¿Méritos o cuna?

El impuesto de sucesiones no se ha eliminado totalmente, como pretendían PP i CiU. No obstante, la reforma aprobada por la mayoría del Parlament de Catalunya (PSC, ERC i ICV-EUiA), exime de satisfacerlo en el 94% de las veces.

A pesar de ello, quienes defendían su desaparición, como siempre ocurre, se han apresurado a anunciar que si por un casual llegaran a tener una mayoría suficiente lo suprimirían. Cuando CiU gobernaban con el respaldo del PP y Artur Mas era el Conseller d’Economia y líder impectore del Govern, no lo hizo. No sólo lo mantuvo, sino que lo defendió.

Hoy dicen lo contrario, eso sólo puede deberse a dos razones: que quieran beneficiar a los herederos de ese 6% de casos o que crean que no se debe pagar nada por las herencias.

En el primer supuesto nos encontraríamos ante una defensa interesada y corporativa.

Interesada por parte de aquellos que, hoy en la oposición, optan por llegar a gobernar intentando conseguir el favor electoral de ese porcentaje de personas, basándose en hacerles creer que la defensa de sus intereses, es lo que más les interesa.

Y corporativa, porque en algunos casos la medida no se defiende pensando en el bien común, sino con la calculadora en la mano para saber en cuanto se beneficiaran los suyos.

En el segundo supuesto, la posición tiene que ver con el modelo de sociedad que pretende defenderse: Una, donde la posición social se tiene y obtiene por razón de cuna u otra, donde la capacidad y el esfuerzo personal y los méritos que se consiguen con él son los que la determinan.

Si se opta por una sociedad aristocrática tiene lógica que algunos de quienes detentan fortuna y poder pretendan auto excluirse de la obligación de ese impuesto, que financia el estado del Bienestar, evidentemente no en exclusiva pero si junto a las otra figuras impositivas. Deben pensar que si la posición social la da la cuna, ¿Por qué deben financiar los mecanismos generadores de igualdad de oportunidades que ayudan a quienes se esfuerzan?

Pues, entre otras cosas, porque si se aplicara su lógica, sus herederos lo serian de una sociedad anquilosada y condenada a la decadencia, como ha sucedido históricamente a ese tipo de sociedades.

Y como tuvieron que recordarle las grandes fortunas americanas (Bill Gates de Microsoft incluido) al Presidente Bush al hacerle saber que a ellos no les hacia ningún favor suprimiendo ese impuesto. Pues ellos, de forma inteligente y no mezquina, preferían contribuir a vivir una sociedad un poco más justa, más segura y más equilibrada, donde las persones se las midiera por su capacidad y su esfuerzo y no por el estatus de su familia – aunque sus herederos recibieran menos – que tener que convivir con la inseguridad que acompaña a los desequilibrios sociales, la injusticia y la insolidaridad.

Port otro lado, esa concepción aristocrática de la sociedad comporta una gran ineficiencia económica y social al despilfarrarar el talento y la capacidad de las personas por el simple hecho de no haber nacido en el seno de una familia acaudalada.

Al final, en el tema del impuesto sobre sucesiones la cuestión es: méritos o cuna.

Ícaro

Como Ícaro, Artur Mas, se ha acercado tanto al “sol independentista” que corre el riego de precipitarse al vacío desde su atalaya.

La obsesiva idea de competir en independentismo con ERC, que le impone “el pinyol de CDC”, le ha radicalizado. De ERC ya se sabía que era, y sigue siendo, independentista, de CiU no.

Está abandonando la prudencia y la ambigüedad calculada que practicaba el President Pujol. Se manifestó favorable no sólo a la autoconsulta entre independentistas del pasado domingo, sino a la independencia de Catalunya. Y se equivocó, porque ni todos los suyos le han seguido en esa aventura.

Después de incrementar el censo de esas 166 poblaciones con jóvenes de 16 a 18 años y persones que han inmigrado, votaron casi 50.000 personas menos que aquellas que dieron su confianza a las fuerzas políticas nacionalistas catalanas en las elecciones autonómicas. Eso supone perder más del 20% de su electorado.

Una experiencia como esta que divide a la ciudadanía de Catalunya, también ha acabado dividiéndoles, si no que se lo pregunte a Unió, que se ha desmarcado antes, durante y después del domingo de esa iniciativa.

Por si fuera poco, algunos de los convocantes de la autoconsulta le han puesto en un brete, con una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para realizar un referéndum vinculante antes de las elecciones autonómicas del próximo otoño.

Si en el trámite parlamentario CiU uniera sus votos a ERC, esa ILP saldría adelante, pues entre los dos tienen mayoría absoluta en el Parlament, pero con ello certificaría su renuncia a ocupar la centralidad política, ya que reconocería que un futuro gobierno de CiU en Catalunya sería un gobierno independentista.

Con ese mensaje, podría arañar algunos votos a ERC, le segaría el paso a las CUP y al Reagrupament de Carretero, pero indefectiblemente le llevaría a perder más votos de catalanistas no independentistas. Por eso, ahora, necesita se distanciarse de ese “sol” que amenaza con derretirle la cera de sus alas. Lo hará alegando inoportunidad política, o esperando que los letrados del Parlament le hagan el trabajo declarando no ajustada a la Ley la ILP prevista.

Para colmo, con todas estas “alegrías” políticas está consiguiendo dejar al President Montilla i al PSC casi la exclusiva de la defensa del Estatut, el máximo nivel de autogobierno real y efectivo nunca conseguido y la centralidad política, porque evidentemente ni el PP ni Ciutadans lo defienden.

Por otro lado, la acción de gobierno avanza resolviendo problemas y déficits históricos como se puso en evidencia ese mismo domingo. Mientras unos construyen infraestructuras (L-9 del metro) que unen a ciudadanos, resuelven sus necesidades y otros ponen en peligro los puentes que nos unen a otros ciudadanos de España y crean problemas.

Sería mejor para todos que abandonara esas alas de Ícaro y sumara sus fuerzas a las del Gobierno para defender el Estatut, que también ayudó a alumbrar.

Perder la razón

Los excesos pueden hacer que se pierda la razón.

A algunos “internautas” les está sucediendo, tenían razón pero la están perdiendo.

Tenían la razón cuando, a través de las redes sociales, se opusieron al hecho que una página Web se pudiera cerrar mediante una resolución administrativa del Gobierno, si como interpretaban era lo que se desprendía del proyecto de ley sobre la economía sostenible. La misma donde, por cierto, se declara como un derecho universal y exigible la posibilidad de acceder a una red de banda ancha que como mínimo tenga una velocidad de 1 Mbit por segundo.

Tenían razón si para ello invocan el derecho a la tutela judicial efectiva, y que en consecuencia, sólo los jueces pueden apreciar si se está transgrediendo la legislación, o no. Ya que en nuestro estado de derecho sólo ellos pueden imponer limitaciones a los derechos constitucionales. Por eso el Presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero afirmó que no cerrarían ninguna página Web. Es decir, que el Gobierno no cerrará ninguna, otra cosa serán los jueces.

Pero algunos “internautas” la pierden cuando, a reglón seguido, defienden la impunidad para todo lo que se haga en la red. En Internet, lo ilícito también es ilegal. En el espacio cibernético tampoco es asumible ni se puede ir contra el derecho a la propiedad intelectual o el honor y el buen nombre de otras personas, ni comercializar o difundir pornografía infantil, ni estafar ni realizar cualquier otra actuación ilícita.

Es cierto que quienes delinquen son las personas, no las redes, pero transgredir la legalidad conlleva consecuencias, sea en el medio o con el medio que sea. Tanto es que se haga mediante medios cibernéticos, audiovisuales, telefónicos, escritos o presenciales, en cualquiera de las esferas en las que se desarrolle la acción ilegal, debe haber una respuesta proporcional y ajusta a derecho de la sociedad para evitarla. Y en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación una de ellas puede ser el cierre de las páginas.

La colisión entre derechos, requiere de una regulación, de una inspección que supervise (ejercida por la Administración) y de una tutela judicial que verifique si se atiene a la legalidad o, en su caso, imponga las sanciones.

También pierden la razón aquellos “internautas”, a los que el PP ha decido apoyar: “siempre que hagan oposición al Gobierno” (tenor literal de su comunicado), que exigen la dimisión de la Ministra de Cultura, o incluso la amenazan con llevarla ante los tribunales, acusándola de cometer una ilegalidad.

Eso es un exceso que les hace perder la razón.

Una propuesta puede ser correcta o incorrecta, se puede estar de acuerdo, o no, pero una propuesta no puede ser ilegal.

Ese debate ya se tuvo y lo sentenció el Constitucional con la “propuesta Ibarretxe”. Fundamentalmente porque un proyecto de ley no es ley hasta que no la aprueban las Cortes Generales, es decir hasta que no ha sido debatido, enmendado y aprobado por la mayoría de los miembros del Congreso y el Senado.

Si finalmente la ley aprobada resultara que va contra los derechos que la Constitución establece será el Tribunal Constitucional quien lo decidirá. Esa, y no otra, es la forma como nos hemos dotado para reconocer y regular nuestros derechos, ya sean en el espacio real o el cibernético.

Cambiar el modelo productivo

¿Cambiar el modelo productivo con una ley es una utopía?, no y sí.

No, si no se espera que la ley nos haga todo el trabajo. De una ley sólo cabe esperar que apunte y apúntale las medidas para alcanzar un objetivo tan posible y necesario como difícil y lejano, ir más allá es irreal. Además hay que implementarla con dialogo y actuaciones.

Y sí, seria utópico creer que esa ley lo resolverá todo. No hay ninguna ley que sea un ungüento maravilloso y milagroso que lo arregla todo por ensalmo.

La producción de cosas y de servicios baratos no puede ser la forma como Catalunya y España se sitúen hoy en Europa y el mundo, económicamente hablando. Eso lo podíamos hacer – y lo hicimos con éxito - hace unos años. Entonces en Europa éramos 15 y nosotros competíamos con salarios y protección social inferiores. Hoy la UE la forman 27 países y algunos de los últimos en entrar ofrecen, ahora, lo que nosotros ofrecíamos hace 25 años: mano de obra formada y barata. Además, la globalización económica ha hecho los mercados más grandes y el mundo más pequeño.

Ese estado de cosas, además de la crisis económica, es lo que hace ineludible que tengamos que cambiar. Y no podemos hacerlo volviendo hacia atrás.

La opción es remover los cimientos de nuestra economía, avanzando hacia una economía que incorpore mucho más valor a lo que hacemos (productos y servicios), a como lo hacemos (los formas y los procesos) y con quien lo hacemos (las personas).

Necesitamos un nuevo modelo productivo que se base tanto en la profunda transformación de los sectores tradicionales para que no caigan en la obsolescencia y se adapten a una economía basada en la reducción de las emisiones de carbono y la incorporación de altas tasas de conocimiento, como en la potenciación de los nuevos sectores productivos relacionados con las energías renovables, las tecnológicas de la comunicación i la información, las ciencias de la salud (biomedicina), la nanotecnología, la aeronáutica y el espacio o los nuevos servicios a personas y empresas.

Un cambio en el modelo productivo que ha de ser capaz de recoger y transportar en ese proceso de mejora a la mayoría a las personas que hoy están desempeñando tareas en oficios y sectores que tienen que mejorar. Su seguridad y estabilidad laboral vendrá condicionada por su esfuerzo para aprovechar los recursos que se han de destinar a mejorar su formación y cualificación profesional, para seguir el ritmo de los cambios. Y de una sociedad que sea capaz de sostener un sistema de protección social suficiente y eficaz para hacer soportables los procesos de transición hasta el nuevo paradigma.

Desde una posición realista tendremos que coincidir que para llegar a ello se requieren dos cosas: un periodo de 10 años y empezar ya. Porque será difícil y duro, pero no imposible.

Aquellos que, como hace el PP, intentan descalificar esa ley alegando que no resuelve los problemas de mañana, lo único que intentan es hipotecar el mañana. ¡No lo conseguirán!

En el fondo esconden que su solución a la crisis, como dice Montoro, es repetir lo que ellos protagonizaron, un modelo económico basado en más dosis de precariedad, temporalidad i desprotección laboral, social y jurídica para que nuestra económica compita a la baja en costes y condiciones de trabajo con las economías emergentes en el mismo terreno. ¿Hasta dónde quieren llevarnos por ese camino? ¿Hasta las condiciones de los países del Norte de África? ¿Del Oriente? ¿Hasta las maquilas? ¡Ese no es el camino, ni la solución!

A todos aquellos que últimamente han clamado por unos nuevos Pactos de la Moncloa, es decir por unos acuerdos políticos que orientaron leyes, acuerdos sociales y conductas para llevar a España hasta el modelo social, laboral y económico que significaba Europa, hay que decirles que: “La ley de la economía sostenible son los Pacto de la Moncloa del siglo XXI”.

Hace bien el Gobierno ofreciendo negociación y dialogo a las fuerzas políticas para construir ese modelo. Sería de desear que la oposición no rechace la mano tendida y que no haga de su tramitación una carrera descalificaciones globales de sal gruesa, como ha protagonizado en los primeros compases.

Ahora bien, si la oposición se equivoca y quiere llevar el carro por ese pedregal, el Gobierno debe proseguir hacia delante haciendo del dialogo social con los sindicatos y empresarios y la sociedad en general el mecanismo de acordar las reformas y cambios que nos permitan salir de la crisis construyendo el futuro y sin dejar a nadie en la cuneta.

Una dentro de la otra

Una dentro de la otra, como en una “matrioska” (el juego de las muñecas rusas), así están el sistema de financiación del Estatut y la Ley Orgánica de Financiación de la Comunidades Autónomas (LOFCA).

¡No es de extrañar!, las dos leyes orgánicas han sido aprobadas por las mismas Cortes Generales.

A pesar de ello, las dos fuerzas nacionalistas más grandes de Espanya (CiU i PP) que han votado al unísono en contra se justifican en base a la misma idea.

Las dos fuerzas, aunque por motivos aparentemente contrapuestos, defienden que una de las leyes no debería contenerse en la otra, sino que debería someterla a su supremacía, como eso no ha sucedido, se escudan en ello para rechazar la nueva ley de financiación de las autonomías.

CiU hace como que defiende que el Estatut debería estar por encima de la LOFCA y el PP hace como que sostiene que las leyes estatales deben estar por encima de las autonómicas, olvidando que las dos son leyes orgánicas. ¿Tanto les costaría reconocer que las cosas no son, ni debe ser, así?

Ambos deberían esforzarse en no anteponer sus intereses partidarios a la ciudadanía y colaborar más en resolver problemas que no en crearlos, pero han decidió que su única opción es votar juntos para debilitar a los gobiernos en los que participan los socialistas, con el único objetivo de volver cada uno a “su gobierno natural”. El PP al del Espanya y CiU al de Catalunya. Por eso, Artur Mas no rechaza pactar con el PP, si procede o le es necesario.

Volviendo al tema de las leyes, la nueva LOFCA está dentro del Estatut, porque contiene todos los criterios que en su día apoyó CiU, cuando pensaba que sería ella quien los concretaría con el Gobierno central. Y el Estatut está dentro de la LOFCA porque el modelo de financiación de Catalunya ya se pensó y diseñó, para que fuera generalizable y aceptado por el resto de la Comunidades. Tanto es así que ha sido aceptado en las Comunidades que gobierna el PP.

Con esa Ley se ha dado eficacia y seguridad jurídica al modelo y las cuantías que negociaron el pasado julio los presidentes Montilla y Zapatero, que se fraguó de forma bilateral –eso molesta al PP -, se concretó de forma multilateral - eso molesta a CiU - y ha acabado como ley orgánica. ¡Todo según el guión previsto!

A la vez ha ayudado, indirectamente a los magistrados del TC a resolver una de sus cuitas. Si el modelo de financiación del Estatut cabe en una ley orgánica sobre financiación autonómica y viceversa, que motivo hay para negar la constitucionalidad. Lo mismo ocurre con el título de la justicia catalán que contiene el Estatut, que fija modelo pero se traslada su concreción a que se establezca la correspondiente ley orgánica sectorial.

Si siguen así, las Cortes Generales le harán la sentencia, porque les demostraran que es posible, legal, constitucional y positivo poner una ley dentro de la otra, sin que una esté por encima de la otra.

Sólo desde concepciones reduccionista y excluyentes se puede sostener y contraponer éste Estatut a ésta LOFCA, por el contrario, desde una perspectiva incluyente, que atienda y entienda la pluralidad de sensibilidades, es decir federal, se observa posible y positivo que la una esté dentro de la otra.

Josep Maria Rañé: "El urbanismo tiene un peso excesivo en la financiación de los ayuntamientos"

Entrevista al presidente del Consejo de Trabajo Económico y Social de Cataluña, que augura el final de la crisis a mediados de 2010. Realizada por Laura Balcells y publicada en la malla.cat

Corrupción, crisis y desempleo. Tres elementos que han golpeado la sociedad catalana en los últimos tiempos y que, combinados, forman un cóctel que puede conducir a la desmoralización y la desconfianza. El presidente del Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña (CTESC), Josep Maria Rañé, reflexiona sobre esta situación en esta entrevista a lamalla.cat. Rañé considera que los ayuntamientos dependen demasiado del urbanismo y cree que si se han detectado grietas en la legislación se deben sellar de forma "inmediata" para evitar que se repitan casos como los de Santa Coloma o el Palau de la Música , respetando, eso sí, la presunción de inocencia. Sobre la crisis, pide al sector financiero que abra el grifo del crédito "con responsabilidad" y cree que a mediados del año que viene se empezará a ver la luz al final del túnel. Alerta, sin embargo, que hay que optar por un modelo de valor añadido y de empleo de calidad para no caer en los mismos errores que en el pasado.

-Los ayuntamientos 'cuelgan' demasiado del urbanismo? Creo que sí. El único instrumento que tienen para hacer políticas después de que el PP eliminara el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) es el urbanismo, y este elemento debe tenerse en consideración. No porque esto sea fuente de corrupción, sino porque colocamos los ayuntamientos en una presión excesiva con un único mecanismo para poder hacer su acción y esto puede permitir que haya personas que decidan utilizarlo mal. El urbanismo tiene un exceso de peso en la financiación de los ayuntamientos que convendría diversificar. Además, esto haría que los ayuntamientos estuvieran más motivados e interesados en diversificar el tejido económico.

-Eso cambiará una vez se apruebe la nueva financiación local?

Con la nueva financiación local sacaremos una presión importante al tema del urbanismo. Los ayuntamientos tendrán más capacidad de imponer condiciones a las promociones urbanísticas y, por tanto, debería producirse un cambio. Ahora bien, tampoco hay que engañarse. No es que tengamos una resolución deficiente o que no haya ningún tipo de orden, sino que detrás de todo esto hay algo difícil de eliminar que es la codicia humana. Debemos apostar por dos elementos que debe tener toda normativa: transparencia y control. Que los ayuntamientos estén bien financiados, ayudará; debemos darles más herramientas para evitar la especulación en sus municipios.

-Casos como los que han aflorado recientemente se podían evitar?

Si se ha descubierto una rendija, debemos cerrarla y sellarla. Eso no quiere decir que haya que arrasar con todo un sector económico, sino buscar las rendijas para remediarlo. Somos conscientes de que posiblemente la legislación perfecta no existe, porque las situaciones cambian y siempre puede aparecer algún tema nuevo. Ahora hay que ajustarla y que se perciba con toda claridad que desde la responsabilidad pública no se da ninguna cobertura, como no se está dando, en estas actitudes personales. Debemos recuperar la confianza y tener en cuenta que si estamos hablando de estas actitudes delictivas es porque la justicia ha actuado y el sistema ha funcionado.

-Usted que ha sido consejero de Trabajo e Industria de la Generalitat (2003-2006), qué sentimientos le despiertan estos casos de corrupción?

La primera sensación es de indignación, que no debe ir acompañada de desmoralización. Observas con determinada tristeza que personas que has conocido y con quien has tenido una determinada relación, de coincidencia o de oposición política, están inmersos en estos procesos. Indignación, pero confianza en que tenemos instrumentos para hacerle frente. Te deja perplejo conocer el entramado que ha pasado con alguna institución cultural de Cataluña. Es difícil de explicar como una persona ha tenido la posibilidad de hacer todo lo que dicen que ha hecho.

-Todos estos casos de corrupción coinciden en un momento de crisis económica que todavía crispa más la sociedad ...

Es verdad que coinciden en un momento que hace que aún sean más llamativos. En el caso del "Palau de la Musica", vemos que hay gente que está a una institución que responde a donaciones o fondos públicos y que ha desviado un dinero que resulta que no son para atender a nadie, ni la cultura ni el arte ni el canto en Cataluña , sino para irse a las Malvinas, o para hacer otras cosas. Realmente, produce aún más irritabilidad en un momento de crisis.

"TODO INDICA QUE SALDREMOS DE LA CRISIS A MEDIADOS DEL AÑO QUE VIENE"

-Y sobre la crisis, cuando veremos el final?

Creo que hay claramente dos fases. La primera, que recuperemos el crecimiento positivo. En estos momentos, todavía estamos produciendo menos que hace un año y, obviamente, menos que hace dos. La segunda fase, la que permitirá decir que realmente estamos saliendo de la crisis, es que este crecimiento económico sea de una calidad y cantidad suficiente como para que haya más gente trabajando que el mes anterior, o que el día anterior. Es decir, que haya creación de empleo neto. Creo que esto, todo parece indicar, podría llegar a mediados del año que viene.

-543.603 Personas en paro, según datos del ministerio de Trabajo. ¡Son muchas!

Es una cifra muy importante. Creo que la solución al paro vendrá cuando tengamos una economía que cree más empleo y que, cuando esto pase, no nos volvamos a equivocar y se creen empleos de baja calidad y poco valor añadido porque se ha demostrado que esto es como el cuento de "los tres cerditos", cuando viene un viento cae la barraca. Lo que ha quedado es empleo con valor añadido y con más productividad. Lo que debemos intentar es que la recuperación económica no la hagamos a partir de volver a inflar otra vez la actividad de poco valor añadido, que no tenga suficiente calidad para resistir la competencia. No quiere decir que tenemos que hacer cosas completamente diferentes a las que hemos hecho hasta ahora, sino que debemos hacer mejor. Es la mejor garantía para mantener el empleo que se haya creado.

-Aportar más valor añadido significa invertir. ¿Cómo se puede hacer esto si las empresas están tocadas?

El problema que tenemos ahora no es que las empresas no tengan ideas o proyectos o que no vean hacia dónde deben ir, sino que no pueden obtener la financiación para hacerlo. El problema básico es la falta de liquidez y es necesario que el sistema financiero abra el grifo del crédito, pero no con la alegría y despreocupación que lo ha hecho hasta ahora, financiando actividades de mucho riesgo, sino que ha de financiar proyectos serios . Si se quiere hacer una reestructuración del sistema financiero, no sólo para salvar las entidades financieras, sino para salvar la función de las mismas, que es gestionar el crédito de una manera responsable y favorecer que proyectos serios salgan adelante. No se trata de dar una ayuda a unos y que los demás espabilen, sino que la ayuda que se da es porque abre la línea de crédito de una manera responsable. Las empresas tienen más proyectos serios y solventes lo que parece.

-Últimamente se ha repetido mucho la palabra ERE (Expediente de Regulación de Empleo). ¿Qué piensa del sistema alemán?

El sistema alemán es una versión equivalente al ERE que consiste en reducir el tiempo de trabajo semanal o diario de un trabajador. Este tiempo que deja de trabajar, la empresa no le paga, pero el trabajador recibe una subvención o una ayuda del Estado. Bueno, eso es un ERE, un ERE de suspensión temporal, de reducción de jornada. Es lo mismo.

-Pues si es el mismo, por qué ha funcionado en Alemania y aquí no?

Posiblemente habrá que abordar algunos de los problemas que aquí hay. La tramitación de los ERE es muy farragosa administrativamente y convendría aliviarse, manteniendo la seguridad jurídica. Los ERE suponen un sobrecoste para las empresas que deben pagar la seguridad social, incluso del tiempo que no trabajan las personas. Habrá que ver si el Estado mantiene o ayuda a reducir este sobrecoste. El sistema alemán ha permitido que con una bajada de la actividad que ha sido el doble de España, el paro haya crecido la mitad. Ellos han apostado por mantener la gente ligada a la empresa y ajustarse internamente en lugar de despedir. Creo que esto es positivo. Es bueno que tengamos una política dirigida a mantener la gente ocupada o relacionada con la empresa. Los alemanes aprovechan estos períodos de reducción de la jornada para formarse y eso es muy importante. Es útil para mantener el puesto de trabajo, pero también para tener más expectativas a lo largo de la vida laboral.

-Cree que la juventud de hoy en día ha perdido el espíritu empresarial y prefiere optar por el sector público, para hacerse funcionario?

No creo que esto se pueda generalizar, los datos tampoco lo demuestran. No se puede decir que los jóvenes catalanes no sean personas emprendedoras, están más preparadas y, además, son personas que tienen la voluntad de asumir riesgos y de plantearlos. Estamos en un momento difícil en Cataluña, pero no ha mermado la capacidad de generar empresas y no podemos pensar que todas las empresas las han realizado personas adultas, también gente joven, jóvenes en términos empresariales. Descartaría la idea generalizada de que los jóvenes catalanes han perdido la capacidad de emprendimiento, la mantienen, lo que sí es cierto es que ahora hay más opciones que hace veinte o treinta años. No había un sector público que fuera una fuente de empleo tan importante como lo es hoy.

Absentime laboral: Aprender de la experiencia

Este es un artículo mio - publicado en el diario AVUI - sobre el absentime laboral.

El absentismo laboral es un tema recurrente, poliédrico y controvertido.

Ante el grave perjuicio que produce en la economía cuando se superan determinados niveles, en 1980 la UGT y la CEOE negociaron y acordaron hacer frente conjuntamente, acuerdo al que se unió CCOO del año siguiente.

En ese acuerdo, destinado a ser aplicado en los convenios colectivos tras definir el absentismo como "la no presencia del trabajador en el lugar de trabajo", determinaron cuáles ausencias no debían ser cuantificadas como tales.

Consideraron que no era absentismo: los permisos legales, las horas sindicales, maternidad y lactancia, hospitalización, accidentes laborales y suspensión de la actividad por riesgo de accidentes y las suspensiones legales de los contratos.

Así pues, el resto de ausencias, legales o fraudulentas, se transformaron en el objetivo a batir por la acción de empresarios y trabajadores en el seno de la empresa y para la administración, mediante una más estricta aplicación de las medidas legales de control y comprobación.

La aplicación de esta cultura y práctica común logró reducir de forma muy importante el absentismo.

En casi 30 años las cosas han cambiado mucho, pero, sin embargo, el absentismo sigue siendo motivo de preocupación.

Tanto es así que en el acuerdo estratégico del 2005 se encargó al gobierno estudiarlo. La información obtenida es que sólo el 6% de los trabajadores tienen más de una baja al año, y el 76% no tienen ninguna .

Quizá en temas como éste, que afectan a las relaciones laborales, la lección a extraer es que la solución de fondo se encontrará cuando todo el mundo entienda lo mismo por absentismo, se pacte un criterio de actuación y se aplique conjuntamente.

Lo contrario es lanzarse el absentismo por la cabeza y no avanzar.