Una ocurrencia improvisada

Para abordar la negociación de la reforma laboral con éxito, primero era imprescindible que se recuperara la confianza entre CEOE, CCOO y UGT.

El importante acuerdo para el empleo y la negociación col lectiva de 2010, 2011 y 2012 alcanzado, ayuda, y mucho, a superar el "mal rollo" que tenían entre ellas, desde que se rompieron las negociaciones en julio de 2009.

Un acuerdo que ha supuesto una importante aportación y apuesta por la estabilidad y la serenidad económica, justo en el momento que la histérica reacción de los mercados de valores se estaba trasladando de forma histriónica en la vida política y social, por parte de la oposición del PP.

Recuperado el clima negociador entre los agentes sociales y en base al documento entregado por el Gobierno, se ha iniciado oficialmente la negociación de las reformas laborales, que deben acompañar a las otras transformaciones estructurales (las financieras o productivas) que son aquellas que nos permitirán construir la recuperación económica.

"Las líneas de actuación en el mercado de trabajo, para su discusión con los interlocutores sociales en el mar del diálogo social" busca alcanzar los siguientes objetivos
1. Favorecer la creación de empleo y reducir el desempleo
2. Reducir la dualidad, la segmentación y la temporalidad de nuestro mercado de trabajo.
3. Aumentar las capacidades y las oportunidades de ocuparse de las personas desempleadas.
4. Aumentar la flexibilidad interna de las empresas.
5. Ampliar las oportunidades de empleo y la capacidad de integración laboral de los jóvenes, en especial los de menos formación.

Parecería que después de haberlo reclamado con tanta insistencia, todos los partidos remarían a su favor. Pues no.

Excepto los socialistas, el resto de partidos han procedido a intentar descalificarlo, eso sí sin ofrecer ninguna alternativa.

Bien eso no es del todo exacto, Artur Mas tuvo una errónea ocurrencia, carente de sensibilidad social, eficiencia economía y de rigor conceptual, e hija de la improvisación, el coyunturalismo electoral y el oportunismo político.

Su ocurrente propuesta de rebajar, a 20 días por año de servicio, el coste del despido por la empresa, y que el Estado subvencione el resto de la indemnización. Con ella ha puesto en evidencia la inconsistencia de unos planteamientos construidos desde el desinterés y del desconocimiento de lo que suponen y, lo que me parece más preocupante, desde la adhesión ciega a unos principios y criterios que intentan culpabilizar a los derechos sociales de la crisis económica.

De forma simplificada, y a riesgo de perder una parte de la exigible exactitud, se puede afirmar que nuestro ordenamiento laboral establece que si un empresario toma la iniciativa de rescindir unilateralmente un contrato trabajo, se establece una indemnización que como máximo llega los 20 días por año trabajado. Siempre que haya detrás de una causa razonable y objetiva para hacerlo.

Y se reserva la indemnización de 45 días por años de servicio exclusivamente si no existen estas causas u observa dolo o fraude en la actitud empresarial.

Por último, la ley - como así debe ser - no regula nada por los casos de mutuo acuerdo. En este supuestos las partes establecen entregan el pacto que quieren. Este es el supuesto más habitual, tanto individualmente como colectivamente, en el que las empresas o los empresarios optan por abonar indemnizaciones superiores a las legalmente estipuladas para obtener el acuerdo y con él la certeza del objetivo perseguido.

Visto esto, se comprenderá que en el fondo - y la forma - esta insolidaria propuesta (ocurrencia) supone que no se ayuda a las empresas que se ven en la necesidad de despedir a personas que trabajan para ella, sino que todos - no olvidemos que Hacienda somos todos - deberíamos rascarse nos las bolsillo para subvencionar a quien efectuara despidos improcedentes, es decir, sin tener ninguna razón que pueda justificar el perjuicio que causan con su unilateral actuación.

Como se puede observar, la propuesta de subvencionar los despidos no se aguanta.

Invertir dinero público para financiar excesos privados es una equivocación total. Sólo se puede explicar, que no justificar, si se pretende contentar a todos, al precio de no resolver nada.

Por ello si se quiere favorecer un buen acuerdo en materia laboral, que sea útil para salir de la crisis, necesitamos más colaboración de todos y menos ocurrencias y intromisiones en la negociación.