El empleo es la solución

El déficit de las finanzas públicas es consecuencia de la crisis y no al revés.

La raíz de los desequilibrios de los presupuestos públicos es necesario encontrarla en el descenso de la actividad económica y no en la existencia de un sector público sobredimensionado. Basta compararlo con la media europea para darse cuenta que la actual dotación de infraestructuras públicas o el grado de desarrollo del Estado del Bienestar aún no han alcanzado ese nivel, y ello a pesar de los indudables avances que se han producido, tanto en Cataluña como en España.

Estos (infraestructuras y Estado del Bienestar), y no otros, han sido en los últimos años los grandes factores del gasto público que - como ya decía en mi post anterior - ni producían déficit, es más había superávit, ni generaban un nivel de endeudamiento excesivo, porque la actividad económica y el empleo asociada a ella hacían que la recaudación fiscal fuera suficiente. Y eso con una presión fiscal más débil, también en términos relativos europeos.

El exceso de actividad económica que aportaba el sector inmobiliario permitía la aparente paradoja de una baja presión fiscal con una alta recaudación. Tanto que permitía al mismo tiempo: tener superávit, después de incrementar las políticas sociales (cheque bebé, incremento pensiones mínimas, ley dependencia...), incrementar las inversiones en infraestructuras, amortizar deuda pública y, incluso, realizar alguna rebaja de impuestos.

Sin embargo, el talón de Aquiles de este "modelo" de crecimiento económico era, por un lado el mantenimiento de una actividad poco competitiva a nivel internacional, basada en productos y procesos de poco valor añadido que desequilibraba nuestra balanza comercial, ya de de por si desequilibrada debido a nuestra dependencia energetica, y por la otra que la financiación de la parte especulativa de la actividad inmobiliaria no se realizó con recursos internos sino que fue propiciada y financiada por la llegada de generosos flujos de capitales privados europeos e internacionales, canalizados mediante unas no menos generosas entidades financieras españolas. Así mientras el gobierno ahorraba y se desendeudaba, el sector privado (entidades financieras, empresas y familias) gastaba y se sobreendeudaba.

Cuando el sector financiero internacional entra en crisis, la traslación de este endeudamiento privado se vehicula hacia el sector público. Vía avales, primero, el FROB después i el rescate de las entidades fallidas actualmente. Todo ello a fin de evitar el colapso del sistema financiero, pero sin poder evitar el del sistema crediticio. Es decir, estamos salvando las instituciones, pero no su función social y económica, vehicular el crédito y además sin exigir responsabilidades a las personas o instituciones responsables.

Estas actuaciones, más el incremento de la necesidades derivadas de la crisis económica y el descenso de la recaudación fiscal fruto de la menor actividad económica son quienes generan la aparición de un potente déficit. Vistas así las cosas no cuesta tanto entender que el déficit de las finanzas públicas es consecuencia de la crisis y no al revés.

Sin embargo, el déficit público se presentando como el fundamental responsable de la crisis y la lucha contra él como el único mecanismo para superarla. La realidad es muy diferente a este discurso.

Después del primer ejercicio completo en el que se han aplicado las políticas de ajuste, sin los necesarios contrapesos destinados a la reactivación económica, el resultado es una nueva recesión.

Si hasta mayo de 2010 con una política que combinada rigor presupuestario y medidas de estímulo se apuntaba un ligerísimo repunte en la creación de empleo, verdadero indicador de la superación de la crisis, después con la política de austeridad presupuestaria, excesivamente drástica y rápida, propiciada en Europa ha supuesto más destrucción de empleo y más creación de paro que el año anterior.

Sin creación de empleo no hay consolidación fiscal posible. Subir los impuestos puede ser necesario, pero no es suficiente. Hoy, para crear empleo hay que recuperar la circulación del crédito y las medidas de estímulo. Y aquí está el problema, no se ven y las que se conocen, o se anuncian, no apuntan en una esta dirección.

Favorecer la competitividad en base a salarios bajos, congelando el SMI, en lugar de favorecer la R+D+i, que ve recortada su inversión, o favorecer la rebaja del coste del despido en lugar de promocionar la flexibilidad interna, no es la manera para salir de la crisis, sino para revivir lo que nos ha llevado hasta aquí.

¿Y por qué no el IRPF?

Vaya por delante que el conjunto de las administraciones públicas españolas no eran derrochadoras.

No es cierto que "estiraran más el brazo que la manga". Antes de la crisis tenían superávit - gastaban menos de lo que ingresaban - y estaban poco endeudadas, incluso ahora lo siguen estando. Además, tampoco el sector público financia "lujos asiáticos", nuestro nivel de gasto público es más bajo que la media europea, en especial la destinada a atender necesidades sociales.

Ahora bien, desgraciadamente, haber actuado correctamente en la gestión de sus finanzas no las ha inmunizado de las consecuencias de la crisis financiera. La ola producida por el estallido de la burbuja inmobiliaria les ha impactado de lleno.

Es la caída de los ingresos y no el exceso de gasto el origen de un déficit público que, mientras se reactiva la economía, se deberá financiar para "llegar a fin de mes", es decir, hay que pedir prestados el dinero para cuadrar las cuentas públicas, y nos los deben dejar.

He aquí un hecho paradójico, nuestra manera para ser independientes de esos que nos los dejan y nos imponen duras condiciones, es cuadrar las cuentas

La cuestión no es si cuadramos, o no, las cuentas, sino como lo hacemos

Si lo hacemos mejorando la gestión, recortando gastos o incrementando los ingresos o las tres cosas a la vez. Y aquí es donde entra en juego la política, es decir, la gestión de lo público, porque no hay una única manera de hacerlo. Las decisiones no son neutras, ni inocentes, detrás de cada una hay una ideología económica, social y política.

Hasta ahora, en Cataluña las medidas para cuadrar las cuentas se han orientado a recortar prestaciones básicas e, incluso, a condonar impuestos (sucesiones) aplicando aquella doctrina que sostiene que si se deja más dinero en manos de los que más tienen, estso invertiran i crearan empleo. Cuando se ha comprobado que eso era insuficiente o inadecuado - porque puede deprimir aún más la economía - se ha abierto la vía a cuadrarlas recaudando más impuestos.

Ahora se opta por crear tasas sobre recetas, que penalizan a las personas con enfermedades y aún más a aquellas con menos ingresos, subidas en el transporte o las previsibles subidas del IVA. ¿Por qué no se insiste en subir el IRPF, como ya lo hizo el gobierno de Cataluña en el año 2010?

Un incremento de este impuesto directo tiene la ventaja que se aplica sobre aquellas personas que tienen ingresos y en una proporción creciente sobre los mismos. Es pues una forma más equitativa y solidaria de repartir los esfuerzos entre todos. Y además de fácil gestión y recaudación.

Por si eso fuera poco, con esto iniciariamos el camino para situarnos en la nivel de contribución que tienen otros países de la UE y cuando llegue la recuperación económica no sólo recuperaremos el equilibrio fiscal, sino también dispondremos de un mayor nivel de ingresos para financiar los déficits de servicios públicos que aún tenemos.

Desestimar esta opción no es sino una opción ideológica que distribuye de forma injusta los costes de la crisis haciendo que recaigan en mayor manera sobre los más débiles, contribuye al debilitamiento del Estado del Bienestar y con él la cohesión social.

Publicado en Fet a Sant Feliu

Mega ricos solidarios

Espoleados por Tea Party los republicanos americanos han sostenido - incluso al coste de poner a su país al borde del precipicio - que los EE.UU. no debían endeudarse, ni recaudar más impuestos, para financiar aquellas políticas de estímulo económico que creen empleo, protejan a quien más lo necesite y los saque de la crisis.

La propuesta republicana duramente criticada por premios Nobel de economía, como Paul Krugman o Joseph Stiglitz, porque tiende a deprimir más la economía productiva y real y desproteger a los sectores más débiles - lo contrario de los que se necesita - gravita sobre la reducción de la gasto social y la de los impuestos a los que más tienen.
Esta es la fórmula practicada anteriormente por los presidentes Bush (padre e hijo) en el pasado y que ya demostró que dejar el dinero en manos de los ricos no necesariamente creaba empleo, ni hacía la sociedad más justa y equilibrada. A pesar de ello insiste en el falaz argumento, como aquí las formaciones más conservadoras.

En medio de este debate Warren Buffet, la tercera fortuna mundial, ha pedido que no se mime tanto a los ricos y mega ricos, tras señalar su desacuerdo con la injusticia que supone el hecho de que él esté pagando un 17% por sus ingresos mientras sus empleados lo hacen por el 34% de los suyos.

No es la primera vez, que en EEUU las grandes fortunas piden pagar más impuestos para ser ayudar y ser solidarios con sus conciudadanos y no sólo a través de sus fundaciones benéficas, ya lo hicieron Bill Gates o Rockefeller. Del mismo modo los ricos franceses y también los alemanes reclaman aportar más al erario público. ¡Ni en Cataluña ni en España aún no hemos oído a ningún miembro de esta élite económica hacer afirmaciones semejantes!

Estos mega ricos no lo hacen por una actitud naíf y bienintencionada, ni porque se hayan vuelto locos.

Lo hacen porque - defensores de la meritocracia y opuestos a la aristocracia como somos - creen que devolver parte de los beneficios a la sociedad crea y mantiene las condiciones para ellos los tengan y para que otros los puedan obtener. Pero también para que de forma inteligente saben que una sociedad solidaria, es una sociedad más estable y segura y también porque sólo si hay un reparto justo de los esfuerzos para salir de la crisis es posible exigir la corresponsabilización con este objetivo.

En el fondo es una concepción positiva de la fiscalidad como instrumento privilegiado para la construcción de una sociedad más equilibrada y justa.

¡Ojalá aquí también se entendiera y practicara esto! Y que en estos momentos, estas afirmaciones hicieran reflexionar sobre si las dificultades presupuestarias para financiar los programas sociales son una razón suficiente para recortarlas y si, por el contrario, no debería incrementar la imposición directa fiscal para reducir el déficit que genera atender estas necesidades.

Si esto se hiciera, muchas cosas tendrían que revertirse o corregirse, como por ejemplo, recortar la Renta Mínima de Inserción (RMI) después de haber renunciado a mantener vivo el importe de sucesiones para los 6% de las personas más ricas de Cataluña.

Antes de hacerlo se debería haber explorado todas las posibilidades de obtener ingresos adicionales por la vía fiscal (manteniendo o incrementando la imposición) que además fomente la equidad social, la mejora de la recaudación y lucha contra el fraude.

Y esto no es contradictorio, ni opuesto, el hecho de gestionar mejor los servicios y prestaciones sociales públicas, y el de velar para evitar un uso inadecuado o fraudulento de las prestaciones.

Distribuir los sacrificios

Nunca hasta ahora unos presupuestos catalanes generaron tanta intriga, expectación y debate, y eso que todavía no se han publicado.

El anuncio de sus efectos, los han popularizado, que no es sinónimo de que sean populares. Más bien todo lo contrario.

Las medidas anunciadas - algunas ya ejecutadas – como afectan a servicios esenciales (sanidad, educación o servicios sociales) generan una especial sensibilidad no sólo en las personas actualmente usuarias, sino también en las potenciales. Esa es una diferencia substancial en relación a otras, que no creo se haya tenido en cuenta. Por eso si alguien creyó que sólo con publicar las dificultades presupuestarias ya se justificaba cualquier tipo de cuadre numérico se equivocó.

Se entiende que haya crisis, pero se discute el tipo de salida.

Que la gente puede comprender la necesidad de un ajuste, no significa que no quiera conocer y compartir hacia donde le conducen los sacrificios que se le exigen. Si además estos se perciben como inequitativos, afectando más a quien más lo necesita y se intuye que darán paso a un modelo diferente que los consolidará, entonces el rechazo está cantado. Incluso, por lo afines.

La salida a ese atolladero es el pacto, entre los partidos y con la ciudadanía, sobre la distribución justa y equilibrada de los esfuerzos y sacrificios, sin regates en corto ni maniobras (contables) de distracción. Lo otro, una sangría para el Govern.

Pedagogía, no marketing

En este mundo mediático, ante la reacción adversa de los afectados negativamente por unas pretensiones, a menudo, oímos decir a quien las persigue o propone: “Tenemos un problema de comunicación”.

¿Lo dicen por decir? ¿De verdad, creen que no los entienden? ¿No se han planteado que quizás sí las conocen y que las rechazan porque no las comparten?

Los unánimes rechazos cosechados por Telefónica al anunciar casi al unísono que: ha ganado 10.000 millones de Euros; quiere despedir a 5.800 personas, y que se gastara una 450 millones de euros en gratificaciones extras para 1.900 directivos, no son el fruto de un fallo de comunicación. Son un error en si mismo.

Es no comprender que la dureza de la crisis ha incrementado la intolerancia de la sociedad hacia los excesos y exhibicionismos de privilegios. Es obviar equivocadamente que hay un rechazo social a que las cuentas públicas corran con parte del coste de ese ajuste laboral.

Quien pretenda convencer de la bondad de sus argumentos que haga pedagogía, no marketing con ellos. La gente entiende que no puede ser el único que se sacrifique y que los esfuerzos y beneficios deben repartirse de forma justa, lo otro no se entiende, ni comparte.

Eso, que es válido para las empresas, es una regla insoslayable para los gobiernos, y más si pretende aplicar duros recortes sociales. El problema no está en la comunicación, sino en el mensaje.

Referéndums y consultas

Lo de Islandia sí fue un referéndum y lo de aquí, como máximo, una consulta. Y visto el resultado, habría que calificarla de autoconsulta, dado que participaron casi en exclusiva los favorables al Sí.

La diferencia entre ambos conceptos no es semántica. Los referéndums, vinculantes o no, se hacen al final de un proceso, las consultas, y está en particular, al principio. En los primeros se expresa la posición sobre resultados concretos, en las otras se reafirman opiniones sobre expectativas.

Los casi 300.000 islandeses han rechazado hacerse cargo de las deudas de unos banqueros privados, a los que están juzgando, los cuales jugando a la ruleta especulativa tentaron la avaricia de inversores holandeses e ingleses ofreciéndoles altos e insostenibles rendimientos. Cuando se rompió el saco, los gobiernos de los inversores les sufragaron con dinero público las pérdidas y ahora pretenden cobrárselas a Islandia, además con unas condiciones draconianas. Con su NO han asumido muchos riesgos.

Lo de aquí es diferente. Una minoría de ciudadanos banaliza un proceso de inciertos y peligrosos efectos para la convivencia interna y externa preguntando por algo que ni se ha iniciado, y por suerte, ni se le espera: una negociación o proclamación unilateral de la independencia de Catalunya, intentando crear una falsa sensación de normalidad e inocuidad a su alrededor, cuando eso no es, ni seria, así.

El modelo nórdico

En los años 80, en Suecia, las entidades de crédito financiaron un endeudamiento excesivo de empresas y personas y entraron en crisis por el repentino aumento de los tipos de interés. Ello provocó una severa recesión y enormes pérdidas en préstamos, muchos de ellos hipotecarios.

El estado nórdico en lugar de rescatarlas, las nacionalizó, despidió a directivos y gestores, las recapitalizó, y las gestionó hasta su saneamiento. Después de reflotarlas, las retornó de nuevo al sector privado, recuperando con intereses el dinero público invertido y manteniendo un control sobre las más estratégicas.

Ahora sus vecinos islandeses emprenden un camino similar. Pero han ido un paso más allá, han imputado judicialmente a los responsables. Una actitud socialmente digna y políticamente instructiva.

En España estamos a punto de pasar de los préstamos retornables a la aportación de capital para apuntalar algunas entidades crediticias, que son víctimas del exceso de riesgo y endeudamiento que asumieron con empresas y personas.

La solución se parece, pero no es lo mismo. Aquí no cesa nadie, ni directivos y ni gestores y la necesaria aportación de capital público para asegurar los capitales de los impositores tampoco se transforma en poder efectivo para enderezar la situación, haciendo circular el crédito y evitando la repetición.

Si buscamos modelos, quizás que miremos el nórdico, incluso antes que el alemán.