Vuelve la “cartilla del Seguro”

Hemos perdido la tarjeta sanitaria y hemos vuelto a la "cartilla del Seguro".

Quizás le ha pasado un poco desapercibido. No es de extrañar, quizás sea por el frenético ritmo de Reales Decretos Ley al que nos tiene sometidos el Gobierno de Mariano Rajoy - el promedio es de uno por semana – los que hace casi imposible estar al tanto de todos los cambios legislativos.

Pero si se detiene a comparar la nueva redacción de la ley de sanidad podrá comprobar que hemos pasado de "titulares de un derecho" a "asegurados".

A nadie se le escapa, aunque se pueda tener poco interés por las precisiones jurídicas, que esto no es sólo un cambio de nomenclátor. Esto supone volver en términos de derechos sanitarios a antes de la Ley de universalización de la Sanidad promulgada por el entonces ministro socialista Ernest Lluch

Hasta el pasado 20 de abril, todos los españoles - por el hecho de serlo - y los extranjeros según lo que se prevea en cada momento la ley orgánica de extranjería teníamos derecho a la protección de la salud y la atención sanitaria necesaria para hacer efectiva.

Este era un derecho de carácter universal.

Esto que suena tan bien y a veces tan pomposo, quiere decir que todos los ciudadanos teníamos derecho a ser atendidos (elegibles), pero sólo lo seríamos cuando estuviéramos enfermos (elegidos).

Así pues, queda claro que la ley no era una "barra libre" en la que cualquier ciudadano podía disponer alegremente de servicios y prestaciones, sino que había unos profesionales de la medicina que evaluaban y prescribían que era necesario, y qué no, para que el sistema protegiera el derecho a la salud.

Con esta definición se fácil entender que un uso inadecuado o abusivo ni está amparado, ni protegido, ni contemplado por la Ley vigente hasta ahora, y que, en consecuencia, no sólo era posible sino necesaria una vigilancia y persecución en la lucha contra los posibles fraudes.

Como era un derecho universal, ya no se financiaba con las cotizaciones a la Seguridad Social, sino con impuestos.

Como era un derecho universal, los servicios ya no dependían de la Seguridad Social sino del Sistema Nacional de Salud, constituido por el Gobierno Central y las Comunidades Autónomas, en nuestro caso la Generalitat de Catalunya.

Como era un derecho universal ya no teníamos la "cartilla del Seguro" donde había titulares (los cotizantes) y beneficiarios (las mujeres que trabajaban en casa y los hijos menores de 26 años) sino que todo el mundo tenía su tarjeta sanitaria.

Pero de repente todo eso ha cambiado. El gobierno de Rajoy nos ha vuelto al pasado. Nos ha hecho retroceder a los tiempos del franquismo.

Ahora para poder acceder a las prestaciones sanitarias deberá estar de alta o situada asimilada (pensionista o parado) en la Seguridad Social, a pesar de que ni un euro de nuestras cotizaciones está destinado a este fin, sino que están destinadas exclusivamente a financiar las prestaciones económicas por jubilación, invalidez, enfermedad común o profesional y el paro.

La sanidad se paga y se continuará pagando con lo que pagamos por el IRPF, el IVA, y los otros impuestos. No tiene ningún sentido que la condición para ser asegurado sea estar dado de alta en la Seguridad Social si ésta no sufraga los gastos.

Las personas que trabajen en casa, en su mayoría mujeres, dejan de ser titulares del derecho a la salud. Vuelven a ser beneficiarias, si su cónyuge o su ex cónyuge las tiene a su cargo, si no, no. Lo mismo sucede con los hijos menores de 26 o con una discapacidad superior al 65% que serán beneficiarios si, y sólo si, están a cargo del titular. En caso contrario dejarán de tener derecho a la sanidad pública, salvo, claro esta, que la paguen entera.

Este Real Decreto-ley nos quita derechos a las personas, pero también a las comunidades autónomas.

La Seguridad Social no paga, pero manda. A pesar de no poner un euro, les dirá, y controlará, quien tiene derecho y quién no tiene derecho a recibir las atenciones sanitarias que deben prestar las comunidades Autónomas.

A los que han redactado este Real Decreto Ley, se les nota que su modelo no es el de los derechos de ciudadanía garantizados por la Constitución, sino el modelo del Instituto Nacional de Previsión del periodo anterior, se les nota que esto de las Comunidades Autónomas para ellos es un estorbo y que ansían volver al modelo de las delegaciones provinciales del Ministerio.

Estos cambios no se justifican por motivos económicos, son el resultado decisiones políticas para recortar derechos a las personas y competencias a las Autonomías.

Por eso sorprende tanto que el Gobierno de Cataluña tarde tanto en atender la demanda del resto del arco parlamentario de izquierdas (PSC, ERC e ICV-EUiA) para llevar ante el Tribunal Constitucional esta nueva agresión a un derechos personal y colectivos que tanto nos costó alcanzar.

Articulo publicado en catalán en Fet a Sant Feliu

Mega ricos solidarios

Espoleados por Tea Party los republicanos americanos han sostenido - incluso al coste de poner a su país al borde del precipicio - que los EE.UU. no debían endeudarse, ni recaudar más impuestos, para financiar aquellas políticas de estímulo económico que creen empleo, protejan a quien más lo necesite y los saque de la crisis.

La propuesta republicana duramente criticada por premios Nobel de economía, como Paul Krugman o Joseph Stiglitz, porque tiende a deprimir más la economía productiva y real y desproteger a los sectores más débiles - lo contrario de los que se necesita - gravita sobre la reducción de la gasto social y la de los impuestos a los que más tienen.
Esta es la fórmula practicada anteriormente por los presidentes Bush (padre e hijo) en el pasado y que ya demostró que dejar el dinero en manos de los ricos no necesariamente creaba empleo, ni hacía la sociedad más justa y equilibrada. A pesar de ello insiste en el falaz argumento, como aquí las formaciones más conservadoras.

En medio de este debate Warren Buffet, la tercera fortuna mundial, ha pedido que no se mime tanto a los ricos y mega ricos, tras señalar su desacuerdo con la injusticia que supone el hecho de que él esté pagando un 17% por sus ingresos mientras sus empleados lo hacen por el 34% de los suyos.

No es la primera vez, que en EEUU las grandes fortunas piden pagar más impuestos para ser ayudar y ser solidarios con sus conciudadanos y no sólo a través de sus fundaciones benéficas, ya lo hicieron Bill Gates o Rockefeller. Del mismo modo los ricos franceses y también los alemanes reclaman aportar más al erario público. ¡Ni en Cataluña ni en España aún no hemos oído a ningún miembro de esta élite económica hacer afirmaciones semejantes!

Estos mega ricos no lo hacen por una actitud naíf y bienintencionada, ni porque se hayan vuelto locos.

Lo hacen porque - defensores de la meritocracia y opuestos a la aristocracia como somos - creen que devolver parte de los beneficios a la sociedad crea y mantiene las condiciones para ellos los tengan y para que otros los puedan obtener. Pero también para que de forma inteligente saben que una sociedad solidaria, es una sociedad más estable y segura y también porque sólo si hay un reparto justo de los esfuerzos para salir de la crisis es posible exigir la corresponsabilización con este objetivo.

En el fondo es una concepción positiva de la fiscalidad como instrumento privilegiado para la construcción de una sociedad más equilibrada y justa.

¡Ojalá aquí también se entendiera y practicara esto! Y que en estos momentos, estas afirmaciones hicieran reflexionar sobre si las dificultades presupuestarias para financiar los programas sociales son una razón suficiente para recortarlas y si, por el contrario, no debería incrementar la imposición directa fiscal para reducir el déficit que genera atender estas necesidades.

Si esto se hiciera, muchas cosas tendrían que revertirse o corregirse, como por ejemplo, recortar la Renta Mínima de Inserción (RMI) después de haber renunciado a mantener vivo el importe de sucesiones para los 6% de las personas más ricas de Cataluña.

Antes de hacerlo se debería haber explorado todas las posibilidades de obtener ingresos adicionales por la vía fiscal (manteniendo o incrementando la imposición) que además fomente la equidad social, la mejora de la recaudación y lucha contra el fraude.

Y esto no es contradictorio, ni opuesto, el hecho de gestionar mejor los servicios y prestaciones sociales públicas, y el de velar para evitar un uso inadecuado o fraudulento de las prestaciones.

La reforma de las pensiones y su gestión

La reforma de las pensiones está demostrando que tan importante es lo que se propone, como de qué manera se gestiona.

El Pacto de Toledo es el instrumento más inteligente y útil del que se ha dotado la sociedad española para hacer fracasar las negras profecías que se hacían sobre el futuro de es pensiones, según las cuales hace 5 años (en 2005) que había de haber quebrado el sistema público.

Las profecías no se cumplieron e incluso se puede afirmar que ha sucedido todo lo contrario.

El secreto ha estado en tomar las medidas adecuadas con tiempo suficiente. Reformar el sistema de forma gradual y consensuada. Y sin electoralismo

Fruto de ese acierto, hoy, no hay ningún riesgo para las pensiones actuales. La solvencia del sistema público pensiones está garantizada como mínimo hasta el 2030, la Seguridad Social tiene un fondo de reserva con más de 60.000 millones de euros y mantiene el superávit en sus cuentas, pese a la crisis.

Si no hay peligro a corto y medio plazo, para que el gobierno propone su reforma? Pues porque no hay peligro, pero si hay riesgos.

Unos riesgos derivados de factores estrictamente demográficos: el alargamiento de la esperanza de vida - la segunda más larga del mundo, la llegada a la edad de jubilación de la numerosa generación del "baby-boom" de los años 60 y la baja de la natalidad actual.

Se trata de prever qué efectos sobre los ingresos y los gastos producirán estos factores y establecer ahora las reformas para que dentro de 20 años, siga siendo viable el mantenimiento de la solidaridad intergeneracional (de los que trabajan con los que han trabajado) en la que se basa el sistema.

El gobierno tenía la obligación moral y legal de aportar su propuesta. Moral por qué no hacerlo podía resulta más cómodo, pero era absolutamente irresponsable. Cerrando los ojos a la realidad los problemas no se arreglan, se estropean más. Y obligación legal para que el resto de partidos en el Congreso, a diferencia de lo que se venía haciendo, acordaron que el gobierno aportas un documento.

Estas son las razones - y no la quiebra del sistema, un capricho o una improvisación de última hora como algunos se empeñan en decir- es lo que han llevado al Gobierno ha aprobar el "documento sobre la revisión del Pacto de Toledo", el efecto de someterlo a la consideración y acuerdo de toda la cámara.

Un documento en el que analiza y hace propuestas - en concreto, 40 - a lo largo de 46 páginas en torno a temas como:
- Modificaciones en las cotizaciones sociales
- Reservas
- Previsión Social Complementaria
- Impacto de género en el Sistema de Protección Social
- Sistemas alternativos de cotización: Mutualidades públicas y privadas
- Culminación de la separación de las fuentes de financiación:
• aspectos presupuestarios
• aspectos legales
• aspectos organizativos
- Prestaciones:

• pensión de orfandad y viudedad
• incapacidad
• edad de jubilación
• jubilación

En un tema de alta sensibilidad social y política como el de las pensiones, por muy bien que lo hagas todo, si en una de las partes se produzca un conflicto o una grave discrepancia, el todo pierde importancia. Ya puedes desgañitarte explicando todas las razones y medidas, este tema lo lleva todo por delante y el debate se polariza y se politiza. Esto es lo que ha sucedido con el alargamiento de la edad de jubilación de los 65 a 67 años. Se lo está llevando todo por delante!

Por eso hay que reconducirlo. No nos podemos permitir el lujo de hacer descarrilar lo más importante, que es seguir reformando el sistema público de seguridad social, de forma gradual y consensuada, para garantizar su justicia y equidad social así como su solvencia económica a largo plazo.

Vaya por delante que yo creo que necesitaremos alargar el tiempo de contribución y mejorar la recaudación por que no es desequilibren las cuentas, pues habrá más pensionistas, afortunadamente vivirán más y también tendremos que seguir mejorando las pensiones, esto hará que el coste global de las pensiones siga subiendo. Pero también defiendo que hay que empezar a observa el tema con una perspectiva diferente.

Ha de prosperar un cierto cambio de lógica, que haga que pasemos a considerar que la sostenibilidad del sistema no se fundamenta exclusivamente en la relación entre ocupados y pensionistas, sino entre el grado de riqueza del país y el coste de las pensiones. Pues lo que resulta sustancial no es solamente el número de personas que trabajan, sino la productividad del tejido económico en el que lo hacen.

Una económica de más valor añadido es más garantía de sostenimiento de las pensiones que una economía basada en el trabajo manual, que necesita para cubrir los objetivos de una carrera demográfica permanente hacia adelante, que no parece el más sostenible desde el punto de vista planetario.

Hoy, si no recuerdo mal, el coste de la factura de las pensiones no llega al 10% del PIB, es decir que independientemente de la forma en que se recauda, la primera constatación es que su coste es asumible por la economía. Es decir, hay recursos para financiarlas.

Más gente y más esperanza de vida harán subir la factura de las pensiones, ahora bien, subirá tan rápido como crece la economía real? o lo hará mucho más rápido?

- Si sube al mismo ritmo, o incluso más poco a poco, el coste de la factura de las pensiones sobre el PIB será igual o menor.
- Por el contrario si sube más rápido, entonces se deberá determinar hasta qué porcentaje del PIB se considera adecuado y posible destinar a la financiación de las personas inactivas, que han contribuido a lo largo de su vida a financiar el sistema público de pensiones. El 11%, el12%, el 13% o qué porcentaje?

Tanto en un caso como en otro, nada impide que se analice si es posible otra forma de obtener los recursos para "cuadrar el círculo". No nos podemos cerrar en una única solución: alargar en dos años la edad máxima. Se ha de actuar sobre todos los factores que hacen - o en el futuro pueden hacer - posible cumplir estas necesidades de forma gradual y consensuada.

Hasta ahora las cotizaciones sociales se aplican sobre uno de los factores creadores de riqueza: la mano de obra. Pero hay otros elementos (capital, conocimiento,...) que cada vez tienen más importancia en la generación de riqueza que no "cotizan a la Seguridad Social". Desde esta perspectiva las cotizaciones sociales empresariales son regresivas, obligando a hacer más esfuerzo a quien menos riqueza genera (las empresas intensivas en mano de obra).

En todo caso, la complejidad y la importancia del tema obliga a todos (partidos políticos, agentes sociales y gobierno) a actuar con lealtad, serenidad y flexibilidad. Deben estar dispuestos a asumir cambios en sus planteamientos iniciales en bien de un consenso global en torno a reformas efectivas.

Si actúan así, habrá una nueva versión del Pacto de Toledo que ayudará a ser más justo y sostenible el sistema de pensiones. Y posiblemente veremos cómo no se modifica la edad de jubilación a los 65. Eso sí, se continuará en la línea de penalizar su anticipación, que ya está produciendo un aumento de la edad media a la que la gente deja de trabajar que hoy se sitúa en el 63,2 años, (6 meses más que hace 4 años) y para redondearlo se incrementen los estímulos para que quien quiera y pueda, retrase su jubilación.

Pensiones para rato

Que nadie lo dude: ¡"Tenemos pensiones para rato"!

El gobernador del Banco de España, tendría que vigilar "la viga en sus ojos antes que fijarse en la paja en uno los ojos de los otros".

¿Qué sentido tiene que en su comparecencia ante la Comisión sobre el sistema de pensiones se dedique a generar y extender temores sobre el futuro de las pensiones públicas y que no informe sobre la situación actual del sistema complementario, el sistema privado, que está bajo su tutela? Esta es la parte del sistema de pensiones que está bajo su responsabilidad. ¿Por qué no habla de ella?

No se puede olvidar que son los fondos privados de pensiones los que están produciendo importantes pérdidas, a millones de ahorradores, que les han confiado su dinero, y que – curiosamente - los únicos fondos que se están librando de esta situación tan negativa son aquéllos que se basan en la deuda pública, pues si bien es cierto que ofrecen menos rentabilidad, no es menos cierto, que tienen más seguridad, al mismo tiempo que sirven para financiar actuaciones públicas.

Hace unos años, había dos grupos claramente diferenciados que explicaban los problemas que podía sufrir el sistema público de pensiones: aquéllos que querían reformarlo y los que querían hundirlo.

Los primeros lo hacían para garantizar su continuidad, analizando los problemas, proponiendo y adoptando las medidas que el sistema necesitaba entonces para ser justo, suficiente y sostenible, sin cambiar su naturaleza pública y contributiva. El otros se dedicaban a anunciar la bancarrota financiera, exagerar sus problemas, defender su eliminación o - los más moderados - su reducción a la mínima expresión, todo con un único objetivo: conseguir los ahorros de los futuros pensionistas que habían atemorizado.

Desde el 95 con el formalización del "pacto de Toledo" sobre el sistema público de pensiones, los defensores del sistema público ya no necesitan acudir a ninguna declaración catastrofista, los otros continúan con el "raca-raca".

El aspecto fundamental de aquel Pacto de Estado no fue silenciar el tema del futuro de las pensiones, como a veces critican todos aquéllos que quieren continuar alimentando los miedos y las incertidumbres. El aspecto fundamental fue acordar que la sostenibilidad del sistema se aseguraba mediante su reforma progresiva y permanente. Como así ha sido.

Sostenibilidad que se ha fundamentado en reformas profundas como:
- Que la Seguridad Social dejara de financiar el Estado y que éste asumiera íntegramente las prestaciones universales, como la sanidad, los servicios sociales o las pensiones y complementos de mínimos de carácter no contributivo,
- Que se ampliaran los periodos de cálculo de las pensiones, mejorando con ello la relación entre el esfuerzo contributivo que se ha hecho para financiar el pago de los pensionistas, cuándo se estaba trabajando, y el derecho generado para recibir su pensión
- Que cada vez más se cotice por aquello que se cobra.
- Que se asegurara por ley la revalorización anual de las pensiones en función del encarecimiento del coste de la vida.
- Que se abriera un constante y progresivo proceso de mejora de las prestaciones mínimas, demasiado bajas.
- Que se modificaran algunas prestaciones, como las de viudedad que, fruto de los cambios sociales, se habían evidenciado como altamente injustas.

Éstas han sido reformas "incruentas", aunque no exentas de polémica en su momento, que en su conjunto están permitiendo que tengamos pensiones para rato.

Pero el trabajo no se ha acabado. Hace falta una vigilancia y seguimiento permanente, un conocimiento profundo y riguroso sobre las necesidades y las posibilidades para continuar reformando el sistema públicos y hacerlo más justo, equitativo y sostenible. Eso sólo se puede hacer con un debate serio, público, no partidista, ni catastrofista como el que se desarrolla en el seno de la comisión parlamentaria que analiza y debate su reforma, no en un clima de histeria e irracionalidad.

¡Por favor, déjenlos trabajar tranquilos! Y acaben con el griterío que sólo sirve para crear temores y desviar la atención sobre los problemas que tienen aquellos fondos privados de pensiones, que han sido utilizados para financiar operaciones especulativas.