Los nacionalistas españoles, catalanes y vascos, a través de sus representaciones políticas más conspicuas (PP, CiU y el PNV), están hoy fuera de los gobiernos que aspiran.
Por eso coinciden, a pesar de todas sus diferencias.
Coinciden otra vez al hacer una oposición al Gobierno central que tiene como único objetivo producir un adelanto electoral motivado por falta de apoyos parlamentarios suficientes, igual que ocurriera con Felipe González en el 96, y que facilitó la llegada de Aznar al gobierno.
La diferencia es que entonces CiU y el PNV justificaban su coincidencia arguyendo que pretendían obtener ventajas para los gobiernos que presidían en Cataluña y el País Vasco y hoy sólo buscan volver a gobernar.
Esa estrategia partidaria les lleva a negarle el "pan y la sal" al Gobierno, incluso en aquellos temas sustanciales para atender las necesidades de las personas.
Si Zapatero quiere zafarse de este tridente nacionalista tiene que atender la solución de dos temas: la crisis económica y la agenda autonómica.
Para abordar el primer tema, la crisis necesita estabilidad parlamentaria. Porque es lo que la gente necesita y lo que consideran prioritario. Pero para conseguirla requiere una solución positiva del otro tema, la agenda autonómica y a la financiación dentro de la misma. Un acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de Cataluña le aportaría el apoyo parlamentario que necesita, el de los otros nacionalistas (ERC y BNG) y las otras izquierdas (IU/ICV).
Si en CiU, y muy especialmente en CDC, no fueran “a su bola" partidaria y pusieran por delante los intereses generales de los ciudadanos, entonces podrían colaborar en la resolución de ambos temas, no solo serían un factor de estabilidad política, sino que serían más creíbles como opción catalana de centroderecha. Pero si continúan sumando sus fuerzas a los nacionalistas españoles del PP, entonces continuarán expulsando a las personas catalanistas moderadas que no entienden ésta práctica.
El nuevo vicepresidente Manuel Chaves, como antiguo presidente de Andalucía, tiene una legitimidad ante las comunidades de vía lenta que le confiere más margen en la negociación, y por eso más responsabilidad. Se le supondrá siempre que el acuerdo que alcance sea equitativo y generalizable, pero él sabe que para que sea posible lo tiene que acordar con el Gobierno catalán. No sólo con el PSC, pues negocian los gobiernos, no los partidos. Y si no es un buen acuerdo, concorde con el Estatuto, no habrá pacto, como ya se ha encargado de dejar vende claro el Presidente Montilla.
Éste es el complicado reto que tiene.
