Cantera e ideas

Cantera e ideas, esta es la doble apuesta del Presidente Montilla y el PSC para las próximas elecciones autonómicas y para el futuro.

Y como una imagen vale más que mil palabras: aquí está el comité electoral, que dirigirá Jaume Collboni, lleno de nuevas incorporaciones.

Son una representación de la cantera del PSC. Formada por personas nada inexpertas, todo lo contrario. Son personas rodadas y probadas en diferentes niveles de responsabilidad política. Procedentes de ámbitos diferentes: municipalismo, sindicalismo, asociacionismo, que tienen experiencia en la gestión privada o pública. Con una buena formación académica, pero lo que me parece más importante con una buena formación en la "Universidad de la vida" y en la tradición socialista.

Una cantera que no sólo aporta empuje y entusiasmo, sino también una visión actualizada de la sociedad catalana, porque como ella - y con ella - han evolucionado.

Esa nueva sociedad que hemos ayudado a construir, desde los gobiernos locales, desde el gobierno del Estado y ahora desde el Gobierno de la Generalitat, desde las instituciones pero también desde la sociedad civil, es la que nos reclama una renovación de las propuestas políticas.

No nos reclama que abandonan nuestros principios, pero sí que actualizamos los contenidos. Nos pide que la seguimos acompañando en su proceso de transformación, de avance y de mejora para que puedan continuar depositando su confianza en nosotros.

Esta es la otra gran apuesta, las ideas.

Montilla apuesta por una campaña que le permita explicar lo mucho que se ha hecho, pero también lo mucho que se quiere hacer y conseguir. Y no sólo y exclusivamente en el mundo de las realizaciones materiales, que también, sino en el rediseño del modelo de sociedad que queremos continuar construyendo, de ahí que el programa marco no sea un programa electoral.

Y eso ante el remake nacionalista de Artur Mas, que desde el tacticismo electoral intenta no definirse para no equivocarse o asustar, como lo demuestra el hecho que después de declararse independentista ahora pretenda desentenderse del monstruo que han alimentado y que tiene su máxima expresión en la diáspora nacionalista y la emergencia de populismos autoritarios, como el de Carretero y/o Laporta. Una actuación que desde su recreación de Don Tancredo lo fía y confía todo a los errores del adversario, pero que no propone nada. Ni ideas nuevas ni vindicación de su pasado, nada de nada, salvo el "wait and see" (esperar y ver).

Recuperar los muchos déficits que el nacionalismo conservador acumuló durante los 23 años en que ostentó el poder era imprescindible. En un país, donde las infraestructuras hidráulicas, viarias, energéticas, educativas no estaban resueltas lo primero era, como ya se hizo con los primeros ayuntamientos democráticos, hacerlas, reponerlas o complementarlas. Y eso es lo que se ha hecho, pese a la crisis económica.

Estos tiempos preelectorales y electorales nos permitirán explicar que toda la acción de gobierno, no ha sido sólo gestión, sino también la cimentación de una sociedad, que queremos más madura y libre, próspera y al mismo tiempo justa, con ilusión, pero no ilusa, confiada de sí misma y no en mesías populistas, en marcha y no paro, esperando la vuelta de las eternas "promesas".

Sin embargo, alcanzar este objetivo no es un hito que acabe con unas elecciones, normalmente es todo lo contrario, pues, independiente del resultado obtenido, a partir de ellas empieza otra fase, que siempre es diferente a la anterior.

Doble rasero

Debido a la crisis, el año pasado, algunas empresas catalanas no pudieron ofrecer a 129.400 personas sufiente trabajo como para que pudieran completar la jornada anual contratada.

El Gobierno para ayudar a trabajadores y empresas industriales y de servicios flexibilizó la prestación por desempleo. Hizo que los 120 primeros días de reducción de jornada o suspensión del contrato, no contaran para el tiempo de percepción de la prestación de'atur, si finalmente eran despedidas. Es lo que coloquialmente se conoce como "poner el contador a cero".

Es más esa práctica, que se parece mucho al llamado "modelo alemán", posiblemente se habrán de ampliar, como pide el Gobierno de Cataluña, hasta 180 días.

Con los autónomos que no tenían derecho a paro se ha previsto que puedan acceder a esa prestación, si no se puede continuar el negocio.

Nadie descalificó estas medidas en su momento. Nadie entonces alegó que con ellas se quería mantener cautivo el voto de los catalanes. Es más, se saludaron positivamente porque evitaba despidos y favorecía la economía catalana y protegía a los sectores sociales que están sufriendo con más dureza la crisis en Cataluña.

Entonces, ¿por qué el nacionalismo catalán que representa Artur Mas aplica un rasero diferente sobre la flexibilización del acceso a las prestaciones por desempleo agrario en Andalucía y Extremadura que el viernes pasado aprobó el Consejo de Ministros?

¿El problema no es similar? ¿No han tenido los empresarios agrarios andaluces también dificultades objetivas (de carácter climatológico) para ofrecer suficiente trabajo (peonadas) como para que no hayan podido completar el número de jornales que da derecho a su percepción?

¿Por qué insulta la inteligencia de las personas que viven en estas dos regiones, afirmando que su criterio y orientación política es susceptible de ser "comprado" por el hecho de que el Gobierno adopte una medida social, necesaria en tiempos de crisis?

¿Se atrevería a decir o insinuar los mismo de las personas que vivimos en Cataluña? De hecho y para ser sinceros, sí. Se han atrevido, pero circunscribiendo a los votantes socialistas de algunas comarcas metropolitanas.

Siguiendo con este razonamiento, ¿Por qué la restitución de una deuda histórica con Andalucía en inversiones, que está incluido en su Estatuto, es una compra de votos? ¿Se quiere ocultar que una parte de esta deuda es consecuencia del "castigo infligido" por el PP cuando la Junta no quiso sumarse al desastroso sistema de financiación autonómica que firmó CiU con el PP? Un modelo tan negativo que no nos sacado de encima hasta que con el Estatuto y los gobiernos de izquierdas, aquí y allá, lo han hecho posible.

¿No es una situación similar a la que Cataluña logró con Disposición Adicional Tercera del Estatuto y en Cataluña está implicando un incremento sustancial de las inversiones del Estado entre las que destacan actuaciones como, AVE, Aeropuerto o Sincrotrón, inaugurado este lunes ?
¿Entonces por qué lo que allí se presnta como un trato de favor, aquí sólo es un acto de justicia?

¿Cuando Artur Mas plantea que no quiere una sociedad subsidiada, que en Cataluña sólo queremos inversiones productivas, está insinuando que no quiere que las personas afectadas por los ERE tengan derecho a las prestaciones por desempleo, que los autónomos que han tenido que cerrar su negocio, no reciban la ayuda de los 420 €, que ha acordado el Gobierno de Cataluña con empresarios y trabajadores en los "30 compromisos contra la crisis"? Pues que lo diga con claridad.

Porque aplicando este doble rasero y haciendo la misma demagogia que hace el PP, pero al revés, sobre el supuesto trato de favor hacia Cataluña, el nacionalismo catalán sólo creará problemas políticos y tensiones territoriales donde hacen falta soluciones sociales

Sin acuerdo a la vista

La cumbre anticrisis del viernes pasado no ha dejado un panorama que contemple un posible acuerdo a la vista.

La dinámica y la experiencia de diálogo, negociación y acuerdo que vienen practicando durante los últimos 6 años el Govern y las organizaciones empresariales y sindicales en Catalunya, no se han reproducido en los nuevos invitados a la mesa, los partidos políticos en el oposición, que rechazaron la propuesta de trabajar juntos para construir una salida solidaria y conjunta de la crisis.

¿Qué si no es pretender que esta cumbre discuta sobre lo que se está abordando en el ámbito español o supeditar cualquier entendimiento a la aceptación previa de sus propuestas, como hizo CiU?

Para poder hacer nacer un acuerdo se tenían que sortear una serie de obstáculos y dificultades previas, como:
Primero, acordar sobre algo más que lo que el Goverrn y agentes sociales ya vienen haciendo, como por ejemplo las medidas a corto plazo contenidas en los "30 compromisos" acordados no hace ni tres meses, o las medidas a largo plazo establecidas en el " Acuerdo Estratégico 2008-2011".
Segundo, centrar los acuerdos sobre lo que se puede y se debe hacer aquí, sin hacer de la cumbre catalana un foro de debate sobre temas que deben abordarse en otros ámbitos.
Y tercero, que todos prioricen los intereses de los "paisanos" por encima de los de parte o los de partido.

Se sabía que no sería una tarea fácil.

Entre otras razones porque hay mucho hecho y con mucho contenido y trascendencia, pero también porque la voluntad de crear un "frente catalán para ir a Madrid", aunque resulte efectista es muy poco efectivo y más si se quiere hacer pivotar sobre la campaña conjunta (PP-CiU) para frenar la modificación del IVA, era más fuerte que la voluntad de acordar soluciones efectivas y para que, finalmente, hay quien ya ha entrado en campaña electoral, hecho que domina toda su acción política.

Conscientes de los riesgos, el Govern, las organizaciones empresariales y las sindicales ofrecieron un documento de trabajo orientado a profundizar sobre cómo mejorar la financiación de las empresas, favorecer la demanda y consolidar la industria, transformar la construcción e incrementar el ahorro y la eficiencia energética, reforzar la formación y la protección social, fomentar el espíritu emprendedor y las nuevas actividades o simplificar la administración, sumando al que ya se hace.

Esta propuesta dirigida a negociar y acordar cosas prácticas, que pudieran ser asumidas por todos y que dependieran de nosotros, no obtuvo una respuesta positiva, si no una de genérica, partidaria, parcial y orientada fundamentalmente a establecer posicionamientos que deben establecerse e implementar en otros ámbitos. En todo caso, parece que Artur Mas y el resto de partidos en la oposición buscaban escabullirse y "hacer un mutis por el foro" más que comprometerse en la salida la crisis.

El único interés de CiU ha consistido en evitar que esta cumbre le obligara a algo, una vez ha constatado que se ha agotado el efecto mediático de aparecer como una fuerza defensora y proponiendo un pacto de Estado anticrisis - con el que quería hacerse perdonar su radicalización independentista - y que aquí no hay habrá una plataforma catalana de la que se pueda apropiarse e instrumentalizar en Madrid, para defender sus propuestas.

Para cerrar el círculo y evitar que alguien le recriminara que es capaz de concertar con la Ministra Salgado lo que le niega al Presidente Montilla el siguiente paso ha sido que Duran Lleida proclame también la muerte de la concertación en el ámbito de la Estado, sustituyéndola por una negociación pieza a pieza, norma a norma, que le permita mantener viva su posibilidad de un futuro pacto con el PP de más calado, aquí y allá.

Sería bueno que consideraran este posicionamiento.

La contribución a la solución de los problemas que genera la crisis económica no es un favor al Gobierno, a los Gobiernos español y catalán, sino un servicio a los ciudadanos que las padecen y, en consecuencia, colaborar en su solución no es un demérito o una penalización, sino todo lo contrario.

Todavía está por ver si el giro hacia el centralidad que anuncian es real o simplemente es formal, como parece que se desprende de su actuación.

¿Subir el IVA?

¡A quien le guste que le suban los impuestos que levante la mano!

El número de manos alzadas, seguramente, será nulo o insignificante.

Por eso la posición anti subida del IVA tiene asegurado un fuerte predicamento. Le dice a la gente lo que quiere oír. ¿Pero es lo que hay que decirle? Sinceramente, creo que no.

Se sabe que la subida del IVA comportará un incremento de los precios. No hay tanta certeza, pero sí una más que razonable expectativa, que pueda suponer una frenada momentánea en la recuperación del consumo interno. Por eso desde el punto de vista económico, social y político esta medida no es ni fácil ni neutra.

¿Entonces, porque el Gobierno incorporó en los presupuestos la modificación del IVA a partir de julio? Para contener el déficit público y porque estima que en ese momento ya estaremos creciendo.

Para acabar de entenderlo hay que recordar que:

• La modificación conllevará la subida en un 2% del tipo general (del 16 al 18%) y en un 1% del tipo reducido (del 7 al 8%), aquel que grava por ejemplo la vivienda y la hostelería. También, hay que dejar constancia de que esta modificación no afecta al tipo súper-reducido (del 4%), que se aplica a los productos básicos o de primera necesidad
• Y que ésta es una medida que forma parte de un plan de austeridad, que busca reducir el déficit. Recortando gastos (50.000 m € en tres años) e incrementando ingresos. Con este plan se quiere conseguir volver el año 2013 a la situación de déficit público (diferencia entre ingresos y gastos) permitida en la zona euro del 3%, como máximo.

Hoy nuestro déficit público está situado en el 11%. No es que nos hayan vuelto "manirrotos" como dicen algunos especuladores y airea de forma irresponsable y exagerada los dirigentes del PP, sino que es el resultado la intervención pública para evitar las nefastas consecuencias de la crisis.

Los gobiernos de forma conjunta y coordinada (reunión del G-20) acordaron desarrollar políticas públicas dirigidas a: evitar el colapso financiero; incentivar la actividad económica, y desarrollar los mecanismos de protección social. Se trataba de evitar que la paralización del sector privado, excesivamente endeudado y receloso de sí mismo, condujera al colapso financiero y después a la depresión mundial. Y eso se hizo interviniendo económicamente en los mercados.

Había que hacerlo y se hizo. Lo que resulta insultante es que aquellos que, con su codicia e irresponsabilidad, generaron el problema sean ahora los que quieran dar lecciones de lo que se debe hacer y defendiendo propuestas regresivas para la mayoría de los afectados.

Que se tuviera que hacer, en el momento más crítico, no significa que haya que mantenerse indefinidamente, ni tampoco que el Estado tenga que retirarse ya. En esto, como en muchas otras cosas, conviene hacer las cosas con mesura y equilibrio.

Conviene ir desacoplando progresivamente la economía del sobreesfuerzo que, ahora, están soportando las finanzas públicas, porque esta opción no es sostenible ni conveniente de forma permanente. Ahora bien, hay que hacerlo sin poner en peligro el proceso de salida de crisis. De nada serviría cumplir con la ortodoxia liberal económica, si ello conlleva una nueva recaída en la crisis que la aplicación de sus tesis ha producido.

Por el contrario, mantener el mismo ritmo de déficit anual, sería negativo. Por un lado porque aunque ahora no estamos demasiado endeudados, acabaríamos endeudándonos en exceso, transfiriendo a las generaciones futuras el problema actual, por otro lado, porque la desconfianza que se generaría sobre la solvencia futura de la economía española para hacer frente al pago de su deuda provocaría que ya ahora se tuvieran que pagar más intereses por el dinero con los que nos estamos financiando.

Destinar más dinero a pagar intereses, significa tener menos recursos para desarrollar políticas anti crisis, de fomento económico y de protección social y en consecuencia retardar la salida.

El plan de austeridad presentando en la Unión Europea, busca alcanzar este complicado equilibrio. Y dentro de él la modificación del IVA es un esfuerzo planteado para mantener la credibilidad de la economía española y no encarecer nuestro acceso al crédito internacional, necesario para financiar un ajuste socialmente menos duro.

Los opositores a la modificación del IVA deberían explicar cómo quieren resolver este "sodoku". Es cierto que todos no se opone a las subidas por las mismas razones. Como mínimo hay dos visiones diferentes. Desde las posiciones más a la izquierda del Gobierno (IU-ICV, ERC) se argumenta que esta actuación empobrece a los débiles, desde las posiciones más a la derecha del gobierno (PP y CiU) que si el Estado gestiona más recursos hay menos dinero circulante para hacer negocios.

En todo caso, convendría que, además de oponerse, también hicieran propuestas constructivas y equilibradas, para incrementar los ingresos en cantidades relevantes y determinar qué gastos se deben reducir o contener, porque en el caso de que se siguieran sus propuestas tendríamos, en el primes caso, más endeudamiento y en el segundo más recortes sociales y dureza en el ajuste.

Por eso si, de verdad, se busca un pacto contra la crisis, no se debe hacer electoralismo con la o subida del IVA ni plantear como cuestión inasumible bajo ningún concepto su modificación, como hacen la derecha española y catalana.

Una ocurrencia improvisada

Para abordar la negociación de la reforma laboral con éxito, primero era imprescindible que se recuperara la confianza entre CEOE, CCOO y UGT.

El importante acuerdo para el empleo y la negociación col lectiva de 2010, 2011 y 2012 alcanzado, ayuda, y mucho, a superar el "mal rollo" que tenían entre ellas, desde que se rompieron las negociaciones en julio de 2009.

Un acuerdo que ha supuesto una importante aportación y apuesta por la estabilidad y la serenidad económica, justo en el momento que la histérica reacción de los mercados de valores se estaba trasladando de forma histriónica en la vida política y social, por parte de la oposición del PP.

Recuperado el clima negociador entre los agentes sociales y en base al documento entregado por el Gobierno, se ha iniciado oficialmente la negociación de las reformas laborales, que deben acompañar a las otras transformaciones estructurales (las financieras o productivas) que son aquellas que nos permitirán construir la recuperación económica.

"Las líneas de actuación en el mercado de trabajo, para su discusión con los interlocutores sociales en el mar del diálogo social" busca alcanzar los siguientes objetivos
1. Favorecer la creación de empleo y reducir el desempleo
2. Reducir la dualidad, la segmentación y la temporalidad de nuestro mercado de trabajo.
3. Aumentar las capacidades y las oportunidades de ocuparse de las personas desempleadas.
4. Aumentar la flexibilidad interna de las empresas.
5. Ampliar las oportunidades de empleo y la capacidad de integración laboral de los jóvenes, en especial los de menos formación.

Parecería que después de haberlo reclamado con tanta insistencia, todos los partidos remarían a su favor. Pues no.

Excepto los socialistas, el resto de partidos han procedido a intentar descalificarlo, eso sí sin ofrecer ninguna alternativa.

Bien eso no es del todo exacto, Artur Mas tuvo una errónea ocurrencia, carente de sensibilidad social, eficiencia economía y de rigor conceptual, e hija de la improvisación, el coyunturalismo electoral y el oportunismo político.

Su ocurrente propuesta de rebajar, a 20 días por año de servicio, el coste del despido por la empresa, y que el Estado subvencione el resto de la indemnización. Con ella ha puesto en evidencia la inconsistencia de unos planteamientos construidos desde el desinterés y del desconocimiento de lo que suponen y, lo que me parece más preocupante, desde la adhesión ciega a unos principios y criterios que intentan culpabilizar a los derechos sociales de la crisis económica.

De forma simplificada, y a riesgo de perder una parte de la exigible exactitud, se puede afirmar que nuestro ordenamiento laboral establece que si un empresario toma la iniciativa de rescindir unilateralmente un contrato trabajo, se establece una indemnización que como máximo llega los 20 días por año trabajado. Siempre que haya detrás de una causa razonable y objetiva para hacerlo.

Y se reserva la indemnización de 45 días por años de servicio exclusivamente si no existen estas causas u observa dolo o fraude en la actitud empresarial.

Por último, la ley - como así debe ser - no regula nada por los casos de mutuo acuerdo. En este supuestos las partes establecen entregan el pacto que quieren. Este es el supuesto más habitual, tanto individualmente como colectivamente, en el que las empresas o los empresarios optan por abonar indemnizaciones superiores a las legalmente estipuladas para obtener el acuerdo y con él la certeza del objetivo perseguido.

Visto esto, se comprenderá que en el fondo - y la forma - esta insolidaria propuesta (ocurrencia) supone que no se ayuda a las empresas que se ven en la necesidad de despedir a personas que trabajan para ella, sino que todos - no olvidemos que Hacienda somos todos - deberíamos rascarse nos las bolsillo para subvencionar a quien efectuara despidos improcedentes, es decir, sin tener ninguna razón que pueda justificar el perjuicio que causan con su unilateral actuación.

Como se puede observar, la propuesta de subvencionar los despidos no se aguanta.

Invertir dinero público para financiar excesos privados es una equivocación total. Sólo se puede explicar, que no justificar, si se pretende contentar a todos, al precio de no resolver nada.

Por ello si se quiere favorecer un buen acuerdo en materia laboral, que sea útil para salir de la crisis, necesitamos más colaboración de todos y menos ocurrencias y intromisiones en la negociación.

Tirarse del caballo

Artur Mas está tratando de tirarse en marcha del caballo independentista.

Hay que reconocerle “tablas” en piruetas de ese tipo, pues no es la primera vez que las efectúa. Ya la experimentó en el pacto con Zapatero sobre el Estatut. Después de auspiciar el texto que salió del Parlament el 30 de Septiembre de 2005, cuando comprobó que la negociación política y parlamentaria ya no daba más de sí y que habría Estatut, en Enero de 2006 se ofreció como valedor del texto que saliera de la Cortes Españolas, pensando que esa imagen de seriedad le ayudaría a llegar al Govern y que sería él quien lo desarrollaría.

Ahora intenta repetir la jugada.

Después de haber excitado y alentado todas las maniobras y declaraciones independentistas posibles, se ha percatado que lo único que ha conseguido es la diáspora del voto independentista, (Carretero, Laporta, CUP, Plataformes per la Indepèndencia, Dret a decidir, ERC) en lugar de lo que pretendía, la concentración del voto nacionalista entorno a CiU (Casa Comuna). Por si eso fuera poco, esa operación ha tenido un precio: el abandono de la centralidad política y social, que se sitúa en un espacio catalanista –que no independista- y socialmente progresista y de izquierdas, que ahora ocupan el President Montilla y el PSC.

Han bastado dos vallas publicitarias y un par de declaraciones del President Montilla, este fin de semana, para que CiU pase de la descalificación por light de las propuestas del Gobierno de Zapatero a una inconcreta oferta de mano tendida para formular un Pacto de Estado sobre la economía.

Unas vallas publicitarias que simplemente dicen: “En tiempos difíciles, gente seria” y las declaraciones del President reiterando lo que viene diciendo desde hace más de dos años sobre la necesidad de reformas estructurales y manifestando su apoyo, y el del PSC, a las propuestas del Gobierno español sobre la reforma de las pensiones, para que sea discutida y acordada en la comisión del Pacto de Toledo, o sobre la reforma laboral, entregada y recibida favorablemente por los agentes sociales, le han llevado a intentar rectificar a marchas forzadas.

Hasta ahora la actuación de Artur Mas CiU, ha consistido en actuar como oposición, sin comprometerse a nada, ni proponer nada, sólo criticando todas las propuestas que provenían de los gobiernos presididos por socialistas (aquí o allá).

Y ello ha sido así con las propuestas de reformas estructurales (pensiones y relaciones laborales), la ley de economía sostenible y con unos presupuestos que buscan a la vez reducir el déficit público para no hipotecar el futuro, mediante la contención del gasto y la subida de impuestos, pero que a su vez permitan seguir actuando, evitando así que el endeudamiento privado (entidades financieras, empresas y particulares) no colapse la economía. A todo le ha dicho que no.

Por eso, los opinadores nacionalistas y pro CiU hasta este lunes, se entretenían en digresiones y especulaciones de café sobre las dificultades adicionales a las derivadas de la crisis, los especuladores financieros y a los déficits comunicativos, que tendría el Gobierno de España para sacar adelante las reformas, que anunció en diciembre y que ha materializado ahora, dado que ni el PP ni CiU le darían apoyo.

Unos (el PP) porque repiten el mantra aznariano de “Váyase Sr Zapatero.”, donde lo único que han cambiado es “González” por “Zapatero”, esperando que produzca el mismo efecto que en 1996. Y los otros (CiU) porque esperaban que la crisis también debilitara al Govern de Catalunya, ya que daban por sentado que su alto grado de responsabilidad en ningún caso le llevaría a adoptar posiciones oportunistas, sino que aunque sea duro, continuará dando la cara y atendiendo a las personas que más lo necesitan.

El contenido de las propuestas de las reformas laborales, profundas y equilibradas, y el buen clima después de la reunión del viernes con los agentes sociales, así como el claro y contundente apoyo del President y el PSC, y finalmente el acuerdo sobre negociación colectiva, que abre un expectativa de más estabilidad económica, le ha hecho dar un giro copernicano.

Teme quedarse fuera del proceso de construcción de la salida de la crisis, consciente que la gente no premiara a quien se aproveche políticamente de ella, sino a quien trabaje para superarla con el menos coste social posible.

Por último, parecería que Duran Lleida ha conseguido ganarle en eso la partida al “pinyol nacionalista” de CDC más abocado a la bronca que a la propuesta inteligente. Aunque para ello haya tenido que sacrificar que su alfil leridano, Josep Maria Pelegri, no encabece ninguna lista.

Con ello intenta conseguir que CiU no continúe apareciendo como una fuerza política independista, que todo lo descalifica y que no arrima el hombro para ayudar, no al Gobierno, sino a la gente a salir de la crisis. La forma de hacerlo es esa indefinida llamada al Pacto de Estado.

Como marketing vale, pero ¿qué medidas defienden? Sería bueno saberlo.

Hoy mismo, ya han enseñado un poco la "patita". Su reforma laborales se fundamenta en rebajar la indemnización de los despidos improcedentes en la misma cantidad que cuando está justificada por razones objetivas (20 días) y que en el caso de que un empresario despida improcedente el Estado subvencione la diferencia (25 días).

Por ese camino no creo que vayan bien. Salvo que lo que pretendan sea erosionar el diálogo social emprendido por el Gobierno con los agentes sociales.

La reforma de las pensiones y su gestión

La reforma de las pensiones está demostrando que tan importante es lo que se propone, como de qué manera se gestiona.

El Pacto de Toledo es el instrumento más inteligente y útil del que se ha dotado la sociedad española para hacer fracasar las negras profecías que se hacían sobre el futuro de es pensiones, según las cuales hace 5 años (en 2005) que había de haber quebrado el sistema público.

Las profecías no se cumplieron e incluso se puede afirmar que ha sucedido todo lo contrario.

El secreto ha estado en tomar las medidas adecuadas con tiempo suficiente. Reformar el sistema de forma gradual y consensuada. Y sin electoralismo

Fruto de ese acierto, hoy, no hay ningún riesgo para las pensiones actuales. La solvencia del sistema público pensiones está garantizada como mínimo hasta el 2030, la Seguridad Social tiene un fondo de reserva con más de 60.000 millones de euros y mantiene el superávit en sus cuentas, pese a la crisis.

Si no hay peligro a corto y medio plazo, para que el gobierno propone su reforma? Pues porque no hay peligro, pero si hay riesgos.

Unos riesgos derivados de factores estrictamente demográficos: el alargamiento de la esperanza de vida - la segunda más larga del mundo, la llegada a la edad de jubilación de la numerosa generación del "baby-boom" de los años 60 y la baja de la natalidad actual.

Se trata de prever qué efectos sobre los ingresos y los gastos producirán estos factores y establecer ahora las reformas para que dentro de 20 años, siga siendo viable el mantenimiento de la solidaridad intergeneracional (de los que trabajan con los que han trabajado) en la que se basa el sistema.

El gobierno tenía la obligación moral y legal de aportar su propuesta. Moral por qué no hacerlo podía resulta más cómodo, pero era absolutamente irresponsable. Cerrando los ojos a la realidad los problemas no se arreglan, se estropean más. Y obligación legal para que el resto de partidos en el Congreso, a diferencia de lo que se venía haciendo, acordaron que el gobierno aportas un documento.

Estas son las razones - y no la quiebra del sistema, un capricho o una improvisación de última hora como algunos se empeñan en decir- es lo que han llevado al Gobierno ha aprobar el "documento sobre la revisión del Pacto de Toledo", el efecto de someterlo a la consideración y acuerdo de toda la cámara.

Un documento en el que analiza y hace propuestas - en concreto, 40 - a lo largo de 46 páginas en torno a temas como:
- Modificaciones en las cotizaciones sociales
- Reservas
- Previsión Social Complementaria
- Impacto de género en el Sistema de Protección Social
- Sistemas alternativos de cotización: Mutualidades públicas y privadas
- Culminación de la separación de las fuentes de financiación:
• aspectos presupuestarios
• aspectos legales
• aspectos organizativos
- Prestaciones:

• pensión de orfandad y viudedad
• incapacidad
• edad de jubilación
• jubilación

En un tema de alta sensibilidad social y política como el de las pensiones, por muy bien que lo hagas todo, si en una de las partes se produzca un conflicto o una grave discrepancia, el todo pierde importancia. Ya puedes desgañitarte explicando todas las razones y medidas, este tema lo lleva todo por delante y el debate se polariza y se politiza. Esto es lo que ha sucedido con el alargamiento de la edad de jubilación de los 65 a 67 años. Se lo está llevando todo por delante!

Por eso hay que reconducirlo. No nos podemos permitir el lujo de hacer descarrilar lo más importante, que es seguir reformando el sistema público de seguridad social, de forma gradual y consensuada, para garantizar su justicia y equidad social así como su solvencia económica a largo plazo.

Vaya por delante que yo creo que necesitaremos alargar el tiempo de contribución y mejorar la recaudación por que no es desequilibren las cuentas, pues habrá más pensionistas, afortunadamente vivirán más y también tendremos que seguir mejorando las pensiones, esto hará que el coste global de las pensiones siga subiendo. Pero también defiendo que hay que empezar a observa el tema con una perspectiva diferente.

Ha de prosperar un cierto cambio de lógica, que haga que pasemos a considerar que la sostenibilidad del sistema no se fundamenta exclusivamente en la relación entre ocupados y pensionistas, sino entre el grado de riqueza del país y el coste de las pensiones. Pues lo que resulta sustancial no es solamente el número de personas que trabajan, sino la productividad del tejido económico en el que lo hacen.

Una económica de más valor añadido es más garantía de sostenimiento de las pensiones que una economía basada en el trabajo manual, que necesita para cubrir los objetivos de una carrera demográfica permanente hacia adelante, que no parece el más sostenible desde el punto de vista planetario.

Hoy, si no recuerdo mal, el coste de la factura de las pensiones no llega al 10% del PIB, es decir que independientemente de la forma en que se recauda, la primera constatación es que su coste es asumible por la economía. Es decir, hay recursos para financiarlas.

Más gente y más esperanza de vida harán subir la factura de las pensiones, ahora bien, subirá tan rápido como crece la economía real? o lo hará mucho más rápido?

- Si sube al mismo ritmo, o incluso más poco a poco, el coste de la factura de las pensiones sobre el PIB será igual o menor.
- Por el contrario si sube más rápido, entonces se deberá determinar hasta qué porcentaje del PIB se considera adecuado y posible destinar a la financiación de las personas inactivas, que han contribuido a lo largo de su vida a financiar el sistema público de pensiones. El 11%, el12%, el 13% o qué porcentaje?

Tanto en un caso como en otro, nada impide que se analice si es posible otra forma de obtener los recursos para "cuadrar el círculo". No nos podemos cerrar en una única solución: alargar en dos años la edad máxima. Se ha de actuar sobre todos los factores que hacen - o en el futuro pueden hacer - posible cumplir estas necesidades de forma gradual y consensuada.

Hasta ahora las cotizaciones sociales se aplican sobre uno de los factores creadores de riqueza: la mano de obra. Pero hay otros elementos (capital, conocimiento,...) que cada vez tienen más importancia en la generación de riqueza que no "cotizan a la Seguridad Social". Desde esta perspectiva las cotizaciones sociales empresariales son regresivas, obligando a hacer más esfuerzo a quien menos riqueza genera (las empresas intensivas en mano de obra).

En todo caso, la complejidad y la importancia del tema obliga a todos (partidos políticos, agentes sociales y gobierno) a actuar con lealtad, serenidad y flexibilidad. Deben estar dispuestos a asumir cambios en sus planteamientos iniciales en bien de un consenso global en torno a reformas efectivas.

Si actúan así, habrá una nueva versión del Pacto de Toledo que ayudará a ser más justo y sostenible el sistema de pensiones. Y posiblemente veremos cómo no se modifica la edad de jubilación a los 65. Eso sí, se continuará en la línea de penalizar su anticipación, que ya está produciendo un aumento de la edad media a la que la gente deja de trabajar que hoy se sitúa en el 63,2 años, (6 meses más que hace 4 años) y para redondearlo se incrementen los estímulos para que quien quiera y pueda, retrase su jubilación.