Nada angelical

En su visita a España la cancillera alemana, Angela Merkel, intentó vendernos su receta para mejorar la competitividad española: que los salarios sigan a la productividad y no a la inflación.

No está escrito que para opinar de algo se deba conocer sobre lo que se opina, pero es conveniente. Si conociera el modelo de negociación colectiva español sabría que ya tenemos en cuenta la productividad empresarial.

A diferencia de algunos países centro europeos, aquí no hay escalas salariales que automáticamente incrementen los salarios al ritmo de los precios.

Desde el año 80 los convenios y los acuerdos interprofesionales que se firman relacionan también el crecimiento de los salarios con la productividad de las empresas e incluso con su rentabilidad. No es el único factor pero siempre está presente. Si las previsiones sobre la situación de la empresa, el sector y/o su productividad son buenas se supera la previsión de inflación, y, en caso contrario, no.

Eso ha comportado un crecimiento moderado de las rentas salariales. Tanto que estas no han ganado peso dentro del total de la riqueza nacional. Es decir, globalmente los salarios no se han beneficiado del incremento de la productividad española, sino que ha favorecido al crecimiento de las rentas del capital y la creación de empleo.

Hacer de los salarios el único mecanismo de mejora de la competitividad de la economía española nos condenaría a salir de la crisis repitiendo el mismo modelo de producción que nos ha traído hasta aquí.

Por eso, la propuesta de Angela Merkel no es nada angelical.

Daño colateral

La forma y argumentos esgrimidos para eliminar parcialmente de la limitación de 80 km/h están produciendo un grave daño colateral, están debilitando la lucha contra la velocidad como causa de los accidentes de tráfico.

La reducción de la velocidad tiene una componente medioambiental - esa fue una de las razones para implantarla- i otra de seguridad viaria.

Desde la perspectiva medioambiental, era una más de las 72 medidas incluidas en el plan destinado a cumplir las directivas europeas sobre la mejora de la calidad del aire en el área metropolitana de Barcelona, y así evitar las sanciones.

El tráfico no era, ni es, el único emisor de las partículas contaminantes pero si uno de los más importantes, de ahí la importancia de esta medida. Evidentemente hay más elementos productores de partículas contaminantes como ahora los barcos, las plantas productoras de electricidad, las calefacciones, la incineradora de basuras, o las cementeras que también forman parte de ese mismo catálogo y también tenían, y tienen, medidas específicas para reducir sus efectos.

No obstante, ninguna ha tenido la trascendencia social de los 80 km/h, la cual cosa hizo que rápidamente se transformara de “UNA” a “LA” medida, confiriéndole, a su vez, una dimensión política, implementada por el hecho de que CiU hiciera bandera ( y promesa) electoral de su eliminación.

A ello también contribuyo el hecho de que su defensa se hiciera que la principalmente desde la perspectiva medioambiental. La invisibilidad del riesgo, la lentitud en la obtención de resultados contundentes y concluyentes, porque hay otros factores actuantes, y el cuestionamiento, desde perspectivas interesadas, sobre su efectividad debilitó una percepción social positiva de la medida.

Curiosamente alcanzó más legitimidad en el ámbito que era más impopular, el circulatorio. La gente entendía y soportaba menos mal tener que circular a 80km/h por una autopista, si con ello había menos muertes y accidentes, y los ha habido, o si conseguía mayor fluidez, que también la habido, que si debía hacerlo para eliminar unas partículas que no veía.

También es cierto que las campañas sobre la reducción de la velocidad han venido acompañadas de un incremento de las sanciones que han inducido a su acatamiento forzoso. No obstante, “ya que tengo que hacerlo, que se note” piensan muchos conductores. Las cifras de disminución sobre de la siniestralidad en carretera constituyen una recompensa a esa limitación.

Si antaño se argumentó que no se había comunicado bien la medida, ahora, en el momento de intentar eliminar la limitación de los 80 km/h, tampoco. Hasta el portavoz del Govern ha argumentado esa deficiente comunicación para justificar las contradicciones aparecidas en su seno, que son fruto de haber trasladado una actitud opositora a la acción de gobierno sin la evaluación precisa.

Así frente a la prudencia exhibida por los actuales responsables medioambientales que dirige el Conseller Lluis Recoder, ha contrastado la vehemencia de los responsables de tráfico que lidera el Conseller Felip Puig.

Mientras los primeros se curaron en salud cuando dieron su forzado plácet medioambiental a la decisión política y en ese sentido advirtieron de que su supresión podía tener excepciones si se complicaba la calidad del aire, como así ha sucedido, los segundos en el ánimo de justificar, como sea, la medida política han llegado a poner en duda que reducir la velocidad no reduzca los accidentes ¿Nadie recuerda los aparatosos accidentes en la autovía de Castelldefels, o en las Rondas cuando se podía circular a más de 80 km/h?

Con afirmaciones de ese tipo, han dilapidado una ingente cantidad de recursos económicos y argumentales que estaban produciendo, por fin, un incremento en la conciencia colectiva de los conductores, una reducción de la velocidad media y lo que es más importante una reducción de la siniestralidad en carretera. ¿Con qué autoridad se llamará a moderar la velocidad, si el máximo responsable del tema niega que sea útil para reducir la mortalidad en la carretera?

Ese es el daño colateral que se ha producido al forzar los argumentos medioambientales y circulatorios para justificar una medida tomada en base a criterios electorales.

¿Piedras en la mochila?

La "teoría de la mochila" que sostienen algunos nacionalistas de aquí consiste en hacer creer que el avance hacia el horizonte de la plena soberanía de Cataluña se ve ralentizado por el hecho de tener que cargar una mochila "con las piedras de las otras autonomías ", pues cuando Cataluña busca conseguir mayores cuotas de autogobierno, estas deben ser generalizables al resto de las comunidades que lo soliciten e integrables en la estructura del Estado, en aplicación de la práctica política del café para todo el mundo.

De ahí deducen y defienden que si nos liberamos de este peso, se avanzará más rápido.

Pero como sucede tantas y tantas veces hay coincidencias entre aquellos que no quieren el modelo de organización territorial que se ha dado España, aunque sea por motivos completamente opuestos. Unos porque se disgrega el Estado y los demás porque no lo hace.

Así la respuesta a las declaraciones del antiguo presidente popular del gobierno español afirmando que mantener 17 autonomías se insostenible económica y políticamente por el Estado, y que debería centralizar competencias ha sido del tenor de las formuladas por Duran Lleida: "Sí a la recentralización, pero la de las otras comunidades, y no la nuestra

Esta es una respuesta equivocada, a un planteamiento equivocado.

Pretender el reconocimiento de un diferencial de autogobierno superior para Cataluña, sobre la base de que las otras comunidades autónomas vean rebajadas el suyo, es un error. Un grave error y una gran equivocación.

Creer que a Cataluña le irá mejor si el Gobierno de España frena el autogobierno del resto de comunidades o, incluso, les quita competencias transferidas, es una estrategia perdedora.

Desentenderse del proceso de desarrollo autonómico español - "liberarse de ese peso", como dicen ellos - conllevaría reducir drásticamente o perder totalmente la posibilidad de construir alianzas con el resto pueblos de España, y a largo plazo - o no tan largo – ha confrontar también con el resto de comunidades.

Por este camino habrá más confrontación y menos resultados. Porque perderán ellos y perderemos nosotros y ganarán los centralizadores

No cuesta mucho entender lo que pasará si, como en cierto modo ha hecho el Presidente Pujol al declarar que ha fracasado el método que hasta ahora había defendido, abandonan el camino (por pesado que este sea) del avance conjunto, progresivo y pactado de un proyecto federalista como el de los países más desarrollados de Europa (Alemania o Suiza) e intentamos salirnos solos de la presión centralizadora, ofreciendo como prenda al resto de Comunidades Autónomas.

¿Alguien piensa que con esta ofrenda se frenarán las pretensiones centralizadoras de la derecha española y que serán más comprensivos con Cataluña? Yo no lo creo.

Y por el contrario, después de dejar tirados a los posibles socios, es más fácilmente comprensible una negativa a ayudarnos, ya que no tendrán nada que ganar en la mejora del autogobierno catalán.

Más bien la posible situación será la contraria, lo que creo es que entonces tendremos que hacer este combate en solitario y que, además, cualquiera de las justas pretensiones hechas desde Cataluña les resultará más fácil a los centralizadores presentarla como un perjuicio para el resto.

No es nuevo, ya ha sucedido en el pasado reciente, instigados por los separadores. ¿Qué no puede suceder en este nuevo escenario?

Aunque resulte muy duro y empinado el único camino para que el autogobierno catalán continúe avanzando es tejer alianzas con los progresistas del resto del Estado que creen en una España plural.

Esta es la única vía de defensa ante las andanadas antiautonòmicas que han practicado, practican y practicarán aquellos que desde el principio no estaban de acuerdo con el título VII de la Constitución, por ello no la deberían abandonar aquellos nacionalistas catalanes inteligentes por muy fatigados o fracasados que se sientan.

Buscando enemigos exteriores

"Si ellas (las comunidades autónomas) no lo hacen (controlar el gasto público), el gobierno actuará". Esta podría ser la traducción de las declaraciones al Financial Times de Zapatero: "If they 't, the government will act".

Aplicando la máxima de "Traductor, traditore", en la Vanguardia Enric Juliana - presentando como una información en la versión papel y como un artículo de opinión en la digital - ha traducido "will act" (actuará) para intervendrá. Que no es el mismo, ¡ni mucho menos!

Y sobre esta palabra intervendrá "ha construido su iglesia", su dogma. Sofisma tras sofisma ha ido saltando argumentalmente hasta equiparar esta declaración con un supuesto intento de los socialistas para repetir la LOAPA del 82 y de recentralizar el Estado autonómico, pretendiendo subsumirlos en el mismo saco que a los populares.

No es algo nuevo, de hecho desde el viernes pasado después de las declaraciones de Aznar apostando por la regresión autonómica, se ha producido un intento de presentar como coincidentes a las dos formaciones políticas de ámbito estatal, y ello a pesar de todas las declaraciones de los dirigentes socialistas, incluidas las de su secretario de organización, Marcelino Iglesias, criticando esas propuestas.

Nada les importa. Al fin y cabo se trata de que "no dejes nunca que la realidad te estropee una buena noticia" como dicen los malos periodistas.

De forma acrítica, pero interesada, algunas fuerzas catalanas "compraron la idea" para a continuación hacer un llamamiento "a rebato" para combatir el ataque del centralista enemigo exterior. CiU, ERC e ICV siguiendo esa estela periodística entraron rápidamente en competición sobre quien defendería más a Cataluña, ante ese nuevo y imaginario peligro.

Lo que afirmaba Zapatero en esta entrevista es que actuará, si y sólo si, alguna comunidad sobrepasara el nivel de déficit acordado (que no impuesto), entre todas, en la Comisión de Política Fiscal y Financiera. Un acuerdo que tiene como objetivo lograr el cumplimiento global de los criterios comprometidos con la zona euro repartiendo los esfuerzos presupuestarios de forma proporcional y equitativa entre el conjunto de las administraciones públicas.

El cómo lo haga cada comunidad autónoma para ajustarse a estos parámetros lo decidirá ella misma, de hecho, esto es el ejercicio del autogobierno, ¿no?

Pero, y si alguien no asume su parte alícuota de sacrificio para salir de la crisis y con ello perjudicara a los que si se esfuerzan? ¿No es lógico que actúe para evitar el gobierno que constitucionalmente tiene las competencias?

Evidentemente, sí.

Aunque parecía que el PSC con la orientación que se desprendía de las declaraciones de Zaragoza, conseguiría desmarcarse de esta falsa polémica, no ha sido así. Y en eso están todos enfrascados estos días.

Otra vez el debate se ha descentrado, y se está polemizando sobre una hipotética voluntad del gobierno central de laminar las competencias autonómicas, en lugar de situarlo sobre en los tres objetivos a los que se debe dar respuesta desde Cataluña.

Lo más sensato sería que nos centraran en cómo dar cobertura social a las consecuencias de la crisis económica; el favorecimiento de la actividad económica creadora de empleo; y la política fiscal y presupuestaria para reducir el déficit público, mediante el incremento de los ingresos, la disminución de los gastos y el control del gasto.

Y no caer en la trampa de debatir de cosas y formas que la gente ni entiende, ni les preocupa.

Invertir los papeles

Las agencias de calificación de riesgos han sido parte del problema, y ahora, sin corregir ninguno de sus planteamientos y errores, se quieren convertir en los guardianes de las soluciones.

En todo este tiempo no han asumido ninguna responsabilidad en relación al desastre económico que avalaron. Al aplicar de forma acrítica y complaciente los dogmas y las modas económicas en boga toleraron, sin levantar entonces su voz, amplísimos y peligrosos endeudamientos, irracionales concentraciones de riesgo, así como, el escandaloso enriquecimiento especulativo de unos pocos.

Aquellos errores se han convertido en la crisis financiera internacional que pagamos todos, con su expresión más dura: la destrucción de puestos de trabajo y el incremento del paro.

Pero sin arrepentimiento ni rectificación, al contrario, ahora con formas airadas y alarmantes se empeñan en castigar aún más a los países y las economías que no apliquen sus viejos, ineficientes y antisociales criterios.

Permitieron en el pasado el exceso de endeudamiento de bancos, empresas y familias y hoy, con la fe de los conversos, anatemizan el hecho de que las administraciones públicas hayan incrementado su endeudamiento. Un crecimiento de la deuda generada en gran medida por cuatro factores concatenados: las ayudas dirigidas al rescate del sector financiero, dado su carácter básico y sistémico, las políticas estimuladoras de la actividad económica y por extensión de la creación de empleo; el atención al incremento de las necesidades sociales espoleada por las masivas pérdida de empleo y renta, y la paralela bajada de los ingresos fiscales por la situación de crisis.

Aquellos que no evitaron, ni preveieron, la llegada de la crisis ahora pontifican su ortodoxia monetarista recetando una brutal reducción del gasto, sin atender si estos elementos agravan la recesión, retrasan la recuperación de la actividad económica e incrementan las necesidades sociales.

Las diferencias en el cómo abordar la salida de la crisis en el seno de los organismos económicos internacionales, entre neokeynesianos y neoliberales, o la lentitud en aplicar los acuerdos alcanzados en las cumbres del G-20, están frenando la reforma de las reglas de funcionamiento los mercados la repetición de una crisis como ésta, entre ellas las agencias de calificación.

Como sucede en la naturaleza todo espacio que se deja vacío, alguien tiende a ocuparlo, y las agencias lo están aprovechando para invertir los papeles. Así están pasando de tener que ser reguladas por los poderes públicos o condicionar y controlarlos ellas.

Las rebajas en la calificación de las deudas públicas que otorgan las agencias, encarecen a las administraciones el acceso al crédito con el que financiar el déficit. En muchos casos, dicho sea de paso, estos créditos a un interés superior son efectuados por sectores financieros privados, los cuales a su vez han visto salvado su dinero para deudas de dudoso cobro realizadas a bancos, empresas y familias han sido asumidas o avaladas por los poderes públicos que ahora les piden recursos.

Estas penalizaciones se transforman en una gran fuerza de presión sobre las administraciones ya que de producirse suponen un grave drenaje de los recursos públicos, obligándolas a aplicar medidas de contención del gasto más duras e impopulares, para evitar nuevas penalizaciones.

La soluciones a fin de romper este círculo vicioso sólo cabe esperarla des de el lado de la a política y no de la economía, ni de quién se está beneficiando del mismo.

Porque, además, si hasta ahora las modificaciones a la baja de la calificación de un país, se habían explicado, que no justificado, en función a parámetros económicos, ahora están dando otra vuelta tuerca más y con indignación y sorpresa estos semana hemos asistido a la amenaza sobre Bélgica de incrementar su riesgo país si no resolvía los problemas políticos, generados por los resultados de unas elecciones democráticas.

Esto supone una injerencia inasumible. Si nos quieren gobernar, que se presenten a las elecciones

Sospechosos habituales

Estos días el sistema sanitario ha sido decretado "sospechoso habitual" del "crimen" del déficit autonómico.

No es más que la aplicación a la vida real del famoso: "detengan a los sospechosos habituales!" que clamaba el inspector francés, en la película Casablanca, tras la muerte del capitán nazi.

Al superar la superficialidad, se comprueba que no es en el gasto sanitario sino la grave caída de los ingresos (especialmente, los de la actividad constructora) donde radica el origen del grave crecimiento del déficit.

Responsabilizar del déficit al gasto sanitario es una equivocación, pero actuar como si realmente lo fuera es un error aún mayor ya que comportará varias consecuencias, a cual más preocupante: recortar unas prestaciones públicas básicas para la salud y, por tanto, la cohesión social; dejar de abordar el verdadero problema, y a la vez amputar un sector con un gran potencial económico, el de las ciencias de la salud, y ocupacional, que ha creado empleo, incluso durante la crisis.

Mejorar la eficiencia y eficacia del gasto sanitario, es imprescindible pero con eso no es recortaría el déficit, porque no conllevaría un recorte del gasto sino la continuidad en una actuación rigurosa en la asignación de los recursos públicos.

Las necesidades sociales no cubiertas evolución más probable de la demanda asistencial, fruto de factores positivos como las mayores expectativas de vida o la mayor tecnificación de la atención médica, requerirán que se optimicen todos los actuales recursos, pero en ningún caso justiciarán que se puedan o se deban recortar los gastos, todo lo contrario. Contenerla es necesario, reducirla no.

El verdadero culpable del desequilibrio de las cuentas públicas hay que encontrarlo en la baja de la actividad económica. Para hacer frente al grave problema de fondo, hay que retomar el camino del crecimiento económico junto con el de la profundización del cambio del modelo productivo, que es la base imprescindible para evitar la repetición del problema.

Ahora bien, resolver estas cuestiones es más lento, laborioso y complicado y requiere del compromiso de todos, quizás por eso se opta por lo más fácil, detener a los sospechosos habituales.

Paro juvenil y abandono escolar

Los primeros compases de la precampaña electoral suenan de forma muy diferente a la tediosa discusión esencialista a la que nos han sometido desde hace algunos meses las fuerzas separatistas y las separadoras.

Abierto el baile, uno de los primeros debates que se han producido se ha centrado en las propuestas dirigidas a cómo hacer frente a dos temas de primer orden: el alto nivel de paro juvenil y el preocupante abandono o fracaso escolar.

Este cambio es el resultado de la propuesta del "Contracte de Futur", que ha efectuado, el Presidente Montilla. Una propuesta orientada a ofrecer una salida a su situación por las casi 123 mil personas menores de 30 años, que hoy quieren y no pueden trabajar, de las cuales 50 mil son menores de 25 años y además de estar en el paro, tienen una formación baja o muy baja.

Una propuesta personalizada muy innovadora, pues el contrato a suscribir suma a la tradicional oferta de formación, para que mejoren su capacidad de ocuparse, un crédito salarial, mientras se están formando, que tienen que devolver. Esta es precisamente la novedad, "se da pescado, mientras se aprende a pescar", pero hay que devolver a la sociedad el salario cuando el esfuerzo formativo dé su fruto y hayan conseguido un trabajo.

Mismo tema, propuestas diferentes.

El debate no se ha suscitado sólo porque el PSC haya hecho un planteamiento para cómo afrontar el desempleo juvenil y el fracaso escolar, sino porque a estos temas los nacionalistas catalanes de centroderecha han hecho una propuesta completamente diferente.

Una propuesto en la que CiU aboga, una vez más, por la recuperación de la figura del aprendiz. ¡Que no es lo mismo que fomentar el aprendizaje en el puesto de trabajo!

Su intención es recuperar el arcaico modelo gremial donde los jóvenes trabajaban y aprendían el oficio de los oficiales y maestros de la empresa sin cobrar. La solución al paro juvenil no es colocar a los jóvenes a que trabajen gratis y que así no figuren en listas del paro – eso es ocuparlos, pero no emplearlos -, ni la solución al fracaso escolar está en que aprendan a repetir lo que se está haciendo y que necesariamente debe cambiar.

Hoy la formación profesional de los jóvenes, y no tan jóvenes, consiste en que estos alcancen los conocimientos prácticos de un oficio, pero también las habilidades para continuar evolucionando en el trabajo al mismo ritmo que los cambios tecnológicos los impulsen. Esto no se hace con los métodos de aprendizaje artesanal.

Sinceramente creo que las campañas electorales deberían ser eso: confrontación de ideas y propuestas sobre los problemas existentes, para que el electorado decida por cual opta. Y este debate lo es. Tiene de todo: unos temas trascendentes y unas propuestas diferenciadas, que evidencian sensibilidades contrapuestas.

¡Ojalá toda la campaña fuera así!

Pero mucho me temo que no lo será, CiU está demasiado interesada en no promover ningún debate concreto. No sea que se le vea el plumero de sus propuestas.