Pensiones para rato

Que nadie lo dude: ¡"Tenemos pensiones para rato"!

El gobernador del Banco de España, tendría que vigilar "la viga en sus ojos antes que fijarse en la paja en uno los ojos de los otros".

¿Qué sentido tiene que en su comparecencia ante la Comisión sobre el sistema de pensiones se dedique a generar y extender temores sobre el futuro de las pensiones públicas y que no informe sobre la situación actual del sistema complementario, el sistema privado, que está bajo su tutela? Esta es la parte del sistema de pensiones que está bajo su responsabilidad. ¿Por qué no habla de ella?

No se puede olvidar que son los fondos privados de pensiones los que están produciendo importantes pérdidas, a millones de ahorradores, que les han confiado su dinero, y que – curiosamente - los únicos fondos que se están librando de esta situación tan negativa son aquéllos que se basan en la deuda pública, pues si bien es cierto que ofrecen menos rentabilidad, no es menos cierto, que tienen más seguridad, al mismo tiempo que sirven para financiar actuaciones públicas.

Hace unos años, había dos grupos claramente diferenciados que explicaban los problemas que podía sufrir el sistema público de pensiones: aquéllos que querían reformarlo y los que querían hundirlo.

Los primeros lo hacían para garantizar su continuidad, analizando los problemas, proponiendo y adoptando las medidas que el sistema necesitaba entonces para ser justo, suficiente y sostenible, sin cambiar su naturaleza pública y contributiva. El otros se dedicaban a anunciar la bancarrota financiera, exagerar sus problemas, defender su eliminación o - los más moderados - su reducción a la mínima expresión, todo con un único objetivo: conseguir los ahorros de los futuros pensionistas que habían atemorizado.

Desde el 95 con el formalización del "pacto de Toledo" sobre el sistema público de pensiones, los defensores del sistema público ya no necesitan acudir a ninguna declaración catastrofista, los otros continúan con el "raca-raca".

El aspecto fundamental de aquel Pacto de Estado no fue silenciar el tema del futuro de las pensiones, como a veces critican todos aquéllos que quieren continuar alimentando los miedos y las incertidumbres. El aspecto fundamental fue acordar que la sostenibilidad del sistema se aseguraba mediante su reforma progresiva y permanente. Como así ha sido.

Sostenibilidad que se ha fundamentado en reformas profundas como:
- Que la Seguridad Social dejara de financiar el Estado y que éste asumiera íntegramente las prestaciones universales, como la sanidad, los servicios sociales o las pensiones y complementos de mínimos de carácter no contributivo,
- Que se ampliaran los periodos de cálculo de las pensiones, mejorando con ello la relación entre el esfuerzo contributivo que se ha hecho para financiar el pago de los pensionistas, cuándo se estaba trabajando, y el derecho generado para recibir su pensión
- Que cada vez más se cotice por aquello que se cobra.
- Que se asegurara por ley la revalorización anual de las pensiones en función del encarecimiento del coste de la vida.
- Que se abriera un constante y progresivo proceso de mejora de las prestaciones mínimas, demasiado bajas.
- Que se modificaran algunas prestaciones, como las de viudedad que, fruto de los cambios sociales, se habían evidenciado como altamente injustas.

Éstas han sido reformas "incruentas", aunque no exentas de polémica en su momento, que en su conjunto están permitiendo que tengamos pensiones para rato.

Pero el trabajo no se ha acabado. Hace falta una vigilancia y seguimiento permanente, un conocimiento profundo y riguroso sobre las necesidades y las posibilidades para continuar reformando el sistema públicos y hacerlo más justo, equitativo y sostenible. Eso sólo se puede hacer con un debate serio, público, no partidista, ni catastrofista como el que se desarrolla en el seno de la comisión parlamentaria que analiza y debate su reforma, no en un clima de histeria e irracionalidad.

¡Por favor, déjenlos trabajar tranquilos! Y acaben con el griterío que sólo sirve para crear temores y desviar la atención sobre los problemas que tienen aquellos fondos privados de pensiones, que han sido utilizados para financiar operaciones especulativas.