¿Subir el IVA?

¡A quien le guste que le suban los impuestos que levante la mano!

El número de manos alzadas, seguramente, será nulo o insignificante.

Por eso la posición anti subida del IVA tiene asegurado un fuerte predicamento. Le dice a la gente lo que quiere oír. ¿Pero es lo que hay que decirle? Sinceramente, creo que no.

Se sabe que la subida del IVA comportará un incremento de los precios. No hay tanta certeza, pero sí una más que razonable expectativa, que pueda suponer una frenada momentánea en la recuperación del consumo interno. Por eso desde el punto de vista económico, social y político esta medida no es ni fácil ni neutra.

¿Entonces, porque el Gobierno incorporó en los presupuestos la modificación del IVA a partir de julio? Para contener el déficit público y porque estima que en ese momento ya estaremos creciendo.

Para acabar de entenderlo hay que recordar que:

• La modificación conllevará la subida en un 2% del tipo general (del 16 al 18%) y en un 1% del tipo reducido (del 7 al 8%), aquel que grava por ejemplo la vivienda y la hostelería. También, hay que dejar constancia de que esta modificación no afecta al tipo súper-reducido (del 4%), que se aplica a los productos básicos o de primera necesidad
• Y que ésta es una medida que forma parte de un plan de austeridad, que busca reducir el déficit. Recortando gastos (50.000 m € en tres años) e incrementando ingresos. Con este plan se quiere conseguir volver el año 2013 a la situación de déficit público (diferencia entre ingresos y gastos) permitida en la zona euro del 3%, como máximo.

Hoy nuestro déficit público está situado en el 11%. No es que nos hayan vuelto "manirrotos" como dicen algunos especuladores y airea de forma irresponsable y exagerada los dirigentes del PP, sino que es el resultado la intervención pública para evitar las nefastas consecuencias de la crisis.

Los gobiernos de forma conjunta y coordinada (reunión del G-20) acordaron desarrollar políticas públicas dirigidas a: evitar el colapso financiero; incentivar la actividad económica, y desarrollar los mecanismos de protección social. Se trataba de evitar que la paralización del sector privado, excesivamente endeudado y receloso de sí mismo, condujera al colapso financiero y después a la depresión mundial. Y eso se hizo interviniendo económicamente en los mercados.

Había que hacerlo y se hizo. Lo que resulta insultante es que aquellos que, con su codicia e irresponsabilidad, generaron el problema sean ahora los que quieran dar lecciones de lo que se debe hacer y defendiendo propuestas regresivas para la mayoría de los afectados.

Que se tuviera que hacer, en el momento más crítico, no significa que haya que mantenerse indefinidamente, ni tampoco que el Estado tenga que retirarse ya. En esto, como en muchas otras cosas, conviene hacer las cosas con mesura y equilibrio.

Conviene ir desacoplando progresivamente la economía del sobreesfuerzo que, ahora, están soportando las finanzas públicas, porque esta opción no es sostenible ni conveniente de forma permanente. Ahora bien, hay que hacerlo sin poner en peligro el proceso de salida de crisis. De nada serviría cumplir con la ortodoxia liberal económica, si ello conlleva una nueva recaída en la crisis que la aplicación de sus tesis ha producido.

Por el contrario, mantener el mismo ritmo de déficit anual, sería negativo. Por un lado porque aunque ahora no estamos demasiado endeudados, acabaríamos endeudándonos en exceso, transfiriendo a las generaciones futuras el problema actual, por otro lado, porque la desconfianza que se generaría sobre la solvencia futura de la economía española para hacer frente al pago de su deuda provocaría que ya ahora se tuvieran que pagar más intereses por el dinero con los que nos estamos financiando.

Destinar más dinero a pagar intereses, significa tener menos recursos para desarrollar políticas anti crisis, de fomento económico y de protección social y en consecuencia retardar la salida.

El plan de austeridad presentando en la Unión Europea, busca alcanzar este complicado equilibrio. Y dentro de él la modificación del IVA es un esfuerzo planteado para mantener la credibilidad de la economía española y no encarecer nuestro acceso al crédito internacional, necesario para financiar un ajuste socialmente menos duro.

Los opositores a la modificación del IVA deberían explicar cómo quieren resolver este "sodoku". Es cierto que todos no se opone a las subidas por las mismas razones. Como mínimo hay dos visiones diferentes. Desde las posiciones más a la izquierda del Gobierno (IU-ICV, ERC) se argumenta que esta actuación empobrece a los débiles, desde las posiciones más a la derecha del gobierno (PP y CiU) que si el Estado gestiona más recursos hay menos dinero circulante para hacer negocios.

En todo caso, convendría que, además de oponerse, también hicieran propuestas constructivas y equilibradas, para incrementar los ingresos en cantidades relevantes y determinar qué gastos se deben reducir o contener, porque en el caso de que se siguieran sus propuestas tendríamos, en el primes caso, más endeudamiento y en el segundo más recortes sociales y dureza en el ajuste.

Por eso si, de verdad, se busca un pacto contra la crisis, no se debe hacer electoralismo con la o subida del IVA ni plantear como cuestión inasumible bajo ningún concepto su modificación, como hacen la derecha española y catalana.

Una ocurrencia improvisada

Para abordar la negociación de la reforma laboral con éxito, primero era imprescindible que se recuperara la confianza entre CEOE, CCOO y UGT.

El importante acuerdo para el empleo y la negociación col lectiva de 2010, 2011 y 2012 alcanzado, ayuda, y mucho, a superar el "mal rollo" que tenían entre ellas, desde que se rompieron las negociaciones en julio de 2009.

Un acuerdo que ha supuesto una importante aportación y apuesta por la estabilidad y la serenidad económica, justo en el momento que la histérica reacción de los mercados de valores se estaba trasladando de forma histriónica en la vida política y social, por parte de la oposición del PP.

Recuperado el clima negociador entre los agentes sociales y en base al documento entregado por el Gobierno, se ha iniciado oficialmente la negociación de las reformas laborales, que deben acompañar a las otras transformaciones estructurales (las financieras o productivas) que son aquellas que nos permitirán construir la recuperación económica.

"Las líneas de actuación en el mercado de trabajo, para su discusión con los interlocutores sociales en el mar del diálogo social" busca alcanzar los siguientes objetivos
1. Favorecer la creación de empleo y reducir el desempleo
2. Reducir la dualidad, la segmentación y la temporalidad de nuestro mercado de trabajo.
3. Aumentar las capacidades y las oportunidades de ocuparse de las personas desempleadas.
4. Aumentar la flexibilidad interna de las empresas.
5. Ampliar las oportunidades de empleo y la capacidad de integración laboral de los jóvenes, en especial los de menos formación.

Parecería que después de haberlo reclamado con tanta insistencia, todos los partidos remarían a su favor. Pues no.

Excepto los socialistas, el resto de partidos han procedido a intentar descalificarlo, eso sí sin ofrecer ninguna alternativa.

Bien eso no es del todo exacto, Artur Mas tuvo una errónea ocurrencia, carente de sensibilidad social, eficiencia economía y de rigor conceptual, e hija de la improvisación, el coyunturalismo electoral y el oportunismo político.

Su ocurrente propuesta de rebajar, a 20 días por año de servicio, el coste del despido por la empresa, y que el Estado subvencione el resto de la indemnización. Con ella ha puesto en evidencia la inconsistencia de unos planteamientos construidos desde el desinterés y del desconocimiento de lo que suponen y, lo que me parece más preocupante, desde la adhesión ciega a unos principios y criterios que intentan culpabilizar a los derechos sociales de la crisis económica.

De forma simplificada, y a riesgo de perder una parte de la exigible exactitud, se puede afirmar que nuestro ordenamiento laboral establece que si un empresario toma la iniciativa de rescindir unilateralmente un contrato trabajo, se establece una indemnización que como máximo llega los 20 días por año trabajado. Siempre que haya detrás de una causa razonable y objetiva para hacerlo.

Y se reserva la indemnización de 45 días por años de servicio exclusivamente si no existen estas causas u observa dolo o fraude en la actitud empresarial.

Por último, la ley - como así debe ser - no regula nada por los casos de mutuo acuerdo. En este supuestos las partes establecen entregan el pacto que quieren. Este es el supuesto más habitual, tanto individualmente como colectivamente, en el que las empresas o los empresarios optan por abonar indemnizaciones superiores a las legalmente estipuladas para obtener el acuerdo y con él la certeza del objetivo perseguido.

Visto esto, se comprenderá que en el fondo - y la forma - esta insolidaria propuesta (ocurrencia) supone que no se ayuda a las empresas que se ven en la necesidad de despedir a personas que trabajan para ella, sino que todos - no olvidemos que Hacienda somos todos - deberíamos rascarse nos las bolsillo para subvencionar a quien efectuara despidos improcedentes, es decir, sin tener ninguna razón que pueda justificar el perjuicio que causan con su unilateral actuación.

Como se puede observar, la propuesta de subvencionar los despidos no se aguanta.

Invertir dinero público para financiar excesos privados es una equivocación total. Sólo se puede explicar, que no justificar, si se pretende contentar a todos, al precio de no resolver nada.

Por ello si se quiere favorecer un buen acuerdo en materia laboral, que sea útil para salir de la crisis, necesitamos más colaboración de todos y menos ocurrencias y intromisiones en la negociación.

Tirarse del caballo

Artur Mas está tratando de tirarse en marcha del caballo independentista.

Hay que reconocerle “tablas” en piruetas de ese tipo, pues no es la primera vez que las efectúa. Ya la experimentó en el pacto con Zapatero sobre el Estatut. Después de auspiciar el texto que salió del Parlament el 30 de Septiembre de 2005, cuando comprobó que la negociación política y parlamentaria ya no daba más de sí y que habría Estatut, en Enero de 2006 se ofreció como valedor del texto que saliera de la Cortes Españolas, pensando que esa imagen de seriedad le ayudaría a llegar al Govern y que sería él quien lo desarrollaría.

Ahora intenta repetir la jugada.

Después de haber excitado y alentado todas las maniobras y declaraciones independentistas posibles, se ha percatado que lo único que ha conseguido es la diáspora del voto independentista, (Carretero, Laporta, CUP, Plataformes per la Indepèndencia, Dret a decidir, ERC) en lugar de lo que pretendía, la concentración del voto nacionalista entorno a CiU (Casa Comuna). Por si eso fuera poco, esa operación ha tenido un precio: el abandono de la centralidad política y social, que se sitúa en un espacio catalanista –que no independista- y socialmente progresista y de izquierdas, que ahora ocupan el President Montilla y el PSC.

Han bastado dos vallas publicitarias y un par de declaraciones del President Montilla, este fin de semana, para que CiU pase de la descalificación por light de las propuestas del Gobierno de Zapatero a una inconcreta oferta de mano tendida para formular un Pacto de Estado sobre la economía.

Unas vallas publicitarias que simplemente dicen: “En tiempos difíciles, gente seria” y las declaraciones del President reiterando lo que viene diciendo desde hace más de dos años sobre la necesidad de reformas estructurales y manifestando su apoyo, y el del PSC, a las propuestas del Gobierno español sobre la reforma de las pensiones, para que sea discutida y acordada en la comisión del Pacto de Toledo, o sobre la reforma laboral, entregada y recibida favorablemente por los agentes sociales, le han llevado a intentar rectificar a marchas forzadas.

Hasta ahora la actuación de Artur Mas CiU, ha consistido en actuar como oposición, sin comprometerse a nada, ni proponer nada, sólo criticando todas las propuestas que provenían de los gobiernos presididos por socialistas (aquí o allá).

Y ello ha sido así con las propuestas de reformas estructurales (pensiones y relaciones laborales), la ley de economía sostenible y con unos presupuestos que buscan a la vez reducir el déficit público para no hipotecar el futuro, mediante la contención del gasto y la subida de impuestos, pero que a su vez permitan seguir actuando, evitando así que el endeudamiento privado (entidades financieras, empresas y particulares) no colapse la economía. A todo le ha dicho que no.

Por eso, los opinadores nacionalistas y pro CiU hasta este lunes, se entretenían en digresiones y especulaciones de café sobre las dificultades adicionales a las derivadas de la crisis, los especuladores financieros y a los déficits comunicativos, que tendría el Gobierno de España para sacar adelante las reformas, que anunció en diciembre y que ha materializado ahora, dado que ni el PP ni CiU le darían apoyo.

Unos (el PP) porque repiten el mantra aznariano de “Váyase Sr Zapatero.”, donde lo único que han cambiado es “González” por “Zapatero”, esperando que produzca el mismo efecto que en 1996. Y los otros (CiU) porque esperaban que la crisis también debilitara al Govern de Catalunya, ya que daban por sentado que su alto grado de responsabilidad en ningún caso le llevaría a adoptar posiciones oportunistas, sino que aunque sea duro, continuará dando la cara y atendiendo a las personas que más lo necesitan.

El contenido de las propuestas de las reformas laborales, profundas y equilibradas, y el buen clima después de la reunión del viernes con los agentes sociales, así como el claro y contundente apoyo del President y el PSC, y finalmente el acuerdo sobre negociación colectiva, que abre un expectativa de más estabilidad económica, le ha hecho dar un giro copernicano.

Teme quedarse fuera del proceso de construcción de la salida de la crisis, consciente que la gente no premiara a quien se aproveche políticamente de ella, sino a quien trabaje para superarla con el menos coste social posible.

Por último, parecería que Duran Lleida ha conseguido ganarle en eso la partida al “pinyol nacionalista” de CDC más abocado a la bronca que a la propuesta inteligente. Aunque para ello haya tenido que sacrificar que su alfil leridano, Josep Maria Pelegri, no encabece ninguna lista.

Con ello intenta conseguir que CiU no continúe apareciendo como una fuerza política independista, que todo lo descalifica y que no arrima el hombro para ayudar, no al Gobierno, sino a la gente a salir de la crisis. La forma de hacerlo es esa indefinida llamada al Pacto de Estado.

Como marketing vale, pero ¿qué medidas defienden? Sería bueno saberlo.

Hoy mismo, ya han enseñado un poco la "patita". Su reforma laborales se fundamenta en rebajar la indemnización de los despidos improcedentes en la misma cantidad que cuando está justificada por razones objetivas (20 días) y que en el caso de que un empresario despida improcedente el Estado subvencione la diferencia (25 días).

Por ese camino no creo que vayan bien. Salvo que lo que pretendan sea erosionar el diálogo social emprendido por el Gobierno con los agentes sociales.

La reforma de las pensiones y su gestión

La reforma de las pensiones está demostrando que tan importante es lo que se propone, como de qué manera se gestiona.

El Pacto de Toledo es el instrumento más inteligente y útil del que se ha dotado la sociedad española para hacer fracasar las negras profecías que se hacían sobre el futuro de es pensiones, según las cuales hace 5 años (en 2005) que había de haber quebrado el sistema público.

Las profecías no se cumplieron e incluso se puede afirmar que ha sucedido todo lo contrario.

El secreto ha estado en tomar las medidas adecuadas con tiempo suficiente. Reformar el sistema de forma gradual y consensuada. Y sin electoralismo

Fruto de ese acierto, hoy, no hay ningún riesgo para las pensiones actuales. La solvencia del sistema público pensiones está garantizada como mínimo hasta el 2030, la Seguridad Social tiene un fondo de reserva con más de 60.000 millones de euros y mantiene el superávit en sus cuentas, pese a la crisis.

Si no hay peligro a corto y medio plazo, para que el gobierno propone su reforma? Pues porque no hay peligro, pero si hay riesgos.

Unos riesgos derivados de factores estrictamente demográficos: el alargamiento de la esperanza de vida - la segunda más larga del mundo, la llegada a la edad de jubilación de la numerosa generación del "baby-boom" de los años 60 y la baja de la natalidad actual.

Se trata de prever qué efectos sobre los ingresos y los gastos producirán estos factores y establecer ahora las reformas para que dentro de 20 años, siga siendo viable el mantenimiento de la solidaridad intergeneracional (de los que trabajan con los que han trabajado) en la que se basa el sistema.

El gobierno tenía la obligación moral y legal de aportar su propuesta. Moral por qué no hacerlo podía resulta más cómodo, pero era absolutamente irresponsable. Cerrando los ojos a la realidad los problemas no se arreglan, se estropean más. Y obligación legal para que el resto de partidos en el Congreso, a diferencia de lo que se venía haciendo, acordaron que el gobierno aportas un documento.

Estas son las razones - y no la quiebra del sistema, un capricho o una improvisación de última hora como algunos se empeñan en decir- es lo que han llevado al Gobierno ha aprobar el "documento sobre la revisión del Pacto de Toledo", el efecto de someterlo a la consideración y acuerdo de toda la cámara.

Un documento en el que analiza y hace propuestas - en concreto, 40 - a lo largo de 46 páginas en torno a temas como:
- Modificaciones en las cotizaciones sociales
- Reservas
- Previsión Social Complementaria
- Impacto de género en el Sistema de Protección Social
- Sistemas alternativos de cotización: Mutualidades públicas y privadas
- Culminación de la separación de las fuentes de financiación:
• aspectos presupuestarios
• aspectos legales
• aspectos organizativos
- Prestaciones:

• pensión de orfandad y viudedad
• incapacidad
• edad de jubilación
• jubilación

En un tema de alta sensibilidad social y política como el de las pensiones, por muy bien que lo hagas todo, si en una de las partes se produzca un conflicto o una grave discrepancia, el todo pierde importancia. Ya puedes desgañitarte explicando todas las razones y medidas, este tema lo lleva todo por delante y el debate se polariza y se politiza. Esto es lo que ha sucedido con el alargamiento de la edad de jubilación de los 65 a 67 años. Se lo está llevando todo por delante!

Por eso hay que reconducirlo. No nos podemos permitir el lujo de hacer descarrilar lo más importante, que es seguir reformando el sistema público de seguridad social, de forma gradual y consensuada, para garantizar su justicia y equidad social así como su solvencia económica a largo plazo.

Vaya por delante que yo creo que necesitaremos alargar el tiempo de contribución y mejorar la recaudación por que no es desequilibren las cuentas, pues habrá más pensionistas, afortunadamente vivirán más y también tendremos que seguir mejorando las pensiones, esto hará que el coste global de las pensiones siga subiendo. Pero también defiendo que hay que empezar a observa el tema con una perspectiva diferente.

Ha de prosperar un cierto cambio de lógica, que haga que pasemos a considerar que la sostenibilidad del sistema no se fundamenta exclusivamente en la relación entre ocupados y pensionistas, sino entre el grado de riqueza del país y el coste de las pensiones. Pues lo que resulta sustancial no es solamente el número de personas que trabajan, sino la productividad del tejido económico en el que lo hacen.

Una económica de más valor añadido es más garantía de sostenimiento de las pensiones que una economía basada en el trabajo manual, que necesita para cubrir los objetivos de una carrera demográfica permanente hacia adelante, que no parece el más sostenible desde el punto de vista planetario.

Hoy, si no recuerdo mal, el coste de la factura de las pensiones no llega al 10% del PIB, es decir que independientemente de la forma en que se recauda, la primera constatación es que su coste es asumible por la economía. Es decir, hay recursos para financiarlas.

Más gente y más esperanza de vida harán subir la factura de las pensiones, ahora bien, subirá tan rápido como crece la economía real? o lo hará mucho más rápido?

- Si sube al mismo ritmo, o incluso más poco a poco, el coste de la factura de las pensiones sobre el PIB será igual o menor.
- Por el contrario si sube más rápido, entonces se deberá determinar hasta qué porcentaje del PIB se considera adecuado y posible destinar a la financiación de las personas inactivas, que han contribuido a lo largo de su vida a financiar el sistema público de pensiones. El 11%, el12%, el 13% o qué porcentaje?

Tanto en un caso como en otro, nada impide que se analice si es posible otra forma de obtener los recursos para "cuadrar el círculo". No nos podemos cerrar en una única solución: alargar en dos años la edad máxima. Se ha de actuar sobre todos los factores que hacen - o en el futuro pueden hacer - posible cumplir estas necesidades de forma gradual y consensuada.

Hasta ahora las cotizaciones sociales se aplican sobre uno de los factores creadores de riqueza: la mano de obra. Pero hay otros elementos (capital, conocimiento,...) que cada vez tienen más importancia en la generación de riqueza que no "cotizan a la Seguridad Social". Desde esta perspectiva las cotizaciones sociales empresariales son regresivas, obligando a hacer más esfuerzo a quien menos riqueza genera (las empresas intensivas en mano de obra).

En todo caso, la complejidad y la importancia del tema obliga a todos (partidos políticos, agentes sociales y gobierno) a actuar con lealtad, serenidad y flexibilidad. Deben estar dispuestos a asumir cambios en sus planteamientos iniciales en bien de un consenso global en torno a reformas efectivas.

Si actúan así, habrá una nueva versión del Pacto de Toledo que ayudará a ser más justo y sostenible el sistema de pensiones. Y posiblemente veremos cómo no se modifica la edad de jubilación a los 65. Eso sí, se continuará en la línea de penalizar su anticipación, que ya está produciendo un aumento de la edad media a la que la gente deja de trabajar que hoy se sitúa en el 63,2 años, (6 meses más que hace 4 años) y para redondearlo se incrementen los estímulos para que quien quiera y pueda, retrase su jubilación.

Clandestinos

Algunos políticos, aunque parezcan adultos, actúan como aquellos niños pequeños, que al ver algo no les gusta o sentir miedo ante un peligro imaginario esconden la cabeza bajo la sabana, con la vana esperanza que, al no verlo, desaparezca.

Entre otras cosas, eso es lo que le ha ocurrido al alcalde de Vic a cuenta del empadronamiento de las personas, que llegan a su municipio sin haber cumplimentado todos los trámites legales.

¡Ha actuado como si al no empadronarlas, desaparecieran! Pues no, ni desaparecen y además la situación se complica todavía más.

Si la primera condición - aunque no la única - para resolver un problema es conocerlo, con esa desacertada, ilegal i antisocial medida lo único que conseguía era hacerlas administrativamente inexistentes, clandestinas, eso sí al precio de incapacitarse para solucionarlo.

Porque la inmigración en Vic ni ha llegado, ni está llegando ahora. Ni previsiblemente lo hará a partir de ahora, más bien parece que si algo ha de suceder es todo lo contrario. Por eso, en lugar de liarse con el padrón hubiera debido darle continuidad a la labor de su antecesor en la Alcaldía, el también democratacristiano Jacint Codina.

Una persona que gestionó correctamente la importante llegada e inserción social de una población inmigrante atraída por la oferta laboral de la comarca. Y lo hizo con habilidad, discreción y paciencia, sin tanta insolvencia jurídica y con más humanismo cristiano. Haciendo de Vic un modelo de escuela y ciudad integradora en relación al hecho inmigratorio.

Ahora que ha perdido su sábana protectora, pues el Gobierno le ha informado que la ley aprobada en su día por el PP (aunque no la quieran reconocer) no le permitía hacer lo que quería, lejos de rectificar, y alentado por dirigentes de CiU, él continúa gesticulando y sosteniendo el conflicto que ha creado artificialmente.

Debería ser consciente que ha sometido a toda la población de Vic al oprobio de ser injustamente considerados como xenófobos, cuando son todo lo contrario. La mayoría de sus conciudadanos no solo han dado apoyo a las personas recién llegadas, sino que han respaldado las exitosas políticas públicas destinadas a generar una convivencia armoniosa y sin grandes estridencias, por ello obstinarse en proseguir la disputa jurídica, otra equivocación adicional.

Asumir parte de los planteamientos de la plataforma xenófoba, tampoco resuelve el problema, de nuevo lo agrava. Las tensiones que se generan en los servicios públicos sanitarios y sociales, son el resultado de la dificultad para hacerlos crecer al vertiginoso ritmo que ha crecido su demanda, pero no es la responsabilidad de los recién llegados, que dicho sea de paso y siendo objetivos son proporcionalmente menos consumidores de esos servicios que los autóctonos, porque son una población más joven.

Todo este lamentable asunto tiene un origen, intentar disputarle unos votos a los xenófobos de PxC, pero lo que está consiguiendo es darle más cancha a sus tesis.

Así pues ¡mejor que se lo haga mirar!

División en los polos

Es un resultado contradictorio, pero hasta cierto punto lógico.

A medida que en Catalunya se ha ido tensado la cuerda en el debate identitario, la división en el seno de los dos polos políticos nacionalistas se ha hecho más evidente.

Los intentos de reagrupar esos espacios en unos bloques ideológicamente más homogéneos y compactos, y por ende menos plurales, han comportado el efecto contrario. Además, y de rebote, también han fomentado la tensión y el desapego de la ciudadanía por la política, al no sentirse concernida por las posiciones que, cuasi en exclusiva, monopolizaban el debate público y que se correspondían con las sostenidas por los extremos que se confrontaban.

Así pues, en lugar de la Casa Gran que quiso impulsar Artur Mas lo que ha aparecido es una profusión de iniciativas soberanistas (Carretero, CUP’s, plataformas, Laporta) que se suman a la radicalización de CiU para demostrar, en su disputa con ERC, quién es más independentista. El ejemplo más claro de esa tendencia a la atomización, lo pudimos observar el día siguiente a la autoconsulta independentista del 13-D.

En el otro extremo, el del nacionalismo español, el panorama tampoco tiende a la concentración. Al alentar la fuerza mayoritaria, el PP, la catalanofobia en el conjunto de España como instrumento de cohesión de su electorado y de erosión de su adversario el PSOE, está debilitando las posibilidades del PPC en Catalunya para representar, en exclusiva, ese sentimiento. El partido de Rivera, Ciutadans Partit de la ciutadania, debilitado por sus luchas internas continúa compitiendo con ellos y además el que aspira a construir Rosa Diez, con dirigentes salidos del anterior, constituirán otro centro de atracción para aquellos que respondan al mensaje españolista que ha levantado el PP.

Una de las condiciones – no la única, pero sí de las más importantes - para dejar de alimentar ese desapego ciudadano seria sustituir ese debate entre separatistas y separadores por un debate más integrador. Aunque muchas veces la vistosidad y la estridencia de la confrontación hacen que las posiciones más serenas y equilibradas queden ahogadas por tanto exceso verbal.

No se trata de evitar ese debate, de decir que no interesa, porque sí interesa. Se trata de realizarlo de una manera que aporte positividad. Hay que sustituir las actitudes centrifugas por otras tendencias centrípetas. Para ello, se requiere un proyecto que desde el máximo autogobierno, y sin frivolizar con la independencia, se centre en la atención y la solución de los problemas de las personas que vivimos en Catalunya.

Les guste, o no, hoy ese proyecto existe, es el Estatut.

Por eso quienes, como el President Montilla, lo defendemos, ante propios y extraños, lo hacemos conscientes que vale la pena seguir batallando por aquello que junto a otros impulsamos y votamos.

Por su contenido, plenamente Constitucional, por su pactada tramitación, que conformó con mucho esfuerzo un nuevo y superior nivel de relación con el conjunto de España y porque al hacerlo suyo la ciudadanía de Catalunya en el referéndum lo transformó en el mejor “pal de paller” alrededor del que aglutinarse, el PSC debe defenderlo y así lo hace y lo hará. Aunque lo hayan dejado solo en esa tarea.

El hecho que otros que lo votaron, como CiU, ahora lo abandonen, en nombre de arriesgados atajos hacia la independencia, o que quienes lo rechazaron, como ERC y PP, continúan sin cambiar su postura, aun a riesgo de alimentar la división social que comportan sus posiciones, han transformado al PSC en el partit de l’Estatut.

FEVE vs RENFE

Si la oposición casi nunca le reconoce al Govern ninguno de sus logros, ahora menos, porque este año habrá elecciones. Las habrá, sí, pero en otoño, que es cuando corresponden.

No se adelantarán, aunque les interese adelantarlas a esa oposición, que pierde toda su fuerza y credibilidad al negar, una vez i otra, que el Govern pueda hacer algo bien. Nadie se cree que todo se puede hacer mal, igual que todo el mundo entiende que no todo se puede hacer bien.

Con un poco más de ecuanimidad, serian más creíbles, pero ellos ya están campaña. Mientras el Govern del President Montilla, sigue y sigue -como las pilas del anuncio- gobernando con y para la sociedad, ya sea estableciendo “30 compromisos por el empleo, el tejido económico y el desarrollo social de Catalunya” o velando por la defensa y mejora del autogobierno de Catalunya. Que son las dos caras, que hoy tienen la defensa concreta de los intereses de las personas que vivimos en Catalunya.

Uno ejemplo de ello, en el que confluyen ambas direcciones, es el esperado traspaso de Cercanías. Supone una concreción del Estatut, es decir un incremento de la autoridad y responsabilidad de los poderes públicos de Catalunya, al darle la facultad de dirigir un servicio muy importante para la vida cotidiana de millones de personas, como se comprobo cuando se interrumpió parcialmente, por las obras del AVE.

Igual que ocurrió con el acuerdo sobre financiación autonómica, la actitud de la oposición nacionalista catalana de centroderecha (CiU) y la nacionalista española de derecha (PPC), ambos logros han sido minusvalorados, despreciados o rechazados.

¡Qué diferencia con la actitud de cuando gobernaban!

¿Es que en CiU nadie recuerda como se recibió el traspaso de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE), que con el tiempo han constituido la base de los actuales Ferrocarriles de la Generalitat (FGC)? Pues, como un fabuloso éxito.

Y en fondo era un servicio abandonado, con prestaciones inadecuadas, unos trenes anticuados y sin un acuerdo para financiar su mejora. A pesar de ello, se “vendió” que lo importante era asumir la responsabilidad de organizar nuestro transporte ferroviario, más que las condiciones. ¡Eso ahora no cuenta!

Pasar de aquella chatarra rodante al buen servicio actual, ha costado mucho tiempo, dinero y esfuerzo. Nadie lo cuestionó, ahora se cuestiona todo.

Pero, lo cierto es que no hay color, las Cercanías traspasadas dan un servicio muchísimo más útil que aquel.

Eso no impide reconocer que deben mejorarse mucho. Y deben mejorarse porque Cercanías en Catalunya no recibió las inversiones - especialmente mientras CiU i PP gobernaban, aquí y allá, por su apoyo mutuo - necesarias para mantener el éxito que supuso la modernización que impulso Mercè Sala. Ahora las inversiones en material móvil se están haciendo y se seguirán efectuando, porque esta vez el traspaso sí viene acompañado de los recursos para su mejora.

Por eso, el Conseller Nadal hace bien al fijar los tiempos y las metas para que las nuevas “Rodalies” vuelvan a ser un éxito social y al emplazar a la empresa gestora (RENFE) para que mejore las prestaciones que le corresponden ejecutar: mantenimiento, puntualidad, limpieza, información, atención al público, etc.., si quiere seguir siendo la compañía concesionaria del servicio.

Porque con el traspaso, quien tiene la potestad para decidir quién presta el servicio es del Govern de Catalunya.

Igual que es el Govern (como autoridad pública) y no el gestor quien (en función de las inversiones y las mejoras técnicas que lo hagan posible) decidirá el incremento y mejora de los servicios. Más o menos lo mismo que sucedió con FEVE. Hizo falta tiempo para mejorar lo traspasado.

¡Aquellos que no hicieron nada para conseguir el traspaso (CiU y PP) ahora urgen su mejora! Quizás lo hagan para hacerse perdonar el mayor retraso que han tenido la llegada del tren a Catalunya: 23 años.

Por último, argumentar que el traspaso es incompleto porque no se traspasan las vías, sólo puede ser fruto de la mala fe o del desconocimiento.

¿No conocen que las directivas europeas tienden a separar la responsbilidad de las infraestructuras (vías, estaciones, catenarias) de los operadores (trenes y material ferroviario) y la autoridad ferroviaria (recorridos, paradas, horarios) de la gestión (cumplimiento de las condiciones que establece la autoridad)? Por eso RENFE ya no gestiona vías, sino que lo hace ADIF. Y por sus vías circulan otros operadores diferentes ya sean de mercancías o de viajeros, como Wagon Lits y en el futuro, si interesa, podrán circular todavía más.

¿No saben que en Catalunya, eso también es así? Las vías de tren catalanas no son de FGC, sino de IFERCAT, empresa pública de la Generalitat y que por ellas, llegado el caso, y si el Govern lo autorizara podrían circular otros operadores distintos? Seguro, que sí, pero lo esconden porque no les interesa reconocerlo.

El traspaso de Cercanías es un éxito político colectivo que ha conseguido este Govern, por eso a algunos les cuesta reconocerlo, su estrategia electoral se lo prohíbe.