Mega ricos solidarios

Espoleados por Tea Party los republicanos americanos han sostenido - incluso al coste de poner a su país al borde del precipicio - que los EE.UU. no debían endeudarse, ni recaudar más impuestos, para financiar aquellas políticas de estímulo económico que creen empleo, protejan a quien más lo necesite y los saque de la crisis.

La propuesta republicana duramente criticada por premios Nobel de economía, como Paul Krugman o Joseph Stiglitz, porque tiende a deprimir más la economía productiva y real y desproteger a los sectores más débiles - lo contrario de los que se necesita - gravita sobre la reducción de la gasto social y la de los impuestos a los que más tienen.
Esta es la fórmula practicada anteriormente por los presidentes Bush (padre e hijo) en el pasado y que ya demostró que dejar el dinero en manos de los ricos no necesariamente creaba empleo, ni hacía la sociedad más justa y equilibrada. A pesar de ello insiste en el falaz argumento, como aquí las formaciones más conservadoras.

En medio de este debate Warren Buffet, la tercera fortuna mundial, ha pedido que no se mime tanto a los ricos y mega ricos, tras señalar su desacuerdo con la injusticia que supone el hecho de que él esté pagando un 17% por sus ingresos mientras sus empleados lo hacen por el 34% de los suyos.

No es la primera vez, que en EEUU las grandes fortunas piden pagar más impuestos para ser ayudar y ser solidarios con sus conciudadanos y no sólo a través de sus fundaciones benéficas, ya lo hicieron Bill Gates o Rockefeller. Del mismo modo los ricos franceses y también los alemanes reclaman aportar más al erario público. ¡Ni en Cataluña ni en España aún no hemos oído a ningún miembro de esta élite económica hacer afirmaciones semejantes!

Estos mega ricos no lo hacen por una actitud naíf y bienintencionada, ni porque se hayan vuelto locos.

Lo hacen porque - defensores de la meritocracia y opuestos a la aristocracia como somos - creen que devolver parte de los beneficios a la sociedad crea y mantiene las condiciones para ellos los tengan y para que otros los puedan obtener. Pero también para que de forma inteligente saben que una sociedad solidaria, es una sociedad más estable y segura y también porque sólo si hay un reparto justo de los esfuerzos para salir de la crisis es posible exigir la corresponsabilización con este objetivo.

En el fondo es una concepción positiva de la fiscalidad como instrumento privilegiado para la construcción de una sociedad más equilibrada y justa.

¡Ojalá aquí también se entendiera y practicara esto! Y que en estos momentos, estas afirmaciones hicieran reflexionar sobre si las dificultades presupuestarias para financiar los programas sociales son una razón suficiente para recortarlas y si, por el contrario, no debería incrementar la imposición directa fiscal para reducir el déficit que genera atender estas necesidades.

Si esto se hiciera, muchas cosas tendrían que revertirse o corregirse, como por ejemplo, recortar la Renta Mínima de Inserción (RMI) después de haber renunciado a mantener vivo el importe de sucesiones para los 6% de las personas más ricas de Cataluña.

Antes de hacerlo se debería haber explorado todas las posibilidades de obtener ingresos adicionales por la vía fiscal (manteniendo o incrementando la imposición) que además fomente la equidad social, la mejora de la recaudación y lucha contra el fraude.

Y esto no es contradictorio, ni opuesto, el hecho de gestionar mejor los servicios y prestaciones sociales públicas, y el de velar para evitar un uso inadecuado o fraudulento de las prestaciones.

Distribuir los sacrificios

Nunca hasta ahora unos presupuestos catalanes generaron tanta intriga, expectación y debate, y eso que todavía no se han publicado.

El anuncio de sus efectos, los han popularizado, que no es sinónimo de que sean populares. Más bien todo lo contrario.

Las medidas anunciadas - algunas ya ejecutadas – como afectan a servicios esenciales (sanidad, educación o servicios sociales) generan una especial sensibilidad no sólo en las personas actualmente usuarias, sino también en las potenciales. Esa es una diferencia substancial en relación a otras, que no creo se haya tenido en cuenta. Por eso si alguien creyó que sólo con publicar las dificultades presupuestarias ya se justificaba cualquier tipo de cuadre numérico se equivocó.

Se entiende que haya crisis, pero se discute el tipo de salida.

Que la gente puede comprender la necesidad de un ajuste, no significa que no quiera conocer y compartir hacia donde le conducen los sacrificios que se le exigen. Si además estos se perciben como inequitativos, afectando más a quien más lo necesita y se intuye que darán paso a un modelo diferente que los consolidará, entonces el rechazo está cantado. Incluso, por lo afines.

La salida a ese atolladero es el pacto, entre los partidos y con la ciudadanía, sobre la distribución justa y equilibrada de los esfuerzos y sacrificios, sin regates en corto ni maniobras (contables) de distracción. Lo otro, una sangría para el Govern.

Pedagogía, no marketing

En este mundo mediático, ante la reacción adversa de los afectados negativamente por unas pretensiones, a menudo, oímos decir a quien las persigue o propone: “Tenemos un problema de comunicación”.

¿Lo dicen por decir? ¿De verdad, creen que no los entienden? ¿No se han planteado que quizás sí las conocen y que las rechazan porque no las comparten?

Los unánimes rechazos cosechados por Telefónica al anunciar casi al unísono que: ha ganado 10.000 millones de Euros; quiere despedir a 5.800 personas, y que se gastara una 450 millones de euros en gratificaciones extras para 1.900 directivos, no son el fruto de un fallo de comunicación. Son un error en si mismo.

Es no comprender que la dureza de la crisis ha incrementado la intolerancia de la sociedad hacia los excesos y exhibicionismos de privilegios. Es obviar equivocadamente que hay un rechazo social a que las cuentas públicas corran con parte del coste de ese ajuste laboral.

Quien pretenda convencer de la bondad de sus argumentos que haga pedagogía, no marketing con ellos. La gente entiende que no puede ser el único que se sacrifique y que los esfuerzos y beneficios deben repartirse de forma justa, lo otro no se entiende, ni comparte.

Eso, que es válido para las empresas, es una regla insoslayable para los gobiernos, y más si pretende aplicar duros recortes sociales. El problema no está en la comunicación, sino en el mensaje.

Referéndums y consultas

Lo de Islandia sí fue un referéndum y lo de aquí, como máximo, una consulta. Y visto el resultado, habría que calificarla de autoconsulta, dado que participaron casi en exclusiva los favorables al Sí.

La diferencia entre ambos conceptos no es semántica. Los referéndums, vinculantes o no, se hacen al final de un proceso, las consultas, y está en particular, al principio. En los primeros se expresa la posición sobre resultados concretos, en las otras se reafirman opiniones sobre expectativas.

Los casi 300.000 islandeses han rechazado hacerse cargo de las deudas de unos banqueros privados, a los que están juzgando, los cuales jugando a la ruleta especulativa tentaron la avaricia de inversores holandeses e ingleses ofreciéndoles altos e insostenibles rendimientos. Cuando se rompió el saco, los gobiernos de los inversores les sufragaron con dinero público las pérdidas y ahora pretenden cobrárselas a Islandia, además con unas condiciones draconianas. Con su NO han asumido muchos riesgos.

Lo de aquí es diferente. Una minoría de ciudadanos banaliza un proceso de inciertos y peligrosos efectos para la convivencia interna y externa preguntando por algo que ni se ha iniciado, y por suerte, ni se le espera: una negociación o proclamación unilateral de la independencia de Catalunya, intentando crear una falsa sensación de normalidad e inocuidad a su alrededor, cuando eso no es, ni seria, así.

El modelo nórdico

En los años 80, en Suecia, las entidades de crédito financiaron un endeudamiento excesivo de empresas y personas y entraron en crisis por el repentino aumento de los tipos de interés. Ello provocó una severa recesión y enormes pérdidas en préstamos, muchos de ellos hipotecarios.

El estado nórdico en lugar de rescatarlas, las nacionalizó, despidió a directivos y gestores, las recapitalizó, y las gestionó hasta su saneamiento. Después de reflotarlas, las retornó de nuevo al sector privado, recuperando con intereses el dinero público invertido y manteniendo un control sobre las más estratégicas.

Ahora sus vecinos islandeses emprenden un camino similar. Pero han ido un paso más allá, han imputado judicialmente a los responsables. Una actitud socialmente digna y políticamente instructiva.

En España estamos a punto de pasar de los préstamos retornables a la aportación de capital para apuntalar algunas entidades crediticias, que son víctimas del exceso de riesgo y endeudamiento que asumieron con empresas y personas.

La solución se parece, pero no es lo mismo. Aquí no cesa nadie, ni directivos y ni gestores y la necesaria aportación de capital público para asegurar los capitales de los impositores tampoco se transforma en poder efectivo para enderezar la situación, haciendo circular el crédito y evitando la repetición.

Si buscamos modelos, quizás que miremos el nórdico, incluso antes que el alemán.

Renacionalizando

Parece existir una norma no escrita para recibir los cambios en el gobierno, con el cierre de empresas industriales.

La llegada al gobierno de Pascual Maragall fue recibida con los cierres de Samsung, Fisipe o plantas de Philips. Ahora a la llegada a la presidencia de Artur Mas, se anuncian los cierres de Yamaha i Piaggo Derbi.

Se equivocan quienes vean conspiraciones o maquinaciones políticas en estos inhóspitos recibimientos. Ningún empresario pospone una decisión tan importante, como es el cierre de una empresa, a la comprobación del veredicto electoral de la ciudadanía. Cuando la toma es por motivos económicos.

Todo y las similitudes, hay diferencias substanciales. Aquello eran deslocalizaciones, lo de hoy son renacionalizaciones.

En aquel momento el ciclo económico estaba en una fase ascendente, se creaba empleo, y las empresas buscaban invertir y producir en países con mano de obra más barata, y si era posible abrir nuevos mercados, y ahora con la bajada del ciclo económico, las empresas se repliegan, vuelven a casa. Y eso aunque los costes laborales sean más caros y la productividad de esas plantas no sea mayor que la de las catalanas.

El “efecto sede” tiene que ver, pero no es insalvable. Las actuaciones para intentar retener empresas como esas han de tener más a ver con la generación de entornos favorables para su mantenimiento (proveedores, servicios a las empresas, centros tecnológicos) que no con subastas, de subvenciones al alza y de salarios a la baja.

Semana de cumbres

Esta semana pasada ha estado plagada de cumbres. Zapatero, dos, Artur Mas, una.

El presidente español, se reunió con los dirigentes sindicales y con los empresariales, a diferencia de la anterior, esta vez sí estaba la CEOE, representada por Joan Rosell.

Las dos reuniones se han celebrado por separado, pero ambas tenían el mismo objetivo: comprobar la marcha de las reformas sociales y económicas emprendidas desde el verano pasado.

A tenor de cómo no nos está afectando la crisis de la deuda portuguesa, parece que están produciendo efectos positivos sobre los preocupantes desequilibrios de la economía española.

Ahora solo falta que todo ello redunde, lo más rápido y contundentemente posible, sobre la creación de empleo. A diferencia de las anteriores, la reunión del presidente catalán en el Palau Reial de Barcelona, ha contado con la presencia al unísono de los líderes sindicales, empresariales y políticos. Más gente pero menos resultados.

Se ha anunciado un acuerdo de principios, pero de su lectura más parece el principio de un acuerdo. Queda mucho por concretar y hacer, quizás demasiado, para tanta urgencia.

Las conclusiones anunciadas por el President Mas y no interpretadas de igual manera por el resto de asistentes, imponen al Gobierno catalán más negociaciones con el del Estado que actuaciones a hacer aquí.

Al cumplirse los 100 días, ha llegado el momento de ver los primeros resultados. La situación lo requiere, pero todavía no se les ve despuntar con claridad.