Distribuir los sacrificios

Nunca hasta ahora unos presupuestos catalanes generaron tanta intriga, expectación y debate, y eso que todavía no se han publicado.

El anuncio de sus efectos, los han popularizado, que no es sinónimo de que sean populares. Más bien todo lo contrario.

Las medidas anunciadas - algunas ya ejecutadas – como afectan a servicios esenciales (sanidad, educación o servicios sociales) generan una especial sensibilidad no sólo en las personas actualmente usuarias, sino también en las potenciales. Esa es una diferencia substancial en relación a otras, que no creo se haya tenido en cuenta. Por eso si alguien creyó que sólo con publicar las dificultades presupuestarias ya se justificaba cualquier tipo de cuadre numérico se equivocó.

Se entiende que haya crisis, pero se discute el tipo de salida.

Que la gente puede comprender la necesidad de un ajuste, no significa que no quiera conocer y compartir hacia donde le conducen los sacrificios que se le exigen. Si además estos se perciben como inequitativos, afectando más a quien más lo necesita y se intuye que darán paso a un modelo diferente que los consolidará, entonces el rechazo está cantado. Incluso, por lo afines.

La salida a ese atolladero es el pacto, entre los partidos y con la ciudadanía, sobre la distribución justa y equilibrada de los esfuerzos y sacrificios, sin regates en corto ni maniobras (contables) de distracción. Lo otro, una sangría para el Govern.

Pedagogía, no marketing

En este mundo mediático, ante la reacción adversa de los afectados negativamente por unas pretensiones, a menudo, oímos decir a quien las persigue o propone: “Tenemos un problema de comunicación”.

¿Lo dicen por decir? ¿De verdad, creen que no los entienden? ¿No se han planteado que quizás sí las conocen y que las rechazan porque no las comparten?

Los unánimes rechazos cosechados por Telefónica al anunciar casi al unísono que: ha ganado 10.000 millones de Euros; quiere despedir a 5.800 personas, y que se gastara una 450 millones de euros en gratificaciones extras para 1.900 directivos, no son el fruto de un fallo de comunicación. Son un error en si mismo.

Es no comprender que la dureza de la crisis ha incrementado la intolerancia de la sociedad hacia los excesos y exhibicionismos de privilegios. Es obviar equivocadamente que hay un rechazo social a que las cuentas públicas corran con parte del coste de ese ajuste laboral.

Quien pretenda convencer de la bondad de sus argumentos que haga pedagogía, no marketing con ellos. La gente entiende que no puede ser el único que se sacrifique y que los esfuerzos y beneficios deben repartirse de forma justa, lo otro no se entiende, ni comparte.

Eso, que es válido para las empresas, es una regla insoslayable para los gobiernos, y más si pretende aplicar duros recortes sociales. El problema no está en la comunicación, sino en el mensaje.

Referéndums y consultas

Lo de Islandia sí fue un referéndum y lo de aquí, como máximo, una consulta. Y visto el resultado, habría que calificarla de autoconsulta, dado que participaron casi en exclusiva los favorables al Sí.

La diferencia entre ambos conceptos no es semántica. Los referéndums, vinculantes o no, se hacen al final de un proceso, las consultas, y está en particular, al principio. En los primeros se expresa la posición sobre resultados concretos, en las otras se reafirman opiniones sobre expectativas.

Los casi 300.000 islandeses han rechazado hacerse cargo de las deudas de unos banqueros privados, a los que están juzgando, los cuales jugando a la ruleta especulativa tentaron la avaricia de inversores holandeses e ingleses ofreciéndoles altos e insostenibles rendimientos. Cuando se rompió el saco, los gobiernos de los inversores les sufragaron con dinero público las pérdidas y ahora pretenden cobrárselas a Islandia, además con unas condiciones draconianas. Con su NO han asumido muchos riesgos.

Lo de aquí es diferente. Una minoría de ciudadanos banaliza un proceso de inciertos y peligrosos efectos para la convivencia interna y externa preguntando por algo que ni se ha iniciado, y por suerte, ni se le espera: una negociación o proclamación unilateral de la independencia de Catalunya, intentando crear una falsa sensación de normalidad e inocuidad a su alrededor, cuando eso no es, ni seria, así.

El modelo nórdico

En los años 80, en Suecia, las entidades de crédito financiaron un endeudamiento excesivo de empresas y personas y entraron en crisis por el repentino aumento de los tipos de interés. Ello provocó una severa recesión y enormes pérdidas en préstamos, muchos de ellos hipotecarios.

El estado nórdico en lugar de rescatarlas, las nacionalizó, despidió a directivos y gestores, las recapitalizó, y las gestionó hasta su saneamiento. Después de reflotarlas, las retornó de nuevo al sector privado, recuperando con intereses el dinero público invertido y manteniendo un control sobre las más estratégicas.

Ahora sus vecinos islandeses emprenden un camino similar. Pero han ido un paso más allá, han imputado judicialmente a los responsables. Una actitud socialmente digna y políticamente instructiva.

En España estamos a punto de pasar de los préstamos retornables a la aportación de capital para apuntalar algunas entidades crediticias, que son víctimas del exceso de riesgo y endeudamiento que asumieron con empresas y personas.

La solución se parece, pero no es lo mismo. Aquí no cesa nadie, ni directivos y ni gestores y la necesaria aportación de capital público para asegurar los capitales de los impositores tampoco se transforma en poder efectivo para enderezar la situación, haciendo circular el crédito y evitando la repetición.

Si buscamos modelos, quizás que miremos el nórdico, incluso antes que el alemán.