Perder la razón

Los excesos pueden hacer que se pierda la razón.

A algunos “internautas” les está sucediendo, tenían razón pero la están perdiendo.

Tenían la razón cuando, a través de las redes sociales, se opusieron al hecho que una página Web se pudiera cerrar mediante una resolución administrativa del Gobierno, si como interpretaban era lo que se desprendía del proyecto de ley sobre la economía sostenible. La misma donde, por cierto, se declara como un derecho universal y exigible la posibilidad de acceder a una red de banda ancha que como mínimo tenga una velocidad de 1 Mbit por segundo.

Tenían razón si para ello invocan el derecho a la tutela judicial efectiva, y que en consecuencia, sólo los jueces pueden apreciar si se está transgrediendo la legislación, o no. Ya que en nuestro estado de derecho sólo ellos pueden imponer limitaciones a los derechos constitucionales. Por eso el Presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero afirmó que no cerrarían ninguna página Web. Es decir, que el Gobierno no cerrará ninguna, otra cosa serán los jueces.

Pero algunos “internautas” la pierden cuando, a reglón seguido, defienden la impunidad para todo lo que se haga en la red. En Internet, lo ilícito también es ilegal. En el espacio cibernético tampoco es asumible ni se puede ir contra el derecho a la propiedad intelectual o el honor y el buen nombre de otras personas, ni comercializar o difundir pornografía infantil, ni estafar ni realizar cualquier otra actuación ilícita.

Es cierto que quienes delinquen son las personas, no las redes, pero transgredir la legalidad conlleva consecuencias, sea en el medio o con el medio que sea. Tanto es que se haga mediante medios cibernéticos, audiovisuales, telefónicos, escritos o presenciales, en cualquiera de las esferas en las que se desarrolle la acción ilegal, debe haber una respuesta proporcional y ajusta a derecho de la sociedad para evitarla. Y en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación una de ellas puede ser el cierre de las páginas.

La colisión entre derechos, requiere de una regulación, de una inspección que supervise (ejercida por la Administración) y de una tutela judicial que verifique si se atiene a la legalidad o, en su caso, imponga las sanciones.

También pierden la razón aquellos “internautas”, a los que el PP ha decido apoyar: “siempre que hagan oposición al Gobierno” (tenor literal de su comunicado), que exigen la dimisión de la Ministra de Cultura, o incluso la amenazan con llevarla ante los tribunales, acusándola de cometer una ilegalidad.

Eso es un exceso que les hace perder la razón.

Una propuesta puede ser correcta o incorrecta, se puede estar de acuerdo, o no, pero una propuesta no puede ser ilegal.

Ese debate ya se tuvo y lo sentenció el Constitucional con la “propuesta Ibarretxe”. Fundamentalmente porque un proyecto de ley no es ley hasta que no la aprueban las Cortes Generales, es decir hasta que no ha sido debatido, enmendado y aprobado por la mayoría de los miembros del Congreso y el Senado.

Si finalmente la ley aprobada resultara que va contra los derechos que la Constitución establece será el Tribunal Constitucional quien lo decidirá. Esa, y no otra, es la forma como nos hemos dotado para reconocer y regular nuestros derechos, ya sean en el espacio real o el cibernético.