Hablemos de impuestos

¡Es bueno que se esté hablando de impuestos! Mucho mejor eso, que algunos de esos debates estratosféricos a los que nos someten los nacionalistas españoles y catalanes. Ahora bien, como se está haciendo el debate, no.

Es lo que ocurre cuando la oposición de derechas se entesta en transformar la crisis económica y las estrategias para salir de ella, en un campo de confrontación política en lugar de un escenario de proposición económica. En ocasiones anteriores, el debate ideologico comportaba un debate no exento de dureza y profundidad, pero ahora se observa demasiada desmesura y superficialidad conceptual.

Los debates maniqueos, de buenos y malos, de subidas o bajadas, sirven para pelearse, pero no para extraer soluciones y acuerdos. Y una situación dura, grave y compleja, que castiga a personas y empresas, no puede despacharse con desmesura y trazo gordo, necesita mesura, rigor, concreción y claridad. Y eso requeriría más responsabilidad de la oposición española y catalana. ¡Quizás es pedir demasiado!

El debate no es si suben o bajan los impuestos, sino cuales suben o bajan, en qué proporción y cómo se utilizan para que sean útiles a la salida de la crisis económica. Porque subir, globalmente, subirán, como ha ocurrido en los últimos 30 años, mandara quien mandara (UCD, PSOE, PP) entre otras cosas, porque todavía no hemos alcanzado la presión fiscal media europea.

¿Necesitamos, o no, que el Administración ayude a la economía productiva para evitar la crisis acabe en depresión, que atienda al incremento de las necesidades sociales de las personas y que invierta en futuro del país para construir una salida diferente? Sí, pero siendo conscientes que:

- Esa necesidad es contraria a una política de “barra libre” (como hacemos déficit, no importa el tamaño)
- Como se van a pedir más esfuerzos hay que incrementar más, si cabe, la austeridad, el control y la eficiencia en el uso del dinero público,

Para financiar esas políticas hay que recurrir a los impuestos y al déficit. A los dos. Todo lo no podemos fiar al déficit público, porque si es verdad que tenemos capacidad de endeudarnos, porque la deuda es relativamente baja ya que antaño conseguimos superávits, hipotecarse en exceso pone en riesgo el futuro.

Para cuadrar ese círculo, se requerirá equilibrar el esfuerzo inmediato de subir los impuestos a quien pueda pagarlos mejor, con el esfuerzo diferido de endeudarnos. Porque al final todo acaba pagándose.

Como siempre en economía hay que encontrar el equilibrio entre lo que se recauda y lo que se gasta e invierte. Por eso los incrementos deben ser mesurados, racionales y controlados, tanto en los ingresos como en los gastos.

Ahora bien, la derecha, tanto la política como la económica, está lanzando mensajes imposibles y como decía el torero: “Lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible”.

Todo les vale para hacer oposición aunque sea contradictorio.

Por eso hacen bandera de la negativa a subir los impuestos, aunque en los 8 años de gobierno Aznar éste los subiera, y, además, la hacen compatible con peticiones de más gasto social y más ayuda a los empresarios y la exigencia de contener el déficit.
O defienden que, en estos momentos, el Gobierno debe contener el gasto como hacen las familias, cuando precisamente al Gobierno debe desarrollar una acción contra cíclica invirtiendo para evitar una mayor caída del consumo, la producción y el empleo. No es hora de que los gobiernos reduzcan el gasto sino de que favorezcan el crecimiento económico.
O hacen llamadas al recorte del gasto público, sin concretar que prestaciones sociales afectaría, pero deja claro que conviene dar más dinero o dejar más en sus manos de quienes más tienen.

Parece que las recetas y los recetadores liberales vuelven a la carga. Todavía no han se han acabado las negativas consecuencias de sus brillantes formulas y ya están otra vez con la misma canción.

Seamos realistas, salir de esta crisis nos reportara sacrificios y uno de ellos, no el único, será pagar más impuestos.

Por eso deberíamos pasar a hablar con rigor y profundidad de qué esfuerzo debe aportar cada uno y cómo se administra colectivamente.

Encuesta sesgada

Si fuéramos un poco ecuánimes y objetivos, lo reconoceríamos. Lo del domingo en Arenys de Munt no llegó a ser ni una encuesta sesgada.

No fue un referéndum o una consulta pública - aunque fuera con público - porque no cumplía, ni podía cumplir con, los criterios necesarios para serlo en relación a la convocatoria y los contenidos. Eso lo dejaron meridianamente claro los tribunales catalanes.

Como también dejaron claro otras cosas más:
- que una entidad privada, como cualquiera de nosotros, puede realizar las preguntas que quiera y recoger la opinión de todas las personas que libremente decidan dárnosla.
- que las opiniones y las respuestas, en el ámbito privado, tienen el derecho a ser expresadas, por equivocadas y erróneas que sean, o nos parezcan.
- que lo público y lo privado no pueden ser ni confundidos ni banalizados.

La pregunta fue realizada por una entidad privada, en locales privados y aunque tuviera la apariencia y simbología de una consulta popular, solo tuvo eso: la apariencia y la simbología.

En consecuencia no fue una consulta pública legalmente convocada y realizada y por tanto, faltada de valor jurídico y eficacia pràctica. Ahora bien, podía haber sido una encuesta, con su valor científico o demoscópico correspondiente. Pues bien, ni eso.

Para conseguir que una pregunta sea parte de una encuesta no es suficiente el número de personas que la contesta, sino como se hace y sobre todo a quien. Para que una pregunta sea una encuesta lo fundamental es que la muestra sea representativa de la realidad, es decir que constituya un micro cosmos de la realidad que se pretende representar.

Ni una cosa ni la otra se produjeron el domingo. La muestra fue insuficiente y no representativa. Insuficiente porque la pregunta era sobre Catalunya, no sobre Arenys de Munt, y porque no parece que las más de dos mil personas que contestaron sean una muestra representativa de las más de siete millones que vivimos en Catalunya.

Por ello, lo de Arenys de Munt no pasa de ser una encuesta sesgada. Sin valor jurídico, científico o demoscópico.

A pesar de ello, se puede entender la alegría de los promotores de la encuesta privada.

Por un lado han conseguido “fichar” a más de dos mil de sus vecinos con su nombre y dirección, a los van a poder dirigir sus opúsculos y posicionamientos independentistas. Espero que nadie incumpliera la Ley de protección de datos facilitando a los organizadores el censo electoral público para favorecer interese privados, y que por otros medios (presentación del DNI) comprobaran que las personas que depositaron su respuesta escrita, que no voto, eran convecinos.

Por otro, la repercusión mediática de sus acción. Que se vio amplificada, hasta la distorsión la verdadera magnitud de la misma, por las presencia de huestes falangistas y la falta de sensibilidad y habilidad del ministerio público al seleccionar a su represente.

Como Rick (Humphrey Bogart) decía a Lisa (Ingrid Bergman) en Casablanca: «De todos los bares en todos los pueblos en todo el mundo, tuviste que entrar en el mío». Pues, lo mismo ¿De verdad entre todos los abogados del Estado no había otro para que lo represntara?

Esa alegría puede entenderse, pero lo que resulta incomprensible es que organizaciones políticas, que se suponen serias - como CiU, ERC i el PP - continúen con el raca-raca intentando hacer Política (con mayúsculas) a partir de una encuesta sesgada, sin valor jurídico ni científico o demoscópico, y por ende, eficacia práctica .

Por más que practiquen la “yenka” (adelante y atrás, izquierda-derecha), no es ni aceptable ni presentable que, con la que está cayendo en términos económicos, que los nacionalistas catalanes de centroderecha o de izquierda propongan a los ediles y concejales de sus formaciones promover consultas ilegales, con el consiguiente conflicto institucional y despiste sobre los temas relevantes. Como tampoco lo es que el PP, primer partido de la oposición española, pretenda hacer seguidismo de la Falange Española, actuando como si una encuesta sesgada fuera una cuestión de estado.

Los excesos y los radicalismos verbales y conceptuales de las minorías se soportan – mal, pero se soportan -, como el precio que una sociedad democrática debe pagar en beneficio del respeto a la libertad de expresión y la pluralidad de opiniones.

Ahora bien, la gente reprueba ese infantilismo y esa inoperancia política si quien lo practica son formaciones que deberían representar la centralidad del pensamiento de la ciudadanía y ocuparse de sus preocupaciones y necesidades.

Asumiendo los excesos y los radicalismos de las minorías nunca se representó el sentir de las mayorías.

¡Por ahí no van bien!

Bueno es saberlo

Estos días, a cuenta de la consulta de Arenys de Munt, lo hemos sabido. Artur Mas se ha declarado favorable a la independencia de Catalunya.

Lo ha hecho al afirmar que, si pudiera, votaría positivamente a la pregunta: "¿Está de acuerdo en que Cataluña se convierta en un Estado de Derecho, independiente, democrático y social, integrado en la Unión Europea?"

Hasta ahora CiU había votado en el Parlament, en dos ocasiones, a favor de la autodeterminación, es decir a favor del reconocimiento para Catalunya del derecho a convocar un referéndum en el que pudiera consultarse a la ciudadanía si deseaba independizarse, o no, del resto de Espanya, al estilo del Quebec

Para defender ese planteamiento ellos, y todos los independentistas, invocan de forma genérica y equivocada el derecho internacional previsto a los efectos de hacer efectivos los procesos de descolonización del siglo pasado y concretamente su plasmación en la Carta de las Naciones Unidas o los Pactos Internacionales de Derechos Humanos. Todo y que ese derecho no está incluido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, muchas veces es invocada para justificarlo.

Evidentemente en el momento de defender ese ejercicio al derecho a la autodeterminación lo hacen obviando que la ciudadanía de Catalunya ya lo ejerció en libertad y democracia, cuando de forma mayoritaria dio su voto favorable a la Constitución Española de 1978 que establece y regula las relaciones con el resto de España y el régimen de autogobierno en el seno del Estado.

Lo cierto es que cada vez que en los tiempos que gobernaba el President Jordi Pujol dieron su apoyo al reconocimiento del derecho a la autodeterminación de Catalunya, esté se apresuraba a decir que una cosa era el reconocimiento del derecho, otra ejercerlo y otra, muy diferente, el resultado.

Sensible a la realidad y consciente de que la mayoría de la ciudadanía de Catalunya, ni es ni independentista ni quiere la independencia, el veterano dirigente nacionalista mantenía esa indefinición y ambigüedad calculada, con la que lanzaba guiños a los más nacionalistas, pero al tiempo buscaba no intranquilizar a los sectores económicos y sociales que le permitían continuar gobernando.

Ahora Artur Mas y el núcleo duro de CiU han roto esa ambigüedad y se declaran independentistas. ¡Es bueno saberlo!

Pues con ello, y a un año de las elecciones, nos ayudan a entender en que aventuras nos embarcarían si llegaran a gobernar y por qué están abogando por una sentencia negativa del Tribunal Constitucional al Estatut: la necesitan para liberarse del pacto en el que participaron para adecuarlo a la Constitución.

Contra la liquidez

No clamo contra la liquidez bancaria, o “cajaria”, que sigue siendo una de carencia importantes de nuestra economía, si no contra la volatilidad e inconsistencia en las actitudes, de quienes sólo se guían por la obtención de beneficios individuales y a corto plazo.

Una parte importante de los problemas económicos que hoy padecemos devienen del ensalzamiento y la práctica de actitudes basadas en la liquidez. La liquidez en los valores éticos, el menosprecio de la perseverancia, el compromiso y la constancia en el esfuerzo como mecanismos para alcanzar las metas y el desentendimiento sobre las consecuencias sociales que puede producir nuestra acción.

Como siempre ocurre y también en esta ocasión, las dinámicas económicas son a la vez causa y efecto de los cambios en las relaciones interpersonales y las nuevas normas sociales que rigen en la sociedad, lo que antaño llamabamos la superestructura social.

Coincido con aquellas voces que abogan por que los proyectos estén presididos por la solidez de los planteamientos, las propuestas y las actuaciones, ya sean estos de tipo empresarial, social, político, público o privado.

Bajo ningún concepto considero que esa solidez esté reñida con la capacidad de evolucionar y adaptarse a las nuevas demandas y necesidades sociales, las cuales, además, emergen fruto de los éxitos parciales en el camino hacia el progreso social. Ahora bien, soy de los que pienso que esa actitud de cambio y adaptación permanente sí que está reñida con “lanzar por la borda” aquello que de consistente existe en el proyecto a largo plazo que se ha venido construyendo.

Sólo si las nuevas propuestas son vistas como la adecuación del viejo (que no caduco) proyecto, se logrará mantener el compromiso de los que lo hicieron – y lo hacen posible - con su esfuerzo y a la vez añadirle el de los que se incorporan a partir de ahora. Para ello es necesario que esa continuidad sea compatible con el hecho que esas nuevas propuestas también sean la senda a transitar hacia el progreso social y económico que se espera alcanzar. Y no sólo deben serlo, sino que así deben ser percibidas, para que sea posible construir el nuevo compromiso que justifique el esfuerzo colectivo a realizar.

El “relato” que debemos hacer de lo que queremos, proponemos y vamos a hacer debería cumplir esas premisas.

En Catalunya se inicia un curso político, que acabará justo cuando empiece la campaña electoral autonómica. Por ello, sería deseable que en los discursos de las fuerzas políticas se conjugaran los dos tiempos, el futuro inmediato y el más lejano.

Que las propuestas a corto se correlacionen con el relato a largo.

Que se tenga presente en el momento de afrontar las urgencias, el día a día o lo inmediato, la inutilidad del regate en corto, que es imprescindible explicarnos y que en esa explicación también se hiciera evidente hacia qué modelo de sociedad y de país nos orientan.

En ese debate los socialistas tenemos mucho a ganar. Tenemos un proyecto sólido, con voluntad de permanencia en el tiempo y de transformación de la realidad, formulado con rigor y claridad, con el que la ciudadanía puede adquirir libre y conscientemente un compromiso duradero.

Si nos enredamos en los debates de aquellos que no pueden clarificar su proyecto porque, o no un tienen modelo de sociedad que ofrecer, o su modelo de país es la independencia de los referéndums d’Arenys y el pacto con el PP de Rajoy, entonces nos introduciremos en la Catalunya virtual de una minoría social.

En política la expresión de la liquidez es el electoralismo, esa actitud que impone decir y hacer lo que el marketing electoral determina en el momento y para cada momento.

Superar la liquidez en el discurso político supone un reto y un riesgo. El reto de ser consecuente y el riesgo de que al perder la ambigüedad no se abarque tanto espacio electoral. Por el contrario, el abandono de la liquidez en política no supone, como algunos arguyen, el paso al autismo sobre lo que piensa, necesita o quiere la ciudadanía y la convicción de ser el único poseedor de la verdad y las esencias, sino la afirmación de un proyecto que la gente puede conocer, valorar y hacerse suyo.

A pesar de los riesgos, siempre será más lo que se gana que lo que se pierde, con ello, pues sobre lo líquido difícilmente se construirá el futuro.

De qué hablamos

No siempre se habla de lo que más interesa a la gente.

El tema central de los debates públicos debería ser el cómo y el con qué atendemos las necesidades sociales que la crisis económica genera, precisamente en el momento en que además su existencia las agrava, pero no lo está siendo.

Los próximos presupuestos generales del Estado han de resolver el “soduku” que hoy tenemos planteado. Que no es otro que el de cómo favorecer la creación de empleo, ayudar a quienes lo ha perdido y/o prolongarles las prestaciones tras su agotamiento, subir los impuestos, reducir el crecimiento de los salarios de los funcionarios públicos, mantener el ritmo inversor y el gasto público para dinamizar la economía, dado el bajo tono del sector privado, al tiempo que se controla el déficit público para evitar que pueda acabar lastrando la recuperación tiempo.

Corresponde al Gobierno tomar las decisiones políticas y económicas para cuadrarlo. Exponiéndolas, primero, debatiéndolas, después, y, si es posible, alcanzando el máximo consenso social y político que las avale.

Algo de eso es lo que han intentando hacer los últimos días con sus declaraciones el Ministro José Blanco, la vicepresidenta Elena Salgado y el propio presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Pero nadie les ha seguido, al menos con el rigor y la profundidad que cabe esperar cuando se aborda un tema central.

Pero por contra, a lo que hemos asistido no ha pasado de ser sólo dos “despejes de pelota”. Uno del PP, protagonizado por Montoro, y otro de CiU. Ambos al alimón y de forma coincidente han rechazado compromiso político que tenga como premisa, reordenar o incrementar los impuestos a las rentas altas para financiar las prestaciones sociales.

Aunque, eso sí, con el mismo énfasis y sin ruborizarse por la contradicción que supone con su práctica de incrementar la presión fiscal cuando gobernaban, han proclamado que la congelación o reducción fiscal debe hacerse compatible con la reducción del déficit público, la incentivación de la creación de empresas y riqueza y el mantenimiento de la protección social.

Su cuadratura para ese círculo es sencilla: volver a repetir lo mismo que hemos pasado. Proponen la misma receta liberal que nos ha conducido a esta crisis: “con menos impuestos sobre los que tienen más recursos, menos intervención pública y más libertad para hagan lo que quieran, ellos crearan la riqueza necesaria para financiar el bienestar social”.

Lástima que para ello, ese “paradisiaco panorama” sea imprescindible que el resto de los mortales, veamos recortados los derechos e incrementados los impuestos indirectos para financiar la reparación de los daños que han causado, la recuperación de sus excedentes y las ayudas para que realizar nuevos negocios.

El debate de quién y de qué manera se pagará la crisis es el debate, por eso despistan y centran sus esfuerzos en que debatamos otros aspectos que, aunque también pueden ser importantes, no lo son tanto.

La tinta que ha corrido con la “supuesta” persecución del PP y la “non nata” sentencia del Constitucional sobre el Estatut, es la expresión de esas exitosas maniobras de distracción, que finalmente consiguen que el debate público - o como mínimo, el publicado – no se centre en aquello que los ciudadanos proclaman como su mayor preocupación, según el CIS y el CEO.

Además con ellos también se trata de esconder, por un lado, los efectos de la corrupción que el PP alimentó con la impunidad que le confería su mayoría absoluta y la forma de ejercerla y, por el otro, la equivocación de CiU rechazando el acuerdo de financiación que se deriva del Estatut.

Si queremos que no se incremente la distancia de la gente en relación a la política, debemos hacer un esfuerzo en centrar el debate sobre “la política de las cosas” e intentar huir de los debates sobre “las cosas de la política”.

“Manis” preventivas, no gracias.

Prever el futuro para anticiparse a lo que puede suceder, es positivo. Creerse en el futuro es una ensoñación.

Nunca ha sido una política inteligente ponerse una venda antes que la herida, lo inteligente es prever y evitar los riesgos futuros, si es posible.

Eso fue lo que se hizo colectiva y mayoritariamente con el Estatut salido del Parlament, al negociarlo con las Cortes Generales, y sancionar despues ese resultado en referéndum.

Se negoció para que fuera constitucional, para que el paso adelante en el autogobierno de Catalunya se diera dentro de las posibilidades que ofrece la Constitución Española, pero con una visión más abierta y evolucionada del diseño autonómico que contiene. Era la forma de avanzar, sin aventurismos.

Eso no evitó que el Partido Popular, desarrollara una brutal oposición al proyecto estatutario durante su tramitación y finalmente formulara un recurso ante el Tribunal encargado de interpretar el texto constitucional.

Ahora cuando se cumplen los tres años de su entrada en vigor y, por fin, parece que se acerca la sentencia que validara su carácter constitucional la Convergencia que preside Artur Mas y dirige el núcleo duro más independentista (no parece que Unió siga esa juego) se ha sumado y está alentado un aire de excitación nacionalista a partir de dar por hecha la suposición de que el Tribunal Constitucional solo puede emitir una sentencia negativa sobre el Estatut y, en consecuencia, se debe organizar la resistencia.

Con ese silogismo tratan de esconder su fracaso con el sistema de financiación. Se equivocaron entonces y se equivocan ahora. Apostaron porque no habría acuerdo o sería insuficiente, y no fue así. Y ahora vuelven a errar apuntándose a manifestaciones preventivas, convocadas por aquellos que criticaron o rechazaron el Estatut y ahora quieren ser máximos defensores.

Hasta el ex President Jordi Pujol les ha tenido que decir que deben distinguir entre una posibilidad y una certeza y que en todo caso lo sensato es posponer cualquier actuación a conocer la sentencia.

Por otro lado, si de verdad buscaran reforzar la unidad catalana en nombre de la dignidad catalana y para defender el Estatut, lo que deberían hacer es ofrecer su apoyo incondicional al President Montilla, en lugar de continuar jugando a “marcar perfil”. Como escribía el cantante y compositor Rafael Subirachs, en su carta en el diario Avui sobre la manifestación: “¿se han preguntado que deterioro para la ya maltrecha unidad catalana significaría una manifestación que no contara con el actual President de la Generalitat? ¿Quizás piensan que así dominaran al President o, peor, lo desprestigiaran si no se doblega?

Pero ni por esas, la nueva cúpula, busca actuaciones “MADIaticas”. Igual que hace Florentino Pérez en el Real Madrid, se trata de desplegar una gran campaña que “tape” el triple éxito en la liga anterior de su principal adversario. Pero, esto no es futbol, sino de algo más transcendental.

Buscan recrear un ambiente de fracaso, frustración y agresión ¡No fuera cosa que la Diada fuera una fiesta donde se celebre el éxito de la financiación, en lugar de la rememoración de una derrota!

Hoy el Estatut se defiende aplicándolo. La financiación, la ley de educación, el traspaso de cercanías, de la Inspección de Trabajo o el reconocimiento de permiso de trabajo de las personas que emigren a nuestro país son ejemplos de cómo se avanza en el autogobierno.

La manifestación preventiva es una cortina de humo. Pero, las cortinas de humo solo sirven para huir o esconderse, nunca se ha construido nada con ellas.

Y si con ello despistan al personal sobre la contradicción de reunirse con el PP en privado y repudiarlo en público, recordando que el “número del notario” sigue vigente; hostigan a la ERC de Puigcercós, para que no rentabilice su apoyo a la financiación ocupando el espacio de centralidad que ellos han abandonado con su radicalización; mejor.

Por eso, “manis” preventivas, no gracias.

Políticos de guardia

De mi época del servicio militar, recuerdo lo aburridas que eran las guardias.

El tiempo se alargaba como un cicle. Nunca pasaba nada. No tenías con qué entretenerte. ¡Hasta deseabas que hubiera un incidente que rompiera la monotonía! Pero como no sucedía nada, tenías que dejar volar la imaginación y fabular con lo que sea.

Algunos de los políticos que en este mes de agosto están de guardia, mientras el resto de los mortales estamos de vacaciones, se dedican a fantasear e intentar hacer crecer gigantes donde no hay ni molinos de viento. Todo sea por alcanzar un titular o matar su aburrimiento, o quizás por su propia idiosincrasia o para proyectarse por encima del sopor que produce la canícula estival.

Uno de los clásicos del verano en Catalunya en este tema es el secretario general de CiU, Felip Puig. Hace dos años ya pidió la intervención del ejército como respuesta a un conflicto laboral en el aeropuerto del Prat.

Ahora, y a cuenta de los posibles conflictos que pueden producirse entre la regulación sobre las ayudas al sector financiero y las competencias catalanas sobre las cajas, de nuevo ha actuado de la misma forma: Empieza la casa por el tejado y exige que lo primero que debe hacer el Govern “es sacar la caballería”.

Evidentemente, que un independentista confeso, plantee que lo primero que debe hacerse es recurrir al Tribunal Constitucional, resulta extraño y más cuando se formulan día sí, día también, dudas sobre la neutralidad y capacidad del Alto Tribunal para dirimir los conflictos entre Catalunya y la Administración General del Estado.

Como exconseller seguro que conoce que existe la posibilidad del recurso previo de competencias, que permite al Gobierno de Catalunya hacerle ver al Gobierno de España los problemas que existen y negociar, si es posible, una salida antes de recurrir al Constitucional, via que continua abierta.

¿Por qué no lo propone? ¿Por qué prefiere dejarlo en manos de un Tribunal que cuestiona, antes que en las del Govern de su nación? Sencillamente, porque no pretende solucionar los problemas sino dar la apariencia que CiU es más contundente que nadie (en especial que ERC) y porque prefiere una sentencia del TC que un acuerdo del Govern, como se ha visto con la financiación autonómica.

Si además entramos en el fondo del tema que se ha utilizado como pretexto, la actitud es más preocupante. Si algo nos ha demostrado esta crisis es que no se puede jugar con la solvencia y la confianza del sector financiero. Su carácter sistémico hace que sus problemas se transformen en nuestros problemas.

La gestión desarrollada por algunas entidades financieras ha hecho que acumulen un excesivo volumen de riesgos, cuando no los han generado ellas mismas. Una falta de respuesta desde los poderes públicos y las autoridades financieras repercutiría en una pérdida de credibilidad y solvencia de nuestro sistema financiero que indefectiblemente se trasladaría a la economía real, desestabilizándola con mayor intensidad que la ya padecemos y contribuyendo a la destrucción de más empleo.

Evitar esa posible situación requería de una acción del gobierno central y el FROB (Fondo de restructuración ordenada bancaria) es un buen instrumento para tal fin.

¡Ahora bien! que sea útil, urgente y necesario no justifica que en su formulación concreta no haga con un absoluto respeto a las competencias del resto de autoridades económicas del Estado - la Generalitat es también Estado -, ni que algún político de guardia continúe intentando jugar al independentismo con temas tan serios, para matar su aburrimiento o conseguir un titular de prensa.