Se acerca la hora de definirse sobre cómo dar apoyo a empresas y trabajadores para que puedan salir de la crisis.
El día 6 de marzo el Gobierno de Zapatero aprobó un real decreto-ley de medidas urgentes para el mantenimiento y fomento de la ocupación y la protección para las personas en desempleo.
Con él pretendía que las personas afectadas por un ERE temporal no consumieran su desempleo y las empresas vieran reducidas sus cargas sociales y así hubieran menos despidos; que fuera más fácil aplazar las cuotas en la Seguridad Social para evitar que éste fuera un motivo de cierre empresarial; que se bonificaran las cuotas en la Seguridad Social en las empresas que contrataran personas desempleadas con prestaciones y a los contratos a tiempo parcial; y que se reforzara el Servicio Público de Ocupación para agilizar la tramitación del desempleo.
El debate en el Congreso sobre la convalidación o rechazo del real decreto-ley fue muy representativo del momento político actual, pero muy poco de la responsabilidad que la situación económica y social exige de todo el mundo
El PSOE, cómo no tiene la mayoría suficiente, necesitaba sumar más votos a los suyos para validarlo, en caso contrario decaería y las medidas quedarían sin efecto.
El PP le negó su apoyo, alegando que las medidas eran insuficientes, las izquierdas (ERC, ICV, BNG) haciendo gala de su habitual eclecticismo estético también se lo negaron, aduciendo que no habían sido consensuadas con los agentes sociales. Nada del contenido y los efectos que podía tener su aprobación o rechazo era importante. Lo único importante era aparecer diferenciados del gobierno.
CiU sí le prestó su apoyo a la convalidación. ¡Eso sí!, a cambio que se tramite como proyecto de ley.
Esta tramitación pondrá todos delante el espejo. No será suficente el criticar o el desmarcarse, tocará definirse.
La ley que finalmente se apruebe podría no parecerse en nada al Real Decreto-Ley validado, o incluso oponerse a lo mismo. Todo dependerá de las propuestas que se hagan y las mayorías que se alcancen. No sería la primera vez, ya sucedió con la reforma del 93, donde CiU va durando la tramitación como ley de un real decreto ley impuso que en los contratos de aprendizaje no fuera exigible en la empresa dar formación.
PP o CiU, hasta ahora, sólo habían formulado, pero no presentado, propuestas como el abaratamiento del despido, la presencia de las ETT en la intermediación laboral, la supresión de la autorización administrativa de los ERE o la pérdida de la eficacia de los convenios una vez acabe su duración (la llamada ultraactividad). ¿Las plantearán en firme, ahora? ¿Asumirán el riesgo del desgaste electoral que supone su defensa e imposición?
Y por otra parte, ¿mantendrán las opciones más a la izquierda del gobierno su actitud? ¿Permitirán que estas propuestas prosperen, con tal de no aparecer alineados con el Gobierno? ¿Continuarán justificando su actitud con planteamientos extremos e inalcanzables para el PSOE?
La solución a todas estas preguntas requiere que todo el mundo se definan y que el resto vigilamos para que no se acabe imponiendo una salida negativa a la crisis, por abstencionismo de algunas izquierdas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario