Encuesta sesgada

Si fuéramos un poco ecuánimes y objetivos, lo reconoceríamos. Lo del domingo en Arenys de Munt no llegó a ser ni una encuesta sesgada.

No fue un referéndum o una consulta pública - aunque fuera con público - porque no cumplía, ni podía cumplir con, los criterios necesarios para serlo en relación a la convocatoria y los contenidos. Eso lo dejaron meridianamente claro los tribunales catalanes.

Como también dejaron claro otras cosas más:
- que una entidad privada, como cualquiera de nosotros, puede realizar las preguntas que quiera y recoger la opinión de todas las personas que libremente decidan dárnosla.
- que las opiniones y las respuestas, en el ámbito privado, tienen el derecho a ser expresadas, por equivocadas y erróneas que sean, o nos parezcan.
- que lo público y lo privado no pueden ser ni confundidos ni banalizados.

La pregunta fue realizada por una entidad privada, en locales privados y aunque tuviera la apariencia y simbología de una consulta popular, solo tuvo eso: la apariencia y la simbología.

En consecuencia no fue una consulta pública legalmente convocada y realizada y por tanto, faltada de valor jurídico y eficacia pràctica. Ahora bien, podía haber sido una encuesta, con su valor científico o demoscópico correspondiente. Pues bien, ni eso.

Para conseguir que una pregunta sea parte de una encuesta no es suficiente el número de personas que la contesta, sino como se hace y sobre todo a quien. Para que una pregunta sea una encuesta lo fundamental es que la muestra sea representativa de la realidad, es decir que constituya un micro cosmos de la realidad que se pretende representar.

Ni una cosa ni la otra se produjeron el domingo. La muestra fue insuficiente y no representativa. Insuficiente porque la pregunta era sobre Catalunya, no sobre Arenys de Munt, y porque no parece que las más de dos mil personas que contestaron sean una muestra representativa de las más de siete millones que vivimos en Catalunya.

Por ello, lo de Arenys de Munt no pasa de ser una encuesta sesgada. Sin valor jurídico, científico o demoscópico.

A pesar de ello, se puede entender la alegría de los promotores de la encuesta privada.

Por un lado han conseguido “fichar” a más de dos mil de sus vecinos con su nombre y dirección, a los van a poder dirigir sus opúsculos y posicionamientos independentistas. Espero que nadie incumpliera la Ley de protección de datos facilitando a los organizadores el censo electoral público para favorecer interese privados, y que por otros medios (presentación del DNI) comprobaran que las personas que depositaron su respuesta escrita, que no voto, eran convecinos.

Por otro, la repercusión mediática de sus acción. Que se vio amplificada, hasta la distorsión la verdadera magnitud de la misma, por las presencia de huestes falangistas y la falta de sensibilidad y habilidad del ministerio público al seleccionar a su represente.

Como Rick (Humphrey Bogart) decía a Lisa (Ingrid Bergman) en Casablanca: «De todos los bares en todos los pueblos en todo el mundo, tuviste que entrar en el mío». Pues, lo mismo ¿De verdad entre todos los abogados del Estado no había otro para que lo represntara?

Esa alegría puede entenderse, pero lo que resulta incomprensible es que organizaciones políticas, que se suponen serias - como CiU, ERC i el PP - continúen con el raca-raca intentando hacer Política (con mayúsculas) a partir de una encuesta sesgada, sin valor jurídico ni científico o demoscópico, y por ende, eficacia práctica .

Por más que practiquen la “yenka” (adelante y atrás, izquierda-derecha), no es ni aceptable ni presentable que, con la que está cayendo en términos económicos, que los nacionalistas catalanes de centroderecha o de izquierda propongan a los ediles y concejales de sus formaciones promover consultas ilegales, con el consiguiente conflicto institucional y despiste sobre los temas relevantes. Como tampoco lo es que el PP, primer partido de la oposición española, pretenda hacer seguidismo de la Falange Española, actuando como si una encuesta sesgada fuera una cuestión de estado.

Los excesos y los radicalismos verbales y conceptuales de las minorías se soportan – mal, pero se soportan -, como el precio que una sociedad democrática debe pagar en beneficio del respeto a la libertad de expresión y la pluralidad de opiniones.

Ahora bien, la gente reprueba ese infantilismo y esa inoperancia política si quien lo practica son formaciones que deberían representar la centralidad del pensamiento de la ciudadanía y ocuparse de sus preocupaciones y necesidades.

Asumiendo los excesos y los radicalismos de las minorías nunca se representó el sentir de las mayorías.

¡Por ahí no van bien!