El grandilocuentemente anunciado como "Pacto de Estado" de Duran Lleida ha acabado sin un documento firmado por los negociadores del Palacio de Zurbano, sede del Ministerio de Economía y sin foto.
La razón de esta ausencia de rubrica se encuentra, básicamente, en el tacticismo electoral del principal partido de la oposición, el PP. Los conservadores españoles consideran que el desgaste que genera la crisis y su gestión es lo que les llevará de nuevo a la Moncloa y no quieren aparecer en el lado del Gobierno. Confunden ayudar a los ciudadanos con ayudar al Gobierno.
A pesar de los aspavientos propagandísticos esto no supone la inexistencia de frutos prácticos y resultados.
El Real Decreto Ley 6 / 2010 de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo, apoyado con más o menos entusiasmo por los partidos negociadores, excepto IU-ICV-EUiA, y los acuerdos del pasado Consejo de Ministros en los temas que no necesitan ley, son la prueba.
Son una serie de medidas urgentes, de ahí que esté plenamente justificada la utilización de esta forma jurídica. Ahora bien como tales no pueden constituir una propuesta estructural, pero sí que tienen una estructura coherente con el objetivo perseguido: impulsar actividad económica que genere empleo.
Por ello fomentan la exportación, la rehabilitación y la eficiencia energética de las viviendas, tanto privadas como públicas, el impulso del comercio, el turismo o la industria automovilística.
Y abordan la mitigación del freno que proviene del sector financiero. Agilizando su reforma y reforzando la capacidad del ICO para ofrecer más liquidez a las empresas o financiar la construcción de vivienda protegida.
Todas las medidas son piezas para un mismo puzle, pero no son todo el puzle.
Para tener una visión de conjunto hay que completar de forma imbricada en la hoja de ruta anunciado por el Presidente Zapatero el pasado 2 de diciembre en el Congreso de Diputados, que se está desarrollando y cumpliendo en tiempo y forma y que conlleva:
• La negociación de las reformas estructurales dirigidas a favorecer el cambio del modelo productivo. Este proceso se ha desarrollado en torno a la ley de economía sostenible, la cual ya ha iniciado su trámite parlamentario, así como la ley orgánica que afecta a los aspectos con dimensión autonómica.
• La negociación de la reforma de los aspectos laborales, mediante la mesa del diálogo social, que entra en su segunda fase con el nuevo documento aportado por el gobierno.
• El programa de austeridad y ajuste presupuestario, entregado ante las autoridades económicas europeas, que está siendo una pieza clave para mantener la confianza internacional sobre la economía española
• La propuesta sobre la reforma del sistema de pensiones, enviada para su debate a la Comisión del Pacto de Toledo, que supone una propuesta equilibrada para continuar dándole sostenibilidad financiera a uno de los pilares fundamentales de nuestro Estado del Bienestar.
Dentro de este contexto de reformas más estructurales que se están desarrollando, estas medidas rebasan con creces su condición de coyunturales y alcanzan su dimensión y su importante contribución al cambio estructural, que debemos protagonizar por superar la crisis y la superación de los problemas específicos que teníamos, incluso antes de que ésta se declara con tanta virulencia
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