Vuelve la “cartilla del Seguro”

Hemos perdido la tarjeta sanitaria y hemos vuelto a la "cartilla del Seguro".

Quizás le ha pasado un poco desapercibido. No es de extrañar, quizás sea por el frenético ritmo de Reales Decretos Ley al que nos tiene sometidos el Gobierno de Mariano Rajoy - el promedio es de uno por semana – los que hace casi imposible estar al tanto de todos los cambios legislativos.

Pero si se detiene a comparar la nueva redacción de la ley de sanidad podrá comprobar que hemos pasado de "titulares de un derecho" a "asegurados".

A nadie se le escapa, aunque se pueda tener poco interés por las precisiones jurídicas, que esto no es sólo un cambio de nomenclátor. Esto supone volver en términos de derechos sanitarios a antes de la Ley de universalización de la Sanidad promulgada por el entonces ministro socialista Ernest Lluch

Hasta el pasado 20 de abril, todos los españoles - por el hecho de serlo - y los extranjeros según lo que se prevea en cada momento la ley orgánica de extranjería teníamos derecho a la protección de la salud y la atención sanitaria necesaria para hacer efectiva.

Este era un derecho de carácter universal.

Esto que suena tan bien y a veces tan pomposo, quiere decir que todos los ciudadanos teníamos derecho a ser atendidos (elegibles), pero sólo lo seríamos cuando estuviéramos enfermos (elegidos).

Así pues, queda claro que la ley no era una "barra libre" en la que cualquier ciudadano podía disponer alegremente de servicios y prestaciones, sino que había unos profesionales de la medicina que evaluaban y prescribían que era necesario, y qué no, para que el sistema protegiera el derecho a la salud.

Con esta definición se fácil entender que un uso inadecuado o abusivo ni está amparado, ni protegido, ni contemplado por la Ley vigente hasta ahora, y que, en consecuencia, no sólo era posible sino necesaria una vigilancia y persecución en la lucha contra los posibles fraudes.

Como era un derecho universal, ya no se financiaba con las cotizaciones a la Seguridad Social, sino con impuestos.

Como era un derecho universal, los servicios ya no dependían de la Seguridad Social sino del Sistema Nacional de Salud, constituido por el Gobierno Central y las Comunidades Autónomas, en nuestro caso la Generalitat de Catalunya.

Como era un derecho universal ya no teníamos la "cartilla del Seguro" donde había titulares (los cotizantes) y beneficiarios (las mujeres que trabajaban en casa y los hijos menores de 26 años) sino que todo el mundo tenía su tarjeta sanitaria.

Pero de repente todo eso ha cambiado. El gobierno de Rajoy nos ha vuelto al pasado. Nos ha hecho retroceder a los tiempos del franquismo.

Ahora para poder acceder a las prestaciones sanitarias deberá estar de alta o situada asimilada (pensionista o parado) en la Seguridad Social, a pesar de que ni un euro de nuestras cotizaciones está destinado a este fin, sino que están destinadas exclusivamente a financiar las prestaciones económicas por jubilación, invalidez, enfermedad común o profesional y el paro.

La sanidad se paga y se continuará pagando con lo que pagamos por el IRPF, el IVA, y los otros impuestos. No tiene ningún sentido que la condición para ser asegurado sea estar dado de alta en la Seguridad Social si ésta no sufraga los gastos.

Las personas que trabajen en casa, en su mayoría mujeres, dejan de ser titulares del derecho a la salud. Vuelven a ser beneficiarias, si su cónyuge o su ex cónyuge las tiene a su cargo, si no, no. Lo mismo sucede con los hijos menores de 26 o con una discapacidad superior al 65% que serán beneficiarios si, y sólo si, están a cargo del titular. En caso contrario dejarán de tener derecho a la sanidad pública, salvo, claro esta, que la paguen entera.

Este Real Decreto-ley nos quita derechos a las personas, pero también a las comunidades autónomas.

La Seguridad Social no paga, pero manda. A pesar de no poner un euro, les dirá, y controlará, quien tiene derecho y quién no tiene derecho a recibir las atenciones sanitarias que deben prestar las comunidades Autónomas.

A los que han redactado este Real Decreto Ley, se les nota que su modelo no es el de los derechos de ciudadanía garantizados por la Constitución, sino el modelo del Instituto Nacional de Previsión del periodo anterior, se les nota que esto de las Comunidades Autónomas para ellos es un estorbo y que ansían volver al modelo de las delegaciones provinciales del Ministerio.

Estos cambios no se justifican por motivos económicos, son el resultado decisiones políticas para recortar derechos a las personas y competencias a las Autonomías.

Por eso sorprende tanto que el Gobierno de Cataluña tarde tanto en atender la demanda del resto del arco parlamentario de izquierdas (PSC, ERC e ICV-EUiA) para llevar ante el Tribunal Constitucional esta nueva agresión a un derechos personal y colectivos que tanto nos costó alcanzar.

Articulo publicado en catalán en Fet a Sant Feliu