La corrupción no lo es todo, pero lo tapa todo. A veces incluso hasta las soluciones a la misma
Estos días a cuenta de ella, los demás temas y preocupaciones parece que no existan. Es más, si alguien decide actuar, hablar o proponer otro tema corre dos peligros: caer en la más absoluta indiferencia o, por el contrario, aparecer como sospechoso de pretender soslayar el tema.
Como hace ya algunos milenios de años que la especie humana tiene la capacidad de hacer más de una cosa a la vez, no hay ningún inconveniente para que la atención y la construcción de soluciones a los problemas de la crisis económica no sean compatibles, en el tiempo, con abordar los que origina la corrupción.
Por eso está muy bien, que el President Montilla, se reúna con los que afectados de Lear, o que se presenten unos Presupuestos de la Generalitat que utilicen la capacidad de endeudamiento para luchar contra la crisis y que al tiempo se emprenda un acción decidida contra la corrupción.
En ese sentido resulta edificante que se pida perdón a la ciudadanía por los nefastos efectos que la corrupción está proyectando sobre la vida pública del país. Este acto de humildad y contrición cobra más valor si, como es el caso, se hace desde y por la responsabilidad institucional que se ostenta, pero al tiempo se acompaña de una serie de medidas que se han tomado y que van a seguir tomándose.
Y contrasta en sobremanera con la actitud de una parte de la coalición nacionalista más interesada en señalar a los otros, para que sean los “paguen el pato”, que en explicar aquellos asuntos en los que resultan afectados o en plantear medidas.
Sería una equivocación y una temeridad criminalizar todo lo relacione urbanismo y poderes públicos, como también lo sería no abordar serena y profundamente la solución a los riesgos que se derivan de su (mala) gestión y sobre todo en tiempos de alta especulación financiera.
Por eso las actuaciones que se tomen han de formularse atacando una de sus raíces: la financiación de los Ayuntamientos “cuelga” excesivamente del urbanismo
Con la eliminación del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) por parte del PP, en nombre de su fomento, se consiguió el efecto contrario, se desincentivó a los Ayuntamientos de su promoción. Con ello, las tres principales fuentes de ingresos para los Municipios se redujeron a: la participación en las cuentas de las administraciones superiores (Estado y Generalitat); las tasas por servicios municipales (limpieza, alumbrado, etc.) que como máximo pueden cubrir los gastos que generan y las relacionadas con la propiedad y la promoción de la vivienda (IBI, licencias de construcción).
Así pues, el urbanismo es la única actividad económica que les permite a las Corporaciones captar inversiones y obtener ingresos para abordar las transformaciones que las ciudades y pueblos deben hacer. Es decir que en esas operaciones debe producirse por un lado, un beneficio económico, para que haya inversores, y por el otro, una redistribución social de una parte del mismo.
Para alcanzar la parte positiva y orillar los riegos en la gestión urbanística la transparencia es imprescindible y el control público y social, insustituible. Y ello antes, durante y después de la aprobación y ejecución del proyecto urbanístico de ahí que sea más que correcto, que se publiquen todos los convenios (contrapartidas) que la ciudad recibe en cada recalificación, aunque sea una modificación parcial.
Ahora bien hay que ir más allá y darles a los Ayuntamientos instrumentos para actuar contra la especulación - derivada de retrasos injustificados en la ejecución o de transacciones oportunistas -, como por ejemplo, que pudieran recuperar los bienes y terrenos públicos vendidos en subasta si se pretende especular con ellos, mediante el derecho de recompra por un precio equivalente al de venta mas el IPC.
Los especuladores se quejaran, los promotores y constructores serios, no.
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