Vaya por delante que el conjunto de las administraciones públicas españolas no eran derrochadoras.
No es cierto que "estiraran más el brazo que la manga". Antes de la crisis tenían superávit - gastaban menos de lo que ingresaban - y estaban poco endeudadas, incluso ahora lo siguen estando. Además, tampoco el sector público financia "lujos asiáticos", nuestro nivel de gasto público es más bajo que la media europea, en especial la destinada a atender necesidades sociales.
Ahora bien, desgraciadamente, haber actuado correctamente en la gestión de sus finanzas no las ha inmunizado de las consecuencias de la crisis financiera. La ola producida por el estallido de la burbuja inmobiliaria les ha impactado de lleno.
Es la caída de los ingresos y no el exceso de gasto el origen de un déficit público que, mientras se reactiva la economía, se deberá financiar para "llegar a fin de mes", es decir, hay que pedir prestados el dinero para cuadrar las cuentas públicas, y nos los deben dejar.
He aquí un hecho paradójico, nuestra manera para ser independientes de esos que nos los dejan y nos imponen duras condiciones, es cuadrar las cuentas
La cuestión no es si cuadramos, o no, las cuentas, sino como lo hacemos
Si lo hacemos mejorando la gestión, recortando gastos o incrementando los ingresos o las tres cosas a la vez. Y aquí es donde entra en juego la política, es decir, la gestión de lo público, porque no hay una única manera de hacerlo. Las decisiones no son neutras, ni inocentes, detrás de cada una hay una ideología económica, social y política.
Hasta ahora, en Cataluña las medidas para cuadrar las cuentas se han orientado a recortar prestaciones básicas e, incluso, a condonar impuestos (sucesiones) aplicando aquella doctrina que sostiene que si se deja más dinero en manos de los que más tienen, estso invertiran i crearan empleo. Cuando se ha comprobado que eso era insuficiente o inadecuado - porque puede deprimir aún más la economía - se ha abierto la vía a cuadrarlas recaudando más impuestos.
Ahora se opta por crear tasas sobre recetas, que penalizan a las personas con enfermedades y aún más a aquellas con menos ingresos, subidas en el transporte o las previsibles subidas del IVA. ¿Por qué no se insiste en subir el IRPF, como ya lo hizo el gobierno de Cataluña en el año 2010?
Un incremento de este impuesto directo tiene la ventaja que se aplica sobre aquellas personas que tienen ingresos y en una proporción creciente sobre los mismos. Es pues una forma más equitativa y solidaria de repartir los esfuerzos entre todos. Y además de fácil gestión y recaudación.
Por si eso fuera poco, con esto iniciariamos el camino para situarnos en la nivel de contribución que tienen otros países de la UE y cuando llegue la recuperación económica no sólo recuperaremos el equilibrio fiscal, sino también dispondremos de un mayor nivel de ingresos para financiar los déficits de servicios públicos que aún tenemos.
Desestimar esta opción no es sino una opción ideológica que distribuye de forma injusta los costes de la crisis haciendo que recaigan en mayor manera sobre los más débiles, contribuye al debilitamiento del Estado del Bienestar y con él la cohesión social.