¿Y por qué no el IRPF?

Vaya por delante que el conjunto de las administraciones públicas españolas no eran derrochadoras.

No es cierto que "estiraran más el brazo que la manga". Antes de la crisis tenían superávit - gastaban menos de lo que ingresaban - y estaban poco endeudadas, incluso ahora lo siguen estando. Además, tampoco el sector público financia "lujos asiáticos", nuestro nivel de gasto público es más bajo que la media europea, en especial la destinada a atender necesidades sociales.

Ahora bien, desgraciadamente, haber actuado correctamente en la gestión de sus finanzas no las ha inmunizado de las consecuencias de la crisis financiera. La ola producida por el estallido de la burbuja inmobiliaria les ha impactado de lleno.

Es la caída de los ingresos y no el exceso de gasto el origen de un déficit público que, mientras se reactiva la economía, se deberá financiar para "llegar a fin de mes", es decir, hay que pedir prestados el dinero para cuadrar las cuentas públicas, y nos los deben dejar.

He aquí un hecho paradójico, nuestra manera para ser independientes de esos que nos los dejan y nos imponen duras condiciones, es cuadrar las cuentas

La cuestión no es si cuadramos, o no, las cuentas, sino como lo hacemos

Si lo hacemos mejorando la gestión, recortando gastos o incrementando los ingresos o las tres cosas a la vez. Y aquí es donde entra en juego la política, es decir, la gestión de lo público, porque no hay una única manera de hacerlo. Las decisiones no son neutras, ni inocentes, detrás de cada una hay una ideología económica, social y política.

Hasta ahora, en Cataluña las medidas para cuadrar las cuentas se han orientado a recortar prestaciones básicas e, incluso, a condonar impuestos (sucesiones) aplicando aquella doctrina que sostiene que si se deja más dinero en manos de los que más tienen, estso invertiran i crearan empleo. Cuando se ha comprobado que eso era insuficiente o inadecuado - porque puede deprimir aún más la economía - se ha abierto la vía a cuadrarlas recaudando más impuestos.

Ahora se opta por crear tasas sobre recetas, que penalizan a las personas con enfermedades y aún más a aquellas con menos ingresos, subidas en el transporte o las previsibles subidas del IVA. ¿Por qué no se insiste en subir el IRPF, como ya lo hizo el gobierno de Cataluña en el año 2010?

Un incremento de este impuesto directo tiene la ventaja que se aplica sobre aquellas personas que tienen ingresos y en una proporción creciente sobre los mismos. Es pues una forma más equitativa y solidaria de repartir los esfuerzos entre todos. Y además de fácil gestión y recaudación.

Por si eso fuera poco, con esto iniciariamos el camino para situarnos en la nivel de contribución que tienen otros países de la UE y cuando llegue la recuperación económica no sólo recuperaremos el equilibrio fiscal, sino también dispondremos de un mayor nivel de ingresos para financiar los déficits de servicios públicos que aún tenemos.

Desestimar esta opción no es sino una opción ideológica que distribuye de forma injusta los costes de la crisis haciendo que recaigan en mayor manera sobre los más débiles, contribuye al debilitamiento del Estado del Bienestar y con él la cohesión social.

Publicado en Fet a Sant Feliu

Mega ricos solidarios

Espoleados por Tea Party los republicanos americanos han sostenido - incluso al coste de poner a su país al borde del precipicio - que los EE.UU. no debían endeudarse, ni recaudar más impuestos, para financiar aquellas políticas de estímulo económico que creen empleo, protejan a quien más lo necesite y los saque de la crisis.

La propuesta republicana duramente criticada por premios Nobel de economía, como Paul Krugman o Joseph Stiglitz, porque tiende a deprimir más la economía productiva y real y desproteger a los sectores más débiles - lo contrario de los que se necesita - gravita sobre la reducción de la gasto social y la de los impuestos a los que más tienen.
Esta es la fórmula practicada anteriormente por los presidentes Bush (padre e hijo) en el pasado y que ya demostró que dejar el dinero en manos de los ricos no necesariamente creaba empleo, ni hacía la sociedad más justa y equilibrada. A pesar de ello insiste en el falaz argumento, como aquí las formaciones más conservadoras.

En medio de este debate Warren Buffet, la tercera fortuna mundial, ha pedido que no se mime tanto a los ricos y mega ricos, tras señalar su desacuerdo con la injusticia que supone el hecho de que él esté pagando un 17% por sus ingresos mientras sus empleados lo hacen por el 34% de los suyos.

No es la primera vez, que en EEUU las grandes fortunas piden pagar más impuestos para ser ayudar y ser solidarios con sus conciudadanos y no sólo a través de sus fundaciones benéficas, ya lo hicieron Bill Gates o Rockefeller. Del mismo modo los ricos franceses y también los alemanes reclaman aportar más al erario público. ¡Ni en Cataluña ni en España aún no hemos oído a ningún miembro de esta élite económica hacer afirmaciones semejantes!

Estos mega ricos no lo hacen por una actitud naíf y bienintencionada, ni porque se hayan vuelto locos.

Lo hacen porque - defensores de la meritocracia y opuestos a la aristocracia como somos - creen que devolver parte de los beneficios a la sociedad crea y mantiene las condiciones para ellos los tengan y para que otros los puedan obtener. Pero también para que de forma inteligente saben que una sociedad solidaria, es una sociedad más estable y segura y también porque sólo si hay un reparto justo de los esfuerzos para salir de la crisis es posible exigir la corresponsabilización con este objetivo.

En el fondo es una concepción positiva de la fiscalidad como instrumento privilegiado para la construcción de una sociedad más equilibrada y justa.

¡Ojalá aquí también se entendiera y practicara esto! Y que en estos momentos, estas afirmaciones hicieran reflexionar sobre si las dificultades presupuestarias para financiar los programas sociales son una razón suficiente para recortarlas y si, por el contrario, no debería incrementar la imposición directa fiscal para reducir el déficit que genera atender estas necesidades.

Si esto se hiciera, muchas cosas tendrían que revertirse o corregirse, como por ejemplo, recortar la Renta Mínima de Inserción (RMI) después de haber renunciado a mantener vivo el importe de sucesiones para los 6% de las personas más ricas de Cataluña.

Antes de hacerlo se debería haber explorado todas las posibilidades de obtener ingresos adicionales por la vía fiscal (manteniendo o incrementando la imposición) que además fomente la equidad social, la mejora de la recaudación y lucha contra el fraude.

Y esto no es contradictorio, ni opuesto, el hecho de gestionar mejor los servicios y prestaciones sociales públicas, y el de velar para evitar un uso inadecuado o fraudulento de las prestaciones.

Distribuir los sacrificios

Nunca hasta ahora unos presupuestos catalanes generaron tanta intriga, expectación y debate, y eso que todavía no se han publicado.

El anuncio de sus efectos, los han popularizado, que no es sinónimo de que sean populares. Más bien todo lo contrario.

Las medidas anunciadas - algunas ya ejecutadas – como afectan a servicios esenciales (sanidad, educación o servicios sociales) generan una especial sensibilidad no sólo en las personas actualmente usuarias, sino también en las potenciales. Esa es una diferencia substancial en relación a otras, que no creo se haya tenido en cuenta. Por eso si alguien creyó que sólo con publicar las dificultades presupuestarias ya se justificaba cualquier tipo de cuadre numérico se equivocó.

Se entiende que haya crisis, pero se discute el tipo de salida.

Que la gente puede comprender la necesidad de un ajuste, no significa que no quiera conocer y compartir hacia donde le conducen los sacrificios que se le exigen. Si además estos se perciben como inequitativos, afectando más a quien más lo necesita y se intuye que darán paso a un modelo diferente que los consolidará, entonces el rechazo está cantado. Incluso, por lo afines.

La salida a ese atolladero es el pacto, entre los partidos y con la ciudadanía, sobre la distribución justa y equilibrada de los esfuerzos y sacrificios, sin regates en corto ni maniobras (contables) de distracción. Lo otro, una sangría para el Govern.

Pedagogía, no marketing

En este mundo mediático, ante la reacción adversa de los afectados negativamente por unas pretensiones, a menudo, oímos decir a quien las persigue o propone: “Tenemos un problema de comunicación”.

¿Lo dicen por decir? ¿De verdad, creen que no los entienden? ¿No se han planteado que quizás sí las conocen y que las rechazan porque no las comparten?

Los unánimes rechazos cosechados por Telefónica al anunciar casi al unísono que: ha ganado 10.000 millones de Euros; quiere despedir a 5.800 personas, y que se gastara una 450 millones de euros en gratificaciones extras para 1.900 directivos, no son el fruto de un fallo de comunicación. Son un error en si mismo.

Es no comprender que la dureza de la crisis ha incrementado la intolerancia de la sociedad hacia los excesos y exhibicionismos de privilegios. Es obviar equivocadamente que hay un rechazo social a que las cuentas públicas corran con parte del coste de ese ajuste laboral.

Quien pretenda convencer de la bondad de sus argumentos que haga pedagogía, no marketing con ellos. La gente entiende que no puede ser el único que se sacrifique y que los esfuerzos y beneficios deben repartirse de forma justa, lo otro no se entiende, ni comparte.

Eso, que es válido para las empresas, es una regla insoslayable para los gobiernos, y más si pretende aplicar duros recortes sociales. El problema no está en la comunicación, sino en el mensaje.

Referéndums y consultas

Lo de Islandia sí fue un referéndum y lo de aquí, como máximo, una consulta. Y visto el resultado, habría que calificarla de autoconsulta, dado que participaron casi en exclusiva los favorables al Sí.

La diferencia entre ambos conceptos no es semántica. Los referéndums, vinculantes o no, se hacen al final de un proceso, las consultas, y está en particular, al principio. En los primeros se expresa la posición sobre resultados concretos, en las otras se reafirman opiniones sobre expectativas.

Los casi 300.000 islandeses han rechazado hacerse cargo de las deudas de unos banqueros privados, a los que están juzgando, los cuales jugando a la ruleta especulativa tentaron la avaricia de inversores holandeses e ingleses ofreciéndoles altos e insostenibles rendimientos. Cuando se rompió el saco, los gobiernos de los inversores les sufragaron con dinero público las pérdidas y ahora pretenden cobrárselas a Islandia, además con unas condiciones draconianas. Con su NO han asumido muchos riesgos.

Lo de aquí es diferente. Una minoría de ciudadanos banaliza un proceso de inciertos y peligrosos efectos para la convivencia interna y externa preguntando por algo que ni se ha iniciado, y por suerte, ni se le espera: una negociación o proclamación unilateral de la independencia de Catalunya, intentando crear una falsa sensación de normalidad e inocuidad a su alrededor, cuando eso no es, ni seria, así.

El modelo nórdico

En los años 80, en Suecia, las entidades de crédito financiaron un endeudamiento excesivo de empresas y personas y entraron en crisis por el repentino aumento de los tipos de interés. Ello provocó una severa recesión y enormes pérdidas en préstamos, muchos de ellos hipotecarios.

El estado nórdico en lugar de rescatarlas, las nacionalizó, despidió a directivos y gestores, las recapitalizó, y las gestionó hasta su saneamiento. Después de reflotarlas, las retornó de nuevo al sector privado, recuperando con intereses el dinero público invertido y manteniendo un control sobre las más estratégicas.

Ahora sus vecinos islandeses emprenden un camino similar. Pero han ido un paso más allá, han imputado judicialmente a los responsables. Una actitud socialmente digna y políticamente instructiva.

En España estamos a punto de pasar de los préstamos retornables a la aportación de capital para apuntalar algunas entidades crediticias, que son víctimas del exceso de riesgo y endeudamiento que asumieron con empresas y personas.

La solución se parece, pero no es lo mismo. Aquí no cesa nadie, ni directivos y ni gestores y la necesaria aportación de capital público para asegurar los capitales de los impositores tampoco se transforma en poder efectivo para enderezar la situación, haciendo circular el crédito y evitando la repetición.

Si buscamos modelos, quizás que miremos el nórdico, incluso antes que el alemán.

Renacionalizando

Parece existir una norma no escrita para recibir los cambios en el gobierno, con el cierre de empresas industriales.

La llegada al gobierno de Pascual Maragall fue recibida con los cierres de Samsung, Fisipe o plantas de Philips. Ahora a la llegada a la presidencia de Artur Mas, se anuncian los cierres de Yamaha i Piaggo Derbi.

Se equivocan quienes vean conspiraciones o maquinaciones políticas en estos inhóspitos recibimientos. Ningún empresario pospone una decisión tan importante, como es el cierre de una empresa, a la comprobación del veredicto electoral de la ciudadanía. Cuando la toma es por motivos económicos.

Todo y las similitudes, hay diferencias substanciales. Aquello eran deslocalizaciones, lo de hoy son renacionalizaciones.

En aquel momento el ciclo económico estaba en una fase ascendente, se creaba empleo, y las empresas buscaban invertir y producir en países con mano de obra más barata, y si era posible abrir nuevos mercados, y ahora con la bajada del ciclo económico, las empresas se repliegan, vuelven a casa. Y eso aunque los costes laborales sean más caros y la productividad de esas plantas no sea mayor que la de las catalanas.

El “efecto sede” tiene que ver, pero no es insalvable. Las actuaciones para intentar retener empresas como esas han de tener más a ver con la generación de entornos favorables para su mantenimiento (proveedores, servicios a las empresas, centros tecnológicos) que no con subastas, de subvenciones al alza y de salarios a la baja.

Semana de cumbres

Esta semana pasada ha estado plagada de cumbres. Zapatero, dos, Artur Mas, una.

El presidente español, se reunió con los dirigentes sindicales y con los empresariales, a diferencia de la anterior, esta vez sí estaba la CEOE, representada por Joan Rosell.

Las dos reuniones se han celebrado por separado, pero ambas tenían el mismo objetivo: comprobar la marcha de las reformas sociales y económicas emprendidas desde el verano pasado.

A tenor de cómo no nos está afectando la crisis de la deuda portuguesa, parece que están produciendo efectos positivos sobre los preocupantes desequilibrios de la economía española.

Ahora solo falta que todo ello redunde, lo más rápido y contundentemente posible, sobre la creación de empleo. A diferencia de las anteriores, la reunión del presidente catalán en el Palau Reial de Barcelona, ha contado con la presencia al unísono de los líderes sindicales, empresariales y políticos. Más gente pero menos resultados.

Se ha anunciado un acuerdo de principios, pero de su lectura más parece el principio de un acuerdo. Queda mucho por concretar y hacer, quizás demasiado, para tanta urgencia.

Las conclusiones anunciadas por el President Mas y no interpretadas de igual manera por el resto de asistentes, imponen al Gobierno catalán más negociaciones con el del Estado que actuaciones a hacer aquí.

Al cumplirse los 100 días, ha llegado el momento de ver los primeros resultados. La situación lo requiere, pero todavía no se les ve despuntar con claridad.

El derecho a la huelga

Con el anuncio de una convocatoria de huelga en AENA de 22 días, estratégicamente situados en los inicios y finales de las vacaciones, se ha vuelto a desatar un durísimo intercambio de monólogos mediáticos sobre la huelga y su uso.

La huelga no substituye el dialogo entre las partes en conflicto. Es la expresión temporal de su fracaso. Por eso la huelga debería tener como objetivo recuperarlo, y, como todas las armas potentes, utilizarse sólo como último recurso, en la búsqueda del acuerdo.

Con esta acción se pretenden negociar las condiciones en las que quedaran los trabajadores cuando se privatice la gestión de los aeropuertos españoles.

Obtener seguridades dentro de ese cambio y eliminar las dudas y temores, no debería ser difícil. Al no ser funcionarios, sino trabajadores asalariados, les será de aplicación el Estatuto de los Trabajadores (art 44), y la empresa sucesora, sea pública, privada o mixta, deberá respetarles TODOS los derechos que hoy tienen.

La huelga como derecho constitucional no tiene más limitación que su comunicación con 5 días de antelación, si no colisiona con el ejercicio de otro derecho constitucional (salud, seguridad, etc.). Entonces sí tiene restricciones. Debe avisarse con 15 días de antelación, como mínimo y establecerse unos servicios mínimos, que permitan ejercerlos. Con algunas molestias, pero ejercerlos.

Si llega a realizarse la huelga, cosa que dudo, habrán vuelos, no como ocurrió con los controladores. Por ello, el debate sobre la huelga debería ser más frio y objetivo.

Buscando pareja

La falta de mayoría suficiente de CiU en el Parlament le empuja al pacto para poder sacar adelante los dos presupuestos que deber hacer este año, los que ya están en curso y los del 2012. ¿Pero con quien?

Según el socio que consiga, así será el acento que se imponga a unas cuentas que indefectiblemente deberán ajustarse a las previsiones de ingresos. Parecería, pues, que los posibles socios deberían estar haciendo esfuerzos por ser el pretendiente elegido para ese baile, y no es así.
Es más parece lo contrario. Este fin de semana los socialistas han concretado las condiciones para acordar las cuentas: Rigor y austeridad presupuestaria sí, recortes al estado del bienestar, no.

Y por la respuesta que han dado la Vicepresidenta Ortega y del portavoz parlamentario Oriol Pujol – exabrupto incluido - no ha sentado nada bien ese intento de fijar condiciones. Más conciliador ha sido el portavoz del Gobierno Francesc Homs, que ha vaticinado que habrá acuerdo.

Se supone que no esperan alcanzarlo simplemente apelando a la responsabilidad del PSC sino porque a CiU también le interesa, como sucedió en la investidura, que unos presupuestos tan duros salgan con el consentimiento de la mayor fuerza de izquierdas en la oposición. Eso les llevaría a aceptar sus condiciones.

El otro escenario, el pacto con el PP, desataría unas especulaciones políticas sobre las alianzas post elecciones generales, que por el momento Mas intenta soslayar.

El tiempo se está agotando y CiU deberá elegir pareja.

No falta relato

No se han alcanzado ni los 100 famosos días de gracia y ya se está extiendo el temor que el Govern de CiU padezca los mismos síntomas que el anterior. Hasta sus corifeos más entusiastas se muestran preocupados por ello.

Como siempre que las cosas no salen tan bien como se desearía se ha recurrido al manido latiguillo de que falla la comunicación y que falta un relato para que sea aceptado y valorado positivamente lo que se dice o se hace.

Pero al Govern de CiU no le falta un relato, si no una mayoría parlamentaria que le permita llevar un rumbo claro y definido. Para ello debe resolver sus dos dilemas: ¿mayoría hasta las generales o para toda la legislatura? y ¿mayoría con quién?

La legítima opción de no alcanzar una mayoría parlamentaria estable le obliga a contraponer: el concierto económico a la independencia y sus referéndums, en los que polemiza no solo con Puigcercós y Laporta sino hasta con Duran; los recortes sociales (salud, educación) al pacto con los socialistas; o la necesidad de una mayoría parlamentaria estable a la aversión al pacto con los populares antes de las elecciones municipales y generales.

Navegar en todos los caladeros sirve para ganar elecciones, pero no para gobernar. Eso último requiere descartar opciones, dar seguridad y confianza dentro y fuera del Govern y, por último, un relato que lo enmarque. Si no lo que se percibe es coyunturalismo, improvisación desconcierto y contradicciones, es decir lo que le imputaba al Govern anterior.

Presión en la caldera

La Organización Internacional de Trabajo (OIT), hace dos años pronosticó que en todo el mundo acontecerían fuertes convulsiones sociales sino se corregían los efectos sociales que se producían fruto de la crisis económica mundial.

Desde una percepción eurocéntrica u occidentalista, habrá quien diga que se equivocaron. No obstante, si se contempla desde la atalaya europea del Mediterráneo lo que sucede en la otra riba, entonces resulta más difícil cuestionar la predicción.

Hasta ahora, en los países más desarrollados no se ha cumplido el vaticinio es porque los sistemas de protección han paliado en parte la gravedad derivada de la destrucción del empleo, pero allí, carecen de esos amortiguadores sociales.

Las diferencias sociales en esos países son espectaculares: frente a exhibiciones insultantes de riqueza hay pobrezas absolutas; la población es muy joven pero está más formada que antaño y la globalización de la información ha roto su aislamiento. Esa es la presión que ya existía.

Pero la crisis ha incrementado la presión en la caldera social hasta hacerla estallar.

Se han roto las expectativas de progreso, porque el Norte ya no es una tierra a la que emigrar, allí también hay paro, y la falta de libertades democráticas y los regímenes autoritarios imposibilitan creer en una alternancia política que gestione los cambios necesarios para abordarla socialmente.

Había necesidad y voluntad de cambios por eso se han iniciado, aunque su final todavía está por escribir.

Nada angelical

En su visita a España la cancillera alemana, Angela Merkel, intentó vendernos su receta para mejorar la competitividad española: que los salarios sigan a la productividad y no a la inflación.

No está escrito que para opinar de algo se deba conocer sobre lo que se opina, pero es conveniente. Si conociera el modelo de negociación colectiva español sabría que ya tenemos en cuenta la productividad empresarial.

A diferencia de algunos países centro europeos, aquí no hay escalas salariales que automáticamente incrementen los salarios al ritmo de los precios.

Desde el año 80 los convenios y los acuerdos interprofesionales que se firman relacionan también el crecimiento de los salarios con la productividad de las empresas e incluso con su rentabilidad. No es el único factor pero siempre está presente. Si las previsiones sobre la situación de la empresa, el sector y/o su productividad son buenas se supera la previsión de inflación, y, en caso contrario, no.

Eso ha comportado un crecimiento moderado de las rentas salariales. Tanto que estas no han ganado peso dentro del total de la riqueza nacional. Es decir, globalmente los salarios no se han beneficiado del incremento de la productividad española, sino que ha favorecido al crecimiento de las rentas del capital y la creación de empleo.

Hacer de los salarios el único mecanismo de mejora de la competitividad de la economía española nos condenaría a salir de la crisis repitiendo el mismo modelo de producción que nos ha traído hasta aquí.

Por eso, la propuesta de Angela Merkel no es nada angelical.

Daño colateral

La forma y argumentos esgrimidos para eliminar parcialmente de la limitación de 80 km/h están produciendo un grave daño colateral, están debilitando la lucha contra la velocidad como causa de los accidentes de tráfico.

La reducción de la velocidad tiene una componente medioambiental - esa fue una de las razones para implantarla- i otra de seguridad viaria.

Desde la perspectiva medioambiental, era una más de las 72 medidas incluidas en el plan destinado a cumplir las directivas europeas sobre la mejora de la calidad del aire en el área metropolitana de Barcelona, y así evitar las sanciones.

El tráfico no era, ni es, el único emisor de las partículas contaminantes pero si uno de los más importantes, de ahí la importancia de esta medida. Evidentemente hay más elementos productores de partículas contaminantes como ahora los barcos, las plantas productoras de electricidad, las calefacciones, la incineradora de basuras, o las cementeras que también forman parte de ese mismo catálogo y también tenían, y tienen, medidas específicas para reducir sus efectos.

No obstante, ninguna ha tenido la trascendencia social de los 80 km/h, la cual cosa hizo que rápidamente se transformara de “UNA” a “LA” medida, confiriéndole, a su vez, una dimensión política, implementada por el hecho de que CiU hiciera bandera ( y promesa) electoral de su eliminación.

A ello también contribuyo el hecho de que su defensa se hiciera que la principalmente desde la perspectiva medioambiental. La invisibilidad del riesgo, la lentitud en la obtención de resultados contundentes y concluyentes, porque hay otros factores actuantes, y el cuestionamiento, desde perspectivas interesadas, sobre su efectividad debilitó una percepción social positiva de la medida.

Curiosamente alcanzó más legitimidad en el ámbito que era más impopular, el circulatorio. La gente entendía y soportaba menos mal tener que circular a 80km/h por una autopista, si con ello había menos muertes y accidentes, y los ha habido, o si conseguía mayor fluidez, que también la habido, que si debía hacerlo para eliminar unas partículas que no veía.

También es cierto que las campañas sobre la reducción de la velocidad han venido acompañadas de un incremento de las sanciones que han inducido a su acatamiento forzoso. No obstante, “ya que tengo que hacerlo, que se note” piensan muchos conductores. Las cifras de disminución sobre de la siniestralidad en carretera constituyen una recompensa a esa limitación.

Si antaño se argumentó que no se había comunicado bien la medida, ahora, en el momento de intentar eliminar la limitación de los 80 km/h, tampoco. Hasta el portavoz del Govern ha argumentado esa deficiente comunicación para justificar las contradicciones aparecidas en su seno, que son fruto de haber trasladado una actitud opositora a la acción de gobierno sin la evaluación precisa.

Así frente a la prudencia exhibida por los actuales responsables medioambientales que dirige el Conseller Lluis Recoder, ha contrastado la vehemencia de los responsables de tráfico que lidera el Conseller Felip Puig.

Mientras los primeros se curaron en salud cuando dieron su forzado plácet medioambiental a la decisión política y en ese sentido advirtieron de que su supresión podía tener excepciones si se complicaba la calidad del aire, como así ha sucedido, los segundos en el ánimo de justificar, como sea, la medida política han llegado a poner en duda que reducir la velocidad no reduzca los accidentes ¿Nadie recuerda los aparatosos accidentes en la autovía de Castelldefels, o en las Rondas cuando se podía circular a más de 80 km/h?

Con afirmaciones de ese tipo, han dilapidado una ingente cantidad de recursos económicos y argumentales que estaban produciendo, por fin, un incremento en la conciencia colectiva de los conductores, una reducción de la velocidad media y lo que es más importante una reducción de la siniestralidad en carretera. ¿Con qué autoridad se llamará a moderar la velocidad, si el máximo responsable del tema niega que sea útil para reducir la mortalidad en la carretera?

Ese es el daño colateral que se ha producido al forzar los argumentos medioambientales y circulatorios para justificar una medida tomada en base a criterios electorales.

¿Piedras en la mochila?

La "teoría de la mochila" que sostienen algunos nacionalistas de aquí consiste en hacer creer que el avance hacia el horizonte de la plena soberanía de Cataluña se ve ralentizado por el hecho de tener que cargar una mochila "con las piedras de las otras autonomías ", pues cuando Cataluña busca conseguir mayores cuotas de autogobierno, estas deben ser generalizables al resto de las comunidades que lo soliciten e integrables en la estructura del Estado, en aplicación de la práctica política del café para todo el mundo.

De ahí deducen y defienden que si nos liberamos de este peso, se avanzará más rápido.

Pero como sucede tantas y tantas veces hay coincidencias entre aquellos que no quieren el modelo de organización territorial que se ha dado España, aunque sea por motivos completamente opuestos. Unos porque se disgrega el Estado y los demás porque no lo hace.

Así la respuesta a las declaraciones del antiguo presidente popular del gobierno español afirmando que mantener 17 autonomías se insostenible económica y políticamente por el Estado, y que debería centralizar competencias ha sido del tenor de las formuladas por Duran Lleida: "Sí a la recentralización, pero la de las otras comunidades, y no la nuestra

Esta es una respuesta equivocada, a un planteamiento equivocado.

Pretender el reconocimiento de un diferencial de autogobierno superior para Cataluña, sobre la base de que las otras comunidades autónomas vean rebajadas el suyo, es un error. Un grave error y una gran equivocación.

Creer que a Cataluña le irá mejor si el Gobierno de España frena el autogobierno del resto de comunidades o, incluso, les quita competencias transferidas, es una estrategia perdedora.

Desentenderse del proceso de desarrollo autonómico español - "liberarse de ese peso", como dicen ellos - conllevaría reducir drásticamente o perder totalmente la posibilidad de construir alianzas con el resto pueblos de España, y a largo plazo - o no tan largo – ha confrontar también con el resto de comunidades.

Por este camino habrá más confrontación y menos resultados. Porque perderán ellos y perderemos nosotros y ganarán los centralizadores

No cuesta mucho entender lo que pasará si, como en cierto modo ha hecho el Presidente Pujol al declarar que ha fracasado el método que hasta ahora había defendido, abandonan el camino (por pesado que este sea) del avance conjunto, progresivo y pactado de un proyecto federalista como el de los países más desarrollados de Europa (Alemania o Suiza) e intentamos salirnos solos de la presión centralizadora, ofreciendo como prenda al resto de Comunidades Autónomas.

¿Alguien piensa que con esta ofrenda se frenarán las pretensiones centralizadoras de la derecha española y que serán más comprensivos con Cataluña? Yo no lo creo.

Y por el contrario, después de dejar tirados a los posibles socios, es más fácilmente comprensible una negativa a ayudarnos, ya que no tendrán nada que ganar en la mejora del autogobierno catalán.

Más bien la posible situación será la contraria, lo que creo es que entonces tendremos que hacer este combate en solitario y que, además, cualquiera de las justas pretensiones hechas desde Cataluña les resultará más fácil a los centralizadores presentarla como un perjuicio para el resto.

No es nuevo, ya ha sucedido en el pasado reciente, instigados por los separadores. ¿Qué no puede suceder en este nuevo escenario?

Aunque resulte muy duro y empinado el único camino para que el autogobierno catalán continúe avanzando es tejer alianzas con los progresistas del resto del Estado que creen en una España plural.

Esta es la única vía de defensa ante las andanadas antiautonòmicas que han practicado, practican y practicarán aquellos que desde el principio no estaban de acuerdo con el título VII de la Constitución, por ello no la deberían abandonar aquellos nacionalistas catalanes inteligentes por muy fatigados o fracasados que se sientan.

Buscando enemigos exteriores

"Si ellas (las comunidades autónomas) no lo hacen (controlar el gasto público), el gobierno actuará". Esta podría ser la traducción de las declaraciones al Financial Times de Zapatero: "If they 't, the government will act".

Aplicando la máxima de "Traductor, traditore", en la Vanguardia Enric Juliana - presentando como una información en la versión papel y como un artículo de opinión en la digital - ha traducido "will act" (actuará) para intervendrá. Que no es el mismo, ¡ni mucho menos!

Y sobre esta palabra intervendrá "ha construido su iglesia", su dogma. Sofisma tras sofisma ha ido saltando argumentalmente hasta equiparar esta declaración con un supuesto intento de los socialistas para repetir la LOAPA del 82 y de recentralizar el Estado autonómico, pretendiendo subsumirlos en el mismo saco que a los populares.

No es algo nuevo, de hecho desde el viernes pasado después de las declaraciones de Aznar apostando por la regresión autonómica, se ha producido un intento de presentar como coincidentes a las dos formaciones políticas de ámbito estatal, y ello a pesar de todas las declaraciones de los dirigentes socialistas, incluidas las de su secretario de organización, Marcelino Iglesias, criticando esas propuestas.

Nada les importa. Al fin y cabo se trata de que "no dejes nunca que la realidad te estropee una buena noticia" como dicen los malos periodistas.

De forma acrítica, pero interesada, algunas fuerzas catalanas "compraron la idea" para a continuación hacer un llamamiento "a rebato" para combatir el ataque del centralista enemigo exterior. CiU, ERC e ICV siguiendo esa estela periodística entraron rápidamente en competición sobre quien defendería más a Cataluña, ante ese nuevo y imaginario peligro.

Lo que afirmaba Zapatero en esta entrevista es que actuará, si y sólo si, alguna comunidad sobrepasara el nivel de déficit acordado (que no impuesto), entre todas, en la Comisión de Política Fiscal y Financiera. Un acuerdo que tiene como objetivo lograr el cumplimiento global de los criterios comprometidos con la zona euro repartiendo los esfuerzos presupuestarios de forma proporcional y equitativa entre el conjunto de las administraciones públicas.

El cómo lo haga cada comunidad autónoma para ajustarse a estos parámetros lo decidirá ella misma, de hecho, esto es el ejercicio del autogobierno, ¿no?

Pero, y si alguien no asume su parte alícuota de sacrificio para salir de la crisis y con ello perjudicara a los que si se esfuerzan? ¿No es lógico que actúe para evitar el gobierno que constitucionalmente tiene las competencias?

Evidentemente, sí.

Aunque parecía que el PSC con la orientación que se desprendía de las declaraciones de Zaragoza, conseguiría desmarcarse de esta falsa polémica, no ha sido así. Y en eso están todos enfrascados estos días.

Otra vez el debate se ha descentrado, y se está polemizando sobre una hipotética voluntad del gobierno central de laminar las competencias autonómicas, en lugar de situarlo sobre en los tres objetivos a los que se debe dar respuesta desde Cataluña.

Lo más sensato sería que nos centraran en cómo dar cobertura social a las consecuencias de la crisis económica; el favorecimiento de la actividad económica creadora de empleo; y la política fiscal y presupuestaria para reducir el déficit público, mediante el incremento de los ingresos, la disminución de los gastos y el control del gasto.

Y no caer en la trampa de debatir de cosas y formas que la gente ni entiende, ni les preocupa.

Invertir los papeles

Las agencias de calificación de riesgos han sido parte del problema, y ahora, sin corregir ninguno de sus planteamientos y errores, se quieren convertir en los guardianes de las soluciones.

En todo este tiempo no han asumido ninguna responsabilidad en relación al desastre económico que avalaron. Al aplicar de forma acrítica y complaciente los dogmas y las modas económicas en boga toleraron, sin levantar entonces su voz, amplísimos y peligrosos endeudamientos, irracionales concentraciones de riesgo, así como, el escandaloso enriquecimiento especulativo de unos pocos.

Aquellos errores se han convertido en la crisis financiera internacional que pagamos todos, con su expresión más dura: la destrucción de puestos de trabajo y el incremento del paro.

Pero sin arrepentimiento ni rectificación, al contrario, ahora con formas airadas y alarmantes se empeñan en castigar aún más a los países y las economías que no apliquen sus viejos, ineficientes y antisociales criterios.

Permitieron en el pasado el exceso de endeudamiento de bancos, empresas y familias y hoy, con la fe de los conversos, anatemizan el hecho de que las administraciones públicas hayan incrementado su endeudamiento. Un crecimiento de la deuda generada en gran medida por cuatro factores concatenados: las ayudas dirigidas al rescate del sector financiero, dado su carácter básico y sistémico, las políticas estimuladoras de la actividad económica y por extensión de la creación de empleo; el atención al incremento de las necesidades sociales espoleada por las masivas pérdida de empleo y renta, y la paralela bajada de los ingresos fiscales por la situación de crisis.

Aquellos que no evitaron, ni preveieron, la llegada de la crisis ahora pontifican su ortodoxia monetarista recetando una brutal reducción del gasto, sin atender si estos elementos agravan la recesión, retrasan la recuperación de la actividad económica e incrementan las necesidades sociales.

Las diferencias en el cómo abordar la salida de la crisis en el seno de los organismos económicos internacionales, entre neokeynesianos y neoliberales, o la lentitud en aplicar los acuerdos alcanzados en las cumbres del G-20, están frenando la reforma de las reglas de funcionamiento los mercados la repetición de una crisis como ésta, entre ellas las agencias de calificación.

Como sucede en la naturaleza todo espacio que se deja vacío, alguien tiende a ocuparlo, y las agencias lo están aprovechando para invertir los papeles. Así están pasando de tener que ser reguladas por los poderes públicos o condicionar y controlarlos ellas.

Las rebajas en la calificación de las deudas públicas que otorgan las agencias, encarecen a las administraciones el acceso al crédito con el que financiar el déficit. En muchos casos, dicho sea de paso, estos créditos a un interés superior son efectuados por sectores financieros privados, los cuales a su vez han visto salvado su dinero para deudas de dudoso cobro realizadas a bancos, empresas y familias han sido asumidas o avaladas por los poderes públicos que ahora les piden recursos.

Estas penalizaciones se transforman en una gran fuerza de presión sobre las administraciones ya que de producirse suponen un grave drenaje de los recursos públicos, obligándolas a aplicar medidas de contención del gasto más duras e impopulares, para evitar nuevas penalizaciones.

La soluciones a fin de romper este círculo vicioso sólo cabe esperarla des de el lado de la a política y no de la economía, ni de quién se está beneficiando del mismo.

Porque, además, si hasta ahora las modificaciones a la baja de la calificación de un país, se habían explicado, que no justificado, en función a parámetros económicos, ahora están dando otra vuelta tuerca más y con indignación y sorpresa estos semana hemos asistido a la amenaza sobre Bélgica de incrementar su riesgo país si no resolvía los problemas políticos, generados por los resultados de unas elecciones democráticas.

Esto supone una injerencia inasumible. Si nos quieren gobernar, que se presenten a las elecciones

Sospechosos habituales

Estos días el sistema sanitario ha sido decretado "sospechoso habitual" del "crimen" del déficit autonómico.

No es más que la aplicación a la vida real del famoso: "detengan a los sospechosos habituales!" que clamaba el inspector francés, en la película Casablanca, tras la muerte del capitán nazi.

Al superar la superficialidad, se comprueba que no es en el gasto sanitario sino la grave caída de los ingresos (especialmente, los de la actividad constructora) donde radica el origen del grave crecimiento del déficit.

Responsabilizar del déficit al gasto sanitario es una equivocación, pero actuar como si realmente lo fuera es un error aún mayor ya que comportará varias consecuencias, a cual más preocupante: recortar unas prestaciones públicas básicas para la salud y, por tanto, la cohesión social; dejar de abordar el verdadero problema, y a la vez amputar un sector con un gran potencial económico, el de las ciencias de la salud, y ocupacional, que ha creado empleo, incluso durante la crisis.

Mejorar la eficiencia y eficacia del gasto sanitario, es imprescindible pero con eso no es recortaría el déficit, porque no conllevaría un recorte del gasto sino la continuidad en una actuación rigurosa en la asignación de los recursos públicos.

Las necesidades sociales no cubiertas evolución más probable de la demanda asistencial, fruto de factores positivos como las mayores expectativas de vida o la mayor tecnificación de la atención médica, requerirán que se optimicen todos los actuales recursos, pero en ningún caso justiciarán que se puedan o se deban recortar los gastos, todo lo contrario. Contenerla es necesario, reducirla no.

El verdadero culpable del desequilibrio de las cuentas públicas hay que encontrarlo en la baja de la actividad económica. Para hacer frente al grave problema de fondo, hay que retomar el camino del crecimiento económico junto con el de la profundización del cambio del modelo productivo, que es la base imprescindible para evitar la repetición del problema.

Ahora bien, resolver estas cuestiones es más lento, laborioso y complicado y requiere del compromiso de todos, quizás por eso se opta por lo más fácil, detener a los sospechosos habituales.