Daño colateral

La forma y argumentos esgrimidos para eliminar parcialmente de la limitación de 80 km/h están produciendo un grave daño colateral, están debilitando la lucha contra la velocidad como causa de los accidentes de tráfico.

La reducción de la velocidad tiene una componente medioambiental - esa fue una de las razones para implantarla- i otra de seguridad viaria.

Desde la perspectiva medioambiental, era una más de las 72 medidas incluidas en el plan destinado a cumplir las directivas europeas sobre la mejora de la calidad del aire en el área metropolitana de Barcelona, y así evitar las sanciones.

El tráfico no era, ni es, el único emisor de las partículas contaminantes pero si uno de los más importantes, de ahí la importancia de esta medida. Evidentemente hay más elementos productores de partículas contaminantes como ahora los barcos, las plantas productoras de electricidad, las calefacciones, la incineradora de basuras, o las cementeras que también forman parte de ese mismo catálogo y también tenían, y tienen, medidas específicas para reducir sus efectos.

No obstante, ninguna ha tenido la trascendencia social de los 80 km/h, la cual cosa hizo que rápidamente se transformara de “UNA” a “LA” medida, confiriéndole, a su vez, una dimensión política, implementada por el hecho de que CiU hiciera bandera ( y promesa) electoral de su eliminación.

A ello también contribuyo el hecho de que su defensa se hiciera que la principalmente desde la perspectiva medioambiental. La invisibilidad del riesgo, la lentitud en la obtención de resultados contundentes y concluyentes, porque hay otros factores actuantes, y el cuestionamiento, desde perspectivas interesadas, sobre su efectividad debilitó una percepción social positiva de la medida.

Curiosamente alcanzó más legitimidad en el ámbito que era más impopular, el circulatorio. La gente entendía y soportaba menos mal tener que circular a 80km/h por una autopista, si con ello había menos muertes y accidentes, y los ha habido, o si conseguía mayor fluidez, que también la habido, que si debía hacerlo para eliminar unas partículas que no veía.

También es cierto que las campañas sobre la reducción de la velocidad han venido acompañadas de un incremento de las sanciones que han inducido a su acatamiento forzoso. No obstante, “ya que tengo que hacerlo, que se note” piensan muchos conductores. Las cifras de disminución sobre de la siniestralidad en carretera constituyen una recompensa a esa limitación.

Si antaño se argumentó que no se había comunicado bien la medida, ahora, en el momento de intentar eliminar la limitación de los 80 km/h, tampoco. Hasta el portavoz del Govern ha argumentado esa deficiente comunicación para justificar las contradicciones aparecidas en su seno, que son fruto de haber trasladado una actitud opositora a la acción de gobierno sin la evaluación precisa.

Así frente a la prudencia exhibida por los actuales responsables medioambientales que dirige el Conseller Lluis Recoder, ha contrastado la vehemencia de los responsables de tráfico que lidera el Conseller Felip Puig.

Mientras los primeros se curaron en salud cuando dieron su forzado plácet medioambiental a la decisión política y en ese sentido advirtieron de que su supresión podía tener excepciones si se complicaba la calidad del aire, como así ha sucedido, los segundos en el ánimo de justificar, como sea, la medida política han llegado a poner en duda que reducir la velocidad no reduzca los accidentes ¿Nadie recuerda los aparatosos accidentes en la autovía de Castelldefels, o en las Rondas cuando se podía circular a más de 80 km/h?

Con afirmaciones de ese tipo, han dilapidado una ingente cantidad de recursos económicos y argumentales que estaban produciendo, por fin, un incremento en la conciencia colectiva de los conductores, una reducción de la velocidad media y lo que es más importante una reducción de la siniestralidad en carretera. ¿Con qué autoridad se llamará a moderar la velocidad, si el máximo responsable del tema niega que sea útil para reducir la mortalidad en la carretera?

Ese es el daño colateral que se ha producido al forzar los argumentos medioambientales y circulatorios para justificar una medida tomada en base a criterios electorales.