Semana de cumbres

Esta semana pasada ha estado plagada de cumbres. Zapatero, dos, Artur Mas, una.

El presidente español, se reunió con los dirigentes sindicales y con los empresariales, a diferencia de la anterior, esta vez sí estaba la CEOE, representada por Joan Rosell.

Las dos reuniones se han celebrado por separado, pero ambas tenían el mismo objetivo: comprobar la marcha de las reformas sociales y económicas emprendidas desde el verano pasado.

A tenor de cómo no nos está afectando la crisis de la deuda portuguesa, parece que están produciendo efectos positivos sobre los preocupantes desequilibrios de la economía española.

Ahora solo falta que todo ello redunde, lo más rápido y contundentemente posible, sobre la creación de empleo. A diferencia de las anteriores, la reunión del presidente catalán en el Palau Reial de Barcelona, ha contado con la presencia al unísono de los líderes sindicales, empresariales y políticos. Más gente pero menos resultados.

Se ha anunciado un acuerdo de principios, pero de su lectura más parece el principio de un acuerdo. Queda mucho por concretar y hacer, quizás demasiado, para tanta urgencia.

Las conclusiones anunciadas por el President Mas y no interpretadas de igual manera por el resto de asistentes, imponen al Gobierno catalán más negociaciones con el del Estado que actuaciones a hacer aquí.

Al cumplirse los 100 días, ha llegado el momento de ver los primeros resultados. La situación lo requiere, pero todavía no se les ve despuntar con claridad.

El derecho a la huelga

Con el anuncio de una convocatoria de huelga en AENA de 22 días, estratégicamente situados en los inicios y finales de las vacaciones, se ha vuelto a desatar un durísimo intercambio de monólogos mediáticos sobre la huelga y su uso.

La huelga no substituye el dialogo entre las partes en conflicto. Es la expresión temporal de su fracaso. Por eso la huelga debería tener como objetivo recuperarlo, y, como todas las armas potentes, utilizarse sólo como último recurso, en la búsqueda del acuerdo.

Con esta acción se pretenden negociar las condiciones en las que quedaran los trabajadores cuando se privatice la gestión de los aeropuertos españoles.

Obtener seguridades dentro de ese cambio y eliminar las dudas y temores, no debería ser difícil. Al no ser funcionarios, sino trabajadores asalariados, les será de aplicación el Estatuto de los Trabajadores (art 44), y la empresa sucesora, sea pública, privada o mixta, deberá respetarles TODOS los derechos que hoy tienen.

La huelga como derecho constitucional no tiene más limitación que su comunicación con 5 días de antelación, si no colisiona con el ejercicio de otro derecho constitucional (salud, seguridad, etc.). Entonces sí tiene restricciones. Debe avisarse con 15 días de antelación, como mínimo y establecerse unos servicios mínimos, que permitan ejercerlos. Con algunas molestias, pero ejercerlos.

Si llega a realizarse la huelga, cosa que dudo, habrán vuelos, no como ocurrió con los controladores. Por ello, el debate sobre la huelga debería ser más frio y objetivo.

Buscando pareja

La falta de mayoría suficiente de CiU en el Parlament le empuja al pacto para poder sacar adelante los dos presupuestos que deber hacer este año, los que ya están en curso y los del 2012. ¿Pero con quien?

Según el socio que consiga, así será el acento que se imponga a unas cuentas que indefectiblemente deberán ajustarse a las previsiones de ingresos. Parecería, pues, que los posibles socios deberían estar haciendo esfuerzos por ser el pretendiente elegido para ese baile, y no es así.
Es más parece lo contrario. Este fin de semana los socialistas han concretado las condiciones para acordar las cuentas: Rigor y austeridad presupuestaria sí, recortes al estado del bienestar, no.

Y por la respuesta que han dado la Vicepresidenta Ortega y del portavoz parlamentario Oriol Pujol – exabrupto incluido - no ha sentado nada bien ese intento de fijar condiciones. Más conciliador ha sido el portavoz del Gobierno Francesc Homs, que ha vaticinado que habrá acuerdo.

Se supone que no esperan alcanzarlo simplemente apelando a la responsabilidad del PSC sino porque a CiU también le interesa, como sucedió en la investidura, que unos presupuestos tan duros salgan con el consentimiento de la mayor fuerza de izquierdas en la oposición. Eso les llevaría a aceptar sus condiciones.

El otro escenario, el pacto con el PP, desataría unas especulaciones políticas sobre las alianzas post elecciones generales, que por el momento Mas intenta soslayar.

El tiempo se está agotando y CiU deberá elegir pareja.

No falta relato

No se han alcanzado ni los 100 famosos días de gracia y ya se está extiendo el temor que el Govern de CiU padezca los mismos síntomas que el anterior. Hasta sus corifeos más entusiastas se muestran preocupados por ello.

Como siempre que las cosas no salen tan bien como se desearía se ha recurrido al manido latiguillo de que falla la comunicación y que falta un relato para que sea aceptado y valorado positivamente lo que se dice o se hace.

Pero al Govern de CiU no le falta un relato, si no una mayoría parlamentaria que le permita llevar un rumbo claro y definido. Para ello debe resolver sus dos dilemas: ¿mayoría hasta las generales o para toda la legislatura? y ¿mayoría con quién?

La legítima opción de no alcanzar una mayoría parlamentaria estable le obliga a contraponer: el concierto económico a la independencia y sus referéndums, en los que polemiza no solo con Puigcercós y Laporta sino hasta con Duran; los recortes sociales (salud, educación) al pacto con los socialistas; o la necesidad de una mayoría parlamentaria estable a la aversión al pacto con los populares antes de las elecciones municipales y generales.

Navegar en todos los caladeros sirve para ganar elecciones, pero no para gobernar. Eso último requiere descartar opciones, dar seguridad y confianza dentro y fuera del Govern y, por último, un relato que lo enmarque. Si no lo que se percibe es coyunturalismo, improvisación desconcierto y contradicciones, es decir lo que le imputaba al Govern anterior.

Presión en la caldera

La Organización Internacional de Trabajo (OIT), hace dos años pronosticó que en todo el mundo acontecerían fuertes convulsiones sociales sino se corregían los efectos sociales que se producían fruto de la crisis económica mundial.

Desde una percepción eurocéntrica u occidentalista, habrá quien diga que se equivocaron. No obstante, si se contempla desde la atalaya europea del Mediterráneo lo que sucede en la otra riba, entonces resulta más difícil cuestionar la predicción.

Hasta ahora, en los países más desarrollados no se ha cumplido el vaticinio es porque los sistemas de protección han paliado en parte la gravedad derivada de la destrucción del empleo, pero allí, carecen de esos amortiguadores sociales.

Las diferencias sociales en esos países son espectaculares: frente a exhibiciones insultantes de riqueza hay pobrezas absolutas; la población es muy joven pero está más formada que antaño y la globalización de la información ha roto su aislamiento. Esa es la presión que ya existía.

Pero la crisis ha incrementado la presión en la caldera social hasta hacerla estallar.

Se han roto las expectativas de progreso, porque el Norte ya no es una tierra a la que emigrar, allí también hay paro, y la falta de libertades democráticas y los regímenes autoritarios imposibilitan creer en una alternancia política que gestione los cambios necesarios para abordarla socialmente.

Había necesidad y voluntad de cambios por eso se han iniciado, aunque su final todavía está por escribir.

Nada angelical

En su visita a España la cancillera alemana, Angela Merkel, intentó vendernos su receta para mejorar la competitividad española: que los salarios sigan a la productividad y no a la inflación.

No está escrito que para opinar de algo se deba conocer sobre lo que se opina, pero es conveniente. Si conociera el modelo de negociación colectiva español sabría que ya tenemos en cuenta la productividad empresarial.

A diferencia de algunos países centro europeos, aquí no hay escalas salariales que automáticamente incrementen los salarios al ritmo de los precios.

Desde el año 80 los convenios y los acuerdos interprofesionales que se firman relacionan también el crecimiento de los salarios con la productividad de las empresas e incluso con su rentabilidad. No es el único factor pero siempre está presente. Si las previsiones sobre la situación de la empresa, el sector y/o su productividad son buenas se supera la previsión de inflación, y, en caso contrario, no.

Eso ha comportado un crecimiento moderado de las rentas salariales. Tanto que estas no han ganado peso dentro del total de la riqueza nacional. Es decir, globalmente los salarios no se han beneficiado del incremento de la productividad española, sino que ha favorecido al crecimiento de las rentas del capital y la creación de empleo.

Hacer de los salarios el único mecanismo de mejora de la competitividad de la economía española nos condenaría a salir de la crisis repitiendo el mismo modelo de producción que nos ha traído hasta aquí.

Por eso, la propuesta de Angela Merkel no es nada angelical.

Daño colateral

La forma y argumentos esgrimidos para eliminar parcialmente de la limitación de 80 km/h están produciendo un grave daño colateral, están debilitando la lucha contra la velocidad como causa de los accidentes de tráfico.

La reducción de la velocidad tiene una componente medioambiental - esa fue una de las razones para implantarla- i otra de seguridad viaria.

Desde la perspectiva medioambiental, era una más de las 72 medidas incluidas en el plan destinado a cumplir las directivas europeas sobre la mejora de la calidad del aire en el área metropolitana de Barcelona, y así evitar las sanciones.

El tráfico no era, ni es, el único emisor de las partículas contaminantes pero si uno de los más importantes, de ahí la importancia de esta medida. Evidentemente hay más elementos productores de partículas contaminantes como ahora los barcos, las plantas productoras de electricidad, las calefacciones, la incineradora de basuras, o las cementeras que también forman parte de ese mismo catálogo y también tenían, y tienen, medidas específicas para reducir sus efectos.

No obstante, ninguna ha tenido la trascendencia social de los 80 km/h, la cual cosa hizo que rápidamente se transformara de “UNA” a “LA” medida, confiriéndole, a su vez, una dimensión política, implementada por el hecho de que CiU hiciera bandera ( y promesa) electoral de su eliminación.

A ello también contribuyo el hecho de que su defensa se hiciera que la principalmente desde la perspectiva medioambiental. La invisibilidad del riesgo, la lentitud en la obtención de resultados contundentes y concluyentes, porque hay otros factores actuantes, y el cuestionamiento, desde perspectivas interesadas, sobre su efectividad debilitó una percepción social positiva de la medida.

Curiosamente alcanzó más legitimidad en el ámbito que era más impopular, el circulatorio. La gente entendía y soportaba menos mal tener que circular a 80km/h por una autopista, si con ello había menos muertes y accidentes, y los ha habido, o si conseguía mayor fluidez, que también la habido, que si debía hacerlo para eliminar unas partículas que no veía.

También es cierto que las campañas sobre la reducción de la velocidad han venido acompañadas de un incremento de las sanciones que han inducido a su acatamiento forzoso. No obstante, “ya que tengo que hacerlo, que se note” piensan muchos conductores. Las cifras de disminución sobre de la siniestralidad en carretera constituyen una recompensa a esa limitación.

Si antaño se argumentó que no se había comunicado bien la medida, ahora, en el momento de intentar eliminar la limitación de los 80 km/h, tampoco. Hasta el portavoz del Govern ha argumentado esa deficiente comunicación para justificar las contradicciones aparecidas en su seno, que son fruto de haber trasladado una actitud opositora a la acción de gobierno sin la evaluación precisa.

Así frente a la prudencia exhibida por los actuales responsables medioambientales que dirige el Conseller Lluis Recoder, ha contrastado la vehemencia de los responsables de tráfico que lidera el Conseller Felip Puig.

Mientras los primeros se curaron en salud cuando dieron su forzado plácet medioambiental a la decisión política y en ese sentido advirtieron de que su supresión podía tener excepciones si se complicaba la calidad del aire, como así ha sucedido, los segundos en el ánimo de justificar, como sea, la medida política han llegado a poner en duda que reducir la velocidad no reduzca los accidentes ¿Nadie recuerda los aparatosos accidentes en la autovía de Castelldefels, o en las Rondas cuando se podía circular a más de 80 km/h?

Con afirmaciones de ese tipo, han dilapidado una ingente cantidad de recursos económicos y argumentales que estaban produciendo, por fin, un incremento en la conciencia colectiva de los conductores, una reducción de la velocidad media y lo que es más importante una reducción de la siniestralidad en carretera. ¿Con qué autoridad se llamará a moderar la velocidad, si el máximo responsable del tema niega que sea útil para reducir la mortalidad en la carretera?

Ese es el daño colateral que se ha producido al forzar los argumentos medioambientales y circulatorios para justificar una medida tomada en base a criterios electorales.