendo, conjuntamente con la sociedad, las seguridades que esta necesita.

La autoconfianza en nosotros mismos - ya sea como individuos o como colectividad - de que superaremos los problemas es la mayor, y la mejor, de las certezas ante las dudas que generan los cambios.

Pero la autoconfianza ni se hereda, ni se decreta, se construye. Y para ello, debe asentarse sobre la realidad, de lo que podemos y de lo que no podemos, cimentarse sobre lo que tenemos y lo que hacemos y construirse entorno a propuestas y objetivos viables.

Por el contrario, aquello que destruye la confianza son cosas como:
- las aventuras de referéndums independentistas, que no tiene ningún valor jurídico, ni práctico
- la sorpresa y el desconcierto que le produce a la ciudadanía comprobar cómo se abandona o denigra aquello que tanto nos costó a todos conseguir, como fue el Estatut y el nuevo sistema de financiación, por la sencilla razón que no se está al frente del Gobierno de Catalunya
- la invención de futuribles que no parten de la transformación de lo actual, pues si la gente no percibe que esfuerzos tiene que hacer para alcanzar un objetivo o cree que no son alcanzables, no se esfuerza
- las renuncias a la máxima aspiración posible de mejora individual y colectiva, económica y política.

Construir esas seguridades - ya que la seguridad absoluta solo existe para los mesiánicos - comporta riesgos y esfuerzo, es decir trabajo, o como dice el President “trabajo, trabajo, trabajo”, pero es la única actitud útil para afrontar las cosas concretas, ya sean de tipo económico, social o político, es perseverar en el esfuerzo y ajustar lo que la mayoría de las personas quiere con aquello que está dispuesta a batallar por conseguir.

Para ello hay que combinar elementos objetivos con aspiraciones subjetivas. Reunir elementos como pueden ser la salida de crisis, el sostenimiento de la cohesión social y nivel de bienestar social o la defensa, aprovechamiento del Estatut o el estadio de autogobierno y autoresponsabilización que lleva implícito.

Con ese planteamiento de fondo, en el discurso del President Montilla, resulta más lamentable y frustrante, que la respuesta de las oposiciones de derechas fuera: más aventuras, más sorpresas, más inventos y más renuncias.

Empieza el final

Con el debate que se inicio ayer, empieza el tramo final de la legislatura.

No habrá otro debate de estas características en esta legislatura. Dentro de un año, el President Montilla habrá convocado las elecciones. Es decir, se agotará el mandato y me aventuro a afirmar que lo hará con el mismo gobierno con el que lo inicio.

Nada más llegar a la Presidencia del Govern prometió acabar con la sensación de “Dragón Khan”, de la anterior legislatura, y lo ha cumplido. Expresó su voluntad de gobernar para las personas y con las personas y los hechos, las políticas y las preocupaciones que han estado presentes en la acción del Govern que dirige no le desmiente. Afirmó que el rigor en la gestión no le impediría ser sensible con aquellas personas que más lo necesitan, pues bien, tampoco existe duda que ese criterio ha conformado una de señas de identidad de este periodo.

Quedan todavía problemas a resolver y un tiempo para hacerlo. Por eso, no acortará la legislatura. No lo hará porque no ganaría nada con ello. Resuelta la financiación –que si podía negociar – y gestionada la resaca de la sentencia del Constitucional –que no puede negociar- este próximo año intentará acumular actuaciones que solucionen problemas, liderar la recuperación económica y reducir los efectos de la crisis sobre los sectores más débiles.

Estabilidad, trabajo, rigor, acción de gobierno y defensa de los intereses de las personas que viven en Catalunya serán sus bazas, en suma, tratará de ocupar, todavía más, el espacio central de la sociedad catalana a base de centrar su acción política en la resolución de sus problemas.

Frente a él, Artur Mas, el más veterano de los que competirán por presidir la Generalitat. Será su tercera intentona y si fracasara, tal vez la última. Su dilema es decidir si, como hizo al final de la anterior legislatura, “baja al valle” del pactismo en el que vive la mayoría de su electorado, o “continúa en la montaña” de la radicalidad independentista, a la que le ha subido su entorno y en la que compite con ERC y el recién llegado Laporta.

Si opta por lo primero, hoy se hablará más de las personas que conformamos Catalunya, que de Catalunya y se anticipará una fase final tensa para ganar el centro, pero más positiva. Si no, tendremos mucho “divertimento”, pero más desafección.

Hablemos de impuestos

¡Es bueno que se esté hablando de impuestos! Mucho mejor eso, que algunos de esos debates estratosféricos a los que nos someten los nacionalistas españoles y catalanes. Ahora bien, como se está haciendo el debate, no.

Es lo que ocurre cuando la oposición de derechas se entesta en transformar la crisis económica y las estrategias para salir de ella, en un campo de confrontación política en lugar de un escenario de proposición económica. En ocasiones anteriores, el debate ideologico comportaba un debate no exento de dureza y profundidad, pero ahora se observa demasiada desmesura y superficialidad conceptual.

Los debates maniqueos, de buenos y malos, de subidas o bajadas, sirven para pelearse, pero no para extraer soluciones y acuerdos. Y una situación dura, grave y compleja, que castiga a personas y empresas, no puede despacharse con desmesura y trazo gordo, necesita mesura, rigor, concreción y claridad. Y eso requeriría más responsabilidad de la oposición española y catalana. ¡Quizás es pedir demasiado!

El debate no es si suben o bajan los impuestos, sino cuales suben o bajan, en qué proporción y cómo se utilizan para que sean útiles a la salida de la crisis económica. Porque subir, globalmente, subirán, como ha ocurrido en los últimos 30 años, mandara quien mandara (UCD, PSOE, PP) entre otras cosas, porque todavía no hemos alcanzado la presión fiscal media europea.

¿Necesitamos, o no, que el Administración ayude a la economía productiva para evitar la crisis acabe en depresión, que atienda al incremento de las necesidades sociales de las personas y que invierta en futuro del país para construir una salida diferente? Sí, pero siendo conscientes que:

- Esa necesidad es contraria a una política de “barra libre” (como hacemos déficit, no importa el tamaño)
- Como se van a pedir más esfuerzos hay que incrementar más, si cabe, la austeridad, el control y la eficiencia en el uso del dinero público,

Para financiar esas políticas hay que recurrir a los impuestos y al déficit. A los dos. Todo lo no podemos fiar al déficit público, porque si es verdad que tenemos capacidad de endeudarnos, porque la deuda es relativamente baja ya que antaño conseguimos superávits, hipotecarse en exceso pone en riesgo el futuro.

Para cuadrar ese círculo, se requerirá equilibrar el esfuerzo inmediato de subir los impuestos a quien pueda pagarlos mejor, con el esfuerzo diferido de endeudarnos. Porque al final todo acaba pagándose.

Como siempre en economía hay que encontrar el equilibrio entre lo que se recauda y lo que se gasta e invierte. Por eso los incrementos deben ser mesurados, racionales y controlados, tanto en los ingresos como en los gastos.

Ahora bien, la derecha, tanto la política como la económica, está lanzando mensajes imposibles y como decía el torero: “Lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible”.

Todo les vale para hacer oposición aunque sea contradictorio.

Por eso hacen bandera de la negativa a subir los impuestos, aunque en los 8 años de gobierno Aznar éste los subiera, y, además, la hacen compatible con peticiones de más gasto social y más ayuda a los empresarios y la exigencia de contener el déficit.
O defienden que, en estos momentos, el Gobierno debe contener el gasto como hacen las familias, cuando precisamente al Gobierno debe desarrollar una acción contra cíclica invirtiendo para evitar una mayor caída del consumo, la producción y el empleo. No es hora de que los gobiernos reduzcan el gasto sino de que favorezcan el crecimiento económico.
O hacen llamadas al recorte del gasto público, sin concretar que prestaciones sociales afectaría, pero deja claro que conviene dar más dinero o dejar más en sus manos de quienes más tienen.

Parece que las recetas y los recetadores liberales vuelven a la carga. Todavía no han se han acabado las negativas consecuencias de sus brillantes formulas y ya están otra vez con la misma canción.

Seamos realistas, salir de esta crisis nos reportara sacrificios y uno de ellos, no el único, será pagar más impuestos.

Por eso deberíamos pasar a hablar con rigor y profundidad de qué esfuerzo debe aportar cada uno y cómo se administra colectivamente.

Encuesta sesgada

Si fuéramos un poco ecuánimes y objetivos, lo reconoceríamos. Lo del domingo en Arenys de Munt no llegó a ser ni una encuesta sesgada.

No fue un referéndum o una consulta pública - aunque fuera con público - porque no cumplía, ni podía cumplir con, los criterios necesarios para serlo en relación a la convocatoria y los contenidos. Eso lo dejaron meridianamente claro los tribunales catalanes.

Como también dejaron claro otras cosas más:
- que una entidad privada, como cualquiera de nosotros, puede realizar las preguntas que quiera y recoger la opinión de todas las personas que libremente decidan dárnosla.
- que las opiniones y las respuestas, en el ámbito privado, tienen el derecho a ser expresadas, por equivocadas y erróneas que sean, o nos parezcan.
- que lo público y lo privado no pueden ser ni confundidos ni banalizados.

La pregunta fue realizada por una entidad privada, en locales privados y aunque tuviera la apariencia y simbología de una consulta popular, solo tuvo eso: la apariencia y la simbología.

En consecuencia no fue una consulta pública legalmente convocada y realizada y por tanto, faltada de valor jurídico y eficacia pràctica. Ahora bien, podía haber sido una encuesta, con su valor científico o demoscópico correspondiente. Pues bien, ni eso.

Para conseguir que una pregunta sea parte de una encuesta no es suficiente el número de personas que la contesta, sino como se hace y sobre todo a quien. Para que una pregunta sea una encuesta lo fundamental es que la muestra sea representativa de la realidad, es decir que constituya un micro cosmos de la realidad que se pretende representar.

Ni una cosa ni la otra se produjeron el domingo. La muestra fue insuficiente y no representativa. Insuficiente porque la pregunta era sobre Catalunya, no sobre Arenys de Munt, y porque no parece que las más de dos mil personas que contestaron sean una muestra representativa de las más de siete millones que vivimos en Catalunya.

Por ello, lo de Arenys de Munt no pasa de ser una encuesta sesgada. Sin valor jurídico, científico o demoscópico.

A pesar de ello, se puede entender la alegría de los promotores de la encuesta privada.

Por un lado han conseguido “fichar” a más de dos mil de sus vecinos con su nombre y dirección, a los van a poder dirigir sus opúsculos y posicionamientos independentistas. Espero que nadie incumpliera la Ley de protección de datos facilitando a los organizadores el censo electoral público para favorecer interese privados, y que por otros medios (presentación del DNI) comprobaran que las personas que depositaron su respuesta escrita, que no voto, eran convecinos.

Por otro, la repercusión mediática de sus acción. Que se vio amplificada, hasta la distorsión la verdadera magnitud de la misma, por las presencia de huestes falangistas y la falta de sensibilidad y habilidad del ministerio público al seleccionar a su represente.

Como Rick (Humphrey Bogart) decía a Lisa (Ingrid Bergman) en Casablanca: «De todos los bares en todos los pueblos en todo el mundo, tuviste que entrar en el mío». Pues, lo mismo ¿De verdad entre todos los abogados del Estado no había otro para que lo represntara?

Esa alegría puede entenderse, pero lo que resulta incomprensible es que organizaciones políticas, que se suponen serias - como CiU, ERC i el PP - continúen con el raca-raca intentando hacer Política (con mayúsculas) a partir de una encuesta sesgada, sin valor jurídico ni científico o demoscópico, y por ende, eficacia práctica .

Por más que practiquen la “yenka” (adelante y atrás, izquierda-derecha), no es ni aceptable ni presentable que, con la que está cayendo en términos económicos, que los nacionalistas catalanes de centroderecha o de izquierda propongan a los ediles y concejales de sus formaciones promover consultas ilegales, con el consiguiente conflicto institucional y despiste sobre los temas relevantes. Como tampoco lo es que el PP, primer partido de la oposición española, pretenda hacer seguidismo de la Falange Española, actuando como si una encuesta sesgada fuera una cuestión de estado.

Los excesos y los radicalismos verbales y conceptuales de las minorías se soportan – mal, pero se soportan -, como el precio que una sociedad democrática debe pagar en beneficio del respeto a la libertad de expresión y la pluralidad de opiniones.

Ahora bien, la gente reprueba ese infantilismo y esa inoperancia política si quien lo practica son formaciones que deberían representar la centralidad del pensamiento de la ciudadanía y ocuparse de sus preocupaciones y necesidades.

Asumiendo los excesos y los radicalismos de las minorías nunca se representó el sentir de las mayorías.

¡Por ahí no van bien!

Bueno es saberlo

Estos días, a cuenta de la consulta de Arenys de Munt, lo hemos sabido. Artur Mas se ha declarado favorable a la independencia de Catalunya.

Lo ha hecho al afirmar que, si pudiera, votaría positivamente a la pregunta: "¿Está de acuerdo en que Cataluña se convierta en un Estado de Derecho, independiente, democrático y social, integrado en la Unión Europea?"

Hasta ahora CiU había votado en el Parlament, en dos ocasiones, a favor de la autodeterminación, es decir a favor del reconocimiento para Catalunya del derecho a convocar un referéndum en el que pudiera consultarse a la ciudadanía si deseaba independizarse, o no, del resto de Espanya, al estilo del Quebec

Para defender ese planteamiento ellos, y todos los independentistas, invocan de forma genérica y equivocada el derecho internacional previsto a los efectos de hacer efectivos los procesos de descolonización del siglo pasado y concretamente su plasmación en la Carta de las Naciones Unidas o los Pactos Internacionales de Derechos Humanos. Todo y que ese derecho no está incluido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, muchas veces es invocada para justificarlo.

Evidentemente en el momento de defender ese ejercicio al derecho a la autodeterminación lo hacen obviando que la ciudadanía de Catalunya ya lo ejerció en libertad y democracia, cuando de forma mayoritaria dio su voto favorable a la Constitución Española de 1978 que establece y regula las relaciones con el resto de España y el régimen de autogobierno en el seno del Estado.

Lo cierto es que cada vez que en los tiempos que gobernaba el President Jordi Pujol dieron su apoyo al reconocimiento del derecho a la autodeterminación de Catalunya, esté se apresuraba a decir que una cosa era el reconocimiento del derecho, otra ejercerlo y otra, muy diferente, el resultado.

Sensible a la realidad y consciente de que la mayoría de la ciudadanía de Catalunya, ni es ni independentista ni quiere la independencia, el veterano dirigente nacionalista mantenía esa indefinición y ambigüedad calculada, con la que lanzaba guiños a los más nacionalistas, pero al tiempo buscaba no intranquilizar a los sectores económicos y sociales que le permitían continuar gobernando.

Ahora Artur Mas y el núcleo duro de CiU han roto esa ambigüedad y se declaran independentistas. ¡Es bueno saberlo!

Pues con ello, y a un año de las elecciones, nos ayudan a entender en que aventuras nos embarcarían si llegaran a gobernar y por qué están abogando por una sentencia negativa del Tribunal Constitucional al Estatut: la necesitan para liberarse del pacto en el que participaron para adecuarlo a la Constitución.

Contra la liquidez

No clamo contra la liquidez bancaria, o “cajaria”, que sigue siendo una de carencia importantes de nuestra economía, si no contra la volatilidad e inconsistencia en las actitudes, de quienes sólo se guían por la obtención de beneficios individuales y a corto plazo.

Una parte importante de los problemas económicos que hoy padecemos devienen del ensalzamiento y la práctica de actitudes basadas en la liquidez. La liquidez en los valores éticos, el menosprecio de la perseverancia, el compromiso y la constancia en el esfuerzo como mecanismos para alcanzar las metas y el desentendimiento sobre las consecuencias sociales que puede producir nuestra acción.

Como siempre ocurre y también en esta ocasión, las dinámicas económicas son a la vez causa y efecto de los cambios en las relaciones interpersonales y las nuevas normas sociales que rigen en la sociedad, lo que antaño llamabamos la superestructura social.

Coincido con aquellas voces que abogan por que los proyectos estén presididos por la solidez de los planteamientos, las propuestas y las actuaciones, ya sean estos de tipo empresarial, social, político, público o privado.

Bajo ningún concepto considero que esa solidez esté reñida con la capacidad de evolucionar y adaptarse a las nuevas demandas y necesidades sociales, las cuales, además, emergen fruto de los éxitos parciales en el camino hacia el progreso social. Ahora bien, soy de los que pienso que esa actitud de cambio y adaptación permanente sí que está reñida con “lanzar por la borda” aquello que de consistente existe en el proyecto a largo plazo que se ha venido construyendo.

Sólo si las nuevas propuestas son vistas como la adecuación del viejo (que no caduco) proyecto, se logrará mantener el compromiso de los que lo hicieron – y lo hacen posible - con su esfuerzo y a la vez añadirle el de los que se incorporan a partir de ahora. Para ello es necesario que esa continuidad sea compatible con el hecho que esas nuevas propuestas también sean la senda a transitar hacia el progreso social y económico que se espera alcanzar. Y no sólo deben serlo, sino que así deben ser percibidas, para que sea posible construir el nuevo compromiso que justifique el esfuerzo colectivo a realizar.

El “relato” que debemos hacer de lo que queremos, proponemos y vamos a hacer debería cumplir esas premisas.

En Catalunya se inicia un curso político, que acabará justo cuando empiece la campaña electoral autonómica. Por ello, sería deseable que en los discursos de las fuerzas políticas se conjugaran los dos tiempos, el futuro inmediato y el más lejano.

Que las propuestas a corto se correlacionen con el relato a largo.

Que se tenga presente en el momento de afrontar las urgencias, el día a día o lo inmediato, la inutilidad del regate en corto, que es imprescindible explicarnos y que en esa explicación también se hiciera evidente hacia qué modelo de sociedad y de país nos orientan.

En ese debate los socialistas tenemos mucho a ganar. Tenemos un proyecto sólido, con voluntad de permanencia en el tiempo y de transformación de la realidad, formulado con rigor y claridad, con el que la ciudadanía puede adquirir libre y conscientemente un compromiso duradero.

Si nos enredamos en los debates de aquellos que no pueden clarificar su proyecto porque, o no un tienen modelo de sociedad que ofrecer, o su modelo de país es la independencia de los referéndums d’Arenys y el pacto con el PP de Rajoy, entonces nos introduciremos en la Catalunya virtual de una minoría social.

En política la expresión de la liquidez es el electoralismo, esa actitud que impone decir y hacer lo que el marketing electoral determina en el momento y para cada momento.

Superar la liquidez en el discurso político supone un reto y un riesgo. El reto de ser consecuente y el riesgo de que al perder la ambigüedad no se abarque tanto espacio electoral. Por el contrario, el abandono de la liquidez en política no supone, como algunos arguyen, el paso al autismo sobre lo que piensa, necesita o quiere la ciudadanía y la convicción de ser el único poseedor de la verdad y las esencias, sino la afirmación de un proyecto que la gente puede conocer, valorar y hacerse suyo.

A pesar de los riesgos, siempre será más lo que se gana que lo que se pierde, con ello, pues sobre lo líquido difícilmente se construirá el futuro.

De qué hablamos

No siempre se habla de lo que más interesa a la gente.

El tema central de los debates públicos debería ser el cómo y el con qué atendemos las necesidades sociales que la crisis económica genera, precisamente en el momento en que además su existencia las agrava, pero no lo está siendo.

Los próximos presupuestos generales del Estado han de resolver el “soduku” que hoy tenemos planteado. Que no es otro que el de cómo favorecer la creación de empleo, ayudar a quienes lo ha perdido y/o prolongarles las prestaciones tras su agotamiento, subir los impuestos, reducir el crecimiento de los salarios de los funcionarios públicos, mantener el ritmo inversor y el gasto público para dinamizar la economía, dado el bajo tono del sector privado, al tiempo que se controla el déficit público para evitar que pueda acabar lastrando la recuperación tiempo.

Corresponde al Gobierno tomar las decisiones políticas y económicas para cuadrarlo. Exponiéndolas, primero, debatiéndolas, después, y, si es posible, alcanzando el máximo consenso social y político que las avale.

Algo de eso es lo que han intentando hacer los últimos días con sus declaraciones el Ministro José Blanco, la vicepresidenta Elena Salgado y el propio presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Pero nadie les ha seguido, al menos con el rigor y la profundidad que cabe esperar cuando se aborda un tema central.

Pero por contra, a lo que hemos asistido no ha pasado de ser sólo dos “despejes de pelota”. Uno del PP, protagonizado por Montoro, y otro de CiU. Ambos al alimón y de forma coincidente han rechazado compromiso político que tenga como premisa, reordenar o incrementar los impuestos a las rentas altas para financiar las prestaciones sociales.

Aunque, eso sí, con el mismo énfasis y sin ruborizarse por la contradicción que supone con su práctica de incrementar la presión fiscal cuando gobernaban, han proclamado que la congelación o reducción fiscal debe hacerse compatible con la reducción del déficit público, la incentivación de la creación de empresas y riqueza y el mantenimiento de la protección social.

Su cuadratura para ese círculo es sencilla: volver a repetir lo mismo que hemos pasado. Proponen la misma receta liberal que nos ha conducido a esta crisis: “con menos impuestos sobre los que tienen más recursos, menos intervención pública y más libertad para hagan lo que quieran, ellos crearan la riqueza necesaria para financiar el bienestar social”.

Lástima que para ello, ese “paradisiaco panorama” sea imprescindible que el resto de los mortales, veamos recortados los derechos e incrementados los impuestos indirectos para financiar la reparación de los daños que han causado, la recuperación de sus excedentes y las ayudas para que realizar nuevos negocios.

El debate de quién y de qué manera se pagará la crisis es el debate, por eso despistan y centran sus esfuerzos en que debatamos otros aspectos que, aunque también pueden ser importantes, no lo son tanto.

La tinta que ha corrido con la “supuesta” persecución del PP y la “non nata” sentencia del Constitucional sobre el Estatut, es la expresión de esas exitosas maniobras de distracción, que finalmente consiguen que el debate público - o como mínimo, el publicado – no se centre en aquello que los ciudadanos proclaman como su mayor preocupación, según el CIS y el CEO.

Además con ellos también se trata de esconder, por un lado, los efectos de la corrupción que el PP alimentó con la impunidad que le confería su mayoría absoluta y la forma de ejercerla y, por el otro, la equivocación de CiU rechazando el acuerdo de financiación que se deriva del Estatut.

Si queremos que no se incremente la distancia de la gente en relación a la política, debemos hacer un esfuerzo en centrar el debate sobre “la política de las cosas” e intentar huir de los debates sobre “las cosas de la política”.

“Manis” preventivas, no gracias.

Prever el futuro para anticiparse a lo que puede suceder, es positivo. Creerse en el futuro es una ensoñación.

Nunca ha sido una política inteligente ponerse una venda antes que la herida, lo inteligente es prever y evitar los riesgos futuros, si es posible.

Eso fue lo que se hizo colectiva y mayoritariamente con el Estatut salido del Parlament, al negociarlo con las Cortes Generales, y sancionar despues ese resultado en referéndum.

Se negoció para que fuera constitucional, para que el paso adelante en el autogobierno de Catalunya se diera dentro de las posibilidades que ofrece la Constitución Española, pero con una visión más abierta y evolucionada del diseño autonómico que contiene. Era la forma de avanzar, sin aventurismos.

Eso no evitó que el Partido Popular, desarrollara una brutal oposición al proyecto estatutario durante su tramitación y finalmente formulara un recurso ante el Tribunal encargado de interpretar el texto constitucional.

Ahora cuando se cumplen los tres años de su entrada en vigor y, por fin, parece que se acerca la sentencia que validara su carácter constitucional la Convergencia que preside Artur Mas y dirige el núcleo duro más independentista (no parece que Unió siga esa juego) se ha sumado y está alentado un aire de excitación nacionalista a partir de dar por hecha la suposición de que el Tribunal Constitucional solo puede emitir una sentencia negativa sobre el Estatut y, en consecuencia, se debe organizar la resistencia.

Con ese silogismo tratan de esconder su fracaso con el sistema de financiación. Se equivocaron entonces y se equivocan ahora. Apostaron porque no habría acuerdo o sería insuficiente, y no fue así. Y ahora vuelven a errar apuntándose a manifestaciones preventivas, convocadas por aquellos que criticaron o rechazaron el Estatut y ahora quieren ser máximos defensores.

Hasta el ex President Jordi Pujol les ha tenido que decir que deben distinguir entre una posibilidad y una certeza y que en todo caso lo sensato es posponer cualquier actuación a conocer la sentencia.

Por otro lado, si de verdad buscaran reforzar la unidad catalana en nombre de la dignidad catalana y para defender el Estatut, lo que deberían hacer es ofrecer su apoyo incondicional al President Montilla, en lugar de continuar jugando a “marcar perfil”. Como escribía el cantante y compositor Rafael Subirachs, en su carta en el diario Avui sobre la manifestación: “¿se han preguntado que deterioro para la ya maltrecha unidad catalana significaría una manifestación que no contara con el actual President de la Generalitat? ¿Quizás piensan que así dominaran al President o, peor, lo desprestigiaran si no se doblega?

Pero ni por esas, la nueva cúpula, busca actuaciones “MADIaticas”. Igual que hace Florentino Pérez en el Real Madrid, se trata de desplegar una gran campaña que “tape” el triple éxito en la liga anterior de su principal adversario. Pero, esto no es futbol, sino de algo más transcendental.

Buscan recrear un ambiente de fracaso, frustración y agresión ¡No fuera cosa que la Diada fuera una fiesta donde se celebre el éxito de la financiación, en lugar de la rememoración de una derrota!

Hoy el Estatut se defiende aplicándolo. La financiación, la ley de educación, el traspaso de cercanías, de la Inspección de Trabajo o el reconocimiento de permiso de trabajo de las personas que emigren a nuestro país son ejemplos de cómo se avanza en el autogobierno.

La manifestación preventiva es una cortina de humo. Pero, las cortinas de humo solo sirven para huir o esconderse, nunca se ha construido nada con ellas.

Y si con ello despistan al personal sobre la contradicción de reunirse con el PP en privado y repudiarlo en público, recordando que el “número del notario” sigue vigente; hostigan a la ERC de Puigcercós, para que no rentabilice su apoyo a la financiación ocupando el espacio de centralidad que ellos han abandonado con su radicalización; mejor.

Por eso, “manis” preventivas, no gracias.

Políticos de guardia

De mi época del servicio militar, recuerdo lo aburridas que eran las guardias.

El tiempo se alargaba como un cicle. Nunca pasaba nada. No tenías con qué entretenerte. ¡Hasta deseabas que hubiera un incidente que rompiera la monotonía! Pero como no sucedía nada, tenías que dejar volar la imaginación y fabular con lo que sea.

Algunos de los políticos que en este mes de agosto están de guardia, mientras el resto de los mortales estamos de vacaciones, se dedican a fantasear e intentar hacer crecer gigantes donde no hay ni molinos de viento. Todo sea por alcanzar un titular o matar su aburrimiento, o quizás por su propia idiosincrasia o para proyectarse por encima del sopor que produce la canícula estival.

Uno de los clásicos del verano en Catalunya en este tema es el secretario general de CiU, Felip Puig. Hace dos años ya pidió la intervención del ejército como respuesta a un conflicto laboral en el aeropuerto del Prat.

Ahora, y a cuenta de los posibles conflictos que pueden producirse entre la regulación sobre las ayudas al sector financiero y las competencias catalanas sobre las cajas, de nuevo ha actuado de la misma forma: Empieza la casa por el tejado y exige que lo primero que debe hacer el Govern “es sacar la caballería”.

Evidentemente, que un independentista confeso, plantee que lo primero que debe hacerse es recurrir al Tribunal Constitucional, resulta extraño y más cuando se formulan día sí, día también, dudas sobre la neutralidad y capacidad del Alto Tribunal para dirimir los conflictos entre Catalunya y la Administración General del Estado.

Como exconseller seguro que conoce que existe la posibilidad del recurso previo de competencias, que permite al Gobierno de Catalunya hacerle ver al Gobierno de España los problemas que existen y negociar, si es posible, una salida antes de recurrir al Constitucional, via que continua abierta.

¿Por qué no lo propone? ¿Por qué prefiere dejarlo en manos de un Tribunal que cuestiona, antes que en las del Govern de su nación? Sencillamente, porque no pretende solucionar los problemas sino dar la apariencia que CiU es más contundente que nadie (en especial que ERC) y porque prefiere una sentencia del TC que un acuerdo del Govern, como se ha visto con la financiación autonómica.

Si además entramos en el fondo del tema que se ha utilizado como pretexto, la actitud es más preocupante. Si algo nos ha demostrado esta crisis es que no se puede jugar con la solvencia y la confianza del sector financiero. Su carácter sistémico hace que sus problemas se transformen en nuestros problemas.

La gestión desarrollada por algunas entidades financieras ha hecho que acumulen un excesivo volumen de riesgos, cuando no los han generado ellas mismas. Una falta de respuesta desde los poderes públicos y las autoridades financieras repercutiría en una pérdida de credibilidad y solvencia de nuestro sistema financiero que indefectiblemente se trasladaría a la economía real, desestabilizándola con mayor intensidad que la ya padecemos y contribuyendo a la destrucción de más empleo.

Evitar esa posible situación requería de una acción del gobierno central y el FROB (Fondo de restructuración ordenada bancaria) es un buen instrumento para tal fin.

¡Ahora bien! que sea útil, urgente y necesario no justifica que en su formulación concreta no haga con un absoluto respeto a las competencias del resto de autoridades económicas del Estado - la Generalitat es también Estado -, ni que algún político de guardia continúe intentando jugar al independentismo con temas tan serios, para matar su aburrimiento o conseguir un titular de prensa.