La cuerda se ha tensado. Justo en el momento de iniciarse formalmente la negociación sobre la reforma de la financiación autonómica, se ha tensado.
El tiempo de las divagaciones y movimientos tácticos ha concluido. Se ha acabado el paréntesis abierto para los congresos de los partidos, los presupuestos generales esperan. Y surgen las tensiones.
Es este momento de la negociación donde, sin mover ficha, cada parte espera que se la otra la que mueva las suyas, naturalmente, a la baja. Por eso, la cuerda se ha tensado tan rápidamente.
Ahora bien para que esta negociación evolucione desde las fases de tensión hasta el acuerdo, hace falta que se sea consciente de que están negociando los gobiernos, no los partidos. El hecho de que los negociadores tengan la misma orientación política puede ayudar a que la cuerda no se rompa, pero lo que hará posible el acuerdo es el contenido y no la empatía.
Cuánto antes lo entienda el Gobierno Central, más rápido se producirá el acuerdo. Lo digo porque estos llamamientos que algunos gobernantes (centrales o autonómicos) hacen a la responsabilidad del socialismo catalán, estas imprecaciones a la solidaridad, después de la publicación de las balanzas fiscales, no favorecen la negociación. Hace bien el Presidente y el conjunto del Gobierno de Catalunña, de no caer en la tentación de responder. Supongo que en estos momentos y después del discurso del 20 de julio en el Congreso del PSC, nadie bien intencionado confundirá esa prudencia con supeditación.
Están en juego los recursos para atender las necesidades de las personas que viven en Cataluña, por eso el Presidente Montilla advertía de su preferencia y su obligación hacia ellas si lo obligaban a escoger, aunque manifestara su esperanza a no tener que escoger.
La aceptación nominal que hace Solbes de los criterios enunciados en el Estatuto de Autonomia de Catalunya no garantiza el rendimiento final de la financiación. Éste es el nudo de la cuestión.
No es algo que sea nuevo, en todas las negociaciones anteriores ha sido así. Venimos de un sistema de financiación basado en la participación en los presupuestos generales del Estado, donde la Administración General lo repartía todo, porque lo tenía todo. Hemos evolucionando hacia un sistema donde la participación en la cesta de impuestos estatales no transferidos, hace que los ingresos tengan más relación que antes con la contribución fiscal de las personas que vivimos aquí y con la actividad económica que se desarrolla aquí.
No obstante, la aplicación de este proceso de menos graciabilidad estatal no se traduce en un crecimiento limpio y automático de los ingresos. Es lógico que sea así, la Administración General del Estado - no confundir con el Estado, que somos todos - ve reducida la disponibilidad de los recursos que podía transferir, pues una parte, cada vez mayor, ya esta comprometida de forma automática (cesta de impuestos) para el sistema de financiación y entonces tiene que reducir las transferencias.
Incrementar la participación en los impuestos estatales, del 33% al 50% del IVA y del IRPF y del 50% al 58% del Impuesto de sociedades, hará que suban los ingresos, atender los servicios básicos partiendo de la población real también, pero según cómo evolucionen otros fondos estatales, de los cuales Cataluña también es receptora, el saldo final pueden reducirse de manera substancial.
El Gobierno Central necesita el acuerdo para tener aliados suficientes en un presupuesto que no le será fácil, pues tiene que servir para hacer frente a la difícil situación económica, CiU porque sin participar de forma positiva en la mejora del injusto sistema de financiación que pactó con el PP no será una alternativa creíble y el Gobierno de Cataluña para consolidar su proyecto de transformación de la sociedad en Cataluña.
En este acuerdo a tres bandas, todos pueden ganar y por eso el acuerdo es posible.
¡Todos lo necesitan y se necesitan, así pues, mejor que no se continúe tensando la cuerda!
PD (01/08/2008): Hoy aparecen en los medios de comunicación algunos datos - que sin tenerlos que aceptar como buenas - ayudan a entender con números lo que decía:
- El incremento de los recursos procedentes de la canasta de impuestos (del 33% al 50% del IVA y el IRPF) se sitúa en torno a los 5.400 millones de euros.
- La Cámara evalua que los efectos de la apliación de la financiación prevista en el Estatuto podrian situarse entre los 3.500 ó 3.800 millones de euros, fruto de esa reducción de los otros fondos.
Así pues, los planteamientos de CiU situándose en el primer escenario sólo puede entenderse como la expresión de su actitut radicalizada (intentar sacar pecho) que no de ayuda en el avance para alcanzar un acuerdo.
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