Educación o pañuelos

Najwa se ha ido a otro Instituto, donde sí le dejan estudiar con un pañuelo en la cabeza (hiyab).

Después de días privada de asistir a clase, confinada en la sala de visitas, ha tenido que cambiar de centro y compañeros para poder acabar la ESO.

Esa no es una salida positiva para la joven, pero tampoco para el resto del Instituto.

En un tema como este, en el que coincide el ejercicio de diferentes derechos, lo imprescindible es identificarlos y ordenarlos, es decir, ponerlos en fila y no saltársela.

El primero y principal de los derechos a respetar era y es el de la educación de la menor.

Los que vienen detrás y en paralelo son el respeto a la libertad religiosa individual y la aconfesionalidad de lo público.

Con esa ordenación de derechos, los jóvenes pueden estudiar luciendo, según su creencia, cruces, estrellas de David, hiyabs o túnicas budistas, en centros que no exhiben ningún símbolo religioso.

Parece absurdo que si hay que escoger entre la educación o un pañuelo, se opte por este último.

Valorar menos el proceso de adquisición de aptitudes y actitudes que las hará personas más libres y responsables que una indumentaria, siempre que no afecte a su dignidad como persona (como ocurre con vestimentas tipo "burka), es un hecho antipedagógico, autoritario o intolerante y una gestión poco inteligente de la diversidad existente en el centro, que el Consejo Escolar ha llevado a cabo.

En este examen práctico, profesores y AMPA han suspendido la asignatura.

Nombrar la unidad en vano

“Para esta demostración no necesito nombrarlo” dicen que alegó un físico ante el tribunal de la Inquisición al serle requerido el por qué no citaba a Dios en la justificación de su teoría.

Algo similar ha ocurrido en el Tribunal Constitucional.

La ponente, y tres miembros más, no creían necesario nombrar la indisoluble unidad de la nación española en el fallo sobre el Estatut - aunque si la tenían presente en los fundamentos jurídicos -, por el contrario la otra parte del Tribunal, que podía haber ayuado a construir una mayoría suficiente, exigía que fuera nombrada para darle su voto.

El resultado es ya conocido. El quinto proyecto de sentencia ha ardido en la hoguera de las vanidades.

Nadie en el Constitucional es independentista y todos suscriben el concepto de la unidad de España. Por eso, cuesta entender su incapacidad para ponerse de acuerdo sobre un Estatut que ni ha roto España ni va camino de hacerlo, después de cuatro años aplicándose.

Más allá de las personas (y los personalismos), la discrepancia de fondo se ha producido, una vez más, entre quienes asumen que la unidad no se pone en peligro por atender la diversidad y la pluralidad que constituye España, y los que sólo la ven asegurada con la uniformidad o nieguen la conveniencia que Catalunya asuma más responsabilidad para asumir los nuevos retos.

Retos que nada tienen que ver con aspiraciones segregacionistas, sino con la autoresponsabilización colectiva para gestionar los cambios acaecidos desde la entrada en vigor del primer Estatut, ahora hace 30 años.

Cambios de todo tipo:
· políticos, ahora estamos en Europa y entonces no
· demográficos, fruto del potentísimo crecimiento de la esperanza de vida y las bajas tasas de natalidad. Produciendo una mayor demanda de servicios para garantizar una mejor calidad de vida y atención a esas personas.
· económicos, la globalización de la actividad económica se ha acelerado aportando efectos contradictorios como la deslocalización o la posibilidad de llegar a nuevos mercados
· migratorios, como ha sido la llegada de un millón de personas extranjeras;
· o sociales, como por ejemplo los cambios en la estructura de la familia o la incorporación de casi un millón de mujeres al trabajo fuera de casa.

Es para asumir esa mayor responsabilidad para lo que se hizo el Estatut. Y es para eso que nos otorgaba más competencias y una distribución de los recursos adecuada para atenderlas, a la vez que mantener la solidaridad interregional.

A pesar de ello, hay quien, como el Tribunal de la Inquisición, ha seguido exigiendo que en el fallo se “nombrara la indisoluble unidad de la nación española”, aunque no fuera necesario, porque no estaba en juego.

Es una actitud propia en quienes prejuzgan intenciones en lugar de juzgar textos o hechos, de quienes exigen de los otros la adhesión univoca a sus criterios y son incapaces de aceptar la matización o, incluso, la discrepancia, en suma el enriquecimiento de la diversidad.

Pero tendrían que saber que no es nombrándola en el fallo, como se salvaguardara la unidad de España, sino con una doctrina que favorezca una concepción integradora de la realidad plural que la conforma.

El fracaso del quinto proyecto de dictamen es el resultado de esa intolerancia en el Tribunal Constitucional y la expresión de su incapacidad con la actual composición.

Después de tres años sin ponerse de acuerdo es hora de que se cumplan sus normas. Eso no es cambiar las reglas del juego a medio partido, sino todo lo contrario.

Al Tribunal Constitucional se le respeta y ayuda renovando los miembros caducados y haciendo que trabajen sin más intentos de instrumentalizaciones de aquellos que toman el nombre de la unidad en vano

Coyuntura y estructura

El grandilocuentemente anunciado como "Pacto de Estado" de Duran Lleida ha acabado sin un documento firmado por los negociadores del Palacio de Zurbano, sede del Ministerio de Economía y sin foto.

La razón de esta ausencia de rubrica se encuentra, básicamente, en el tacticismo electoral del principal partido de la oposición, el PP. Los conservadores españoles consideran que el desgaste que genera la crisis y su gestión es lo que les llevará de nuevo a la Moncloa y no quieren aparecer en el lado del Gobierno. Confunden ayudar a los ciudadanos con ayudar al Gobierno.

A pesar de los aspavientos propagandísticos esto no supone la inexistencia de frutos prácticos y resultados.

El Real Decreto Ley 6 / 2010 de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo, apoyado con más o menos entusiasmo por los partidos negociadores, excepto IU-ICV-EUiA, y los acuerdos del pasado Consejo de Ministros en los temas que no necesitan ley, son la prueba.

Son una serie de medidas urgentes, de ahí que esté plenamente justificada la utilización de esta forma jurídica. Ahora bien como tales no pueden constituir una propuesta estructural, pero sí que tienen una estructura coherente con el objetivo perseguido: impulsar actividad económica que genere empleo.

Por ello fomentan la exportación, la rehabilitación y la eficiencia energética de las viviendas, tanto privadas como públicas, el impulso del comercio, el turismo o la industria automovilística.

Y abordan la mitigación del freno que proviene del sector financiero. Agilizando su reforma y reforzando la capacidad del ICO para ofrecer más liquidez a las empresas o financiar la construcción de vivienda protegida.

Todas las medidas son piezas para un mismo puzle, pero no son todo el puzle.

Para tener una visión de conjunto hay que completar de forma imbricada en la hoja de ruta anunciado por el Presidente Zapatero el pasado 2 de diciembre en el Congreso de Diputados, que se está desarrollando y cumpliendo en tiempo y forma y que conlleva:

• La negociación de las reformas estructurales dirigidas a favorecer el cambio del modelo productivo. Este proceso se ha desarrollado en torno a la ley de economía sostenible, la cual ya ha iniciado su trámite parlamentario, así como la ley orgánica que afecta a los aspectos con dimensión autonómica.
• La negociación de la reforma de los aspectos laborales, mediante la mesa del diálogo social, que entra en su segunda fase con el nuevo documento aportado por el gobierno.
• El programa de austeridad y ajuste presupuestario, entregado ante las autoridades económicas europeas, que está siendo una pieza clave para mantener la confianza internacional sobre la economía española
• La propuesta sobre la reforma del sistema de pensiones, enviada para su debate a la Comisión del Pacto de Toledo, que supone una propuesta equilibrada para continuar dándole sostenibilidad financiera a uno de los pilares fundamentales de nuestro Estado del Bienestar.

Dentro de este contexto de reformas más estructurales que se están desarrollando, estas medidas rebasan con creces su condición de coyunturales y alcanzan su dimensión y su importante contribución al cambio estructural, que debemos protagonizar por superar la crisis y la superación de los problemas específicos que teníamos, incluso antes de que ésta se declara con tanta virulencia

Contramanifestaciones

Las negociaciones entre la CEOE, UGT y CC.OO. sobre la reforma laboral avanzan con su ritmo habitual.

Un ritmo que no es lineal ni progresivo, más bien espasmódico. Discreto pero no secreto. Lo que permite que los medios de comunicación "no iniciados en estos rituales negociadores" y más acostumbrados a "la liturgia política" fallen más que una escopeta de feria y anuncien desacuerdos poco antes de que se alcance acuerdos, como vimos en el conflicto de ACESA esta Semana Santa.

Ahora bien, esta dificultad para conocer y apreciar lo que está sucediendo es una cosa y el festival de contramanifestaciones de estos días, es otra.

Mientras los agentes sociales negocian con discreción, influyentes personajes, despachos profesionales y grupos de presión, se manifiestan públicamente con estridencia. No es algo nuevo, lo hacen desde hace tiempo.

¿Por qué no dejan en paz a los negociadores? ¿Tanto miedo tienen a que se llegue a un acuerdo, que no sea "su acuerdo"? Pues, sí.

Para ellos sólo será un acuerdo positivo si responde a la su machacón "ritornelo" sobre el abaratamiento del despido y el contrato único, supuestamente estable. Por ello se contramanifestan por y para el desacuerdo. Otra cosa no les sirve.

Intentan hacernos creer que el alto nivel de personas paradas se explica principalmente por nuestro mercado laboral, para a continuación extraer la conclusión de que si no se reforma - siguiendo sus directivas, claro - no hay salida.

Quieren que olvidemos que quien ha estado detrás de la actual y durísima destrucción de empleo ha sido la confluencia de la crisis financiera y nuestra estructura productiva y no el mercado laboral, que en la fase expansiva permitió la creación de mucho empleo, aunque de poca calidad.
Es combatiendo las causas estructurales de carácter financiero y de competitividad sectorial como resolverán los problemas de fondo. No confundiendo interesadamente los efectos (el paro) con las causas (las raíces de la crisis).

Porque esas son las verdaderas causas, como lo pone de manifiesto el hecho de que el último año en toda España, el 86% del total de los puestos de trabajo que han desaparecido se han concentrado en sólo dos sectores (construcción e industria manufacturera), los cuales apenas suponen el 23% de todo el empleo.

¿Si el causante fuera el mercado de trabajo, por qué se produciría esta afectación concreta? ¿Por qué los sectores afectados por la crisis financiera especulativa (la construcción) y el exceso de consumo (producción de bienes manufacturados) deberían resentirse más que los otros?

Sin embargo, todos podemos coincidir en que habrá que sumar a la lucha contra las causas de crisis las reformas de aquellos factores que a pesar de no ser los responsables pueden ayudar a superarla. Ahora bien, la dirección de estas reformas tienen que ayudar a no repetir parte de los defectos observados. En este sentido, la falta de calidad del empleo creado, no se resuelve deteriorando su regulación jurídica.

Creo que los agentes sociales entienden que tienen que hacer el esfuerzo de acordar una reforma laboral equilibrada, dirigida a colaborar en la salida de la crisis. Su alto grado de responsabilidad les ha hecho retomar el diálogo roto en julio de 2009, asumiendo su obligación social.

Al resto nos corresponde ayudarles a que la cumplan, no estorbar los ni intentar boicotear los . ¡¡¡Bastante trabajo tienen!!!

Si una vez agotado un tiempo razonable -parece que hasta finales de este mes- no han podido o alguien no ha querido alcanzar un acuerdo, será entonces, y sólo entonces, que el Gobierno deberá transformar sin más dilaciones la propuesta que les entregó en febrero en norma legal.

Para todos estos que se contramanifiestan, esa tampoco será una buena opción. No por unilateral y decretada, sino porque no impondrá lo que ellos propugnan.