Vuelve la “cartilla del Seguro”

Hemos perdido la tarjeta sanitaria y hemos vuelto a la "cartilla del Seguro".

Quizás le ha pasado un poco desapercibido. No es de extrañar, quizás sea por el frenético ritmo de Reales Decretos Ley al que nos tiene sometidos el Gobierno de Mariano Rajoy - el promedio es de uno por semana – los que hace casi imposible estar al tanto de todos los cambios legislativos.

Pero si se detiene a comparar la nueva redacción de la ley de sanidad podrá comprobar que hemos pasado de "titulares de un derecho" a "asegurados".

A nadie se le escapa, aunque se pueda tener poco interés por las precisiones jurídicas, que esto no es sólo un cambio de nomenclátor. Esto supone volver en términos de derechos sanitarios a antes de la Ley de universalización de la Sanidad promulgada por el entonces ministro socialista Ernest Lluch

Hasta el pasado 20 de abril, todos los españoles - por el hecho de serlo - y los extranjeros según lo que se prevea en cada momento la ley orgánica de extranjería teníamos derecho a la protección de la salud y la atención sanitaria necesaria para hacer efectiva.

Este era un derecho de carácter universal.

Esto que suena tan bien y a veces tan pomposo, quiere decir que todos los ciudadanos teníamos derecho a ser atendidos (elegibles), pero sólo lo seríamos cuando estuviéramos enfermos (elegidos).

Así pues, queda claro que la ley no era una "barra libre" en la que cualquier ciudadano podía disponer alegremente de servicios y prestaciones, sino que había unos profesionales de la medicina que evaluaban y prescribían que era necesario, y qué no, para que el sistema protegiera el derecho a la salud.

Con esta definición se fácil entender que un uso inadecuado o abusivo ni está amparado, ni protegido, ni contemplado por la Ley vigente hasta ahora, y que, en consecuencia, no sólo era posible sino necesaria una vigilancia y persecución en la lucha contra los posibles fraudes.

Como era un derecho universal, ya no se financiaba con las cotizaciones a la Seguridad Social, sino con impuestos.

Como era un derecho universal, los servicios ya no dependían de la Seguridad Social sino del Sistema Nacional de Salud, constituido por el Gobierno Central y las Comunidades Autónomas, en nuestro caso la Generalitat de Catalunya.

Como era un derecho universal ya no teníamos la "cartilla del Seguro" donde había titulares (los cotizantes) y beneficiarios (las mujeres que trabajaban en casa y los hijos menores de 26 años) sino que todo el mundo tenía su tarjeta sanitaria.

Pero de repente todo eso ha cambiado. El gobierno de Rajoy nos ha vuelto al pasado. Nos ha hecho retroceder a los tiempos del franquismo.

Ahora para poder acceder a las prestaciones sanitarias deberá estar de alta o situada asimilada (pensionista o parado) en la Seguridad Social, a pesar de que ni un euro de nuestras cotizaciones está destinado a este fin, sino que están destinadas exclusivamente a financiar las prestaciones económicas por jubilación, invalidez, enfermedad común o profesional y el paro.

La sanidad se paga y se continuará pagando con lo que pagamos por el IRPF, el IVA, y los otros impuestos. No tiene ningún sentido que la condición para ser asegurado sea estar dado de alta en la Seguridad Social si ésta no sufraga los gastos.

Las personas que trabajen en casa, en su mayoría mujeres, dejan de ser titulares del derecho a la salud. Vuelven a ser beneficiarias, si su cónyuge o su ex cónyuge las tiene a su cargo, si no, no. Lo mismo sucede con los hijos menores de 26 o con una discapacidad superior al 65% que serán beneficiarios si, y sólo si, están a cargo del titular. En caso contrario dejarán de tener derecho a la sanidad pública, salvo, claro esta, que la paguen entera.

Este Real Decreto-ley nos quita derechos a las personas, pero también a las comunidades autónomas.

La Seguridad Social no paga, pero manda. A pesar de no poner un euro, les dirá, y controlará, quien tiene derecho y quién no tiene derecho a recibir las atenciones sanitarias que deben prestar las comunidades Autónomas.

A los que han redactado este Real Decreto Ley, se les nota que su modelo no es el de los derechos de ciudadanía garantizados por la Constitución, sino el modelo del Instituto Nacional de Previsión del periodo anterior, se les nota que esto de las Comunidades Autónomas para ellos es un estorbo y que ansían volver al modelo de las delegaciones provinciales del Ministerio.

Estos cambios no se justifican por motivos económicos, son el resultado decisiones políticas para recortar derechos a las personas y competencias a las Autonomías.

Por eso sorprende tanto que el Gobierno de Cataluña tarde tanto en atender la demanda del resto del arco parlamentario de izquierdas (PSC, ERC e ICV-EUiA) para llevar ante el Tribunal Constitucional esta nueva agresión a un derechos personal y colectivos que tanto nos costó alcanzar.

Articulo publicado en catalán en Fet a Sant Feliu

Incertidumbres y crisis

Aspecto de la manifestación de Barcelona en la vía Laietana. JOAN CORTADELLAS

La continuidad en la destrucción de empleo y su consecuencia más evidente, el paro, que afecta ya a más de 5,6 millones de personas como resultado de la segunda recesión en la que entra nuestra economía desde el 2008, han sido los factores predominantes en este Primero de Mayo, pero no los únicos.

La forma de abordar la salida de la crisis ha sido el otro factor. Una divergencia que en buena parte se resume en dos planteamientos: por un lado, las tesis de los partidarios de la adopción de políticas de reactivación económica dirigidas a la creación de empleo, entre los que se encuentran los sindicatos, y por otro las de aquellos que abogan por la continuidad o la profundización de las políticas de austeridad y equilibrio presupuestario iniciadas en mayo del 2010, hace ya dos años.

Mejorar la competitividad de nuestro tejido productivo es un objetivo compartido por las organizaciones empresariales y sindicales mayoritarias para favorecer la creación sostenida y sostenible de empleo, como lo demuestra que en enero pasado firmasen dos acuerdos: uno sobre flexibilidad interna y negociada en las empresas y otro sobre sueldos para los próximos tres años que llevaba implícita la moderación salarial practicada en los años de la crisis.

Sin embargo, la existencia de este consenso social no impidió que el Gobierno decretase una reforma que desequilibra las relaciones laborales otorgando más capacidad para poder modificar de forma unilateral las condiciones de trabajo a la parte empresarial, reduciendo los costes del despido y debilitando la negociación colectiva.

A este hecho importante, que en nada ayuda a un clima proclive al diálogo y el entendimiento, hay que añadir un restrictivo proyecto de Presupuestos para este año, con un añadido que recorta las prestaciones en salud y educación en 10.000 millones de de euros fruto de las presiones europeas, y el incremento de fórmulas de copago tanto en las prestaciones farmacéuticas como en los servicios sanitarios para las personas más enfermas o con menos recursos. En la práctica, esto supone la pérdida de derechos universales de ciudadanía que con gran esfuerzo se habían construido en los últimos 35 años de democracia, y que volvamos a la situación de prestaciones contributivas que teníamos durante el régimen franquista.

El problema básico es que, a pesar de todos estos sacrificios impuestos (recortes de prestaciones y rebaja de derechos laborales y sociales), las perspectivas en cuanto a la creación de empleo siguen sin ser nada positivas. El Gobierno de Mariano Rajoy ya ha adelantado que hasta dentro de dos años no habrá creación de empleo neto suficiente como para que empiecen a bajar las insoportables tasas de paro actuales. Esto es así porque se sigue insistiendo en un análisis erróneo.

El problema no ha sido el déficit fiscal -España tenía superávit- o el exceso de endeudamiento público -cumplíamos los objetivos de Maastricht-, sino una crisis del sistema bancario que financió con recursos externos y sin ningún cuidado ni prevención la dimensión especulativa del sector inmobiliario, la debilidad de un tejido económico basado en la producción de bienes y servicios de poco valor añadido y condiciones laborales precarias.

Este Primero de Mayo, al igual que las movilizaciones en torno a la huelga del 29 de marzo contra la reforma laboral, tienen la virtualidad de reflejar el importante apoyo que tienen las posiciones de oposición sindical y social a una forma de hacer las cosas.

Ahora bien, para construir la alternativa esto es insuficiente. Hay que retomar lo más rápidamente posible una senda de crecimiento económico, única garantía para la creación de empleo, la estabilidad presupuestaria y la restitución de derechos sociales. Y por eso sería bueno que se atendieran las demandas de sustitución de las actuales políticas de austeridad por equilibradas políticas de reformas estructurales, fomento económico y protección de derechos sociales. En caso contrario, los tiempos de incertidumbres y crisis se prolongarán.

Artículo publicado en El Periodico el 2 de Mayo de 2012

Sobre la reforma laboral: ¿Hacia que modelo vamos?

Lo primero que habrá que decir es que esta reforma laboral, como cualquiera de las otras que se han hecho, no creará empleo. Y es bueno que se diga, para no generar falsas ilusiones ni, con su desvanecimiento, grandes desilusiones.

La realidad es muy tozuda, y por mucho que algunos se esfuercen en repetirlo, ni las relaciones laborales fueron las responsables de la creación de los miles de puestos de trabajo que nos permitieron llegar al pleno empleo (5% de paro) hace sólo 5 años, ni lo son del desastre laboral actual, que nos acerca al 20% de paro.

Lo que siempre (antes y ahora) ha creado, o destruido, empleo es la existencia, o no, de una actividad económica, basada en un negocio rentable o en la satisfacción de una necesidad social, aunque en este caso es prescindible la generación de beneficios privados. Por ello, el Presidente del Gobierno Mariano Rajoy puede anunciar de antemano, y sin demasiado riesgo a equivocarse, que este año el paro crecerá, aunque haya reforma laboral. Él sabe que con las previsiones para el 2012 que sitúan de nuevo a la economía española en recesión no puede haber creación de empleo.

El desarrollo de forma concertada en toda Europa, de políticas de estímulo a la actividad productiva que superen esta equivocada y obsesiva receta de exceso de austeridad, el éxito de una reforma financiera y el retorno a la circulación del crédito necesario para financiar inversiones productivas y compras no especulativas, tienen mucho más que ver con la creación de empleo que la reforma laboral.

Sin embargo, el hecho de que el modelo de relaciones laborales no cree empleo, no es sinónimo de neutralidad en relación a la misma. Todo lo contrario, es necesario un sistema de relaciones laborales que se ajuste a las necesidades del modelo producción y competitividad por el que se opte.

Esta reforma es muy adecuada si se quiere potenciar un modelo que fundamente su flexibilidad en los cambios de trabajo, sistema utilizado por las economías productoras de bienes y servicios de alta rotación y baja calidad y precio, donde los trabajadores son fácilmente intercambiables.

Por el contrario esta reforma pierde su idoneidad si se apuesta por un sistema de estabilidad flexible, es decir de cambios en el trabajo, porque lo que se produce necesita, para competir internacionalmente, la incorporación de una inversión en capital fijo, de conocimiento e innovación en productos y procesos y una gestión de un recursos más formados y de más difícil sustitución y en consecuencia de una capacidad de adaptación se compatible con la estabilidad que garantice las inversiones que se hagan en las personas y en los medios.

El tronco central de la reforma hay que encontrarlo en el reforzamiento de la autoridad unilateral del empresario como mecanismo de obtener la flexibilidad que las empresas necesitan. Esto se pretende conseguirlo otorgándole la última decisión en caso de discrepancia sobre aspectos como: la organización de jornada de trabajo, la movilidad funcional, la movilidad geográfica, la modificación de la cuantía de los salarios, o incluso el despido colectivo. Todos estos cambios, si no son aceptados por los trabajadores, conducen a la pérdida del empleo con 20 días de indemnización por año de servicio. Esta opción puede parecer que resulta muy ejecutiva y rápida, es la del "ordeno y mando", pero tiene como contrapunto que nos aleja y distancia de la flexibilidad estable y negociada. Porque antepone la unilateralidad al dialogo.

La flexibilidad otorgada por la reforma rompe con el paradigma sobre el que se sustentaban las relaciones laborales desde los 80, donde empresarios y trabajadores negociaban, dentro de unos parámetros establecidos, para resolver los conflictos de intereses que surgían entre ellos en el seno de las empresas y si no llegaban a un acuerdo, un tercer decidía (ya fuera un juez o la administración).

 

Dada nuestra tradición y composición empresarial, previsiblemente, esto irá en detrimento de la negociación entre las partes provocando por un lado la judicialización de los conflictos, sobre todo en situaciones de debilidad laboral o de crisis económica, y de la otra, el incremento de la conflictividad laboral para compensar el crecimiento del poder de decisión empresarial.

Esta dinámica y la devaluación de la negociación centralizada puede comportar el deseado - por algunos - objetivo de provocar el debilitamiento de los interlocutores sociales (patronales y sindicatos) que hasta ahora han racionalizado la gestión de los conflictos laborales intercambiando previsibilidad económica por tranquilidad social.

Corremos el riesgo que de conseguirse la pérdida de autoridad sindical, o quizás para evitarla, se abra el camino hacia unas relaciones laborales mucho más duales. Por un lado, creceria las prácticas corporativas (tipo pilotos de avión o controladores) por parte de quien tenga fuerza para obtener más o generar más conflictos, sin tener en cuenta la situación global de otros trabajadores o del perjuicio colectivo y por el otro lado, donde las dificultades o la falta de fuerza sean superiores se producirá un empeoramiento excesivo de las condiciones laborales.

Durante el trámite parlamentario aún hay posibilidades que esta reforma laboral acabe reequilibrandose. Para ello debería asumir la orientación que se desprendía de los últimos acuerdos que autónomamente habían alcanzado los agentes sociales, tanto en Cataluña como en España, y que constituía una forma negociada de fomentar la flexibilidad interna, en el seno de la empresa .

Con ello se evitaría que esta reforma se transforme en una ruptura laboral.

El empleo es la solución

El déficit de las finanzas públicas es consecuencia de la crisis y no al revés.

La raíz de los desequilibrios de los presupuestos públicos es necesario encontrarla en el descenso de la actividad económica y no en la existencia de un sector público sobredimensionado. Basta compararlo con la media europea para darse cuenta que la actual dotación de infraestructuras públicas o el grado de desarrollo del Estado del Bienestar aún no han alcanzado ese nivel, y ello a pesar de los indudables avances que se han producido, tanto en Cataluña como en España.

Estos (infraestructuras y Estado del Bienestar), y no otros, han sido en los últimos años los grandes factores del gasto público que - como ya decía en mi post anterior - ni producían déficit, es más había superávit, ni generaban un nivel de endeudamiento excesivo, porque la actividad económica y el empleo asociada a ella hacían que la recaudación fiscal fuera suficiente. Y eso con una presión fiscal más débil, también en términos relativos europeos.

El exceso de actividad económica que aportaba el sector inmobiliario permitía la aparente paradoja de una baja presión fiscal con una alta recaudación. Tanto que permitía al mismo tiempo: tener superávit, después de incrementar las políticas sociales (cheque bebé, incremento pensiones mínimas, ley dependencia...), incrementar las inversiones en infraestructuras, amortizar deuda pública y, incluso, realizar alguna rebaja de impuestos.

Sin embargo, el talón de Aquiles de este "modelo" de crecimiento económico era, por un lado el mantenimiento de una actividad poco competitiva a nivel internacional, basada en productos y procesos de poco valor añadido que desequilibraba nuestra balanza comercial, ya de de por si desequilibrada debido a nuestra dependencia energetica, y por la otra que la financiación de la parte especulativa de la actividad inmobiliaria no se realizó con recursos internos sino que fue propiciada y financiada por la llegada de generosos flujos de capitales privados europeos e internacionales, canalizados mediante unas no menos generosas entidades financieras españolas. Así mientras el gobierno ahorraba y se desendeudaba, el sector privado (entidades financieras, empresas y familias) gastaba y se sobreendeudaba.

Cuando el sector financiero internacional entra en crisis, la traslación de este endeudamiento privado se vehicula hacia el sector público. Vía avales, primero, el FROB después i el rescate de las entidades fallidas actualmente. Todo ello a fin de evitar el colapso del sistema financiero, pero sin poder evitar el del sistema crediticio. Es decir, estamos salvando las instituciones, pero no su función social y económica, vehicular el crédito y además sin exigir responsabilidades a las personas o instituciones responsables.

Estas actuaciones, más el incremento de la necesidades derivadas de la crisis económica y el descenso de la recaudación fiscal fruto de la menor actividad económica son quienes generan la aparición de un potente déficit. Vistas así las cosas no cuesta tanto entender que el déficit de las finanzas públicas es consecuencia de la crisis y no al revés.

Sin embargo, el déficit público se presentando como el fundamental responsable de la crisis y la lucha contra él como el único mecanismo para superarla. La realidad es muy diferente a este discurso.

Después del primer ejercicio completo en el que se han aplicado las políticas de ajuste, sin los necesarios contrapesos destinados a la reactivación económica, el resultado es una nueva recesión.

Si hasta mayo de 2010 con una política que combinada rigor presupuestario y medidas de estímulo se apuntaba un ligerísimo repunte en la creación de empleo, verdadero indicador de la superación de la crisis, después con la política de austeridad presupuestaria, excesivamente drástica y rápida, propiciada en Europa ha supuesto más destrucción de empleo y más creación de paro que el año anterior.

Sin creación de empleo no hay consolidación fiscal posible. Subir los impuestos puede ser necesario, pero no es suficiente. Hoy, para crear empleo hay que recuperar la circulación del crédito y las medidas de estímulo. Y aquí está el problema, no se ven y las que se conocen, o se anuncian, no apuntan en una esta dirección.

Favorecer la competitividad en base a salarios bajos, congelando el SMI, en lugar de favorecer la R+D+i, que ve recortada su inversión, o favorecer la rebaja del coste del despido en lugar de promocionar la flexibilidad interna, no es la manera para salir de la crisis, sino para revivir lo que nos ha llevado hasta aquí.

¿Y por qué no el IRPF?

Vaya por delante que el conjunto de las administraciones públicas españolas no eran derrochadoras.

No es cierto que "estiraran más el brazo que la manga". Antes de la crisis tenían superávit - gastaban menos de lo que ingresaban - y estaban poco endeudadas, incluso ahora lo siguen estando. Además, tampoco el sector público financia "lujos asiáticos", nuestro nivel de gasto público es más bajo que la media europea, en especial la destinada a atender necesidades sociales.

Ahora bien, desgraciadamente, haber actuado correctamente en la gestión de sus finanzas no las ha inmunizado de las consecuencias de la crisis financiera. La ola producida por el estallido de la burbuja inmobiliaria les ha impactado de lleno.

Es la caída de los ingresos y no el exceso de gasto el origen de un déficit público que, mientras se reactiva la economía, se deberá financiar para "llegar a fin de mes", es decir, hay que pedir prestados el dinero para cuadrar las cuentas públicas, y nos los deben dejar.

He aquí un hecho paradójico, nuestra manera para ser independientes de esos que nos los dejan y nos imponen duras condiciones, es cuadrar las cuentas

La cuestión no es si cuadramos, o no, las cuentas, sino como lo hacemos

Si lo hacemos mejorando la gestión, recortando gastos o incrementando los ingresos o las tres cosas a la vez. Y aquí es donde entra en juego la política, es decir, la gestión de lo público, porque no hay una única manera de hacerlo. Las decisiones no son neutras, ni inocentes, detrás de cada una hay una ideología económica, social y política.

Hasta ahora, en Cataluña las medidas para cuadrar las cuentas se han orientado a recortar prestaciones básicas e, incluso, a condonar impuestos (sucesiones) aplicando aquella doctrina que sostiene que si se deja más dinero en manos de los que más tienen, estso invertiran i crearan empleo. Cuando se ha comprobado que eso era insuficiente o inadecuado - porque puede deprimir aún más la economía - se ha abierto la vía a cuadrarlas recaudando más impuestos.

Ahora se opta por crear tasas sobre recetas, que penalizan a las personas con enfermedades y aún más a aquellas con menos ingresos, subidas en el transporte o las previsibles subidas del IVA. ¿Por qué no se insiste en subir el IRPF, como ya lo hizo el gobierno de Cataluña en el año 2010?

Un incremento de este impuesto directo tiene la ventaja que se aplica sobre aquellas personas que tienen ingresos y en una proporción creciente sobre los mismos. Es pues una forma más equitativa y solidaria de repartir los esfuerzos entre todos. Y además de fácil gestión y recaudación.

Por si eso fuera poco, con esto iniciariamos el camino para situarnos en la nivel de contribución que tienen otros países de la UE y cuando llegue la recuperación económica no sólo recuperaremos el equilibrio fiscal, sino también dispondremos de un mayor nivel de ingresos para financiar los déficits de servicios públicos que aún tenemos.

Desestimar esta opción no es sino una opción ideológica que distribuye de forma injusta los costes de la crisis haciendo que recaigan en mayor manera sobre los más débiles, contribuye al debilitamiento del Estado del Bienestar y con él la cohesión social.

Publicado en Fet a Sant Feliu

Mega ricos solidarios

Espoleados por Tea Party los republicanos americanos han sostenido - incluso al coste de poner a su país al borde del precipicio - que los EE.UU. no debían endeudarse, ni recaudar más impuestos, para financiar aquellas políticas de estímulo económico que creen empleo, protejan a quien más lo necesite y los saque de la crisis.

La propuesta republicana duramente criticada por premios Nobel de economía, como Paul Krugman o Joseph Stiglitz, porque tiende a deprimir más la economía productiva y real y desproteger a los sectores más débiles - lo contrario de los que se necesita - gravita sobre la reducción de la gasto social y la de los impuestos a los que más tienen.
Esta es la fórmula practicada anteriormente por los presidentes Bush (padre e hijo) en el pasado y que ya demostró que dejar el dinero en manos de los ricos no necesariamente creaba empleo, ni hacía la sociedad más justa y equilibrada. A pesar de ello insiste en el falaz argumento, como aquí las formaciones más conservadoras.

En medio de este debate Warren Buffet, la tercera fortuna mundial, ha pedido que no se mime tanto a los ricos y mega ricos, tras señalar su desacuerdo con la injusticia que supone el hecho de que él esté pagando un 17% por sus ingresos mientras sus empleados lo hacen por el 34% de los suyos.

No es la primera vez, que en EEUU las grandes fortunas piden pagar más impuestos para ser ayudar y ser solidarios con sus conciudadanos y no sólo a través de sus fundaciones benéficas, ya lo hicieron Bill Gates o Rockefeller. Del mismo modo los ricos franceses y también los alemanes reclaman aportar más al erario público. ¡Ni en Cataluña ni en España aún no hemos oído a ningún miembro de esta élite económica hacer afirmaciones semejantes!

Estos mega ricos no lo hacen por una actitud naíf y bienintencionada, ni porque se hayan vuelto locos.

Lo hacen porque - defensores de la meritocracia y opuestos a la aristocracia como somos - creen que devolver parte de los beneficios a la sociedad crea y mantiene las condiciones para ellos los tengan y para que otros los puedan obtener. Pero también para que de forma inteligente saben que una sociedad solidaria, es una sociedad más estable y segura y también porque sólo si hay un reparto justo de los esfuerzos para salir de la crisis es posible exigir la corresponsabilización con este objetivo.

En el fondo es una concepción positiva de la fiscalidad como instrumento privilegiado para la construcción de una sociedad más equilibrada y justa.

¡Ojalá aquí también se entendiera y practicara esto! Y que en estos momentos, estas afirmaciones hicieran reflexionar sobre si las dificultades presupuestarias para financiar los programas sociales son una razón suficiente para recortarlas y si, por el contrario, no debería incrementar la imposición directa fiscal para reducir el déficit que genera atender estas necesidades.

Si esto se hiciera, muchas cosas tendrían que revertirse o corregirse, como por ejemplo, recortar la Renta Mínima de Inserción (RMI) después de haber renunciado a mantener vivo el importe de sucesiones para los 6% de las personas más ricas de Cataluña.

Antes de hacerlo se debería haber explorado todas las posibilidades de obtener ingresos adicionales por la vía fiscal (manteniendo o incrementando la imposición) que además fomente la equidad social, la mejora de la recaudación y lucha contra el fraude.

Y esto no es contradictorio, ni opuesto, el hecho de gestionar mejor los servicios y prestaciones sociales públicas, y el de velar para evitar un uso inadecuado o fraudulento de las prestaciones.

Distribuir los sacrificios

Nunca hasta ahora unos presupuestos catalanes generaron tanta intriga, expectación y debate, y eso que todavía no se han publicado.

El anuncio de sus efectos, los han popularizado, que no es sinónimo de que sean populares. Más bien todo lo contrario.

Las medidas anunciadas - algunas ya ejecutadas – como afectan a servicios esenciales (sanidad, educación o servicios sociales) generan una especial sensibilidad no sólo en las personas actualmente usuarias, sino también en las potenciales. Esa es una diferencia substancial en relación a otras, que no creo se haya tenido en cuenta. Por eso si alguien creyó que sólo con publicar las dificultades presupuestarias ya se justificaba cualquier tipo de cuadre numérico se equivocó.

Se entiende que haya crisis, pero se discute el tipo de salida.

Que la gente puede comprender la necesidad de un ajuste, no significa que no quiera conocer y compartir hacia donde le conducen los sacrificios que se le exigen. Si además estos se perciben como inequitativos, afectando más a quien más lo necesita y se intuye que darán paso a un modelo diferente que los consolidará, entonces el rechazo está cantado. Incluso, por lo afines.

La salida a ese atolladero es el pacto, entre los partidos y con la ciudadanía, sobre la distribución justa y equilibrada de los esfuerzos y sacrificios, sin regates en corto ni maniobras (contables) de distracción. Lo otro, una sangría para el Govern.